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31
Oct

Preocupación por el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos: daño ambiental y despido de su Intendente

Desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Cauce – Cultura Ambiental Causa Ecologista, Taller Ecologista y Casa Rio – Laboratorio del Poder Hacer (integrantes del Programa Humedales sin Fronteras), y la Red Delta expresamos nuestra profunda preocupación por la frágil situación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.

El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y Sitio Ramsar Humedal de Importancia Internacional “Reserva Natural Otamendi” está ubicado en el noreste de la provincia de Buenos Aires, entre la Ruta Panamericana (RN 9) y el Río Paraná de las Palmas, Partido de Campana. Posee una superficie de 5588 hectáreas en las que se encuentran ambientes representativos de las ecorregiones Delta e Islas del Paraná, Pampa y Espinal.  Sus orígenes se remontan al año 1990, cuando se creó la Reserva Natural Estricta Otamendi, de 4088 hectáreas (Decreto 2149). En 2018 se creó el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Ley 27.456), integrando esta reserva con la Reserva Natural Río Lujan de 1500 hectáreas, junto a un sector de islas del Delta de Campana. Los bajos inundables del área alojan la mayor parte de especies amenazadas: entre las aves la pajonalera de pico recto, el espartillero enano y el burrito negruzco; y el ciervo de los pantanos entre los mamíferos.

Recientemente se produjo el despido de su Intendente, Jerónimo Valle, licenciado en Ciencias Ambientales, especializado en la protección de humedales. Jerónimo se desempeñó en forma destacada y eficiente en defensa del Parque Nacional a lo largo de su año de gestión, pese a fuertes limitaciones presupuestarias y de personal. Valle se opuso y denunció daño ambiental en el área protegida nacional derivado de las obras de ensanchamiento del canal Santa María del río Luján, así como de la posible construcción de un camino que atravesaría el Parque favoreciendo a una iniciativa inmobiliaria privada, y que podría implicar el desalojo de pobladores isleños.

La obra de ensanchamiento del canal Santa María, que vincula al río Luján con el río Paraná de las Palmas, es financiada principalmente a través de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF. Los trabajos implican una inversión de 565 millones de pesos y se extienden a lo largo de 7.1km para atender a la problemática de inundaciones. Se espera que la intervención aumente la capacidad de conducción del canal mediante la ampliación de un tramo del mismo y la excavación de un nuevo canal aliviador. Al mismo tiempo, supone la realización de tareas de dragado y limpieza del Canal, la construcción de senderos y alcantarillas.

De la intervención en el Canal Santa María se estarían derivando conforme lo constatado por la saliente Intendencia del Parque Nacional diversos impactos en su humedal como la contaminación con combustible, rotura de cañerías, la construcción no permitida de un camino de forma longitudinal al canal dentro de los límites del área protegida y el relleno de tierras privadas para desarrollo inmobiliario.

Por otro lado, en 2001 se inicia una presión para realizar un camino que atraviese la entonces Reserva Natural Otamendi a fin de acceder a las parcelas de privados, y poder así desarrollar un barrio cerrado llamado “Puerto Palmas” o “Bahías del Paraná”. Se trata de 300 hectáreas en las que se busca construir 700 viviendas y una marina con alrededor de 1000 amarras.

Informes técnicos del momento por parte de la Administración de Parques Nacionales (APN), indicaron que el camino alteraría los lugares de alimentación y de cría de especies animales silvestres, incluso del ciervo de los pantanos, monumento natural provincial. En razón del pretendido camino los desbordes del río Luján y del Paraná de Las Palmas no llegarían a esta parte del Parque Nacional y se perderían los últimos pastizales naturales y humedales actualmente protegidos.

Luego de un proceso judicial de varios años entre la empresa interesada y la APN, se declaró el derecho a servidumbre de tránsito de la parte actora sobre los predios de propiedad del Estado Nacional y habilitó la apertura de un camino en la entonces Reserva Otamendi. Se indicó que debería ejecutarse a partir del camino preexistente y de acuerdo a la que figura en el mapa de la Dirección de Geodesia respetando el área de reserva estricta y que la empresa debería presentar un informe medioambiental respecto del proyecto. 

Este permiso de construcción no se ejecutó, y solo recientemente el propietario del predio donde se pretende construir el barrio privado requirió al PN Ciervo de los Pantanos constatar en el campo la traza del camino de servidumbre reconocida y aprobada en la justicia[1].

A la luz de estos hechos, los firmantes exigimos a las autoridades provinciales y nacionales pertinentes (APN y Dirección de Hidráulica de Buenos Aires) la inmediata paralización de las obras de ensanchamiento del canal Santa María generadoras de daño ambiental, para que se proceda a la constatación formal y remediación del mismo. Asimismo, pedimos a la Administración de Parques Nacionales haga uso de todos los medios administrativo-judiciales a su disposición para detener todo acción de avance en la construcción del camino, sin antes efectuarse una actualizada evaluación de los impactos sociales y ambientales e instancia de participación ciudadana, considerando el cambio en el estatus jurídico del área -de Reserva a Parque Nacional- que le provee la máxima categoría de conservación que puede detentar un área natural en el país.

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