La agricultura siempre ha sido un pilar económico y social fundamental en Argentina. Su crecimiento desde hace dos décadas se debió a un conjunto de medidas que redundaron en un incremento significativo del área sembrada y de la producción de cereales y oleaginosas, alcanzando un nivel de 30 millones de hectáreas y 100 millones de toneladas.

El sector agropecuario es un importante emisor de gases de efecto invernadero (GEI) que, aún sin considerar el cambio en el uso de suelo y la silvicultura, en el patrón general de emisiones de GEI de la Argentina representa el 44% del total de las emisiones.

Argentina se caracteriza por una amplia gama de políticas y programas vinculados al sector agropecuario y forestal con incidencia en la mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, al momento de realizar un analisis de mayor profundidad, se observa que muchos programas carecen de financiamiento y, por tanto, no dejan de ser una mera expresión de deseos. Un claro ejemplo se da en la Ley de Bosques Nativos y su Fondo de Compensación, que carece de los recursos necesarios para compensar a los dueños de los bosques nativos, poniendo los objetivos de la ley en peligro.

Asimismo, existe una falta de coordinación entre los distintos organismos y ministerios que lidian con temas de cambio climático. Esta situación se agrava aún más por la inexistencia de una política nacional de cambio climático que permitiría integrar y armonizar las distintas actividades vinculadas con al emisión de GEIs. Un ejemplo es la contraposición de objetivos entre la Ley de Bosques y la Ley de Biocombustibles que promueve la “agriculturización” de ciertas fuentes de energía poniendo en peligro los ecosistemas naturales, así como las metas productivistas planteadas por el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial.

En conclusión, el cambio climático no es una prioridad en la política nacional argentina. Distinguimos la incertidumbre de los impactos del cambio climático y la importancia del horizonte temporal de las políticas necesarias para su mitigación y adaptación, los cuales se encuentran fuera del rango de acción de muchos de los hacedores de política

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