Premio Adriana Schiffrin – 19° convocatoria: “Por los humedales y su gente”

OBJETIVO

El Premio Adriana Schiffrin busca fomentar iniciativas socioambientales que contribuyan a un desarrollo humano justo y sostenible, con impacto concreto y participación de la comunidad.

Esta edición se enfoca en iniciativas de protección, uso sostenible, restauración de humedales, así como educación ambiental, investigación y activismo colectivo en apoyo al reclamo por una Ley de Humedales YA! Se dará especial atención a iniciativas de base comunitaria.

PARTICIPANTES

Pueden postularse personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad residentes en Argentina, organizaciones argentinas de la sociedad civil con personería jurídica, así como grupos y movimientos no formales con una iniciativa ya en marcha y que tenga lugar en Argentina (excluyente).

Las personas que presenten una idea en nombre de un grupo deben estar plenamente autorizadas por ese grupo para hacerlo.

PLAZO

Se reciben propuestas hasta el día 15 de diciembre de 2020 a las 22 h de Argentina.

PREMIOS

1° PREMIO: $ 125.000

2° PREMIO: $ 75.000

3° PREMIO: Diploma

Un resumen de cada una de las tres iniciativas ganadoras se publicará en el Informe Ambiental FARN 2021.

SOBRE ADRIANA SCHIFFRIN

Adriana Schiffrin fue una mujer excepcional que compartió sus sueños y pasión por la conservación del ambiente y la promoción del desarrollo sostenible, con la esperanza de que sus principios se trasladen a las nuevas generaciones.

SOBRE EL PREMIO ADRIANA SCHIFFRIN

El Premio Adriana Schiffrin es el premio ambiental más antiguo de Argentina y significa un recuerdo y homenaje hacia ella. Ha sido declarado de interés ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Legislatura Porteña en la sesión del 13 de diciembre de 2018, aprobada por la Declaración 931/2018, y por iniciativa de la Legisladora Carolina Estebarena.

Las iniciativas presentadas serán oportunamente evaluadas por un jurado ad-hoc.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN

Las postulaciones se realizan únicamente mediante este formulario.

Podrá enviarse como máximo un archivo en PDF adicional con más información sobre la iniciativa, así como un máximo de 3 fotos ilustrativas por email a premio@farn.org.ar con el asunto: “Material extra – Proyecto (nombre del proyecto)”

Consultas: premio@farn.org.ar

¡Nuevo webinar! Cambio climático: ¿está Argentina a la altura del desafío?

El próximo miércoles 18 de noviembre, a las 15 h, llega el webinario “Cambio climático: ¿está Argentina a la altura del desafío?”, en el que abordaremos los puntos salientes del perfil país de Argentina del Climate Transparency Report (ex Brown To Green Report) 2020, el reporte que cada año reúne especialistas de todo el mundo para fomentar una acción climática ambiciosa entre los países del G20.

Crisis significa oportunidad. Sin embargo, hasta el momento el gobierno argentino no incluyó ninguna medida “verde” en sus planes de estímulo a la recuperación económica. De hecho, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está involucrado en solo uno de los grupos de trabajo.

El cambio climático es una realidad mundial. Nos adaptamos y mitigamos, o enfrentamos las consecuencias. En diciembre nuestro país actualizará la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), según el compromiso asumido en el Acuerdo de París. ¿Será lo suficientemente ambiciosa?

¡Te esperamos!

📅 Miércoles 18 de noviembre de 2020, 15 h

💻 Vía Zoom

📝 Incripciones: https://zoom.us/webinar/register/WN_YsmZTDPASne9CVNwUXdmHw

Crisis climática: abordajes ambiciosos y técnicamente viables

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) organizó un evento de dos días, el 13 y 14 de noviembre de 2019, en el que se trataron distintos temas relacionados a la crisis climática y las posibles formas de abordarla para hacerle frente.

