El año 2012 no fue propicio para avanzar en la negociación internacional sobre asuntos ambientales. La situación económica internacional no fue favorable y no existían las condiciones de comienzos de los 90. Consecuentemente, los resultados de las dos principales reuniones del año (Río+20 y la Conferencia del Clima en Doha) estuvieron por debajo de lo esperado por la sociedad civil.

Río+20 no tuvo una preparación adecuada y sus conclusiones son principalmente procesales, ratifican declaraciones anteriores pero con matices diferentes, promovieron la disolución de la Comisión de Desarrollo Sostenible y la ampliación del Consejo de Administración del PNUMA a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. La cuestión de la economía verde fue un tema controversial que terminó en ambigüedades. La reunión del Protocolo de Kioto en Doha permitió la adopción de una fórmula para el segundo período de compromiso de la que no participarán los Estados Unidos (que no ratificaron el primero) pero tampoco Canadá, Rusia, Japón y Nueva Zelanda. El compromiso no es suficiente para asegurar que el aumento de temperatura sea inferior a 2°C. La reunión de la Convención transfirió la consideración de la cooperación a largo plazo de todos los Estados, al nuevo grupo de trabajo que había sido creado un año antes en Durban, con todos los temas abiertos desde la reunión de Bali en 2007.

Los países en desarrollo muestran una amplia dispersión política, el Grupo de los 77 y China carece de coherencia y, como en ocasiones anteriores, no hubo unidad en América Latina. La Argentina se diferenció de los que mostraron una posición proactiva y en lo regional actuó en consonancia con los países del ALBA, mientras que en lo global lo hizo en un grupo de pensamiento similar del que participan los países de la OPEP y los cuatro grandes países en desarrollo –Brasil, China, India y Sudáfrica– que procuran eludir compromisos de mitigación