En menos de un mes se dará inicio a una nueva edición del Rally Dakar en Argentina que atravesará 13 provincias sin que la ciudadanía tenga información sobre los impactos ambientales de la competencia ni las acciones  tomadas (o no) para mitigar y restaurar los daños provocados por ediciones anteriores.

El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) ha manifestado en varias oportunidades su preocupación por los graves impactos que esta competición tiene en los ambientes que atraviesa, en particular reservas naturales y arqueológicas. Sin embargo, se ha negado sistemáticamente a informar sobre las medidas realizadas en virtud de esos riesgos y los datos que fundamentan su preocupación.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales solicita información todos los años para conocer los estudios de impacto ambiental que se realizan para con respecto a la competencia, los daños producidos y las medidas de mitigación y restauración adoptadas. Pero el COFEMA no ha contestado nunca a estos requerimientos, incumpliendo así con su misión y la obligación legal del organismo.

Ante el silencio guardado, FARN inició juicio sobre acceso a la información pública ambiental en el que recayó sentencia recientemente condenando por primera vez al COFEMA a entregar la información solicitada. Así, se ratifica el derecho de los ciudadanos de conocer cómo el Estado resguarda el ambiente, si es que tal preocupación existe en las autoridades a la hora de aprobar proyectos de alto impacto ambiental como la competencia de Rally Dakar.

“Para la edición del año 2017 solicitamos nuevamente información sobre esta cuestión con el fin de que la ciudadanía conozca sobre los graves daños que provoca esta competencia y poder así, reclamar medidas para la prevención y remediación de los daños. Nos presentamos ante el COFEMA y las provincias de Córdoba, San Juan, Jujuy y Salta. Ya han transcurrido los plazos legales para que contesten, sin que hayamos tenido noticia alguna al respecto”, comenta Santiago Cané de FARN. “Esta actitud, esta omisión por parte de los funcionarios priva a los ciudadanos de su derecho a estar informados y los imposibilita de poder participar en procesos de toma de decisión de manera ajustada. De esta forma, no solo se atenta contra el patrimonio natural y cultural de los argentinos sino que además se quita toda posibilidad de un proceso democrático para aprobar o no su realización en Argentina”, asegura Ana Di Pangracio, Directora Ejecutiva Adjunta de FARN .

La falta de respuesta ante los pedidos de información denota una falta de preocupación por parte de las autoridades sobre los posibles impactos ambientales de una iniciativa como el Rally Dakar, ni por  mitigarlos y/o restaurar el daño ocasionado. Tampoco por disponer instancias de participación por las cuales los ciudadanos puedan expresar su preocupación e incluso oponerse al Rally Dakar. Cabe resaltar aquí que la Defensoría del Pueblo de la Nación dictó una resolución instando al Ministerio de Turismo de la Nación para que se garantice el derecho de consulta previa a las comunidades originarias cuyos territorios son atravesados por esta competencia sin contar con su consentimiento. Dichas consultas, obligatorias para el Estado por tratados internacionales, no fueron realizadas.

De acuerdo a lo que se desprende del juicio ganado por FARN, nadie controla esta competencia, ni la Nación ni las provincias que son atravesadas, dejando nuestro patrimonio natural y cultural en manos de las empresas organizadoras, sólo motivadas por la eficiencia económica.

FALLO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 1