¡Lanzamiento del IAF 2022! “Abordar una transición socioecológica integral: el desafío de nuestro tiempo”

“En Argentina tenemos una falta total de procesos de transición, tenemos una apuesta unidireccional que es explotar más fuertemente los combustibles fósiles, estamos jugando con cosas que no van a tener remedio”, con estas palabras, el Director Ejecutivo de FARN, Andrés Nápoli, presentó ayer oficialmente la 14° edición del Informe Ambiental FARN, “Abordar una transición socioecológica integral: el desafío de nuestro tiempo”.

El IAF es el informe anual característico de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y es considerado como la publicación que posee mayor continuidad y actualidad en materia ambiental dentro de Argentina. Este año el informe busca reflexionar sobre cómo construir transiciones en las distintas actividades económicas, sin duda los desafíos son múltiples; pero el más grande se vincula a construir un debate de ideas necesario para pensar en otros rumbos posibles para el país.

Los panelistas invitados de esta edición fueron Gladys González, Senadora de la Nación por la Provincia de Buenos Aires y Presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Senado; Jorge Lapeña, Presidente del Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi; y Gabriela Wysikier, investigadora independiente del CONICET e integrante del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre la Problemática Energética (GECIPE). 

La periodista Tais Gadea Lara, moderó el conversatorio y abrió el debate al panel: Cómo construir una transición ecológica integral, el desafío de nuestro tiempo.

Gladys Gonzalez, en una de sus intervenciones en el panel, reflexiono: “Desde el Estado tenemos muchas discusiones pendientes, tenemos desafíos de una naturaleza institucional que no están resueltos. Cuando pensamos en la transición, nos preguntamos: ¿Con qué Estado hacemos eso? porque el Estado que tenemos no está preparado.

En esta línea, Jorge Lapeña, afirmó que la argentina “no tiene un plan de transición energética, nunca hay buenos vientos para un piloto que no sabe dónde va”, además agregó: “Mientras la política no dirija quien fijará las reglas de la transición serán las corporaciones.

Por su parte, Gabriela Wysikier, advirtió que “los países de América Latina van en dirección contraria a la transición energética, porque apuestan al desarrollo vía industrias extractivas”. De hecho, la investigadora del CONICET mencionó que en la explotación de hidrocarburos “hay un consenso que es aceptado por gobiernos de distinto tipo político, a nivel nacional como provincial”.

“Desde el sector político hay gente que es más papista que el papa, en nombre de la producción y generación de empleo defienden cosas que ya ni el sector productivo defiende”, sumó la senadora. “Son pocos los negacionistas, lo que hay es subestimación, por desconocimiento y por lobby, el cual logra hacer mella e incidir en las decisiones políticas porque los dirigentes no saben defender con argumentos y convicción las posturas para llevar adelante la agenda ambiental”.

Pese a ello, las comunidades movilizadas en defensa de los bienes ambientales nos recuerdan una y otra vez la urgencia e importancia de proteger a la naturaleza. Los territorios no pueden ser zonas de sacrificio ambiental.

La crisis climática y ecológica es un hecho y lamentablemente este cuadro se agrava si se tiene en cuenta que el conflicto entre Rusia y Ucrania eleva los precios de los hidrocarburos lo que profundiza la idea de una salida agroexportadora basada en el agronegocio y la expansión de la infraestructura hidrocarburífera.

Pese a que la urgencia de actuar está sobre la mesa y la ventana para accionar se achica, son múltiples las iniciativas a nivel nacional que ignoran los desafíos ambientales existentes y continúan por la senda que nos trajo hasta aquí.

Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron en la presentación del IAF 2022, y todas aquellas personas que de una u otra manera hicieron posible la realización de este informe.

Aquellas personas que no pudieron participar del evento pueden ver la grabación en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-HppJxg4mBI&t=2373s 

Presentación de FARN ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el deficiente proceso de «consulta temprana» sobre la Exploración Offshore a la luz del Acuerdo de Escazú

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se presentó ante el Ministerio de Ambiente con el objeto de manifestar consideraciones sobre el “proceso de consulta temprana”, en el marco de los trámites de autorización ambiental de exploración offshore.