La primera jornada estuvo abocado a la temática energética. El primer panel, facilitado por Laura Rocha (Periodistas por el Planeta), trató la edición 2019 del Brown to Green Report. William Wills (CentroClima), Mariana Gutiérrez (Iniciativa Climática de México), Gabriel Blanco (UNICEN/FARN) y Enrique Maurtua Konstantinidis (FARN), todos socios de Climate Transparency, compartieron los principales datos de los documentos específicos para Brasil, México y Argentina. Por ejemplo, mencionaron que todos los países del G20 siguen subsidiando a los combustibles fósiles, tanto la producción como el consumo, y la Argentina lidera el ránking, en relación a la proporción del PBI.

El segundo panel fue sobre la movilidad sustentable en Argentina y Sol Aliano (CTAE/FIO/UNICEN) presentó los resultados del nuevo documento FARN – UNICEN, realizado bajo las labores de Climate Transparency. Alejandro Gottig (Fundación Avina) moderó y Lucila Capelli (Ministerio de Transporte) presentó otras visiones para alimentar al debate. Dicho documento, titulado Movilidad sustentable: desafíos para la Argentina, muestra que hay 14 millones de vehículos en la Argentina y más de la mitad de ellos (62%) solo trasladan al conductor. Este sector es particularmente importante para el país ya que consume el 30% de la energía utilizada.

Luego siguió un panel sobre Estrategias de Descarbonización de Largo Plazo, particularmente para el sector energético. Bajo la moderación de Daniela Gomel (Fundación Vida Silvestre), Gabriel Banco (UNICEN/FARN), Carlos Tanides (Fundación Vida Silvestre) y Daniela Keesler (UNICEN/FARN) fueron los panelistas.

La última parte del día estuvo dedicada a Vaca Muerta, la reserva de shale oil y shale gas en el sur de la Argentina y que todas las fuerzas políticas quieren explotar. Ignacio Peña (Surfing Tsunamis) disertó sobre lo económicamente suicida que resulta esta actividad para el país, además de los problemas ambientales asociados. Luego hubo un espacio de diálogo entre Ignacio, Laura Rocha (Periodistas por el Planeta) y María Marta Di Paola (FARN) en el que también debatieron sobre los subsidios a los combustibles fósiles, algo que FARN analiza desde hace dos años.

El segundo día comenzó con un panel de adaptación, que involucró a algunos autores del proyecto LatinoAdapta: Daniel Ryan (ITBA), Verónica Gutman (FTDT), Nazareno Castillo Marín (UNTREF), María Julia Tramutola (FARN) y Alejandro Pelfini (FLACSO). Paz González (Fundación Avina) moderó.

El siguiente panel fue sobre biodiversidad y su vínculo con la agenda climática, especialmente relevante para el 2020. Fue facilitado por Virginia de Francesco (DPN) y sus panelistas fueron Karen Podvin (IUCN), María Gabriela Palomo (MACNBR), Ana Di Pangracio (FARN) y Fernando Miñarro (Fundación Vida Silvestre).

A continuación, Antonella Risso (Salud sin Daño) realizó una presentación sobre el reporte de su organización respecto a la huella climática del sector de la salud. Fue muy bien recibido por la audiencia, debido a que no es un tema muy común en eventos sobre cambio climático.

Finalmente, el último panel fue sobre cómo comunicar la crisis climática y estuvo compuesto por los siguientes periodistas: Marina Aizen (Periodistas por el Planeta), Mónica Vallejos (El cronista), Alejandro Rebossio (Noticias, Radio con Vos), Martín de Ambrosio (colaborador La Nación), Florencia Tuchin (RedAcción). Carolina Gil Posse (Salud sin Daño) y Pilar Assefh (Periodistas por el Planeta) moderaron.

En líneas generales, el evento fue muy bien recibido y tuvo una alta participación de académicos, representantes de gobierno, gremios y sociedad civil. También contó con unas 200 personas por día en la transmisión en vivo.

Reviví las charlas del evento

Galería de fotos

Webinar sobre derechos humanos e inversiones chinas en América del Sur

Especialistas de FARN, IISCAL, CEDIB (Bolivia), BRICS Policy Center (Brasil), CDES (Ecuador) y CooperAcción (Perú) ofrecieron una conferencia online titulada “DD.HH. e inversiones chinas, el estado de situación en América del Sur: hallazgos y oportunidades en el marco del Examen Periódico Universal de China”. Te acercamos las presentaciones y el audio completo.

