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17
Dic

Continúan los subsidios para los emprendimientos forestales

En el marco de las maratónicas sesiones extraordinarias convocadas para el mes de diciembre por el Gobierno Nacional, el Senado no sólo aprobó la creación de las áreas marinas protegidas (AMP) Yaganes y Banco Burdwood II, sino que también prorrogó la Ley 25.080 sobre Emprendimientos Forestales por 10 años más. Y como dice el refrán, una de cal y otra de arena.

La Ley 25.080, que fue sancionada el 16 de diciembre de 1998 y prorrogada por primera vez en 2008, instituye un régimen de promoción de inversiones efectuadas en emprendimientos forestales.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios?

  • Personas físicas o jurídicas que realicen inversiones en actividades de implantación, mantenimiento, manejo sostenible investigación y desarrollo; e industrialización de madera.

¿Cuáles son los beneficios?

  • Estabilidad fiscal por hasta 30 años, que podría extenderse hasta 50 años
  • Devolución de créditos fiscales por la compra de bienes, locaciones o prestaciones de servicios, o importación definitiva destinados a la inversión forestal
  • Regímenes de amortización del impuesto a las ganancias
  • Exención de impuestos a variados instrumentos constitutivos, e impuestos patrimoniales vigentes
  • Apoyos económicos no reintegrables por hectárea.

Pero la actividad forestal supone una serie de impactos socio-ambientales insuficientemente abordados. En esta línea, es preocupante que la normativa que regula al sector forestal, carezca de previsiones robustas en materia de prevención de impactos derivados de la actividad, y derechos de acceso a la información y participación ciudadana. No ha habido el debido entrecruzamiento entre la legislación forestal y la ambiental, pese a ser una actividad que interviene el ambiente y genera impactos negativos sobre el mismo. La prórroga sólo se limita a indicar que las autoridades nacionales y provinciales definirán una zonificación por cuencas forestales y que no se apoyarán proyectos emplazados fuera de ellas forestales.

En segundo lugar, esta actividad ha supuesto la conversión de bosques nativos, sólo detenida gracias a la Ley 26.331 de Bosques Nativos y los ordenamientos territoriales derivados de ella. No obstante, la explotación forestal sigue causando mermas en la biodiversidad y alterando ecosistemas, especialmente los pastizales, mediante la no-acción frente al uso de especies forestales perjudiciales. Además, los productores forestales no internalizan el costo del control de la regeneración natural de las especies que producen y se invaden ambientes naturales relativamente bien conservados, tanto dentro como fuera de sus predios.

También continuaría la promoción del uso de agroquímicos con los riesgos de contaminación, modificación de ecosistemas acuáticos y afectación a la salud humana que ello trae aparejado. Otro asunto importante, es el reclamo por parte de pueblos de distintas provincias a las empresas forestales por el escaso empleo local que genera, lo cual constituye una seria deficiencia de la actividad.

Pero, sobre todo, Argentina no puede seguir dando incentivos que perjudiquen a nuestra biodiversidad. Los beneficios que se otorgan en razón de la Ley 25.080 son un claro ejemplo de tal clase de incentivos, conforme se dispone el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), ratificado por Ley Nacional 24.375.

La Meta de Aichi 3 del Plan Estratégico del CDB llama a los países a que para 2020 se eliminen, eliminen gradualmente o reformen “los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y desarrollar y aplicar incentivos positivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.” Argentina no ha presentado avances en esta meta, ni tampoco ha identificado estos incentivos para ponerles fin y/o redireccionarlos a acciones de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

La ley 25.080 se prorroga ahora por otra década, sobre la base de acuerdos con el sector forestal, y sin que se haya abierto un debate sustantivo sobre la iniciativa en el Congreso Nacional donde fue aprobado expeditamente por ambas Cámaras. Con estas falencias se ha decidido continuar promocionando con fondos públicos inversiones en una actividad con negativo impacto sobre nuestra biodiversidad y ecosistemas.

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