El Acuerdo de Escazú llama a garantizar la participación del público desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, con el fin de que sus observaciones puedan ser debidamente consideradas. El acuerdo busca que el público pueda presentar todos los comentarios, propuestas y alternativas que considere, con el fin de que sean debidamente ponderados, de modo riguroso, en etapas en las que aún todas las opciones están abiertas y la iniciativa -se trate de un proyecto o actividad específicos o una decisión ambiental general- está en una fase de diseño, y por lo tanto podrá ser redefinida sobre la base de los aportes que realice la población.

En ese contexto, el pasado 5 de mayo se publicó el llamado por parte de la autoridad ambiental nacional a dos instancias de consulta pública por el término de 14 días.

Se trata de un mecanismo mediante el cual el cual dicho organismo convocó a la ciudadanía a expresar su opinión a través de la selección de una serie de opciones predeterminadas en una plataforma digital, respecto a la calidad de la información y medidas propuestas por las empresas Equinor e YPF para obtener la autorización para la perforación de un pozo exploratorio de hidrocarburos y el desarrollo de una campaña de exploración sísmica en el Mar Argentino (áreas CAN 100 y 102, que fueran licitadas en 2019). 

Los casos mencionados mostraron serias deficiencias. Una de las principales es la ausencia de un marco regulatorio del procedimiento de consulta, generando incertidumbre sobre sus alcances, objetivos, consecuencias, y un margen de discrecionalidad para las autoridades que le quita seriedad a la instancia. La ausencia de regulación del proceso impide conocer también la totalidad de instancias participativas previstas a lo largo del todo el proceso de evaluación del proyecto, desde su inicio hasta su conclusión, y las oportunidades en que se planifica su realización.

Entre las deficiencias que se resaltaron, destacan:

  • la inexistencia de posibilidades de manifestación por parte de la ciudadanía y el público interesado,
  • la falta de claridad acerca de la instancia en la que se inserta la consulta,
  • la inexistente explicación sobre el resultado final del proceso,
  • la irrazonabilidad del plazo otorgado en razón del volúmen de información técnica en escaso margen de tiempo,
  • escasos esfuerzos por parte de la autoridad para superar las barreras a la participación excluyendo cualquier medio de participación que no sea online,
  • la falta de esfuerzos para lograr una cabal implementación del Acuerdo de Escazú.

Se suma a ello la imposibilidad de manifestar oposición a los proyectos, resultando así un  procedimiento administrativo genérico sin valor agregado al proceso en el que se inserta, lo que convierte en imprescindible la adecuación de las prácticas presentes y futuras de este tipo de consultas para garantizar el derecho a la participación en tanto herramienta de protección ambiental.

La presentación realizada por FARN pretende que las autoridades corrijan las deficiencias señaladas, con el objetivo de garantizar un proceso participativo por el que se incorpore de manera adecuada y eficaz la opinión del público en la decisión a tomar. Para ello se solicitó entre otras cuestiones al Ministerio suspenda los procedimientos y se abstenga de iniciar otros hasta tanto se encuentren específicamente reguladas las instancias de participación adecuadas a los estándares internacionales obligatorios. 

FARN considera que previo al avance de cualquier trámite de autorización ambiental de la explotación de hidrocarburos en el Mar Argentino, se debe regular de manera explícita la participación, contemplando un marco específico para el proceso de consulta temprana y todas las demás etapas de participación pública respetando los estándares del Acuerdo de Escazú.

Día Mundial del Ambiente

En un contexto de crisis climática y ecológica, en este Día Mundial del Ambiente sostenemos que resulta urgente construir procesos de transición socio-ecológica que nos permitan llevar a cabo, de manera gradual pero sostenida, un camino hacia una economía baja en carbono, que disminuya la presión sobre la naturaleza y con plena inclusión social. 

Sin embargo, nuestro país parece estar lejos transitar ese rumbo, una muestra de ello es la falta de una estrategia de desarrollo con bajas emisiones a Largo Plazo (LTS) y la mirada cortoplacista vigente que tiene un fuerte foco en la necesidad de sumar divisas para hacer frente al pago de la deuda externa, lo que genera enormes incentivos para las actividades extractivas de hidrocarburos, minería y agroindustria. Estas actividades provocan impactos ambientales significativos, imposibilitan revertir el patrón de inserción internacional del país, y se desarrollan a espaldas a la conflictividad socioambiental emergente. 

