Transcurridos cinco años desde la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (8 de julio de 2008), la problemática ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo sigue ocupando un lugar destacado en la agenda pública, y motoriza numerosos programas y planes ejecutados por diversos organismos públicos. Si bien se advierte la continuidad de ciertas acciones, persisten déficits en la implementación de una política que permita recomponer el ambiente, mejorar la calidad de vida y prevenir daños.

La complejidad, dinamismo y trascendencia del caso tornan crucial fortalecer una institucionalidad para la toma de decisiones y la realización de los programas que otorgue un marco de previsibilidad, transparencia y razonabilidad al proceso; y que, a su vez, involucre tempranamente en las decisiones (y la implementación) a todos los actores relevantes.

Asimismo, es preciso avanzar con firmeza en una gestión integrada en la cuenca que minimice las cargas contaminantes, aumente el acceso a bienes y servicios que inciden en el bienestar de la población y reduzca el riesgo ambiental.

El desafío invita a pensar formas novedosas de intervención para zanjar los conflictos que se suscitan y formular una política estratégica, de alcance metropolitano, que transforme a este ícono de la contaminación en un ejemplo de políticas ambientales integrales, participativas y eficaces.