El webinar, al que asistieron más de 100 personas de toda la región, se llevó a cabo el pasado 18 de julio y giró en torno al informe presentado de manera conjunta, en octubre de 2018, en el marco de la sesión de China frente al Alto Comisionado de Derechos Humanos, en el que se denunció la violación de derechos humanos en 18 proyectos operados por 15 consorcios apoyados por 6 bancos chinos.

Organizado por FARN en colaboración con otras organizaciones integrantes del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos (CICDHA), el panel estuvo integrado por Paulina Garzón (IISCAL), Julia Cuadros (CooperAcción), María Marta Di Paola (FARN), Marco Antonio Gandarillas (CEDIB), María Elena Rodrigues (BRICS Policy Center) y Sofía Jarrín (CDES), quienes ahondaron en la situación de las relaciones de sus países con China y de qué manera las inversiones provenientes del gigante asiático violan derechos humanos en territorios indígenas, áreas protegidas naturales y zonas que son patrimonio natural y cultural de la humanidad reconocidas por la UNESCO.

Aquí están disponibles para descarga todas las presentaciones proyectadas, así como la grabación completa de la conferencia.

Webinar “Derechos humanos e inversiones chinas” (18/07/2019)

Aportes de ONGs de América Latina y el caribe al marco mundial de la biodiversidad

FARN convocó el pasado 23 y 24 de abril al taller “Aportes de organizaciones no gubernamentales de América Latina y el Caribe al marco mundial para la biodiversidad posterior a 2020”. El objetivo del encuentro fue reunir aportes y recomendaciones concretas a los Estados Parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) respecto del marco mundial de la biodiversidad posterior a 2020.

Las discusiones giraron en torno a la misión al año 2030, principios rectores de las nuevas metas y seis grandes áreas temáticas: pérdida de hábitat, integración de la biodiversidad en sectores productivos, movilización de recursos y financiamiento, enfoque de derechos humanos, mecanismo de cumplimiento y comunicación e información.

Las ONG participantes expresaron una gran preocupación por el nivel de avance de las metas vigentes y la situación actual de la biodiversidad. La crisis es gravísima y el avance de la sociedad sobre los medios naturales, atroz, vulnerando incluso derechos de las personas y comunidades.

Se mencionaron, no obstante, muchos aspectos positivos del CDB. Se reconoció que el escenario sería mucho peor sin el Convenio, pero que los avances no han sido proporcionales al avance de las amenazas. Hay que seguir trabajando, llevar la misión a la práctica, y sin descanso porque la urgencia lo amerita. Se pidió por un CDB con “más dientes” para hacer cumplir las metas.

Se señaló también que la urgencia presenta oportunidad, y eso incluye a nuestra región.  Organizaciones, personas y comunidades demuestran en los territorios que hay formas distintas de hacer las cosas, en armonía con la naturaleza. Existen muchas prácticas que cuidan el medio ambiente y que son escalables.

Es necesario repensar y mejorar sustancialmente la implementación del CDB. Los Estados Parte deben asumir sus responsabilidades y tomar la decisión política de salvar la biodiversidad con acciones a la altura y efectivas. 

En esta línea, se expresó preocupación por el hecho que el poder corporativo sigue cooptando diversos escenarios, y que el espacio cívico se está achicando. El CDB debe asegurarse de que esto no ocurra en su marco, y seguir promoviendo una amplia participación de la sociedad civil.

Se destacó especialmente preocupación por los riesgos cada vez más crecientes para las personas y comunidades que ponen el cuerpo y dan la vida en defensa de la biodiversidad. Se recomienda tomar al Acuerdo de Escazú como una contribución regional concreta al avance en este tema en el marco del CDB, y hacer mención expresa del mismo en la fundamentación del nuevo marco mundial post-2020 como aporte diferencial de la región.

Se acordó, sin un orden de prelación en particular, que el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 necesita tener como principios rectores a los siguientes:

● Tener visión planetaria, integra, y respeto por la vida.

● Ser eco-céntrico y no antropocéntrico.

● Ser inclusivo.