Asimismo, nuestro país tiene un bajísimo nivel cumplimiento de las normas ambientales y un deficiente nivel de control de las actividades que producen impactos negativos sobre el ambiente. De igual forma, hay una serie de leyes que desde hace muchos años aguardan su tratamiento en el Congreso y que resultan absolutamente necesarias para lograr una efectiva prevención y protección del ambiente, como lo es la Ley de Humedales, la incorporación de los delitos ambientales en el Código Penal, la sanción de las leyes de Evaluación de Impacto Ambiental y de Ordenamiento del Territorio, entre muchas otras

Es sumamente urgente que Argentina supere la mirada cortoplacista en sus políticas, que incorpore la mirada de la largo plazo con una fuerte política ambiental que le permita dar respuesta a los desafíos ecológicos y climáticos de manera integral y proponga una senda de desarrollo productivo que no mire al pasado y no la condicione a futuro.

FARN se presentó como Amicus Curiae en la causa por la exploración petrolera offshore en Mar del Plata.

En el marco de la causa tramitada ante la Justicia Federal de Mar del Plata, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se presentó como Amicus Curiae -Amigos del Tribunal- en la causa por la exploración petrolera offshore en Mar del Plata, analizando el procedimiento que derivó en el dictado de la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Luego de que el Gobierno Nacional haya aprobado la exploración costa afuera en el Mar Argentino a fines de 2021, gracias al accionar de diversas organizaciones ambientales,  el proyecto se  suspendió  con la resolución del Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Mar del Plata, quien había hecho lugar a la medida cautelar solicitada en la causa “Fundación Greenpeace y otros c/Estado Nacional s/Amparo” ordenando la inmediata suspensión de la exploración sísmica offshore.  La decisión  se basaba en el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, aprobado por la Ley N° 27.566; la ineficiente consulta pública a lo largo del proceso en relación al Municipio de General Pueyrredón y los recaudos técnicos en relación a las deficiencias presentadas por la información puestas a disposición en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentada.  

En su presentación, FARN realiza un análisis de las actuaciones destacando defectos de contenido, el marco normativo afectado, la deficiente información técnica, falta de participación de sectores directamente afectados, violación al principio precautorio y la falta de una evaluación estratégica que contemple los impactos acumulativos. La autorización ambiental presenta serias deficiencias no solo en su procedimiento, sino también en el fondo de las cuestiones que trata. El respeto a la legislación vigente y la protección del ambiente imponen la confirmación de la nulidad de la Resolución 436/2021 por parte de la Cámara Federal de Mar del Plata.

Además, el informe presentado por FARN destaca que las conclusiones a las que  arribaron las autoridades,  han preservado expresamente los objetivos de la política hidrocarburífera ante el cuidado del ambiente. Asimismo, señala que no debe perderse de vista la desconexión entre las distintas etapas de la actividad, defendida por parte de las autoridades competentes. La desarticulación de los impactos de cada etapa de la actividad resulta de utilidad para las empresas con el fin de ocultar y negar los reales riesgos y daños que se generan.

Ello se suma a los evidentes incumplimientos de los estándares del Acuerdo de Escazú, que las propias autoridades reconocen. Al respecto, se destaca en la presentación realizada que el informe final de la audiencia pública celebrada en julio de 2021 admite no haber procedido como lo establece la legislación y propone tomarlo como aprendizaje. La participación ciudadana es un derecho humano y una herramienta para la protección del ambiente,  y  no se puede seguir postergando.

Resulta necesario y urgente que se redoblen los esfuerzos para cumplir cabalmente con los preceptos del Acuerdo de Escazú para que se garantice de manera genuina el derecho a la participación. Solamente teniendo en cuenta la voz de la ciudadanía se podrá mejorar el diálogo democrático necesario para consensuar el camino de desarrollo para el país.

Exploración offshore: el llamado a «consulta temprana»

El 5 de mayo se conoció el llamado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación a dos instancias de consulta pública temprana abiertas hasta el 18 de mayo de 2022.

