Desde hace varios años, distintas organizaciones socio-ambientales vienen solicitando un plan de saneamiento ambiental de la cuenca, debido al grave estado ambiental en que se encuentra y los problemas de salud que provoca en la población. La provincia elaboró un plan que no tiende a la recomposición ambiental. En su lugar significa un mero programa urbanístico, elaborado y aprobado sin participación de la ciudadanía local. 

Las organizaciones que integran el Consejo Consultivo del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) solicitó al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que requerir información al Comité por múltiples inconsistencias identificadas. Al obtener una respuesta del COMIREC nos encontramos con afirmaciones falsas por parte de los funcionarios que lo integran.

El primer punto es que las organizaciones participan en cada instancia que ofrece COMIREC a pesar de ser espacios meramente informativos y no de participación genuina. En dichos encuentros, las autoridades no han elaborado actas donde consten las manifestaciones y reclamos de los participantes, otorgando así un carácter secreto a actos que deben ser públicos. 

Asimismo, se denunciaron incumplimientos de las normas que tienden a la protección ambiental y, específicamente, del agua. Además de sostener la falta de un ordenamiento del territorio, proceso necesario para mejorar esta situación.

Por estos motivos se solicitó al Defensor del Pueblo de la Provincia que requiera la intervención activa de la máxima autoridad de la Provincia en la decisión del Ordenamiento Territorial de la cuenca, la elaboración de un Plan Integral de Saneamiento y la reglamentación definitiva de la ley del COMIREC.

Sumado a ello se remarcó la necesidad de actualizar el informe del estado de situación de la Cuenca, con énfasis en la calidad del agua, para constatar su evolución, en relación al Informe 2007 del Defensor del Pueblo de la Nación. Y por último se requirió la actualización del informe sobre el Plan de Saneamiento Integral de la cuenca Reconquista y el estado del ejercicio del derecho a la participación ciudadana.

Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk

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