Por Pía Marchegiani, FARN.

Directora de Participación (FARN)

El marco legal ideado en la década del 90 para atraer inversiones al sector minero dio forma al modelo que se terminó consolidando en el país, y que continuó aún después de pasada la época neo-liberal con la sucesión de gobiernos kirchneristas.

En este artículo se analizan las primeras decisiones del gobierno de Cambiemos entre las que se encuentran la eliminación de las retenciones mineras, la promoción de un nuevo acuerdo minero federal que desconoce los aspectos más críticos sociales y ambientales vinculados a la actividad minera, y la intención de volver a reglamentar la Ley de Glaciares para achicar su ámbito de aplicación.

Se argumenta que si bien se tomaron algunas medidas que pueden ser vistas como positivas para la agenda ambiental como la jerarquización de su máxima autoridad y los mayores niveles de la transparencia vinculadas al inventario de glaciares, el ritmo con el que se toman medidas que acentúan la actividad extractiva atentando contra la vigencia de las leyes que protegen los bienes ambientales es mucho mayor. Queda en evidencia que, aunque desde lo discursivo se busque apelar a un lenguaje vinculado a la agenda ambiental, los hechos avanzan en sentido contrario, profundizando el extractivismo.

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