Se trata de un mecanismo mediante el cual el Ministerio convocó a la ciudadanía a expresar su opinión a través de la selección de una serie de opciones predeterminadas en una plataforma digital, respecto a la calidad de la información y medidas propuestas por Equinor e YPF para obtener la autorización para la perforación de un pozo exploratorio de hidrocarburos y el desarrollo de una campaña de exploración sísmica en el Mar Argentino (áreas CAN 100 y 102, que fueran licitadas en 2019). 

Se informa en el sitio web, además, la posibilidad de enviar comentarios a través de un foro y un correo de contacto, y de participar a través de puestos digitales instalados en distintas zonas del país cuyo funcionamiento todavía no es conocido por la población.

La publicación en la web del Ministerio cita como fundamento del proceso al Acuerdo de Escazú. Para participar se ponen a disposición una serie de documentos muy extensos y complejos sobre los que se invita a opinar en un período de dos semanas. 

Cabe destacar que el proyecto de explotación de hidrocarburos en el Mar Argentino no se limita a estas dos, sino a las 18 que se licitaron y adjudicaron entre 2018 y 2019. El objetivo es instalar la actividad en una gran extensión del mar, en el límite de la plataforma continental, en aguas ultraprofundas. 

¿Es realmente temprana la consulta?

Frente a los preceptos establecidos en el Acuerdo de Escazú para el ejercicio del derecho a participar (que, cabe mencionar, ya estaba reconocido legalmente en nuestro país), surge como un primer aspecto central la necesidad de haber realizado consultas e instancias de participación anteriores a la licitación misma. Previo a otorgar derechos a las empresas, las autoridades debieron someter a procesos participativos el proyecto de explorar y explotar el mar, realizar una evaluación junto a la ciudadanía de esta política pública tan contraria a las necesidades que impone la crisis climática global.  

Si bien la alusión a la implementación del Acuerdo de Escazú aparece como una buena noticia, al analizar estas condiciones se observa que los mecanismos implementados no se adecuan  por completo a los mandatos del Acuerdo, en particular, no se dan en la primer etapa posible, sino cuando ya se otorgaron permisos a las empresas.

Recordamos que en julio de 2021 se llevó adelante una audiencia pública en el trámite del permiso de la empresa Equinor, en la que participaron más de 400 personas que en su mayoría se pronunciaron en contra del proyecto. Uno de los reclamos fue la falta de cumplimiento de estándares de participación, la falta de instancias tempranas y del público particularmente afectado. Si bien la decisión de autorizar la actividad pese al rechazo ciudadano fue llevada a la justicia y aún resta el dictado de una sentencia definitiva, resulta evidente que todavía queda mucho camino por recorrer para una implementación plena de Escazú en cuestiones hidrocarburíferas.

Esta deficiente instancia de participación temprana en apariencia abierta y transparente, pareciera perseguir como fin único la consecución de la licencia social, y constituir, en los hechos, un esfuerzo mayor por avalar la actividad petrolera costa afuera.

Resulta necesario y urgente que se redoblen los esfuerzos por cumplir cabalmente con los preceptos del Acuerdo de Escazú para que se garantice de manera genuina el derecho a la participación. Solamente teniendo en cuenta la voz de la ciudadanía se podrá mejorar el diálogo democrático necesario para consensuar el camino de desarrollo para el país.

Continúan los sismos en Vaca Muerta: La Justicia avala el daño con su silencio

Desde que comenzó el fracking en Vaca Muerta las comunidades de Sauzal Bonito, en la provincia de Neuquén, reportaron la presencia de sismos en la zona, que no habían sido percibidos previamente. En los últimos días los vecinos reclamaron que la tierra tembló nueve veces en una semana, y pese a los constantes reclamos las autoridades gubernamentales niegan que el fracking sea el causante. 

Anoche se percibió un nuevo sismo de magnitud 4.5 ml en la escala Richter, que sacudió las casas del pueblo. Los vecinos advierten que en un día pueden sentir hasta 3 o 4 temblores, sus casas se sacuden, se rajan las paredes y su vida se ve perturbada. 

