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Principio 10 (P10) es un compromiso político de varios Gobiernos de la región para promover un cambio en la forma de tomar decisiones, el cual busca asegurar que todas las personas de América Latina y el Caribe puedan participar en las decisiones ambientales que les afectan directamente.

Delegados de 24 gobiernos de América Latina y el Caribe, representantes del público y expertos de organismos internacionales participaron en la Octava Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, la cual tuvo lugar en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile.

Uno de los principales resultados del encuentro -el cual finalizó este viernes 1 de diciembre- fue el consenso sobre consagrar la protección de las personas que luchan por la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales en el futuro acuerdo regional (conocido como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo).

En la jornada inaugural, la Presidenta de Chile Michel Bachelet indicó que Latinoamérica y el Caribe tienen la “oportunidad única de acordar el primer tratado ambiental de la región”.

Avances logrados en la reunión:

DEFENSORES AMBIENTALES
Uno de los puntos más importantes logrados durante el encuentro fue la consagración de una cláusula destinada a proteger a los defensores ambientales, que son personas o grupos de personas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Al respecto, desde FARN han brindado un webinar cuyo objetivo fue visibilizar las tensiones socio-ambientales y riesgos de las comunidades locales a través de historias recientes en la voz de defensores ambientales de América Latina. 

GARANTIAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL
Asimismo se convinieron los artículos destinados a reglar las bases para el ejercicio del acceso a la justicia en asuntos ambientales, consagrándose elementos tales como la necesidad de contar con:

  • Órganos competentes, con conocimientos especializados en materia ambiental.
  • Procedimientos efectivos y cuyos costos no sean prohibitivos.
  • Amplia legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente.
  • Mecanismos de ejecución y de cumplimiento de las sentencias y de las decisiones judiciales y/o administrativas. 
  • Mecanismos de reparación incluidas la restitución, restauración, compensación, atención a las personas afectadas y, cuando corresponda, el establecimiento de mecanismos financieros, como fondos para apoyar la reparación.
  • Decretar medidas cautelares, provisionales y de fiscalización, para resguardar, prevenir, hacer cesar y recomponer o mitigar daños al medio ambiente.
  • Medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental de la responsabilidad incluyendo la inversión de la carga de la prueba y la inclusión de la carga dinámica de la prueba cuando corresponda.

 

La diplomacia regional y la sociedad civil que participa en el proceso enfrentan un desafío crucial: que los derechos que se consagren en el acuerdo no se vuelvan una constelación de abstracciones de dudoso carácter, sino que ofrezcan respuesta a los colosales retos ambientales de nuestro tiempo”, manifestó Andrés Nápoli, representante electo del público y Director Ejecutivo de FARN.

Se espera que la próxima reunión -a realizarse en Costa Rica- finalice el tratamiento del texto propuesto y los países se dispongan a suscribir un instrumento regional que garantice el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales con un carácter vinculante, concluyó Nápoli.

 

Más información en la siguiente nota: “Un Acuerdo sobre Principio 10 VINCULANTE que no debilite estándares en acceso a la información, participación y justicia ambiental de la región”