La condicionalidad de los préstamos chinos

China promueve un desarrollo justo que sortee los desafíos del cambio climático, mientras acorrala a Argentina por “incumplimiento cruzado” si se frenan las obras del complejo hidroeléctrico Cepernic-Kirchner. FARN junto a la coalición contra las represas manifiesta su preocupación sobre las presiones del gigante asiático a la economía y los recursos naturales de nuestro país.

El gobierno nacional por medio de algunos de sus funcionarios ha planteado en los ultimos días que el proyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz reiniciará su construcción luego de cumplir con la Evaluación de Impacto Ambiental. Sitúa a dicho procedimiento como un mero trámite, que debe ser realizado para cumplir con el fallo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), y no como una forma de analizar, ponderar y evaluar las consecuencias económicas, ambientales y sociales que producirá la construcción de dos mega represas sobre el último rio glaciario de la Argentina.

Ello significa mayor riesgo de incumplir con una rigurosidad científica, independiente y participativa que aporte transparencia al oscuro proceso adjudicatario. “El contrato de obras del complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic se inclina fuertemente a favor de los acreedores (empresas y bancos chinos involucrados) imponiendo cargas financieras enormes al Gobierno argentino si los proyectos se modifican o se cancelan”, alerta María Marta Di Paola, investigadora de FARN y autora de Un acuerdo chino.

Hace un año, China Development Bank Corporation (CDB), el Bank of China Limited y el Industrial and Commercial Bank of China, advirtieron al Gobierno argentino que, en caso de que ocurran demoras o cancelaciones en obras de las represas sobre el Río Santa Cruz se activará la cláusula de “incumplimiento cruzado” prevista en el contrato firmando con el gobierno argentino, poniendo en riesgo la continuidad de las obras del Belgrano Cargas.

Tal y como reconoció la CSJN en su fallo precautorio unánime del pasado diciembre, “… la magnitud del proyecto requiere una reflexión profunda, científicamente probada, socialmente participativa y valorativamente equilibrada…”. La Corte estableció que el Poder Ejecutivo (el Gobierno de Argentina) no ha cumplido con sus obligaciones de acuerdo con la Ley 23.879 (Ley de Impacto Ambiental de Obras Hidráulicas).

“Resulta necesario que tanto el gobierno de China como las instituciones que financian el proyecto, eviten esgrimir posibles represalias por la falta de avance en las obras, acaten lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y prioricen el cumplimiento de la ley argentina, que dispone que toda obra de gran magnitud, como es el caso de la construcción de dos mega represas, deba cumplir, de manera previa a su construcción, con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el que además deberá contar con bases científicas y ser realizado por profesionales e instituciones independientes, manifestó Andrés Napoli, Director Ejecutivo de FARN.

Desde la coalición esperamos que este fallo brinde la oportunidad de suspender este proyecto y garantizar que no tendrá graves impactos ambientales y económicos. De lo contrario, tememos que la construcción de las represas será recordada en la historia como la colaboración chino-argentina más equívoca de todos los tiempos, precisamente en un momento en el que la protección de los glaciares para abordar el cambio climático se encuentra entre las prioridades más importantes de la humanidad.

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