La justicia ha ordenado el retiro de unos 40 millones de toneladas de rocas que la minera chilena Los Pelambres arrojó en suelo calingastino, área de propiedad de la empresa Glencore, donde está enclavado el proyecto de cobre local El Pachón. Así, dispuso que la medida debe ejecutarse lo más rápido posible, teniendo en cuenta que la llamada escombrera contamina lagunas cordilleranas y puede afectar ríos que confluyen con el San Juan.[1]

La minera, perteneciente al grupo minero Antofagasta Minerals, arrojó durante años residuos en la provincia de San Juan, constituyendo la escombrera llamada “Cerro Amarillo” en territorio argentino. No sólo se han acumulado neumáticos gigantes en la misma, sino que también se ha detectado impacto ambiental sobre los cuerpos de agua de la zona, resultando evidentes las consecuencias negativas sobre la calidad del agua. En este sentido se han constatado valores del PH de aproximadamente 4.4, lo que corresponde a aguas ácidas, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre.

En 2016 se presentaron pedidos de información, para tomar conocimiento de la situación, ante el Ministerio de Energía y Minería, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las respuestas no fueron concluyentes y no se informó la intervención concreta de los ministerios. A partir de ellas, resulta evidente la forma en que los mencionados organismos procuran desligarse de responsabilidades e incluso reducen la cuestión y consecuentemente su solución a la causa judicial radicada entre “Xstrata El Pachón S.A.” y “Minera Los Pelambres S.A.”.

En este marco, FARN junto a Greenpeace y Asociación de Abogados Ambientalistas expresaron su preocupación en notas dirigidas al Gobernador de San Juan, al Fiscal de Estado de San Juan, al Ministro de Ambiente de la Nación y a la Ministra de Relaciones Exteriores, solicitando se diera de baja el acuerdo entre la Provincia de San Juan y la minera como así también se conformara una comisión interministerial con la participación del Ministerio de Ambiente y de Relaciones Exteriores y autoridades locales.  

Con la presión de la comunidad, organizaciones no gubernamentales y la prensa, finalmente se dio de baja el acuerdo entre la provincia de San Juan y Los Pelambres que permitía el aislamiento temporal de la escombrera hasta tanto se dirimieran las cuestiones tanto judiciales como administrativas de fondo. De esta forma, la empresa chilena se vio obligada a retirar los neumáticos enterrados en suelo argentino, tarea que finalizó en febrero de este año.

El retiro de los neumáticos fue un gran avance para llegar a una solución, pero los escombros aún permanecen en la cordillera, y sin mencionar que falta la remediación ambiental del predio contaminado en territorio sanjuanino. En conclusión, no sólo han fallado las autoridades en cuanto al control preventivo -en función de la gravedad que ha adquirido esta problemática-, sino que además no se han adoptado medidas eficaces para revertir la situación.

Consideramos que el fallo judicial es clave para comenzar con la remediación del predio en suelo argentino.

 

[1] https://www.diariodecuyo.com.ar/politica/A-tono-con-la-provincia-y-el-fiscal-el-juez-ordeno-sacar-la-escombrera-20170809-0159.html

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