La Corte Suprema de Justicia de Nación requirió a la ACUMAR, al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en el plazo de quince días, realicen un informe sobre el íntegro y fiel cumplimiento de la sentencia dictada en la causa el 8 de julio de 2008.
Transcurrió más de un año desde que el Cuerpo Colegiado presentara a la Corte Suprema de Justicia de Nación (CSJN) un informe sobre el estado de implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), informe que llevó al Juez de ejecución a pedir la actualización del plan.

El pasado 4 de octubre, la CSJN con la firma de la totalidad de sus actuales integrantes emitió una resolución en la causa “MENDOZA BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ESTADO NACIONAL Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS (Daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”. En este sentido requirió a la Autoridad de Cuenca Matanza–Riachuelo (ACUMAR), al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en el plazo de quince (15) días realicen un informe circunstanciado sobre el íntegro y fiel cumplimiento llevado a cabo de todos los mandatos impuestos en la sentencia dictada en la causa el 8 de julio de 2008 (Fallos: 331:1622). En dicha presentación se deberá señalar el grado en que ha sido alcanzado respecto de cada uno de los objetivos fijados en el fallo, dando cuenta además de los aspectos que podrían modificarse implementarse para un mejor y más rápido cumplimiento de las metas fijadas.

El pedido del máximo tribunal busca contar con elementos para evaluar la necesidad de actualizar el PISA, o bien reemplazarlo con nuevas pautas y objetivos. En la misma resolución la Corte invita a los integrantes del cuerpo colegiado (formado por el Defensor del Pueblo de la Nación y las organizaciones sociales ACDH, AVLB CELS, FARN y Greenpeace Argentina) para que expresen su opinión sobre aspectos que podrían modificarse o implementarse en relación con los mandatos oportunamente impuestos en la sentencia.

Con este pronunciamiento, la Corte Suprema vuelve a intervenir en el caso Mendoza, luego de 4 años, y lo hace luego de que el cuerpo colegiado emitiera judicialmente una opinión sobre el Plan Integral del Saneamiento (PISA),  manifestando preocupación por lo poco que cumple las pautas fijadas por el juez.