● Expresar empatía.

● Aplicar el enfoque precautorio y de no regresión.

● Enfocar acciones con los jóvenes (principio de intergeneracionalidad) en el trabajo.

● Abordar las causas estructurales de la pérdida de biodiversidad que tienen nombre y apellido (inequidad global, falta de control sobre el poder corporativo y sobre las actividades de las corporaciones transnacionales, impacto de las economías de producción y consumo industrial, y basadas en combustibles fósiles, etc.).

● Asumir compromiso político.

● Ser transparente.

● Proveer mecanismos de participación con racionalidad territorial.

● Garantizar el acceso a información fidedigna, accesible a la comprensión y sensibles en el tiempo y su evaluación para una participación informada.

● Articular con otros sectores y promover cambios en los hábitos de consumo.

● Fortalecer la articulación con otras convenciones relacionadas con la biodiversidad y procesos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

● No permitir el maquillaje verde ni la financiarización de la naturaleza.

● Impedir la apropiación de los recursos genéticos, asegurando a las comunidades una distribución equitativa de los beneficios derivados de su uso.

● Aplicar un enfoque de derechos humanos a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

● Respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, incluyendo su derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado.

● Respetar y proteger los derechos de tenencia de la tierra y acceso seguro y equitativo a la tierra y los territorios.

● Respetar y proteger los conocimientos tradicionales y la sabiduría ancestral.

● Integrar la perspectiva de equidad de género.

● Reconocer, incluir y proteger a las personas y comunidades que defienden el ambiente y los derechos humanos.

● Integrar distintos enfoques y cosmovisiones, como el enfoque de derechos de la naturaleza.

● Desarrollar una comunicación empática, comprensible y asequible.

● Establecer metas mensurables, realistas, con criterios e indicadores sencillos para poder ser llevados a la práctica y apropiados por las partes.

● Emplear conceptos unívocos y definiciones operativas libres de vaguedad, ambigüedades o acepciones múltiples para evitar confusiones terminológicas.

● Aplicar un enfoque sistémico.

● Rechazar soluciones tecnológicas que nos alejen de cambios estructurales profundos y conlleven nuevas amenazas al medio ambiente y los pueblos del mundo.

● Asegurar beneficios para todas las personas, contemplando tanto el bienestar de la humanidad como el de otras formas de vida.

FARN llevó el Acuerdo de Escazú a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica en Egipto, pidiendo por una integración de los derechos humanos a la conservación

En un evento organizado junto con Swedbio del Centro de Resiliencia de Estocolmo, CBD Alliance y Reacción Climática de Bolivia, FARN presentó el Acuerdo Escazú sobre derechos de acceso a la información, a la justicia y participación ciudadana en temas ambientales para Latinoamérica y el Caribe en la 14° Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Se contó con la distinguida presencia de la Delegación de Costa Rica, país que ha sido un champion del proceso de Escazú, y de José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL.

Este encuentro se dio en el marco de una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil que empujamos por una agenda de derechos humanos en el proceso de las negociaciones internacionales de biodiversidad, pidiendo a la comunidad internacional por acciones de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica llevadas adelante con un enfoque basado en derechos, que incluye perspectiva de género.

MARCO DEL EVENTO

El plan estratégico 2011-2020 del CDB y sus Metas de Aichi para la Biodiversidad están próximos a finalizar, y pese al esfuerzo hecho y el progreso alcanzado, la evidencia demuestra que aún estamos lejos de salvar a la biodiversidad, fundamental para sostener la vida en la Tierra y asegurar el bienestar humano.

Ahora, a las puertas de las negociaciones para acordar una nueva década de trabajo, se deben tomar medidas urgentes para crear un verdadero y profundo cambio en la forma en que percibimos e interactuamos con la naturaleza, en el entendimiento de que las crecientes tasas de pobreza, hambre y desigualdad reflejan complejos aspectos sociales, realidades que están intrínsecamente entrelazadas en la actual crisis ecológica.

