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Oct

Ambientalistas se oponen a la modificación de la ley que prohíbe sustancias tóxicas en la minería

Mendoza, 24 de octubre de 2018.- Las organizaciones ambientalistas Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas manifestaron su rechazo a la presentación del proyecto que busca modificar la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros.

Según argumentan las ONGs, la Ley 7722 coloca en el centro la defensa del agua, con una gran base social y científica, sustentada por movimientos sociales, asambleístas, profesionales, investigadores y docentes universitarios, entre otros referentes.

Greenpeace calificó al proyecto de ley como una medida lamentable. Gonzalo Strano, vocero de la organización, sostuvo: “En pleno siglo XXI, es inaudito que continúe existiendo la idea de que las actividades mineras traerán progreso, cuando está sumamente comprobado en todo el mundo, y con ejemplos claros en Argentina, su poder destructor. En una provincia como Mendoza, que tiene emergencia hídrica, pensar en modificar esta ley para favorecer a las trasnacionales mineras es ir en contra del bienestar de los ciudadanos y de su derecho a un ambiente sano”.

Enrique Viale, representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas manifestó: “Lamentamos que, en la tierra de los domadores del agua, de los mejores juristas sobre este vital recurso, el lobby minero haya desplegado sus tentáculos sobre el poder político con el proyecto de modificación de la Ley 7722 hecho a medida de las grandes transnacionales mineras. Ni siquiera se trata de un debate que confronte ambiente y trabajo: no existe un solo lugar en el mundo que tenga desarrollo social y económico con la gran minería. Por el contrario, las zonas más pobres del país y del mundo están relacionadas con el avance de esta actividad”.

Desde FARN argumentaron que el proyecto para la modificación de la ley plantea la remoción de dos aspectos claves de la norma: el requerimiento de ratificación del poder legislativo de los proyectos aprobados por el Ejecutivo y la prohibición de “otras sustancias tóxicas similares”.

“De darse esta modificación, estaremos frente a una flexibilización de los estándares ambientales provinciales. La Ley General del Ambiente (LGA) Nº 25.675 establece el principio de derecho ambiental de progresividad, el cual implica el avance gradual de la protección ambiental y la no regresividad. En otras palabras, el proyecto del legislador Abraham se encontraría en clara violación a la LGA.”, sostuvo Leandro Gómez, asistente de Política Ambiental de la organización.