Luego de cuatro años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación vuelve a convocar una nueva Audiencia Pública con el fin de que todos los actores implicados en la recomposición integral de la Cuenca Matanza – Riachuelo informen sobre el cumplimiento y deudas del proceso de saneamiento iniciado en 2008.Entre los organismos que deberán rendir este examen se encuentra el ACUMAR, quien presentará un informe sobre el estado de cumplimiento de los compromisos tomados desde su creación. El Estado Nacional -bajo la figura del Ministro de Ambiente-, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su parte, deberán rendir cuentas respecto a la gestión de recursos y políticas asumidas para dicho fin.

Entre los principales ejes de la audiencia se destaca: el estado de la ejecución de presupuesto por cada parte involucrada; avances y estancamiento del proceso de relocalización de familias en situación de riesgo; la mejora o no de la calidad ambiental de la cuenca (principalmente en referencia al estado del agua, aire y suelo) y del acceso a servicios básicos (agua potable y cloacas principalmente); la evolución o retroceso de la presencia de contaminantes por fuentes industriales; el estado del plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos; entre otros.

La audiencia presentará una característica muy particular dado que no contará con la figura esencial del Defensor del Pueblo, por expresa disposición de la Corte Suprema quien le ha impedido ejercer las funciones de coordinador del Cuerpo Colegiado que integra junto con cinco ONGs (CELS, Asociación Vecinos por La Boca, ACDH, Greenpeace Argentina y FARN). Tiene a su cargo el monitoreo del cumplimiento el saneamiento del Riachuelo, hasta tanto el Congreso cumpla elija a su nuevo representante. “Debemos recordar que el cargo de Defensor del Pueblo se encuentra vacante desde hace dos años sin que el Congreso de la Nación haya nombrado su reemplazante” señala Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN.

En su lugar, Andrés Nápoli hará uso de la palabra como representante del Cuerpo Colegiado y compartirá la opinión fundamentada sobre el análisis del cumplimiento del fallo, subrayando los avances y deficiencias de este proceso. “Asimismo brindará aportes para la mejora integral (social, política y ambiental) de la cuenca, exigiendo el compromiso e involucramiento de las autoridades de Nación, Provincia y Ciudad de manera que la recomposición ambiental sea una política de estado tendiente a la efectivización de los derechos de los habitantes de la cuenca, y no un mero programa de trabajo de un organismo de cuarta línea” respaldó  Santiago Cané de FARN.