Al considerar el marco mundial para la biodiversidad post 2020, es imperativo que los titulares de derechos, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales, y todas las partes interesadas sean efectivamente involucrados. Si bien la relación entre los derechos humanos y la biodiversidad es cada vez más reconocida, la escalada de hostigamiento y asesinato de defensores ambientales y de los derechos humanos es alarmante, además de los intentos en algunos países de limitar las actividades de las organizaciones no gubernamentales. En 2017, se estima que 197 personas fueron asesinadas por ejercer sus derechos de participación para defender el medio ambiente.

En este marco, surgen importantes iniciativas como el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el “Acuerdo de Escazú” (Principio 10, Declaración de Río). Es el primer tratado de la región sobre asuntos ambientales y el primero en el mundo en incluir disposiciones sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Este acuerdo regional legalmente vinculante, abierto a la firma y ya con 16 países signatarios, no sólo es un instrumento legal innovador para la protección del medio ambiente, sino que también es un tratado de derechos humanos. Escazú puede hacer una contribución regional relevante para asegurar el acceso a la información y la participación de la sociedad civil tanto en el proceso de negociaciones camino a un marco global 2020-2030 para atender la crisis de biodiversidad que atravesamos, como también en su implementación efectiva.

Por otro lado, la relación entre los derechos humanos y la biodiversidad también está vinculada a la discusión en torno a los derechos de la naturaleza. La naturaleza no puede hablar por sí sola, por lo que necesita que la gente hable en su nombre, lo que no puede suceder si los derechos de los defensores ambientales a la información, la participación, el acceso a la justicia y, en última instancia, el derecho a la vida, están amenazados por la persecución y el asesinato. Por otro lado, ¿cómo puede haber vida en la Tierra sin biodiversidad y ecosistemas que nos sustenten a todos? ¿Ha llegado la gobernanza ambiental a sus límites? ¿Pueden los derechos de la naturaleza convertirse en una forma innovadora de interactuar con la naturaleza y lograr los objetivos finales del CDB?

DISERTACIONES

Previo a una rica discusión con el diverso público presente en el evento que llenó la sala, hubo una serie de presentaciones para poner de relieve el contexto arriba mencionado.

Ana Di Pangracio, Directora Adjunta de FARN y experta en las negociaciones internacionales del CDB, disertó sobre los principales objetivos del Acuerdo Escazú, y la ruta camino a su adopción. Destacó sus provisiones más centrales, entre ellas el reconocimiento del derecho de toda persona a un ambiente sano y el principio de no regresión ambiental.

Puso en valor el proceso de las negociaciones camino al Acuerdo Escazú, habiendo sido las mismas un proceso abierto y convocante, con fuerte y efectiva participación del público, lo cual transformó al Acuerdo Escazú en un tratado para la gente, hecho por la gente.

Luego resaltó que el Acuerdo reconoce principios democráticos centrales, que detalla el contenido de los derechos, lo cual profundiza la gobernanza ambiental. Por otro lado, destacó que Escazú no es solo un acuerdo ambiental, sino también uno de derechos humanos. En este sentido, mencionó que la biodiversidad es necesaria para el pleno disfrute de un amplio rango de derechos humanos (derecho al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la vida, a la salud, entre otros), y que, a su vez, si respetamos los derechos humanos, se refuerza nuestra habilidad de poder alcanzar las metas globales de conservación como las establecidas en el marco del CDB. En esta línea, Escazú pone en el centro a la ciudadanía, y hace especial foco en las personas y poblaciones vulnerables, muchas veces aquellas que más dependen de los servicios ecosistémicos, promoviendo su plena y efectiva participación. A su vez, Escazú tiene por objetivo ser parte de foros y negociaciones ambientales internacionales y ello incluye al CDB. Por lo tanto, el Acuerdo Escazú puede hacer un relevante aporte regional para asegurar el acceso a la información y la participación del público no solo en las negociaciones para definir el nuevo marco global para la biodiversidad 2020-2030, sino también en su implementación.

Por ello, Di Pangracio resaltó que es muy importante que el Acuerdo entre en vigor prontamente, y comunicó que entre las principales acciones en el corto plazo de las organizaciones de la sociedad civil es incidir por la pronta ratificación del Acuerdo, y profundizar las  acciones de capacitación comunicación, para generar conciencia en la ciudadanía sobre el Acuerdo Escazú, involucrar a más personas y grupos en el proceso, y lograr efectivos aportes de la sociedad civil en el comité de implementación y cumplimiento y en la primera conferencia de las partes del Acuerdo que tendrá lugar a más tardar un año después de la entrada en vigor.

