El informe sobre la crisis de la merluza realizado por el Defensor del Pueblo de la Nación, Fundación Vida Silvestre y FARN en el 2011 comprendió aspectos fundamentales vinculados a la actividad pesquera, entre los cuales podemos considerar la solicitud de medidas de recuperación de la merluza común, de organización institucional acorde, de desarrollo de una política pesquera en el marco de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y sus principios, y la incorporación de mecanismos institucionales de la democracia participativa . El mismo fue respondido en el 2012 por el Consejo Federal Pesquero, cuya contestación sorprende por el nivel de desconocimiento respecto a los contenidos legislativos ambientales y su aplicación al ámbito de la pesca. En este punto observamos más sombras que luces, así como un fuerte retroceso.
El segundo hito sucedido en el 2012 que vemos como destacable está dado en el ámbito de la Corte, con la sentencia “Antonio Barilari SA”. En ella, el Alto Tribunal deja en claro –nuevamente– los límites de las facultades locales en materia pesquera, haciendo una interpretación del régimen normativo en la materia. Asimismo, se consideran aspectos trascendentes como las facultades de policía limitativas de los derechos, la configuración jurídica de las autorizaciones de pesca, y su contenido en relación a los fines perseguidos por el Estado.

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