El presente trabajo busca realizar un análisis del resultado de la encuesta, que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lleva a cabo en cada edición de su Informe Ambiental, entre los autores de sus diferentes artículos.

En la presente edición se ha mantenido la misma metodología que la utilizada con anterioridad, en donde los autores recibieron una encuesta con cinco puntos principales a responder, vinculados esencialmente con la existencia o no de normativa ambiental adecuada, así como con el grado de implementación de dicha normativa en el país.

Los resultados no han variado prácticamente respecto a las encuestas formuladas en las pasadas ediciones, evidenciándose lo que podríamos ya calificar como un patrón consistente: el país cuenta en general con normativa suficiente en materia ambiental, pero el problema surge a la hora de la implementación real de dicha legislación. Y en este punto hay un consenso generalizado entre los autores que dicho grado es pobre o muy pobre.

He aquí el dilema al que nos enfrentamos en materia ambiental en la Argentina del siglo XXI: variedad y profusión de legislación ambiental, pero con un bajo o muy bajo nivel de implementación. El desafío es tan claro como arduo: llevar al mayor grado de igualdad posible – o a un razonable grado de armonización o equilibrio – la primer variable (cantidad y variedad de leyes ambientales), con la segunda (grado de implementación efectiva de dicha normativa).

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