Carmen Capriles de Reacción Climática, organización de la sociedad civil activa en el proceso de Escazú al igual que FARN, centró su disertación en la contribución que hace el Acuerdo Escazú para atender la preocupante situación de los defensores ambientales y de los derechos humanos. En este sentido, destacó que el Acuerdo Escazú es el primero en el mundo en obligar a las Partes a tomar medidas para proteger a los defensores. Ciertamente un aporte relevante por parte de una región que es la más peligrosa en el mundo para quienes defienden cada día el ambiente y los derechos humanos.

Resaltó que, hasta julio de 2018, 46 defensores han sido asesinados en la región, siendo los números más altos los de Colombia y Guatemala. Los pueblos indígenas son los más afectados. 2 de cada 3 defensores del medio ambiente son indígenas. Se remarcó que ellos están defendiendo sus tierras, sus ríos, sus recursos, y el patrimonio que dejarán para la próxima generación. Nuestro sistema actual, formas de vida y sed de recursos han llegado tan lejos que ahora afecta hasta a las áreas protegidas. Necesitamos ver cómo nuestras formas de vida afectan a las poblaciones indígenas. Necesitamos iniciar procesos de resolución de conflictos. ¿Cómo podemos construir un futuro mejor con ellos?

Capriles también resaltó los aportes del Acuerdo Escazú en materia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. El tratado los define como aquellos que resultan más afectados por los grandes proyectos. ¿Por qué están ocurriendo los asesinatos? La mayoría de ellos están relacionados con la agroindustria, la caza furtiva, la minería, la tala, el agua y las represas. El paso final es el asesinato. Antes de eso hay hostigamiento, y eso no se reporta tan ampliamente. Destacó que nadie habla sobre el hecho de que no puede obtener trabajo o hablar sobre sus opiniones porque el gobierno lo pone en una lista de vigilancia. Así, expresó que espera que Escazú pueda cuidar a la gente más amenazada por estas iniciativas y asegurarle acceso a la justicia.

A continuación, April Portería, una joven defensora del ambiente en Filipinas, reflexionó sobre qué significa ser un defensor ambiental y de los derechos humanos cuando hablamos de biodiversidad, con especial foco en la situación en Asia y el Pacífico.

Filipinas es ahora el segundo país más peligroso del mundo para los defensores. Las personas están siendo perseguidas y atacadas por defender a la naturaleza. ¿Quiénes son los defensores ambientales? Son personas comunes, que defienden el medio ambiente, su derecho a la vida y su derecho a vivir en armonía con la naturaleza.

Portería expresó que necesitamos entender por qué hay un aumento de asesinatos y amenazas a nuestros entornos. En el Sudeste Asiático, África y América Latina, existe una gran desigualdad entre las personas y el acceso a los recursos naturales. En Myanmar, tenemos un caso de un defensor que fue atropellado por un camión cuando se enfrentó a una mina. En todos estos casos, vemos cómo las actividades corporativas y estatales están interrelacionadas. Privan a las personas de su acceso natural para sobrevivir en sus comunidades, su fuente de sustento, su dominio ancestral y su patrimonio.

En el Sudeste Asiático, los asesinatos están ampliamente vinculados a los recursos naturales. El agronegocio tiene el mayor número de asesinatos relacionados, seguido de la minería y las plantaciones forestales. Según el informe de Global Witness, Filipinas es el país de la región con mayor número de defensores ambientales muertos, seguido de Tailandia y Camboya.

Particularmente en Filipinas, los asesinatos han aumentado desde la elección del presidente Duterte. Esto también está vinculado a la guerra contra las drogas. Se ha catalogado a 600 individuos como terroristas, 46 de los cuales son defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Destacó que las mujeres y los grupos indígenas son los más vulnerables. Ha habido trece mujeres asesinadas, en relación con la minería, las plantaciones y el carbón. Las mujeres también enfrentan amenazas sexuales.

