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10
Oct

18 proyectos chinos vulneran derechos en América Latina

21 organizaciones de América Latina exigen al Estado chino proteger, cumplir y respetar los DDHH de las comunidades afectadas por las actividades extraterritoriales de sus empresas. Representantes de la sociedad civil de Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina se encuentran en Ginebra para brindar información sobre la vulneración de derechos de las inversiones chinas para el tercer Examen Periódico Universal de Derechos Humanos: la audiencia está programada para este jueves 11 de octubre.

 

Ya se encuentran en Ginebra los representantes de la sociedad civil de Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina –miembros del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA*)-, participando de la presesión del Examen Periódico Universal de China. Apelarán al Consejo de Derechos Humanos y a las diferentes Misiones Permanentes de ONU que evaluarán el adecuado cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales del Estado chino, en cuando a convenios y tratados internacionales, con el objetivo de que el gigante asiático genere mecanismos de debida diligencia que garanticen el respeto y la protección de los DD.HH.

Hasta este momento, los delegados han compartido información y testimonios con las misiones de Alemania, Australia, Bélgica, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Nepal, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Uruguay. Advirtieron sobre las graves violaciones a los derechos humanos que generan 18 proyectos en la región, operados por 15 consorcios y con el financiamiento de seis bancos chinos. Denunciaron que 15 de estos proyectos afectan a territorios indígenas, 11 a áreas naturales protegidas, cinco son patrimonio natural y cultural de la humanidad reconocidos por la UNESCO y 12 corresponden a la región amazónica ecuatoriana, boliviana y brasileña.

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recogió las recomendaciones del CICDHA bajo los siguientes puntos:

  1. La preocupación ante el hecho de que las leyes y reglamentos chinos no hacen referencia a los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos ni imponen requisitos de diligencia debida en materia de derechos humanos a las empresas chinas que operan en el país o en el extranjero.
  2. Que la aplicación de la legislación china se limita al ámbito nacional y no puede utilizarse para regular las operaciones de las empresas chinas más allá de las fronteras nacionales. La JS28 instó a China a acogerse a las normas internacionales de derechos humanos en toda nueva ley referida a la inversión en el exterior y la asistencia para el desarrollo en el extranjero, y a que modifique, según fuera necesario, los reglamentos complementarios existentes sobre la propiedad, la gobernanza empresarial y la conducta empresarial responsable. Respecto a las operaciones de las empresas chinas en Myanmar, la Myanmar Alliance for Transparency and Accountability instó a China a que respete los derechos humanos en los países donde mantiene actividades comerciales, actuando con la diligencia debida en la realización de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos, y que proporcione acceso a recursos efectivos a quienes se vieran afectados negativamente por las actividades de sus empresas.
  3. Que las empresas mineras chinas, en particular las que participan en los proyectos Mirador y San Carlos Panantza en Ecuador, habían incurrido en prácticas irregulares de adquisición de tierras, como la compra irregular sin consulta previa, la reclamación arbitraria de derechos de explotación minera y la interposición de demandas civiles contra familias sin títulos de propiedad. Por medio de estas prácticas y con el apoyo de las fuerzas de seguridad, estas empresas habían provocado el desalojo forzoso y el desplazamiento involuntario de un total de 42 familias indígenas.
  4. Que las vulneraciones cometidas por la empresa estatal China National Petroleum Company a través de su socio BGP Bolivia, ponía de manifiesto su falta de adhesión a las normas internacionales para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y a los acuerdos emanados del proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado. Esto provocó el hostigamiento y la criminalización de los observadores sociales y medioambientales indígenas.

El informe regional presentado por CICDHA sostiene que se vienen vulnerando derechos de manera sistemática en relación a la consulta previa y participación de comunidades locales; desplazamiento y desalojos forzosos de comunidades enteras; criminalización de la protesta social de líderes indígenas; irrespeto a la intangibilidad de territorios ancestrales, y violaciones a los derechos sindicales, entre otros.

En esta misma línea, se detalla que la combinación de las estrategias gubernamentales en los países de América Latina sobre flexibilización de los marcos normativos e institucionales en temas ambientales, fiscales y laborales, junto con las prácticas empresariales chinas, afectan directamente la calidad de vida y la salud de las poblaciones, y generan un alto impacto en el medio ambiente.

Cabe señalar que de los 15 casos que sustenta la sociedad civil, ocho se encuentran en Ecuador: Proyecto Mirador; Proyecto San Carlos, explotación petrolera en los bloques 79-83; Proyecto Minero Río Blanco; Bloque 62, 14 y 17; Proyecto propósito hidroeléctrico Coca Codo Sinclair; Proyecto propósito múltiple Chone Fase I-Presa Río Grande; Desaguadero San Antonio, y Proyecto propósito eléctrico Toachi Pilatón. En Perú, cuatro proyectos mineros: Proyecto Las Bambas-MMG, Shougang Hierro Perú, Proyecto Toromocho de la mina Chinalco y el Proyecto Río Blanco de la mina Zijin. En Argentina: Aprovechamientos hidroeléctricos en el Río Santa Cruz. En Bolivia: Exploración petrolera en la Amazonía boliviana. Último, pero no menos importante, la Hidroeléctrica de Sao Manoel en Brasil.

 

Para más información: http://chinaambienteyderechos.lat/

 

* El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) está integrado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador); Centro de Documentación e Información de (Bolivia); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina); Colectivo Proteja Amazônia (Brasil), y en Perú: CooperAcción, Red Muqui, Aprodeh, Coordinadora Nacional de DD.HH., Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú, Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas, Frente de Defensa de los Intereses y el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas.