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26
Oct

Jornada por el Acuerdo de Escazú en Cancillería

Convocados por la Cancillería Argentina y la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación se llevó a cabo la jornada “Acuerdo de Escazú: perspectivas y desafíos”. Contó con la presencia de funcionarios, legisladores y representantes de sociedad civil, y tuvo como finalidad difundir y presentar el Acuerdo Regional ya suscripto por 15 países, entre los que se encuentra Argentina.

Durante la apertura del evento, Sergio Bergman, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se comprometió a impulsar rápidamente la ratificación del Acuerdo de Escazú, al que calificó como una “gran oportunidad para los países de la región para consolidar la agenda de la transparencia y la participación ciudadana en la construcción del desarrollo sostenible”.

Por su parte, Santiago Otamendi, secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, destacó que la mediación comunitaria, contenida en el Acuerdo, puede consolidarse como una “buena herramienta para solucionar conflictos ambientales”. De igual forma se expresó Cornelia Schmidt, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, quien remarcó la importancia de Escazú para consolidar el derecho de acceso a la información y manifestó su compromiso para facilitar la pronta ratificación del acuerdo en el Congreso.

“De Río a Escazú: proceso de negociación y sus resultados” fue el primer panel de la jornada y contó con la presencia de Marcia Levaggi, directora general de Asuntos Ambientales de la Cancillería, quien  a su vez presidió la Séptima Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo. Destacó: “El Acuerdo de Escazú es un instrumento valioso para lograr que las decisiones en material ambiental se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y así mejorar la transparencia y la buena gobernanza. El acceso a la información ambiental, la participación de todos los integrantes de la sociedad y el acceso a la justicia en materia ambiental son fundamentales para la democracia. Estos derechos forman parte de los pesos y contrapesos que fortalecen el buen gobierno al involucrar a todos los actores interesados en los procesos de toma de decisiones en materia ambiental y al hacer más transparente la gestión pública.”

También participó Dolores Duverges, directora nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, quien dedicó su exposición a un repaso sobre los contenidos del tratado, destacando los modernos instrumentos del derecho ambiental que contiene.

Luego, Carlos de Miguel, jefe de Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible en CEPAL, organismo que tiene a su cargo la Secretaría del acuerdo, destacó la relevancia de contar con el primer instrumento ambiental de América Latina y el Caribe. “Refleja las particularidades de una región en la que nadie debe quedar rezagado o postergado, tanto en su crecimiento como en las aplicación de los derechos de acceso”, afirmó.

Finalmente, la jornada concluyó con “Perspectivas y desafíos en la implementación”; un segmento que contó con la participación de Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; Néstor Cafferatta, secretario jurídico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), y Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) .

Pérez coincidió con Nápoli al destacar el papel preponderante de las organizaciones de la sociedad civil y sostuvo que “Argentina está preparada y tiene un piso desde dónde pararse para ejecutar bien el Acuerdo de Escazú”. Cafferatta, por su parte, hizo hincapié en el “triple acceso” del tratado: acceso a la información pública, participación ciudadana y justicia ambiental.

Finalmente, Nápoli, que se desempeñó como representante electo alterno del público ante el Comité de Negociación, destacó la importancia del Acuerdo de Escazú no sólo por ser el primer acuerdo vinculante que protege los derechos de los defensores ambientales, sino también porque, una vez ratificado, “será un tratado referente para implementar el acceso a la información ambiental, siempre custodiando el interés público”.

En ese sentido, el director ejecutivo de FARN puso de manifiesto el rol de las organizaciones de la sociedad civil en las negociaciones para alcanzar el acuerdo. “Es clave comprender el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el Acuerdo de Escazú. Su colaboración aquí puede servir para incrementar su participación en otros procesos”, sostuvo.

Argentina es uno de los 15 países que firmó el Acuerdo el 27 de setiembre pasado en la ONU. Sin embargo, se necesita que el Congreso de la Nación lo ratifique para avanzar en la implementación efectiva de la democracia ambiental; cuestión que FARN espera que pueda producirse en breve.

 

 


Resumen de la jornada en idioma inglés:

The Ministry of Foreign Affairs and Worship and the Secretary of Government for Environment and Sustainable Development of the Argentine Republic carried out the event “The Escazú Agreement: challenges and perspectives”, with the objective to introduce this regional treaty to key stakeholders among the Argentine society.

High level government officials, representatives of the National Parliament and members from civil society organizations (CSO) not only agreed on matters regarding the Regional Agreement in itself, but also, underlying questions such as how the Escazú Agreement was conceived and the major role that CSO´s played in order to make that happen.

Considering that the Argentine Republic became one of the fifteen signatory countries of the Escazú Agreement last September 27, 2018 at the United Nations Headquarters in New York City, it is strongly believed that the treaty will be ratified soon in order to fully and effectively accomplish environmental democracy.

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