En Sauzal Bonito, no se habían registrado sismos hasta noviembre del 2015, cuando un temblor de una magnitud de 4.2 fue percibido por la población. De allí en más, comenzaron a registrarse una serie de temblores en la zona que provocaron rupturas de viviendas y gran preocupación social. Un acercamiento preliminar de la evolución sísmica de la cuenca hidrocarburífera de Neuquén muestra que entre 2015 y 2020 se registraron 206 sismos (Sismicidad inducida de FARN, 2021)

Si bien las autoridades niegan que el fracking sea el causante de esta problemática es conocido en el mundo que esta técnica de extracción de hidrocarburos es altamente dañina para el ambiente y la sociedad. Las empresas que operan en Vaca Muerta ocultan la información sobre los riesgos y daños al ambiente que provocan, sobre las medidas que toman para prevenirlos y mitigarlos, y sobre los destinos de los fondos públicos recibidos mediante subsidios.

En las Evaluaciones de Impacto Ambiental a las que se accedió la inducción de sismicidad no es declarada por las empresas y las autoridades aprueban los permisos sin requerir ninguna medida ni realizar ningún control. 

Mientras tanto, investigaciones científicas en todo el mundo demostraron que el fracking provoca sismos. Incluso, países como Gran Bretaña han prohibido esta técnica debido a los daños que puede provocar la sismicidad inducida. Argentina, sin embargo, sigue apostando a Vaca Muerta sin implementar medidas de cuidado y sin licencia social. 

Javier Grosso, geógrafo e investigador de la Universidad Nacional del Comahue, sobre los sismos recurrente en la región de Vaca Muerta, alertó que desde noviembre del 2015 hasta hoy se registraron más de 350 sismos en Sauzal Bonito, una zona en la cual no había registros de percepción sísmica por parte de sus pobladores, ni tampoco por los sismógrafos.

Registro de sismos en Sauzal Bonito de los últimos días, por Javier Grosso

Después de varias solicitudes de acceso a la información y ante la negativa por parte de las autoridades provinciales, y su persistente negación sobre los perjuicios ocasionados, desde FARN junto con la Comunidad Mapuche Lof Wirkalew y habitantes de Sauzal Bonito iniciaron una acción de amparo contra la provincia de Neuquén para evitar los terremotos que provoca el fracking. 

El Juzgado Federal de Neuquén se desentendió de la situación y resolvió que corresponde al fuero local, para que todo quede a decisión de la provincia. Apelada esa resolución la Cámara Federal de General Roca resolvió que la causa es de competencia federal por los riesgos interjurisdiccionales, pero la remitió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Máximo Tribunal de Justicia del país tiene la responsabilidad de garantizar el derecho acceso a la justicia ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, que ya es ley en Argentina, sin embargo guarda silencio desde febrero respecto de las urgentes medidas que se solicitaron. Es hora de tomar dimensión de que el fracking no sólo está produciendo un deterioro irreversible en el ambiente, sino que también está perjudicando el bienestar integral de comunidades enteras.

Un nuevo intento por moldear opiniones y gestionar consensos con disfraz de diálogo

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación presentó el pasado 2 de mayo la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC), en un nuevo intento por legitimar la actividad minera en el país tras los sendos rechazos de comunidades y organizaciones de la sociedad civil en distintos puntos del país.

Esta iniciativa se suma a tantas otras que en los últimos años persiguieron los mismos fines: bajo lemas de transparencia, de acercar la actividad a la comunidad o de buscar legitimación. Entre ellas, se encuentra el Nuevo Acuerdo Federal Minero, el Centro de Información Minera Argentina (CIMA) -luego reemplazado por el Sistema Federal de Información Minera-, el ingreso de Argentina a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por su nombre en inglés), el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA), y los dos recientes, la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC) y el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM).

La mayoría de estas iniciativas se dan resaltando las supuestas bondades económicas de la actividad, las que en un marco de crisis económica signada por una deuda externa apremiante, podrían proveer de inversiones para incrementar la exportación y las ansiadas divisas. No tienen en cuenta los elevados impactos socioambientales de la actividad, ni integran un análisis económico más completo sobre los recursos públicos que se necesitan para el desarrollo de la minería (por ejemplo, los gastos tributarios que las arcas públicas dejan de percibir por el régimen de exenciones e incentivos). A su vez, tampoco consideran los costos de recomponer ambientes contaminados. 

