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14
Abr

Información sobre los Residuos Eléctricos y Electrónicos

En nuestro país se recicla menos del 2% del total de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) colocados en el mercado y entre el 4% al 6% de los RAEE proveniente del sector tecnología. Los niveles de reciclado y recuperación de aparatos o materiales son mínimos si tenemos en cuenta las más de 120.000 toneladas anuales de residuos electrónicos que se generan en el país.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió en 2010 que alrededor de 40-50 millones de toneladas de RAEE son generadas todos los años a nivel mundial y previó «serias consecuencias» en esta década por las montañas de desechos «peligrosos» y «tóxicos» que se acumulan sin ningún control en las economías en vías de desarrollo.

En Argentina no existe prácticamente ninguna infraestructura ni sistema formal para hacer frente a la basura electrónica y para gestionar este tipo de residuos. Cuanto más se retrase una solución al problema, mayor será la cantidad de residuos electrónicos acumulados a ser tratados, mayores los desvíos a rellenos sanitarios y mayores los costos de reparación ambiental.

Debido a la falta de legislación a nivel nacional y a la zona gris que ocupan los RAEE en la gestión de residuos, durante muchos años los municipios  han intentado dar soluciones parciales y locales de gestión y tratamiento. Más allá de la buena voluntad, las soluciones brindadas a través de muy diversos y variados programas no han sido exitosas ya que no se ha logrado una correcta gestión ambiental de los residuos recolectados y se ha subsidiado el derroche de recursos al no incentivar a los productores a reciclar/ recuperar materiales o producir mejoras ambientales en sus propios productos.

Tratando de hacer frente a este nuevo problema, en el año 2008 fue presentado en el Senado de la Nación un proyecto de ley de presupuestos mínimos, que establece un marco legal nacional para regular la gestión de los RAEE. Su autor, el senador nacional Daniel Filmus debió presentar el proyecto nuevamente en el año 2010 ya que por el atraso en su tratamiento y sanción había perdido estado parlamentario. El proyecto de ley recibió la media sanción de la Cámara Alta a mediados de 2011, pero debido a la ausencia de diputados en el Congreso de la Nación durante el 2011 el proyecto aún sigue sin ser aprobado, a pesar de contar con el apoyo de organismos gubernamentales como la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organizaciones como Greenpeace y el Taller Ecologista, recicladores y muchas de las empresas mismas.

El proyecto de ley con media sanción establece por primera vez en Argentina el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP)[3]. Se trata de un principio político para promover mejoras ambientales para ciclos de vida completos de los sistemas de los productos al extender las responsabilidades de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total de su vida útil, y especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final.  Esta definición refleja tres piedras angulares de la REP, principalmente los principios: “enfoque de prevención de la contaminación”, “pensamiento sobre el ciclo de vida” y “el que contamina paga”. Además, es un concepto con un enfoque sobre política ambiental en el que la responsabilidad del productor [económica y/o física] sobre un producto se extiende al estadio posterior del ciclo de vida de un producto” en sentido de que las responsabilidades extendidas de un productor no se limitan a la fase final del ciclo de vida, sino también a otros estadios del ciclo de vida del producto donde las responsabilidades convencionales resultan insuficientes para garantizar la óptima protección del medio ambiente. A partir de este principio el proyecto crea un fondo con los aportes de los productores, destinado a la gestión de los residuos de sus propios productos una vez que los consumidores los desechan.

Asimismo crea un ente público no estatal mixto en el que actores de organismos del Estado y los productores responsabilizados de gestionar sus residuos establecerán las pautas del sistema nacional de gestión de los RAEE.

El proyecto de ley en cuestión también establece la prohibición y sustitución de sustancias tóxicas alineando la legislación nacional con la directiva europea sobre Restricciones sobre Sustancias Peligrosas (Directiva RoHS).

Los residuos eléctricos y electrónicos son la fracción de residuos domiciliarios que más sustancias tóxicas aportan a los rellenos o basurales donde son enterrados. En Argentina, se estima que cada habitante genera al menos 3 kilogramos de basura electrónica por año. En este contexto, a fines de este año se habrán descartado más de 1 millón de computadoras, 10 millones de teléfonos celulares y más de 400 millones de pilas. Hoy el 40% de estos residuos terminan en rellenos o basurales, el 50% sigue siendo almacenado en depósitos o en hogares y solo el 10% llega a ser recuperado o reciclado.


 

[1] Información extraída de Testa, E.; Bilbao, C. y Pujó, L. “Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.  Área Metropolitana de Buenos Aires”. Informe Ambiental FARN 2012. Disponible en farn.org.ar/informe2012.pdf

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