La Cuenca Matanza – Riachuelo afecta a una población estimada de 5 millones de habitantes, muchos de los cuales viven en situación de pobreza y sin acceso a servicios básicos.

En el año 2006, a raíz de una demanda presentada por un grupo de vecinos de la cuenca, la Corte Suprema de la Nación tomó intervención, logrando que el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, tuviesen que dar respuesta activa a su problemática.

En los dos años que duró el trámite de la causa “Mendoza”, se convocó a una serie de audiencias públicas, generándose un salto cualitativo y cuantitativo en términos de información pública disponible. Finalmente, el máximo tribunal atendió los reclamos de los demandantes, del Defensor del Pueblo de la Nación y las ONGs que intervinieron en el juicio en representación de los intereses colectivos, y dictó sentencia definitiva respecto a la prevención y recomposición ambiental de la CMR.

En julio de 2008 la Corte en una sentencia histórica ordenó al Estado Nacional y de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, a sanear la cuenca Matanza Riachuelo (CMR) y controlar la contaminación.

La intervención de la Corte en este caso ha marcado un antes y un después para la situación del Riachuelo, ya que permitió romper la inercia a la que se encontraba adherido el destino de esta importante porción del territorio metropolitano en que habita el 15% de la población del país, y en donde nunca en más de 200 años se pusieron en marcha políticas y planes tendientes a revertir o mejorar su degradante situación.

Como consecuencia de la puesta en marcha del Plan de Saneamiento exigido por el Máximo Tribunal se observan algunos resultados positivos, aunque lo realizado todavía es muy bajo en relación a todo lo que queda por hacer y lo que deberían haberse concretado durante estos años.