Además, la MEMAC y el SIACAM surgen tiempo después de que movilizaciones populares en distintas regiones de Argentina, hayan reforzado la importancia de la protección del ambiente en vinculación a un modelo de desarrollo local no minero; motivo por el que ambas iniciativas podrían leerse como un nuevo intento por difundir los supuestos beneficios de la actividad y de construir la legitimidad social que el sector carece.

La MEMAC fue presentada como un espacio federal de debate, en el cual todos los actores involucrados al sector podían participar. Sin embargo, la participación inicial en la Mesa no se dió de manera abierta, sino que se mantuvo restringida a aquellos actores invitados por el Ministerio de Desarrollo Productivo, centrada en actores gubernamentales nacionales y provinciales que promueven el desarrollo de la minería, y de sindicatos y cámaras empresarias vinculadas a la actividad. Se reflejó así, una mirada endogámica, con un mensaje homogéneo, centrado en la supuesta necesidad de desarrollar la minería para el desarrollo nacional y local.

Además de los problemas enumerados previamente, desde FARN queremos llamar la atención sobre otros dos temas.

En primer lugar, las iniciativas propuestas se vislumbran como axiomas, verdades que no necesitan ser discutidas abiertamente (“la minería es fundamental para el crecimiento económico argentino y es necesario desarrollarla”; la mera existencia de minerales en distintas zonas pareciera justificar que deban ser indefectiblemente extraidos), parten de premisas sesgadas (la vocación primordial de un territorio en el que existen minerales es su extracción, relegando otros aspectos culturales, sociales, económicos, ecológicos del territorio, sin contemplar actividades productivas alternativas), y resultan a-históricas (desconocen los distintos antecedentes de incumplimiento reiterado de las normas ambientales y la violación de derechos que acompaña a la imposición de la minería como opción única).

Además, involucran una mirada endogámica (solo importan las voces y saberes de quienes promueven la actividad minera, y la intervención de las comunidades y organizaciones -cuando existe- ocurre en instancias tardías, se limita a meros formalismos o desoye sus propuestas y reclamos). En tal escenario, es muy difícil que estas iniciativas traigan alguna novedad a la situación de desconfianza justificada que existe en territorios y organizaciones que se preocupan por el ambiente. 

El sector minero plantea la iniciativa MEMAC como el inicio de una relación con la comunidad, desconociendo que no es verdaderamente un punto de partida para el debate en torno de la actividad; sino, muy por el contrario, constituye una continuidad a un paradigma de definición de políticas públicas en constante avasallamiento de las normas ambientales como el acceso a la información y la ley de glaciares, por nombrar algunas, y el desconocimiento de los derechos de las comunidades locales y poblaciones indígenas. 

Lejos de tomar estas preocupaciones como punto de partida, la iniciativa remarcó la importancia de divulgar los supuestos beneficios de la minería, frente a la “información falsa” y falta de conocimiento de quienes se oponen a la misma. Este planteo aleccionador, no solo sitúa a las otras partes interesadas en una posición de desigualdad, sino que también pone de manifiesto la pretensión de crear un consenso social que viabilice el desarrollo minero, modificando las opiniones de quienes lo rechazan. Por consiguiente, la Mesa se alinea con el concepto de ingeniería social, según el cual sectores empresariales y gubernamentales interesados en la actividad, desarrollan estrategias para moldear opiniones, “mitigar” disidencias y “construir” consensos. (Dunlap, A. y Verweijem, J. 2021).

En segundo lugar, no hay diálogo posible en un contexto de violación de derechos como los de libertad de expresión y manifestación, así como los ocurridos en Choya (Catamarca) donde se sucedieron hechos de represión policial hacia asambleístas y manifestantes que se expresaban en defensa del agua y en contra del proyecto minero MARA. Estos se suman a numerosos hechos de criminalización, amedrentamiento y violencia hacia las personas defensoras del ambiente.

