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20
Dic

La Declaración de Buenos Aires: ¿más de lo mismo?

Si bien el hecho de que no se haga mención explícita a los combustibles fósiles y sí se incluyan temas climáticos son hitos respecto de versiones anteriores, el texto resultante de las negociaciones entre los miembros del Grupo de los 20 genera dudas vinculadas con el financiamiento para infraestructura, su impacto real en el desarrollo local, y el rol de los agentes privados.

 

El 1ero de diciembre de 2018, para dar cierre a la reunión del Grupo de los 20 (G20) en Argentina, se presentó la Declaración de Buenos Aires, texto resultante de extensas negociaciones entre los miembros del foro ante la necesidad del país anfitrión de generar un documento que muestre que la reunión no fue un completo fracaso.

 

En ese contexto, surge una Declaración -basada en tres ejes: “Empleo”, “Alimentación” e “Infraestructura para el desarrollo”- con la que se pretende reflejar el compromiso del G20 en pos de la “retroalimentación entre un planeta saludable y una economía fuerte”. Aun cuando los países miembro son responsables del 75% de las emisiones de gases efecto invernadero.

 

En lo que respecta a la “Infraestructura para el desarrollo”, ante la falta de financiamiento público los países reafirmaron su compromiso para lograr la atracción y canalización de capital privado que se traduzca en inversiones. En la Declaración, proponen a tal efecto la implementación de partnerships y mecanismos de financiamiento como las llamadas PPPs (Public-Private Partnerships), cuyas experiencias globales han demostrado impactos negativos sobre el gasto público a mediano y largo plazo, y falta de transparencia.

 

Si bien da cuenta de un compromiso por llevar a cabo prácticas de financiamiento responsable, la Declaración de Buenos Aires omite que las partnerships vehiculizan una toma de deuda poco “transparente” por parte de entes públicos, en tanto estos no necesitan reportarla en el corto plazo. Asimismo, se caracterizan por una frecuente renegociación de contratos (55% son renegociados en un período de dos años), lo cual aumenta los costos finales a pagar por el Estado y los usuarios (en el caso de Perú, por ejemplo, las renegociaciones de contratos PPPs llegaron a implicar un costo adicional del orden del 143,7% sobre el valor original de la obra).

 

El texto destaca que los países miembro ya llevan adelante acciones para la promoción de dichos mecanismos, como la mitigación de riesgos basada en una división entre el actor privado y el público. Lo que no deja tan en claro es que esto implica una transferencia de riesgos del sector privado al público dado que, con el objetivo de hacer la inversión más atractiva para el privado, el ente público asume riesgos que en otro contexto no correría.

 

Asimismo, la Declaración reconoce que factores tales como la vulnerabilidad fiscal dificultaron un crecimiento económico global simétrico, por lo que se compromete a mantener la deuda pública en un sendero sustentable. Sin embargo, no hace mención a los altos costos y riesgos fiscales que implican para las cuentas públicas los llamadosmecanismos innovadores de financiamiento” que promociona.

 

Dado el compromiso de los miembros del G20 para luchar contra los flujos financieros ilícitos, que perjudican la movilización de los recursos nacionales, la Declaración menciona la necesidad de fortalecer la red de seguridad financiera global y, en ese contexto, destaca el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI), el del Club de París y el del Grupo del Banco Mundial en pos de mejorar el vínculo entre prestatarios y prestamistas mediante el registro, la supervisión y la transparencia en la información respecto de las deudas contraídas, con la inversión en infraestructura como prioridad.

 

La Declaración también hace referencia al rol crucial que tendrá la transición energética en el crecimiento económico y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese contexto, posiciona el gas como producto clave -en tanto reemplazo del carbón- para lograr una transición limpia. Sin embargo, la sustentabilidad del gas resulta relativa cuando este es obtenido a través de técnicas no convencionales -como en el caso de Vaca Muerta-, con sus consecuentes impactos a nivel ambiental y social, además de su efecto económico si se tiene en cuenta el peso que representan en el presupuesto nacional los subsidios para su explotación.  

 

Cuestiones vinculadas con los subsidios a los combustibles fósiles están, en general, ausentes; sin embargo, el texto sí manifiesta la intención de favorecer Vaca Muerta en la matriz energética nacional, dados los subsidios planificados para 2019. Además, hace alusión a una revisión -en pos del incremento- de los incentivos a los mercados.

 

Asimismo, se menciona la importancia de fomentar la generación de energía a través de fuentes limpias y sustentables pero con la aclaración específica de que entre ellas se incluirían las renovables, lo que necesariamente hace inferir que otras, de gran impacto ambiental -como la nuclear y la hidroeléctrica-, serían igualmente consideradas.

 

Un tópico que generó gran controversia fue el del cambio climático. La Declaración hace específica referencia al reporte especial del IPCC sobre 1.5ºC y 18 de los 19 países miembro de este foro destacan la importancia de continuar con los esfuerzos en pos de la reducción de emisiones. La excepción es Estados Unidos, con un párrafo aparte en el que reafirma su decisión de salir del Acuerdo de París y continúa así cerrándose sobre sí mismo. En última instancia, el texto hace referencia también a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) número 24 en Polonia, instando a los líderes del mundo a obtener resultados exitosos, aunque no se explicita exitosos para quién.

 

La declaración incluye esfuerzos para la promoción de una agricultura sustentable y la reducción del hambre, con particular foco en los pequeños agricultores y en las consecuencias que el cambio climático tiene para su sector. La sequía que afectó nuestro país ha hecho de esto un aspecto fundamental a considerar, máxime cuando hasta el acuerdo con el FMI toma en cuenta las dificultades de la Argentina en el acceso a las divisas. Sin embargo, es importante abordar estas medidas con miras no sólo a los impactos económicos sino también a la agenda climática, factor a ser considerado en la toma de decisiones por sus consecuencias en los grupos vulnerables, los más afectados por las sequías e inundaciones.

 

Si bien el hecho de que no se haga mención explícita a los combustibles fósiles así como la inclusión de temas climáticos son hitos de importancia y gran avance en esta Declaración de Buenos Aires respecto de anteriores, aún quedan dudas vinculadas al financiamiento para infraestructura, su impacto real en el desarrollo local, y el rol de los agentes privados en este último.  

Descargar documentos:

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