El día sábado 23 de septiembre se llevó a cabo el webinar internacional Defensores Ambientales Bajo Riesgo, en el que participaron más de 30 personas de distintos países como México, Colombia y Argentina. El encuentro se realizó en el marco de una campaña global llamada SPEAK!, creada en respuesta al contexto actual, en el cual las personas de todo el mundo se enfrentan a ataques cada vez mayores contra sus libertades fundamentales.

En un contexto regional de agudización del riesgo y vulnerabilidad de las personas y comunidades que defienden la Tierra, frente a la imposición de proyectos extractivos y grandes presas, este webinar visibilizó las tensiones socio-ambientales a través de historias recientes en la voz de defensores ambientales de América Latina. ¿Qué constantes sociales, políticas, culturales y económicas se identifican en cada historia? ¿Qué garantías tienen los defensores del ambiente? ¿Cómo minimizar los riesgos individuales y colectivos? Estas son algunas de las cuestiones que debatimos en este gran encuentro.

Ana Di Pangracio introdujo el encuentro virtual invitando a los participantes a conocer la Carta ciudadana y a sumarse al Principio 10. Asimismo compartió algunas cifras sorprendentes en materia de vulnerabilidad a las garantías de la seguridad que sufren los defensores de la Tierra en América Latina. “El último informe de la organización internacional Global Witness indica que más de 200 defensores ambientales han sido asesinados en 2016 en 34 países del mundo, y el 60% de las muertes se concentraron en nuestra región. Entre los países más afectados se encuentran: Brasil con 49 muertes, Colombia con 37 y Honduras con 14, entre otros países. Estos asesinatos están vinculados con la oposición a grandes proyectos extractivos y de infraestructura del sector minero, petrolero, agroindustrial, caza ilegal, grandes represas, entre otros”.

Gustavo Castro, director de Otros Mundos (Chiapas, México), señaló algunas constantes económicas, políticas y sociales que comparten los países de América Latina desde los años noventa, donde se abren a las inversiones a partir de las cuales los Estados ofrecen los recursos naturales a firmas extranjeras, promoviendo un “extractivismo voraz” en la región. Según Castro, ello requiere modificar las constituciones y leyes secundarias para garantizar a las transnacionales el éxito de sus inversiones: se modifican leyes minera, ley de aguas, ley de hacienda, ley de inversiones extranjeras, etc; para hacer factible y posible estas garantías. “Ante este despojo, se encontraron con muchas resistencias; una resistencia sin precedentes en todo el continente. (…) Esta lucha ha tenido mucho éxito a costos muy altos, lamentablemente, con muchos compañeros y compañeras asesinadas, encarceladas y desplazadas. Lo que hicieron los gobiernos, entonces, fue criminalizar la protesta social para seguir garantizando las inversiones. (…) Los siguientes tratados de libre comercio (TLC) van incluyendo una nueva fórmula: la expropiación indirecta”. Es decir que una empresa que se ve bloqueada por una protesta puede demandar al gobierno, por lo tanto los gobiernos modifican sus leyes para criminalizar la protesta. A modo de conclusión subrayó la urgencia de elaborar estrategias de prevención de inversiones extractivistas para comunidades potencialmente afectadas; mientras que desde arriba exigir acuerdos multilaterales vinculantes para responsabilizar a las empresas extractivas de violación de los derechos humanos y ambientales.

Por su parte Dora Lucy Arias, representante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Bogotá, Colombia), remarcó algunos de sus hallazgos en materia de investigación, que llevan adelante desde el año 2000, sobre la responsabilidad social de grandes empresas que han sido protagonistas en la violación de derechos humanos en Colombia, donde el Estado nacional, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos, se ha situado con los actores empresariales, trabajando muchas veces en connivencia. Explicó que el derecho a la movilización y protesta (derechos fundamentales a la participación) han sido vulnerados, principalmente a partir patrones comunes. Entre ellos mencionó: restricciones legales y administrativas para el uso de espacio público (limitación de autorizaciones, por ejemplo); la penalización a la protesta y la creación de climas que limitan el ejercicio de defensa al ambiente, como el uso de términos deslegitimizadores: “eco-terroristas” o “extremistas ambientales” por ejemplo; y las agresiones a los defensores, en especial a las mujeres; además de otras limitaciones como el acceso a la información, que afecta el derecho a la participación y defensa del territorio, y de acceso a la justicia donde se detecta una altísima impunidad. Alertó que entre los años 2016 y 2017 el sistema de alerta de la Defensoría del Pueblo de Colombia registró 156 asesinatos, 33 atentados, 5 desapariciones forzadas, 9 casos de uso arbitrario de la justicia penal, 320 lesionados por el uso abusivo de las fuerzas de seguridad y un caso de violencia sexual que hoy se encuentran en la impunidad.

Por último, Saúl Argentino Zeballos, referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca (San Juan, Argentina) agregó que las políticas públicas al desarrollo deberían verse puestas en consideración de cada comunidad. En sus palabras “son los pueblos quienes deben decidir cómo diseñar y planificar su futuro”, contrariamente a lo sucedido en la comunidad que no han tenido siquiera una consulta popular para defender el proyecto de mega minería “Veladero” sobre las nacientes del Río Jáchal y el ambiente periglacial. Otra de las amenazas que señaló es el financiamiento de la provincia de San Juan, como del Estado argentino, para que los medios de comunicación no visibilicen las problemáticas ambientales.

En el cierre se señaló la importancia de crear alianzas ciudadanas, socializar los daños de este modelo extractivista y escuchar y visibilizar la violencia contra las mujeres que están tomando la delantera para proteger los derechos de la comunidad y de la naturaleza. “El llamado es seguir activos, movilizándonos y dando a conocer cómo actúan las empresas, documentando y compartiendo experiencias. Y no dejar que nos roben la alegría, seguir imaginando una paz con justicia social, con territorios autónomos, con agua, suelo y aire al alcance de todos, de las presentes y futuras generaciones”, concluyó con maestría y sencillez la Dra. Dora Arias.

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