Delegados de más de 20 países latinoamericanos se reúnen en República Dominicana para avanzar hacia un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales establecido como compromiso en el Principio 10 de la Declaración de América Latina y el Caribe. FARN representa a la sociedad civil argentina y vos podes ser parte de este proceso.

Los países de América Latina se encuentran en la búsqueda de mejorar sus estándares sociales, económicos y ambientales. Coexiste una visión compartida que la región, en la última década, ha crecido mucho en términos sociales y económicos, pero persisten problemas de desarrollo y conflictos diseminados por los invaluables recursos naturales. Por ejemplo en Argentina están abiertos más de 40 conflictos ambientales por contaminación, desertificación, destrucción de hábitats naturales por mencionar algunos ejes problemáticos.

La Declaración de América Latina y el Caribe sobre el Principio 10 es un compromiso político por varios Gobiernos de la región para promover un cambio en la forma de toman de decisiones. Este compromiso busca asegurar que todas las personas de América Latina y el Caribe puedan participar en las decisiones ambientales que les afectan directamente. Esta Declaración ayudará a los ciudadanos a obtener información, participar en la toma de decisiones y prevenir el desarrollo de proyectos que puedan dañar su vida y sustento.

El proceso de construcción regional se inició en 2011 cuando comenzaron las reuniones focales entre países de América Latina, cada uno de ellos con distintos sistemas legales. “Uno de los hechos más destacables es que se posibilitó a la sociedad civil integrar las mesas de reuniones y ser actores con voz propia que contribuyan a la toma de decisiones. En un mismo contexto el público tiene la palabra de igual manera que los representantes de los Estados. Es un proceso de construcción propositiva”, reconoce Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN.

Entre los desafíos a nivel regional, Nápoli señala que “no se puede pensar este proceso de manera aislada, con la idea de remitirlo a las legislaciones nacionales. Deben establecerse denominadores mininos comunes y mirar este proceso a largo plazo, que trascienda el día a día. Además resulta estratégico  invitar a otros sectores sociales (como universidades y centros de investigación) y gubernamentales (como Derechos Humanos o Gobierno Abierto) a consolidar acciones y decisiones que converjan en este camino por demás desafiante que plantea Naciones Unidas”.

Hasta la fecha, hay 21 países firmantes de la Declaración que busca elevar los estándares de acceso a la información, participación pública y justicia en la región de América Latina y el Caribe, mediante un tratado internacional con obligaciones claras y robustas. Los países signatarios tienen como meta concluir la negociación del Acuerdo Regional en diciembre de 2016.

El Principio 10 nace en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en Río de Janeiro en junio de 2012, donde se firmó la Declaración sobre la aplicación del principio 10 en América Latina y el Caribe. En ella, los países signatarios se comprometieron a avanzar en la consecución de un acuerdo regional que facilite la implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como secretaría técnica.

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