FARN colaboró en el nuevo informe de la Asociación Ambiente y Sociedad-Colombia donde se compara los marcos normativos adoptados por países latinoamericanos con el fin de implemen­tar el esquema de las Asociaciones Público-Privadas (APP).  

Las APP se han promovido a nivel mun­dial como la solución para que los Estados puedan suplir necesidades de infraestructura y servicios públicos con la participación del sector priva­do. Latinoamérica ha asumido con entusiasmo este esquema como la solución a la brecha de infraestructura que sufre la región.

El documento aborda los marcos normativos que Colombia, Perú, Argentina, y Brasil han adoptado para implementar el esquema. Así mismo analiza la asignación de riesgos y las obligaciones ad­quiridas por las partes; estudia la contraprestación que reciben los socios privados en las APP y el financiamiento de proyectos, haciendo énfasis en el papel de los fondos de pensión.

Este informe se divide en tres capítulos. El primero versa sobre el marco jurídico de las APP en los cuatro países mencionados con el fin de identificar puntos en común y diferencias. En cuanto a Colombia, Bra­sil y Perú analiza las medidas normativas y los programas que han impulsado a que estos tres países sean calificados con un buen nivel de aplicación del esquema de APP. En Argentina, dado que la ley es reciente se anotan sus disposiciones generales, y las diferencias con el régimen anterior. Además, se comentan las medidas de transparencia y de seguimiento de los proyectos de APP.

El segundo capítulo hace una explicación sobre la asignación de ries­gos y se pregunta por cuál es su importancia, y cuál es la forma en la que Colombia, Brasil y Perú vienen haciendo esta distribución entre las partes. También, se observa cómo la asignación de riesgos conlleva a la asunción de obligaciones y cómo estas, con el fin de administrar un riesgo, pueden afectar políticas públi­cas en temas ambientales y sociales.

La última parte del informe se refiere a la contraprestación que debe recibir el privado por la realización de la infraestructura y cómo el Estado ejecuta y garantiza dicha contraprestación en cada país. Adicionalmente, habla de la financiación, los fondos de pensiones, del papel de la entidad pública para lograr que el proyecto que se considera viable financieramente y cuáles son las principales fuentes de financiación de las APP en Colombia, Brasil y Perú.

En este informe Ambiente y Sociedad- AAS pretende dar una visión inicial del proceso de implementación del esquema de las APP en los cuatro países, y de esta manera entender un poco más esta figura y algunos de sus efectos. El estudio propone algunos temas que deben ser replanteados respecto de las APP: la vulneración de derechos colec­tivos en la planeación y ejecución de las APP, la flexibilización de normatividad en materia ambiental, el costo de las APP, ausencia de transparencia y la participación ciudadana en la planificación de estos proyectos