Las recientes inundaciones, a las que se suman otros eventos como  sequías e incendios, que afectaron recientemente a varias provincias sin duda se presentan como un gran desafío para la gestión estatal. Estos eventos climáticos extremos, que son exacerbados en un contexto de calentamiento global, requieren de grandes esfuerzos para lograr una solución adecuada que reduzca la vulnerabilidad de territorios y personas frente a estos acontecimientos.

Sin embargo, a la hora de pensar en medidas para dar respuesta a estas graves situaciones, se prioriza el cortoplacismo y la mirada segmentada, que no integra todas las aristas del problema, no dotándose tampoco de recursos suficientes a las tareas requeridas para minimizar los severos impactos. Pero lo que más preocupa es que no se ponga en discusión el modelo productivo agropecuario preponderante que justamente es parte constitutiva de esta situación.

Este modelo productivo, por un lado, empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas, como los bosques nativos y los humedales. La deforestación  persiste, figurando Argentina entre los países que más deforestan en el mundo según la FAO [1];  y la ley nacional que busca regular el desmonte continúa siendo sistemáticamente desfinanciada.

Los humedales, que resultan clave para evitar inundaciones en zonas críticas por su rol de amortiguación, todavía no cuentan con protección legal en nuestro sistema. El debate en el Congreso puso en evidencia el fuerte lobby de sectores agropecuarios e inmobiliarios para disminuir el nivel de protección de una futura ley de humedales.

Por otro lado, la tendencia al monocultivo modifica el uso del suelo, en particular, disminuyendo la cobertura vegetal y el nivel de las napas freáticas, y con eso su capacidad de absorción de agua de los suelos. Se considera que el consumo de agua de los cultivos anuales como la soja es alrededor del tercio menor que el de pasturas perennes y pastizales (500-800 mm anuales vs. 1500-2000 mm)[2].

Las medidas ensayadas para hacer frente a estas situaciones extremas dan cuenta de la falta de mirada holística del problema, recurriéndose constantemente a la emergencia agropecuaria como forma de palear la situación. Tampoco se adjudican los fondos necesarios para abordar estos conflictos. Por ejemplo, parte de los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (Decreto 1381/2001), creado para otorgar fondos al Plan Federal de Control de Inundaciones, fueron adjudicados a otros fines como la construcción de las obras de las presas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic [3].  Así dentro de los egresos 2016, sólo el 19% de los gastos de este fondo fueron destinados al Plan Federal de Control de las Inundaciones.

Si continuamos en la senda de no trazar las líneas y relaciones necesarias, seguramente las soluciones que se propongan seguirán siendo inefectivas y de carácter meramente reactivo. Necesitamos contar con medidas serias de adaptación al cambio climático que integren sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y la población actuar de forma temprana.

REFERENCIAS

[1] http://www.fao.org/3/a-i4808s.pdf

[2] Más información en: http://www.produccion-animal.com.ar/inundacion/95-napas_mjz_13.pdf

[3] Resolución 760/2013 del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios