Un año después de la orden judicial que ordenó la actualización del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) presentó un nuevo documento que no satisface la orden judicial en tanto programa para elaborar esa actualización. 

El Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, juez de la causa, pidió opinión al Cuerpo Colegiado sobre este documento titulado Plan Integral de Saneamiento Ambiental. PISA 2016. Hacia una visión compartida de la cuenca. En la presentación, realizada el 12/09, la Defensoría  del Pueblo de la Nación, junto a FARN, CELS, Asociación de Vecinos La Boca y ACDH manifestamos nuestra disconformidad, detallando los aspectos por los cuales resulta inaceptable la propuesta de ACUMAR.

El primero de ellos se relaciona con uno de los ejes centrales de este proyecto: la elaboración de una “visión compartida” sobre los objetivos de la intervención sobre la cuenca. Es decir busca redefinir “junto a la sociedad civil” cuál es la cuenca que se quiere y a la que apuntarán las obras y normas que se implementen. FARN entiende que si bien es positivo y valioso convocar la participación de la ciudadanía, en este caso resulta un riesgo por dos motivos: por un lado esos objetivos ya están planteados en el fallo de la CSJN de 2008, y una nueva discusión sobre este punto, no solo demora la elaboración de un plan de trabajo (por el tiempo que lleve lograr ese consenso), sino que además habilita la posibilidad de validar objetivos de largo plazo que dificulten un plan para mejorar el ambiente en los próximos 10 años. 

En esta dirección, ACUMAR convocó a una audiencia pública para discutir esa visión compartida. En la audiencia llevada a cabo el 16 de septiembre participaron cientos de personas, apuntando en su mayoría a un mismo objetivo: es urgente dejar de contaminar y es urgente que haya una política pública estatal consensuada por todos los gobiernos tendiente a lograr la recomposición del ambiente. Hasta el momento, encontramos ausente esa política, siendo ACUMAR y demás autoridades meros condenados cumpliendo (al mínimo) las órdenes del poder judicial.

El segundo aspecto se relaciona con el imperativo de dejar de contaminar como un objetivo inmediato, que incluso debiera estar signado por el principio precautorio (rector en cuestiones de daños al ambiente). En esta línea es necesario tomar medidas urgentes para que las fuentes de contaminación se suspendan hasta encontrar la forma de volver a desarrollar las actividades sin sus efectos negativos. Si el proyecto presentado tuviera esas medidas urgentes, la discusión sobre los objetivos de largo plazo es posible, siendo que esas medidas no están siendo llevadas a la práctica ni son siquiera mencionadas en el documento. La discusión planteada y el modo de desarrollar la actualización del PISA devienen una nueva violación a los derechos elementales de las personas que habitan la cuenca y sufren en su piel, en su cuerpo y en el de sus hijos las consecuencias del estado paupérrimo del ambiente en la cuenca.

En tercer lugar se cuestiona los responsables identificados en el documento que presentó ACUMAR. Los obligados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación son los Estados condenados, es el gobierno de la Nación y los gobiernos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, desde la creación del organismo interjurisdiccional, se ha notado la ausencia absoluta de los responsables por la calidad de vida de los habitantes y la recomposición del ambiente de la cuenca en todas las instancias (elaboración de proyectos, presentaciones ante la justicia, diálogo con la ciudadanía y las empresas, realización de las obras y los trabajos en el territorio y de la normativa). 

Tanto la sentencia de la Corte Suprema de 2008, como la orden del Juez de ejecución de actualizar el Plan Integral, mencionan claramente a los responsables, siendo la Autoridad de Cuenca un mero órgano ejecutor sin la facultad de auto determinar ejecutor de qué. En el documento no se observa que hayan participado los responsables de elaborar el plan, tampoco participaron en la audiencia convocada por ACUMAR para la construcción de la visión compartida sobre la cuenca.

No podemos dejar de resaltar que lo importante para lograr la recomposición del ambiente es una política de Estado que así lo persiga, con responsables y el compromiso del Presidente de la Nación, de la Gobernadora de la Provincia y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como de los Intendentes de los Municipios atravesados por estos ríos y sus arroyos. Sin su participación en la elaboración del plan de trabajo, ni en la construcción de la visión compartida y los objetivos de recomposición entendemos que solo nos encontraremos ante promesas impotentes. 

Quizás sea responsabilidad de la Corte Suprema volver a instar a los funcionarios señalados para que acepten el protagonismo que les corresponde en este tema y asuman los compromisos necesarios para lograr los urgentes objetivos a los que están condenados: dejar de contaminar la Cuenca Matanza Riachuelo, recomponer el ambiente de la cuenca y mejorar la calidad de vida de los más de 5 millones de personas que la habitan.