Colectivo de sociedad civil pide ante la ONU que la República Popular China implemente instrumentos de DDHH

Ginebra. La delegación del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente –que agrupa a 21 organizaciones sociales de Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina- presentaron ayer en la sesión paralela ante la ONU rumbo al EPU China el informe alternativo que demuestra violaciones a los derechos humanos y ambientales por parte de empresas chinas en Latinoamérica. El informe presenta un análisis de casos por país, donde se ilustran los tipos de vulneraciones en 18 proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos: 15 se encuentran en territorio indígena, 11 en áreas naturales protegidas y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.

En la actividad, ocho representantes de los cinco países impactados por los proyectos de inversiones chinas informaron al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre las violaciones de leyes y convenios de derechos humanos en los que vienen incurriendo los consorcios y bancos chinos. Por ello, señala Julia Cuadros, miembro ejecutivo de la ONG peruana CooperAcción: “En nuestro informe recomendamos que China debe ratificar el Convenio 169 de la OIT, y nos complace que el Consejo haya recogido en su resumen las comunicaciones de las partes interesadas”.

En la sesión paralela, Sofía Jarrín, CDES-Ecuador, enfatizó en las recomendaciones del colectivo. Sostuvo que la República Popular China debe respetar, proteger y cumplir con los DDHH de las comunidades afectadas por las actividades extraterritoriales de sus empresas. “La forma de hacerlo es incorporando los principios, convenios y tratados de DDHH en los acuerdos bilaterales y en los contratos de los proyectos”, afirmó.

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), miembro del colectivo, señaló que hay un patrón recurrente de comportamiento de las empresas e inversionistas chinos, marcado por la violación de derechos económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente y que, dada la escala del financiamiento, China se ha tornado un actor crítico, a nivel global, para la vigencia de los derechos humanos.

La delegación que se encuentra en Ginebra ha sostenido diversas reuniones con los altos funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos – OHCHR y las 27 Misiones Permanentes de la Unión Europea, y con las Misiones de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Nepal, Noruega, los Países Bajos, Finlandia, Francia, Australia, Colombia, Uruguay y Nueva Zelanda.

La Oficina del Alto Comisionado reconoció el trabajo del CICDHA y de las 21 organizaciones suscriptoras de los 8 informes sombra y la importancia de un proceso que articule a los afectados en el territorio, las organizaciones nacionales e internacionales que monitorean los impactos de las empresas chinas en la región. Sebastien Guilioz, responsable de China de la Oficina del Alto Comisionado, destacó que la información proporcionada contribuye sustantivamente al aterrizaje de las estrategias diseñadas para que Consejo de Derechos Humanos apoye al Estado chino y la implementación de una agenda de derechos humanos.

En la reunión, también participó la responsable de las Américas de los cinco países afectados, la responsable de Pueblos indígenas y grupos étnicos, la responsable de empresas y derechos humanos, y la responsable de defensores.

Una delegación del CICDHA también participó en la sesión consultiva entre la sociedad civil y las 27 Misiones Permanentes de la Unión Europea. En el encuentro con delegaciones de todo el mundo se presentó la iniciativa regional, los resultados del proceso y las recomendaciones para el Estado chino.

Plan Nacional de Suelos Agropecuarios: profundizando las buenas prácticas… buenas, pero ¿para quién?

A través de la resolución 232/2018 publicada en el boletín oficial, el Ministerio de Agroindustria creó el Plan Nacional de Suelos Agropecuarios[1]. En la misma se determinó que funcionará bajo la órbita de la subsecretaría de Agricultura.

La iniciativa tiene por objetivo general “promover la conservación, restauración y manejo sostenible” a través de Buenas Prácticas Agrícolas, “maximizando su productividad y procurando el mantenimiento de la provisión de sus servicios ecosistémicos, en un contexto global de cambio climático”. La medida establece además que los recursos destinados a solventar el Plan se destinarán, entre otros, a fomentar la adopción de buenas prácticas de suelos, atendiendo a la provisión de los servicios ecosistémicos que otorgan; a promover el desarrollo de normativas para la conservación y manejo sostenible; a impulsar investigaciones sobre esta temática; y a fomentar los sistemas productivos que tiendan a maximizar la productividad en forma sostenible.

