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23
May

FARN acompañó a las Asambleas por el Agua en Mendoza

Vecinos de las ciudades de San Rafael y Gral. Alvear, Mendoza, se encuentran en estado de alerta y manifestación buscando proteger el agua para frenar el avance del fracking en la provincia. Con promesas de trabajo e inversiones, el gobierno de Mendoza está generando las condiciones legales para el desarrollo de la fractura hidráulica para extraer hidrocarburos no convencionales. Este impulso se hace a espaldas de la sociedad, publicando información falsa sobre las consecuencias sociales, ambientales y económicas, sin medidas de protección del agua y sin control a la empresa que tiene las primeras habilitaciones.

En este marco, FARN participó de dos conferencias, los días 10 y 11 de mayo, en San Rafael y Gral. Alvear respectivamente, junto con la Asociación de Abogados Ambientalistas, 350.org, Observatorio Petrolero Sur y vecinos de Allen. Estas conferencias fueron convocadas con el fin de llevar la información sobre las dañosas consecuencias del fracking, que las autoridades no transparentan. Las 4 organizaciones expusieron diversos informes técnicos, algunas experiencias internacionales y las condiciones necesarias para el uso del fracking.

Esta técnica requiere que las áreas en las que se implemente se conviertan en “zonas de sacrificio”, donde debido a los impactos ambientales se decide eliminar todas las alternativas sociales y económicas a fin de extraer hidrocarburos. Los vecinos de Allen expusieron las consecuencias del fracking en su ciudad, en la que el agua dejó de ser potable y se encuentra contaminada con hidrocarburos, provocando enfermedades en la población y la caída de la producción tradicional de frutas dado el arriendo de las chacras para la perforación y la baja calidad del agua de riego.

El fracking en Mendoza comenzó a mediados de 2017 con el otorgamiento ilegal de permisos a la empresa El Trébol S.A. para usar la fractura hidráulica en viejos pozos convencionales en Malargüe, sobre la cuenca del Río Atuel. Sin evaluación de impacto ambiental, ni participación ciudadana y sin aplicar la normativa sobre residuos peligrosos[1], la Dirección Ambiental de la provincia extendió permisos que fueron judicializados por distintas organizaciones, entre ellas FARN. Sin embargo, los pozos ya fueron fracturados sin permiso, sin control y sin información sobre sus consecuencias en la cuenca.

En defensa de este proyecto, el gobierno de Mendoza prometió en los referidos juicios la creación de una normativa específica para la evaluación de impacto ambiental del fracking. La regulación llegó por medio de un decreto dado a conocer en una audiencia pública el 28 de diciembre pasado, en Malargüe. Esta audiencia fue un simulacro de participación ciudadana, dado que no hubo la correspondiente convocatoria y los expositores solo podían hacer uso de la palabra por dos minutos. Luego, el gobernador emitió un decreto que regula la EIA específica desconociendo otras normas aplicables de mayor jerarquía, como la Ley provincial del Ambiente y la Regulación sobre residuos peligrosos, buscando simplificar trámites para la obtención de permisos y sin considerar los impactos sociales y ambientales del fracking.

Mientras tanto, el sindicato de personal jerárquico de petroleras convocó una marcha en la casa de gobierno de Mendoza y amenazó cortar el suministro de gas a San Rafael y Gral. Alvear en caso de que sus vecinos sigan oponiéndose al fracking[2].

Las asambleas de San Rafael y Gral. Alvear se encuentran en estado de movilización y alerta permanente, impulsando conjuntamente con legisladores y otras organizaciones (entre las que se encuentra FARN) un proyecto de ley que prohíba el fracking en Mendoza.

 

[1] El fracking produce miles y miles de litros de agua cargada con un cóctel químico altamente peligroso, del cual se desconoce su composición.

[2] https://www.mdzol.com/nota/794140-polemica-por-el-fracking-petroleros-amenazan-con-cortarle-el-gas-a-alvear/