A fines de 1983 la República Argentina recuperó la democracia. El Congreso Nacional, como parte de este proceso, transitó desde entonces etapas en las cuales trató la cuestión ambiental desde diversas perspectivas. Estas etapas inevitablemente estuvieron influenciadas por el movimiento ambiental a nivel internacional, nacional y local.

Una primera etapa que culmina en 1994 comprende legislación vinculada a la salud pública, a requerimientos de financiamiento internacional y de temas puntuales, presentando un crecimiento de la temática pero con un desarrollo desigual temático y territorial en el país. Una segunda etapa se inicia en 1994 con la reforma constitucional nacional, que reconoce el derecho al ambiente, otorga preeminencia a los tratados internacionales y, asimismo, introduce la noción de presupuestos mínimos de protección ambiental en todo el territorio como así también el amparo colectivo ambiental como garantía ante la Justicia

La tercera etapa comienza en el 2002 con la Ley General del Ambiente y las leyes sectoriales de presupuestos mínimos de protección ambiental. La Ley General del Ambiente contiene el abecé: los principios, objetivos, instrumentos de la política ambiental y el Sistema Federal Ambiental en el país. Luego las diferentes leyes sectoriales regulan hasta ahora residuos industriales, PCBs, aguas, acceso a la información pública ambiental, residuos domiciliarios, bosques, pastizales, glaciares y sistema nacional del fuego.

Existen en la actualidad marchas y contramarchas en cuanto a la implementación de la legislación ambiental, de las herramientas estratégicas y de participación ciudadana a los temas sectoriales y de inversión que presentan déficits y un importante desafío en la materia.

Asimismo, resta aún sancionar legislación ambiental de importancia para lo cual se anhela que la tendencia participativa continúe in crescendo y que el Congreso Nacional incorpore en sus procesos de construcción legislativa la obligatoriedad de contar con mecanismos participativos formales, ya que esto redundará positivamente no sólo para la formación de las leyes sino también para su posterior implementación.

La tendencia nos muestra que en los casos en los cuales ha existido más involucramiento de la sociedad civil y de los distintos sectores en los procesos legislativos, esto ha contribuido a un mayor seguimiento y monitoreo de la implementación de las leyes. Asimismo, puede observarse que en casos en los cuales existió mayor involucramiento ciudadano también hubo una tendencia más diversa en el arco político que votó dichas leyes en el Congreso.

Para la continuación de los procesos legislativos pendientes en Argentina será necesario trabajar considerando la priorización temática de las principales líneas necesarias para la concreción de la sustentabilidad, la incorporación de la participación ciudadana en todo el proceso, la inclusión de herramientas de ejecución y monitoreo de los marcos normativos, como así también un sistema de control de su implementación.