Presentacion de Andres Napoli

Buenos Aires 20 de julio de 2016. En el marco del proceso de negociación del acuerdo regional por el Principio 10 de la Declaración de Rio, el 19 de julio se llevó a cabo una consulta nacional, la que fue promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable  de la Nación y contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Argentina (PNUD).

En dicha reunión se desarrolló un panel inicial que contó con la participación de la titular del Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy y Presidenta del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), María Inés Zigarán; el Jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Innovación Pública y Gobierno Abierto, Juan Vila; el representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Maurino; y Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Luego  el público participante realizó un trabajo en talleres en los cuales se analizó el texto del “Documento preliminar del Instrumento Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (ALC)”, sobre el cual se formularon observaciones y propuesta de texto que serán elevadas a la representación Argentina para ser incluidas como recomendaciones al Comité de Negociación del instrumento regional.

Durante la bienvenida, el Embajador Alberto D´Alotto destacó el rol argentino en este proceso y subrayó la importancia de la construcción de una visión regional, con miras a la firma de un convenio regional. Posteriormente María Inés Zigarán resaltó las oportunidades de una nueva institucionalidad en materia ambiental y avances en el desarrollo normativo para la participación ciudadana. Como desafíos planteó repensar las instituciones de participación y recuperar herramientas subutilizadas en el período anterior, como audiencias públicas y consultas. Además mencionó la importancia de pasar de una sociedad crítica y conflictiva hacia una sociedad crítica y propositiva,  reconociendo la diversidad de actores y sus registros culturales, en particular la inclusión de pueblos originarios, y respetando el “Paradigma Pachamama”.

Por su parte, Juan Vila presentó la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto para fortalecer la administración pública y la demanda de servicios ciudadanos subrayando el valor de datos abiertos en formato y licencias para generar valor agregado, y destacando la importancia de activos digitales para facilitar el análisis, investigación y toma de decisiones por parte de los ciudadanos.

Gustavo Maurino resaltó la importancia del acceso a la justicia entendida como una “dinámica de participación pública, una forma de diálogo” vinculada a conflictos ambientales de comunidades en situación de vulnerabilidad socio-económica. “El desafío es superar las brechas de acceso a la información de estas comunidades mediante un trabajo en red”, indicó.  Brecha caracterizada por una falta de autonomía, coordinación y una contaminación informativa. En su lugar señaló que el camino más efectivo es la articulación, acompañamiento y facilitación de insumos legales para las comunidades que lo necesitan.

Por último, Andrés Nápoli, acentuó la necesidad de buscar un mecanismo que mejore y fortalezca el ejercicio de los derechos de acceso de la población, pero que al mismo tiempo mejore la aplicación y el cumplimiento de la ley en cada uno de los países y con una mirada estratégica. “Uno de los hechos más destacables que tiene este proceso es que ha posibilitado que la sociedad civil cuente con representantes electos que transmitan la voz del público en la mesa de negociación del instrumento regional de acceso a información, participación pública y justicia en temas ambientales. Es un proceso novedoso y  de construcción propositiva”, reconoció Andrés Nápoli.

La problemática ambiental no reconoce límites geográficos ni políticos por ello los países de la región deberán buscar soluciones comunes a problemas que también son comunes y compartidos.  Entre los desafíos a nivel regional, Nápoli  señaló que “no se puede pensar este proceso de manera aislada, sino con un enfoque regional, en donde cada país defienda sus intereses pero con una visión estratégica de conjunto. Desde este lugar los Estados nacionales deberán buscar denominadores mínimos comunes que permitan a los países fortalecer sus legislaciones, ser más efectivos a la hora de su implementación, mejorar la gestión de los bienes públicos, prevenir los costos ambientales de las decisiones que tienen que ver con el desarrollo económico y mejorar la gestión de los múltiples conflictos ambientales que hoy padece la región”.

De igual forma este proceso busca fortalecer los derechos de toda la población para poder acceder a más información, tener posibilidad real y no solo formal de participar en procesos en los que se decide la calidad de vida de las poblaciones y comunidades y poder también acceder a la justicia para la defensa de sus derechos.  Es en este sentido el acuerdo por el Principio 10 es un acuerdo que busca profundizar la democracia en ALC y hacer que sus ciudadanos tengan más capacidad y fortaleza para hacer valer sus derechos, allí donde los mismos puedan verse afectados.

Por ello es necesario y estratégico que puedan sumarse al proceso más actores sociales y públicos relevantes como trabajadores, organismos defensores de derechos humanos, universidades; como así también los defensores del pueblo y los miembros del Ministerio Público, quienes tienen a su cargo en cada país la defensa de los derechos que se promueven en el presente acuerdo.

Trabajo en Talleres

Se realizaron tres grupos de trabajo que analizaron los artículos 7, 8 y 9 del Documento Preliminar del Instrumento Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”.

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