balanzaAnte los proyectos de ley promovidos por el Gobierno nacional para introducir modificaciones en el Poder Judicial y la Administración de Justicia, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) manifiesta lo siguiente:

En primer lugar, como organización social que promueve el acceso a la justicia para la defensa de los derechos colectivos, en particular el derecho a un ambiente sano, entendemos que las propuestas del PEN de limitar el uso de medidas cautelares en los casos en que una de las partes sea Estado Nacional o sus Entes Descentralizados, constituye una severa y arbitraria restricción de una herramienta central con que cuentan los ciudadanos para proteger sus derechos contra las arbitrariedades del accionar estatal y para reclamar su protección en el control de las acciones que pudiesen afectar los mismos

En este sentido, las medidas cautelares son las herramientas más efectivas para la protección del ambiente, por cuanto la misma siempre debe ser de naturaleza preventiva, dado que cuando el daño ambiental se produce resulta casi imposible o implica un elevadísimo costo su recomposición.

La historia del derecho y la política ambiental de nuestro país es prolífica de casos de grupos vecinales, pueblos aborígenes, asociaciones ambientalistas o simples ciudadanos de a pie que utilizaron estas herramientas procesales para suspender políticas o proyectos autorizados por organismos del Estado que afectaban derechos ambientales, y que de no haber sido suspendidas a tiempo hubiesen causados daños ambientales y sociales mayores o irreparables.

En segundo lugar, nos alarma la premura del Gobierno en promover una nueva reforma del Consejo de la Magistratura, con la cual se afecta el proceso de selección y remoción de los jueces, sin propiciar un debate profundo sobre el tema y sin intentar generar consensos sociales y políticos básicos al respecto. El camino para la construcción de una Argentina más democrática y social y ambientalmente más equitativa, no pareciera ser el de los golpes de timón de mayorías electorales circunstanciales sino la de acuerdos y políticas de largo plazo, que cuenten con un amplio apoyo social y político.

Por último, destacamos que dentro del paquete de medidas promovidas por el PEN existen algunas que buscan generar reformas en materia de acceso a la información y lograr mayor equidad y transparencia en el ingreso a la justicia, las que resultan sumamente positivas para lograr un mejor sistema de justicia. Sin embargo, las mismas no podrán compensar ni esconder  las gravísimas consecuencias institucionales, la concentración de poder y el desamparo en la protección de los derechos de los ciudadanos que producirá la plena vigencia de la reforma impulsada.