La violación de derechos y la violencia ejercida hacia defensores y defensoras del ambiente señalan el incumplimiento del plenamente activo Acuerdo de Escazú. Los repetidos casos de criminalización, persecución, amenazas y violencia hacia las personas que defienden el ambiente, pone de manifiesto la necesidad de su pronta implementación efectiva en nuestro país, y evidencian una falta real de voluntad política de generar debates genuinos y de construir visiones conjuntas.

Por último, cabe mencionar que el diálogo debe ser abierto, sincero, de buena fe, basado en la construcción de confianza y escucha mutua, no debe partir de premisas cerradas ni tener como finalidad la reafirmación de las mismas o la “mitigación” de las opiniones disidentes. 

Un debate plural y democrático es posible pero debe darse en otras condiciones: discutiendo la orientación del desarrollo, de manera de contemplar la crisis climática y ecológica, atendiendo a la participación de cada comunidad, y evaluando las alternativas existentes sobre una mirada que integre las distintas voces, saberes y actividades productivas, en las que la minería es tan solo una opción entre otras.

Plan PIECAS: sin avances en la participación de la sociedad civil

FARN, junto con Fundación CAUCE, solicitó información pública ambiental al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) sobre la situación en la que se encuentra el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).

En 2020 el MAYDS reactivó el Comité Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) del PIECAS, se renovaron sus representantes y se mantuvo numerosas reuniones. El CIAN debió abocarse a la coyuntura de los incendios de modo prioritario, y en diciembre de ese año acordó avanzar en 2021 con la elaboración participativa del Plan Estratégico para el Delta.

En octubre de 2021, FARN, CAUCE, Casa Rio y Taller Ecologista junto a un grupo de organizaciones representativas del Delta del Paraná elevaron al MAyDS y a las autoridades ambientales de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos una propuesta de participación de la sociedad civil en el marco del PIECAS, por considerarla central para lograr una efectiva implementación de este valioso espacio institucional que apunta al ordenamiento ambiental del territorio deltaico y a asegurar la conservación y uso responsable del mayor sistema de humedales de Argentina. La propuesta esta disponible acá: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/10/Documento-PIECAS-participaci%C3%B3n-de-sociedad-civil-Oct-2021.pdf


Con motivo de la presentación de esta propuesta, las organizaciones fueron recibidas por autoridades del MAyDS quienes comunicaron que el proceso participativo iniciaría a comienzos de 2022. Ante la falta de novedades sobre avances en esta tan necesaria participación, FARN y Cauce interpusieron un pedido de informes disponible en: https://drive.google.com/file/d/1JwyMGBhJT8kyfV7DQYsecpMqCezKcc0C/view?usp=sharing

Organizaciones solicitan a COFEMA y Diputados participación y tratamiento de la Ley de Humedales

Durante 2020, un grupo de trabajo de especialistas en humedales representantes del sector científico, académico, organizaciones de la sociedad civil (de todos los niveles y de diversas partes del país), legisladores, asesores y el propio Ministerio de Ambiente de la Nación (MAyDS), generó un texto unificado de Ley de Humedales a la luz de los proyectos presentados en la Cámara Baja ese año. Ese texto unificado tuvo dictamen de mayoría de la Comisión de Recursos Naturales de Diputados el 20 de noviembre de 2020, pero al no ser tratado durante todo 2021 por las tres otras Comisiones que restaban analizarlo y aprobarlo perdió estado parlamentario. Al no quedar en el temario de sesiones extraordinarias convocadas por Presidencia de la Nación, la Ley de Humedales se cayó por tercera vez a fines de 2021.


Distintas organizaciones socioambientales apoyamos este texto unificado porque consideramos que trae el andamiaje institucional, definiciones y herramientas necesarias para atender y revertir de manera efectiva la emergencia que atraviesan los humedales. El proyecto unificado fue presentado
nuevamente el pasado 1 de marzo por el Diputado Leonardo Grosso
(Expte 0075-D-2022), y con un
evento público en el Anexo de la Cámara Baja el 2 de marzo, al que asistieron autoridades del
MAyDS.


