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09
Ago

La sociedad civil presentó sus recomendaciones a los países del G-20

El Civil 20 (C-20) es uno de los siete Engagement Groups o Grupos de Afinidad del G-20, principal foro intergubernamental de coordinación económica y financiera internacional. El mismo se caracteriza por ser un ámbito específico para que la sociedad civil de distintas partes del mundo pueda contribuir al G-20.

Los pasados 6 y 7 de agosto se realizó la Cumbre del C-20, donde representantes de la sociedad civil participaron en diversos paneles de debate sobre temáticas como infraestructura hacia el desarrollo sostenible, restricciones del espacio cívico y la protección de los activistas de derechos humanos, transición energética y cambio climático, prevención de la deuda y sus impactos sociales negativos, financiamiento educativo y justicia fiscal, entre otros.

En la apertura de la cumbre, los representantes de la sociedad civil entregaron al presidente argentino, Mauricio Macri, un documento[1] de 42 páginas con recomendaciones y propuestas para el G-20, respecto a ambiente, energía, infraestructura, clima, género, educación, entre otros.

FARN participó en la elaboración de este documento a través de los Grupos de Trabajo de “Inversión e infraestructura” y “Ambiente, clima y energía”, los cuales se reunieron en múltiples jornadas, desde diciembre 2017. Además, estuvo presente en la cumbre del C-20, realizando la apertura de la segunda jornada, y como expositor en los paneles sobre “Ambición climática y nuevas audiencias en el proceso del G-20” y “Los desafíos de la transición energética global para un futuro compatible con el cambio climático”.

En este último se destacó la importancia de eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles, fomentar una mayor inversión en energías renovables, y concretar estrategias de largo plazo alineadas con el Acuerdo de París. Aún resta mucho por hacer al respecto: los países del G-20 destinan 444.000 millones de dólares al año en subsidios a la producción de combustibles fósiles. María Marta Di Paola, Directora de Investigación de FARN, destacó que “en el caso de Argentina[2], en 2017 estos subsidios implicaron un 5,6% del presupuesto nacional y un 3,1% para el 2018”, con montos de US$ 9.487 millones a US$ 6.901 millones respectivamente[3].

El panel de infraestructura[4], por su parte, planteó un debate respecto a criterios que aseguren la sostenibilidad y los beneficios generalizados de los proyectos de infraestructura, y la necesidad de impulsar procesos que evalúen exhaustivamente los aspectos fiscales, sociales y ambientales de los contratos implicados en cada obra. Los panelistas explicaron que desde el G-20 se insiste en que no existen recursos públicos suficientes para financiar infraestructura, y sin embargo no se avanza en un mayor nivel de recaudación pública, principalmente hacia corporaciones.

Desde la sociedad civil se destaca la importancia de impulsar los procesos necesarios para evaluar el tipo de infraestructura que se elige, a través de qué procesos, y, sobre todo, si resuelve las necesidades reales de las comunidades. Es imprescindible analizar qué tipo de financiamiento es el más adecuado para cada proyecto, en lugar de recurrir a las Asociaciones Público Privadas (APPs) como panacea, sin abordar previamente los aspectos fiscales, sociales y ambientales implicados al elegir esta herramienta.

El panel sobre restricciones del espacio cívico y la protección de los activistas de derechos humanos, destacó que sólo el 4% de la población del mundo vive en un espacio público abierto, y que las libertades cívicas están siendo cada vez más restringidas, incluyendo cientos de asesinatos de activistas por los derechos humanos. Al respecto, América Latina continúa siendo la región más peligrosa, donde ocurrió el 60% de los 207 asesinatos sucedidos durante 2017[5].

Los expositores alertaron que incluso los países que integran el G-20, los más ricos y con mayor participación en el PBI global, se encuentran en un estadío crítico respecto a los espacios públicos restrictivos. En este contexto, es necesario buscar la manera de reducir estas brechas limitantes y garantizar, efectivamente, los derechos de todos los habitantes para acceder a la información pública, resguardar su derecho a consulta previa y fortalecer su participación en la toma de decisiones.

En cuanto a género, FARN participó en el Grupo de Trabajo con una perspectiva integral, que incluyó transversalmente a las temáticas de ambiente y cambio climático. Abordar estas cuestiones con una perspectiva de género implica analizar el nivel de representatividad e intervención que poseen las mujeres en la elaboración de políticas públicas vinculadas al cambio climático, la participación política, el índice de pobreza y el acceso a financiamiento. La perspectiva de género a las políticas públicas no es un asunto secundario para ser introducido al final del proceso de formulación de las mismas, sino que está en las bases del problema y de las soluciones de la cuestión climática.

Desde la sociedad civil se busca que el G-20 contemple las principales preocupaciones de la ciudadanía, en relación a temas que afectan a la población global, así como también se tengan en cuenta otras expresiones sociales que exponen la oposición a las decisiones centradas en el sistema financiero internacional, las cuales pueden afectar derechos sociales y ambientales.

 

[1] Documento completo: https://civil-20.org/c20-2018-recommendations-to-g20/

[2] Más información en: https://farn.org.ar/archives/25350 

[3] Para ver la presentación de María Marta Di Paola ingresar aquí: https://goo.gl/TWHuFa

[4] Más información en: https://farn.org.ar/archives/25573

[5] Más información en: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-precio/