El documento fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte del Defensor del Pueblo, en representación del Cuerpo Colegiado. Se plantea la necesidad de un nuevo Plan de Saneamiento en el que se debe establecer objetivos de calidad del agua más ambiciosos, controlar las cargas contaminantes del sector industrial, implementar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos y elaborar un mapa de riesgo ambiental que oriente las acciones en agua, cloacas, vivienda y salud.

A siete años del histórico fallo que condenó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recuperar la cuenca Matanza Riachuelo, el Cuerpo Colegiado que monitorea su saneamiento presentó un documento ante la Corte Suprema de la Nación.

En el mismo se hace un balance pormenorizado de lo actuado desde el año 2008, describiendo de manera detallada con gráficos, datos, cifras y estadísticas los avances y temas pendientes en relación al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) presentado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), organismo interjurisdiccional responsable de ejecutar dicho plan.

En el extenso documento presentado ante la Corte Suprema se reconoce que si bien a lo largo de estos 7 años se pusieron en marcha organismos estatales y políticas públicas algunas de las cuales tuvieron buenos resultados, en este momento, han dejado de ser satisfactorios.

Por ello, el Cuerpo Colegiado demanda que la ACUMAR formule un nuevo Planque contenga objetivos más ambiciosos en materia de saneamiento, controles más estrictos de las descargas que producen las industrias, la implementación de una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que erradique los cientos de basurales a cielo abierto que aún subsisten en el territorio de la cuenca, la efectiva relocalización de la población que habita en el borde mismo del Riachuelo y acciones más decididas para la protección de la salud de la población, principalmente aquella que se encuentran en situación de riesgo.

En ese sentido, se solicitó a la Corte que asuma una nueva intervención en el caso para romper el amesetamiento de las acciones que llevan a cabo las autoridades nacionales, bonaerenses y porteñas, así como ACUMAR y los 14 municipios de la cuenca. Ello afin de reorientar el proceso y definir una política y gestión ambiental renovada que, apartir de una estrategia de sustentabilidad, conduzcan a la restitución de los derechosfundamentales en la cuenca.

Para Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN “el fallo dictado por la Corte en 2008 no es una mera expresión de deseos, sino un programa de cumplimiento obligatorio que demanda una fuerte intervención del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, cuestión que hasta ahora, y salvo en casos muy puntuales, no han mejorado la calidad de vida de la población, ni cumplido con los objetivos de recomposición ambiental impuestos por el máximo tribunal. Por ello, el pedido que hoy el Cuerpo Colegiado realiza a la Corte Suprema de Justicia, apunta a consolidar los logros alcanzados, y establecer las bases para lograr que el saneamiento del Riachuelo se transforme en una política pública.”

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