NO HAY MÁS TIEMPO QUE PERDER. Necesitamos una Ley de Humedales se trate en el Congreso Nacional porque estos ecosistemas se siguen degradando y perdiendo cada día.
Las únicas políticas públicas ambientales que hoy tiene Argentina, pese a los diversos desafíos en materia de implementación, existen gracias a las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental vigentes, logradas en muchas ocasiones por la amplia movilización social. Sin ley no hay política de protección de
humedales.


Necesitamos que las autoridades gubernamentales a todos los niveles estén a la altura de las circunstancias de la crisis ecológica y climática que atravesamos, y que reconozcan el trabajo colectivo y el reclamo ciudadano de más de una década detrás de la Ley de Humedales. Ya hay mucho trabajo acumulado en las tres oportunidades que tuvo la ley en nuestro Parlamento y es urgente su sanción. El proceso legislativo de esta norma no puede demorarse más. LEY DE HUMEDALES YA!

Conclusiones principales de la primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú

En el Día Internacional de la Tierra y luego de dos días de intenso debate, 12 países de América Latina y el Caribe, entre los que se incluye a la Argentina, aprobaron las Reglas de Funcionamiento de la Conferencia de las Partes (COP) y del Comité de Aplicación y cumplimiento del Acuerdo de Escazú.  

Ello implica la puesta en marcha de este emblemático Acuerdo que promueve el acceso a información, que las personas puedan tener derecho a participar y ser consultadas cuando se tomen decisiones que puedan afectar las comunidades en las que viven o alterar de manera significativa el ambiente y la posibilidad de acceder a la justicia en defensa del ambiente. 

Entre las principales decisiones adoptadas figuran las reglas de procedimiento de la COP que es el principal órgano de decisión del Acuerdo y que está integrado por los países ratificantes y cuenta con una significativa participación de las organizaciones de la sociedad civil, a las que el instrumento denomina “el público”.

Esas reglas disponen que el público contará con un representante en la Mesa Directiva y dos miembros en la sala de las deliberaciones, constituyendo ello un verdadero hito en materia de participación de la sociedad civil en acuerdos internacionales en tanto permitirá hacer oír la voz de la sociedad y los grupos ambientales de la región  y asimismo presentar propuestas para que puedan ser consideradas por los países. 

Asimismo, también se aprobó la constitución del Comité de Cumplimiento que establece el Artículo 18 del Acuerdo, el que estará integrado por expertos independientes de los países y que serán quienes tendrán a su cargo observar el cumplimiento de las medidas que el acuerdo dispone. En tal sentido, las reglas del Comité prevén que toda persona pueda presentar peticiones sobre el posible incumplimiento de un país respecto del acuerdo. 

Además, la COP decidió conformar un grupo de trabajo para comenzar a analizar de inmediato medidas de protección efectiva para las personas defensoras del ambiente. Debemos recordar que el Acuerdo de Escazú es el primer instrumento en el mundo en adoptar garantías para la protección integral a las personas defensoras del ambiente y derechos humanos, que son quienes protegen la biodiversidad, resguardan a los territorios de los impactos derivados de actividades extractivas, y que promueven alternativas en búsqueda de un mundo más justo y sostenible.  

Según el informe Global Analysis de Front Line Defenders, en 2020 fueron asesinadas 331 personas defensoras de los derechos humanos en el mundo. El 69% de ellas trabajaba en la defensa de la tierra, el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Según los datos, LAC es la región más peligrosa para defensores y defensoras ambientales, ya que es donde se han registrado 264 asesinatos.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y representante electo del público ante el Acuerdo explicó que las reglas aprobadas son absolutamente innovadoras y recogen las mejores prácticas desarrolladas a lo largo del tiempo por los tratados internacionales de derechos humanos y ambientales y significan una gran esperanza para mejorar las prácticas de protección de derechos ambientales en la región. 

De igual forma manifestó que se necesitan más países dentro del Acuerdo para que sea un acuerdo robusto, donde haya una respuesta de conjunto a los problemas de la región.

Es necesario que el Acuerdo de Escazú se ratifique en los 33 países de la región y esperemos que eso se vaya dando con el paso del tiempo para que defensores y defensoras ambientales tengan un resguardo, una garantía para el ejercicio de sus actividades, en una región que lamentablemente cuenta con el récord de muertes de personas que llevan a cabo esta labor”, finalizó el director de FARN.