Si bien la iniciativa llega con algunos años de retraso, es valioso el interés del Ministerio de Agroindustria en crear un plan para conservar y procurar el uso y manejo sostenible de los suelos agropecuarios.

Sin embargo, cabe preguntarse en qué consisten las “buenas prácticas de suelos” y quién estará a cargo de la correcta aplicación de las mismas, en una clara proliferación de las buenas prácticas como solución a problemas ambientales, como sucede con la aplicación de los agroquímicos.

Además, quedan dudas acerca del “máximo potencial productivo” y su definición. El máximo potencial productivo de los suelos, en términos económicos y cortoplacistas, suele no coincidir con el uso sustentable del mismo. Se debería establecer una base sustentada en la edafología, microbiología y ecología del suelo respecto a cuál es el “máximo potencial productivo” de los suelos agropecuarios.

Se creen positivas las acciones destinadas a “fomentar sistemas productivos que tiendan a maximizar la productividad en forma sostenible”. Para ello es importante dar incentivos a aquellos productores que practican técnicas en pos de alcanzar este objetivo, como la agroecología, la cual permite el uso sustentable del suelo, preservando la biodiversidad y garantizando la provisión de servicios ecosistémicos.

La mención a los principios del ordenamiento territorial es de gran valor y requiere necesariamente la participación de todos los actores involucrados en el territorio, desde el gobierno local hasta los pequeños productores y comunidades indígenas, pasando por organizaciones sociales, la sociedad civil, el sector privado y la academia. Es deber de la Nación y de cada jurisdicción garantizar este proceso.

Vale también mencionar que un Plan de Suelos Agropecuarios que sólo se enmarca en el Ministerio de Agroindustria queda sesgado a la dimensión productiva de este recurso. Más aun teniendo en cuenta el trabajo ya realizado desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación[2].

El plan debiera estar enmarcado en un Grupo interministerial que abarque al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio de Producción. El uso sustentable del suelo, “recurso natural estratégico, limitado y no renovable, y cuyo uso se debe encuadrar en una planificación sistémica” como menciona la resolución, requiere de un trabajo transdisciplinario entre los ministerios y los actores que lo trabajan.

 

[1] https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/189229/20180802

[2] http://www.desertificacion.gob.ar/

La eterna espera: la regulación en la aplicación de agroquímicos

El pasado miércoles 11 de julio se llevó a cabo la conferencia de prensa de los ministros Luis Miguel Etchevehere, de Agroindustria; Sergio Bergman, de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Adolfo Rubinstein, de Salud; y, Lino Barañao, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, con el fin de presentar las conclusiones del Grupo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios[1].

Durante 90 días, el grupo se reunió para elaborar un documento[2] con 12 principios y 23 recomendaciones que deben regir las políticas públicas en todo el país sobre la adopción de buenas prácticas de aplicación de agroquímicos y fortalecer los sistemas de monitoreo y control de relacionados a esta actividad.

Los principios abarcan las políticas públicas sobre aplicaciones de agroquímicos, focalizando el instrumento de las buenas prácticas agrícolas sujetas a sistemas de control y monitoreo, principalmente por parte de los privados.

Si bien el documento es una apertura a la conversación de la problemática, el mismo dista de adoptar medidas para el control de estas actividades. Desde la Nación, se deberían establecer presupuestos mínimos en pos de la armonización de las medidas provinciales vigentes, previendo zonas de amortiguamiento junto con la conversión productiva de aquellos productores dentro de las mismas y estableciendo aviso previo a las poblaciones cercanas al momento de la fumigación. Es importante establecer una base, y luego que cada provincia adapte la misma a su realidad productiva. Asimismo, el marco debe incorporar medidas consideradas como alternativas a los productos de síntesis química, como el manejo integrado de plagas. Asimismo, es importante establecer qué organismos desde el sector público adoptarán las medidas de control y monitoreo, dotando a los mismos de fondos suficientes para cumplimentar tal tarea.

