Hoy comunidades de todo el mundo se reúnen para elevar la voz de quienes buscan conservar y recomponer los ríos y ecosistemas afectados por grandes obras. El Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos fue originalmente adoptado por los participantes en el Primer Encuentro Internacional de Personas Afectadas por Represas, en marzo de 1997 en Curitiba, Brasil. Desde entonces, se celebra cada 14 de marzo el Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos, organizado por la ONG International Rivers, con el espíritu de reclamar la salud ambiental de las cuencas.

El Río Santa Cruz hoy se ve profundamente amenazado por intereses que no cuantifican el daño ambiental que significa la construcción de grandes represas que alteran el comportamiento natural del agua y de todo el ecosistema que regula. Una larga historia de resistencia en contra de su represamiento (desde 1950) logró hacerse visible recién a partir del año 2013, en el momento que se adjudicó el proyecto del complejo hidroeléctrico.

Desafortunadamente, este fue sólo el comienzo. En el marco de una renegociación de contrato de la mano del nuevo Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y bajo la presión del gobierno chino por avanzar con este millonario negocio, se decidió modificar el proyecto sin consulta y sin nuevos estudios de impacto ambiental que demuestren su factibilidad. En marzo de 2016, China Development Bank Corporation (CDB), el Bank of China Limited y el Industrial and Commercial Bank of China, advirtieron al gobierno argentino que, en caso de que ocurran demoras o cancelaciones en obras de las represas sobre el Río Santa Cruz se activará la cláusula de “incumplimiento cruzado” prevista en el contrato firmado con Argentina, poniendo en riesgo la continuidad de las obras del Belgrano Cargas.

A partir de entonces fueron sucediéndose distintos hechos que marcaron un camino de creciente irresponsabilidad frente a la transparencia de un proceso que promete la extinción de especies autóctonas invalorables como el macá tobiano, y desarrollar tecnologías que no son sustentables en el tiempo.

Resulta necesario que tanto el gobierno de China como las instituciones que financian el proyecto, eviten esgrimir posibles represalias por la falta de avance en las obras, acaten lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y prioricen el cumplimiento de la ley argentina, que dispone que toda obra de gran magnitud -como es el caso de la construcción de dos mega-represas- deba cumplir, de manera previa a su construcción con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el que además deberá contar con bases científicas y ser realizado por profesionales e instituciones independientes”, manifestó Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN.

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