En una resolución adoptada en el día de ayer en el marco de la causa Mendoza, la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó al Congreso de la Nación para que en un plazo razonable cumpla con el deber constitucional de designar el Defensor del Pueblo de la Nación.

Siguiendo el criterio ya adoptado en los fallos de tarifas de gas y de electricidad, el máximo tribunal objetó el accionar de la Defensoría del Pueblo de la Nación en el caso de la contaminación del Riachuelo, indicando que dicho organismo carece actualmente de legitimidad procesal para actuar judicialmente, por cuanto dicho cargo se encuentra vacante desde diciembre de 2013.

La Corte decidió que hasta tanto se designe un nuevo Defensor, el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema de Justicia (conformado por 5 ONGs y coordinado por Defensor del Pueblo) deberá realizar las tareas de control y monitoreo del saneamiento del Riachuelo con prescindencia de las tareas de coordinación que corresponden al Ombudsman nacional.

Esta es la tercera oportunidad en que el máximo tribunal reclama al Congreso de la Nación la designación del Ombudsman nacional, cuestión que también fue solicitada mediante el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

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