Teniendo en cuenta la dispersión de la normativa existente, los casos de interjurisdiccionalidad y la variedad de actores involucrados a lo largo de la cadena productiva, urge la necesidad de debatir la regulación integral de la utilización de agroquímicos (comercialización, uso y aplicación y de manera adicional a la actual ley de disposición de envases).

 

Ingresá aquí y participá en la Consulta Pública sobre el Informe de Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios

 

[1] Este grupo surge de la resolución conjunta de los Ministerios de Agroindustria y Ambiente y Desarrollo Sustentable Nº 1/2018. El grupo interministerial, además de estar compuesto por los cuatro ministerios, involucró al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Consejo Federal Agropecuario (CFA) y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

[2] El documento final se encuentra publicado aquí: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/_pdf/Grupo_Interministerial_Fitosanitarios.pdf

Vecinos de Zona Norte alertan sobre instalación de planta termoeléctrica en zona prohibida

Un grupo de vecinos de los barrios Matheu, Villa Rosa, Campo Chico Country Club, Campo Grande Country Club, Los Pilares Country club, Altos de Campo Grande Country Club han manifestado que «está en proceso de instalación una planta termoeléctrica (planta tipo III) fuera del parque industrial, situación prohibida por el tipo de zona. Su actividad tomará agua del arroyo que nos abastece de agua potable, y contaminará el aire con Emisiones de NOx (óxidos de Nitrógeno), de Hg (Mercurio) entre otros. Además de generar ruidos insoportables 24 hs 365 dias al año».

Distintos proyectos se están llevando a cabo en el ámbito bonaerense norte sobre la instalación de Centrales Termoeléctricas. Vemos como se repiten de manera constante situaciones parecidas a las descriptas en el municipio de Luján en la nota Alerta: ¿Termoeléctricas Rurales?

En virtud de las diferentes fuentes recabadas, como así de las respuestas obtenidas de los organismos competentes, hemos tomado conocimiento del desarrollo de diferentes proyectos:

Los mismos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, algunos con habilitación comercial y otros con habilitación comercial prevista. Ahora bien, lo llamativo es la ubicación de estas centrales, las que parecen estar ubicadas sin criterio alguno, enumeramos a modo de ejemplo algunos de los proyectos ubicados en la Provincia de Bs. As.

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Desde la FUNDACIÓN DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES queremos manifestar nuestra preocupación por el riesgo que implica el desarrollo de este tipo de centrales que producen una multiplicidad de impactos asociados a la generación de energía a través de centrales de potencia, entre las que se encuentran la contaminación de las napas de agua, la contaminación atmosférica por la emisiones gaseosas que producen y el gran impacto sonoro que de los motores que producen energía eléctrica, como así también el cumulo de pasivos ambientales, principalmente en los suelos que van generando en el desarrollo de esta actividad.

Asimismo, nos preocupa que estas centrales se instalen en las proximidades a centros y urbanizaciones densamente pobladas, en zonas que no son aptas para este tipo de industrias y que por tanto requieren de la adecuación y re-zonificación de los códigos de planeamiento urbano. Que dichos cambios de zonificación se lleven adelante para atender las necesidades del negocio energético y sin que exista la indispensable información, consulta y participación de la ciudadanía. Que tampoco exísten estudios de impacto ambiental que permitan conocer con un elevado grado de certeza las consecuencias que el funcionamiento de dichas plantas producirán y de qué manera se espera que se afecten el ambiente y la calidad de vida de la población el conjunto de proyectos previstos.

Ello cobra mucho más gravedad, en tanto y como se ha demostrado en otros casos en la provincia de Buenos Aires, no existen los controles públicos necesarios que garanticen a la población su funcionamiento de manera adecuada.

Así también es necesario resaltar los distintos cambios de re-zonificación que se producen para llevar adelante estos desarrollos sin la correspondiente instancia de participación ciudadana.