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08
May

El tarifazo no es ambiental

El ministro de Energía y Minería (MEyM), Juan José Aranguren, anunció un aumento del 40% del precio del gas efectivo a partir de abril, argumentando que el tarifazo favorece el ahorro de energía, la eficiencia energética y el cuidado del ambiente. Esta nueva suba es la primera  de los dos incrementos estipulados para este año.

Si bien el esquema tarifario en 2015 no era el adecuado para incentivar un consumo eficiente de recursos dado los subsidios, la salida del mismo no ha sido progresiva, afectando de manera particular a los hogares de menores ingresos. Si bien un plan de eliminación de subsidios a los combustibles fósiles es necesario para favorecer la transición, el mismo debería comenzar por el sector productivo e incorporando  progresivamente a los usuarios, dejando en última instancia a aquellos de menores ingresos.

En particular, los productores de combustibles fósiles continúan recibiendo fondos estatales. En 2017, según datos oficiales enviados a FARN por el MEyM, las empresas petroleras y gasíferas recibieron más de $20.000 millones en conceptos de incentivos a la producción. Se trata de un monto equivalente a 33 veces lo presupuestado ese año en el fondo a la Ley de Bosques, y 23 veces a las medidas asociadas a las energías renovables en el Presupuesto 2017.

Para 2018, si bien las medidas que favorecen a los productores se han reducido, continúan siendo elevadas. Por ejemplo, en lo acontecido del presente año ya se han erogado fondos por $2.800 millones a las empresas productoras de petróleo y gas[1], dinero que hubiera cubierto 6 veces lo presupuestado en 2018 para bosques y duplica lo presupuestado para todo el año en medidas de eficiencia energética y energías renovables.

Finalmente, y porque no todo termina este año, ya se planificó que para el año 2019 se erogarán $35.000 millones[2] para cancelar las deudas con las empresas petroleras por el esquema de incentivos vigente con anterioridad.

Asimismo, el informe que emitieron del MEyM justificando ambientalmente el tarifazo, menciona los acuerdos internacionales a los que ha suscrito nuestro país, y es importante además recordar los compromisos que se asumen en el marco de foros internacionales. Así, tanto G20, como Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) tienen resoluciones que versan sobre el tema en pos de una reducción de los mismos. Todos organismos de estrecha vinculación con nuestro país actualmente.

En efecto, en el marco de las reuniones de la OMC en Buenos Aires en diciembre de 2017, se publicó la Comunicación Ministerial sobre la Reforma a las Subvenciones a los Combustibles Fósiles[3], en el que se detalla que los subsidios a los combustibles fósiles “fomentan el consumo antieconómico, colocan en situación de desventaja a las energías renovables y merman las inversiones en eficiencia energética, y que si se aborda eficazmente la cuestión de las subvenciones a los combustibles fósiles se obtendrán beneficios desde el punto de vista comercial, económico, social y ambiental”, alentando a la eliminación de los subsidios ineficientes. Sin embargo, Argentina no fue signataria.

En relación al Acuerdo de París y los compromisos asumidos por Argentina, colocando al gas como un producto para una matriz más amigable ambientalmente. Sin embargo, ese gas será obtenido a través de la técnica de fractura hidráulica –fracking-, principalmente del yacimiento Vaca Muerta, cuestionado por sus impactos sociales y ambientales. Cabe destacar que las empresas que allí produzcan serán las beneficiarias del actual plan de incentivos del Gobierno, recibiendo pagos por encima del precio internacional del gas hasta el año 2021.

Finalmente, mantener fondos para el subsidio de las empresas productoras por sobre los usuarios, manifiesta la preferencia sobre el sector productivo sin ningún tipo de miramiento social ni ambiental.

[1] $228 millones para empresas en el marco del Plan Gas II, $180 millones para Axion Energy Argentina S.A, $63 millones para Oil Energy Argentina S.A., $74 millones para Pampa Energía S.A., $374 para Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., $1697 Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., $190 millones para empresas en el Plan Gas no Convencional

[2] Anexo I de la Resolución 97/2018, datos presentados en dólares: US$1.583.277.788

[3] https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN17/54.pdf