La normativa, aprobada en abril, permite a las provincias autorizar proyectos mineros en zonas periglaciares, debilitando así las protecciones establecidas en 2010 para salvaguardar los recursos hídricos y 16.968 cuencas glaciares.
La provincia de La Pampa y diversas organizaciones ecologistas presentaron una demanda colectiva para frenar la medida. Según Cristian Fernández, de FARN, “La reforma es flagrantemente inconstitucional” y facilita decisiones discrecionales que conllevan elevados riesgos ambientales. “Tragedias como la de Nepal deben abrirnos los ojos a todos”, concluyó el experto. (ANSA).