Portería finalizó expresando que a su organización en Filipinas le gustaría trabajar con redes regionales y plantear este tema de los defensores ambientales y de los derechos humanos y promover un “Escazú” para su región.

Claudia Ituarte-Lima, Asesor en Derecho Ambiental Internacional para Swedbio compartió el rol de valientes mujeres como guardianes de los ecosistemas de la Tierra. En materia de género, destacó que el CDB tiene su propio plan de acción de género (2015-2020), que entre las normas de derechos humanos y de los derechos de las mujeres se encuentra la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen una meta exclusiva para la igualdad de género (ODS 5).

No obstante, Ituarte-Lima sostuvo que necesitamos un cambio de narrativa. Las mujeres son vulnerables, sí, pero las mujeres también son fuertes y poderosas en sus comunidades. Pidió por un cambio narrativo de mujeres vulnerables a titulares de derechos empoderados que protegen y contribuyen a la biodiversidad. En este sentido, se necesita mejorar las capacidades de los responsables de respetar los derechos de las mujeres.

Mencionó las palabras de Phyllis Omido, ganadora del Premio Ambiental Goldman, ”que no se trata solo de las comunidades indígenas, los pobres o los marginados. Esto es sobre todos.  Cada vez más personas utilizan la ley para desafiar a quienes violan los derechos ambientales. Más de 100 países han reconocido el derecho humano a un medio ambiente sano en sus constituciones. Solo les pedimos que respeten sus constituciones.”

Dio el ejemplo adicional de Wangari Mathaai, grupos juveniles de Filipinas que dicen que no son la generación futura, son la generación actual y quieren ser escuchados. Asimismo, compartió el caso de una madre soltera, también es poderosa, que creó su propia organización, el Centro para la Justicia, la Gobernabilidad y la Acción Ambiental (CJGEA por sus siglas en inglés) y ahora tienen redes en todo el mundo.

Remarcó que se necesita destacar la cara humana detrás de la relación entre derechos humanos y la naturaleza. Más de 100 países reconocen los derechos ambientales y, sin embargo, desafíos importantes en la aplicación y la rendición de cuentas del gobierno y las empresas. Necesitamos de mujeres y grupos empoderados, sujetos activos para fomentar la sostenibilidad del planeta, incluida su gente. Los defensores del medio ambiente expresan los intereses de sus comunidades, pero también de quienes no tienen voz, como las plantas, los animales y las generaciones futuras.

Asimismo, indicó que es hora de integrar los derechos de las mujeres a la sostenibilidad ambiental. Así, señaló que ha habido avances legales para abordar la biodiversidad y los ecosistemas saludables y reconocer el papel de las mujeres, como la promoción de la integración de la biodiversidad en sectores relevantes en el marco del CDB, la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el informe temático sobre biodiversidad y derechos humanos del Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente (Prof. John Knox) y dimensiones transversales de los derechos humanos y la sostenibilidad en la Agenda 2030 (ODS).

No obstante, Ituarte-Lima sostuvo que es necesario entrelazar principios de derechos humanos y ODS 16 (paz, justicia e instituciones fuertes) con el marco post 2020 para la biodiversidad del CDB. Un objetivo independiente que refleje el ODS 16 y las dimensiones transversales de los derechos humanos en este marco post 2020 podría: cambiar la narrativa de la vulnerabilidad de las mujeres a titulares de derechos empoderadas para beneficiarse de la biodiversidad y los ecosistemas saludables y contribuir a ella; aumentar la capacidad de los responsables de respetar y proteger los derechos humanos de las mujeres relacionados con la biodiversidad y los ecosistemas saludables; y mejorar las capacidades de los titulares de deberes y los titulares de derechos para trabajar juntos y ser una fuerza positiva para salvaguardar los sistemas que sustentan la vida y de los cuales depende la humanidad.

A continuación, Gadir Lavadenz, Coordinador de la CBD Alliance, compartió los avances legales en materia de derechos de la naturaleza y su relación con los derechos humanos y el CDB. Resaltó que este enfoque de derechos de la naturaleza se trata de aplicar una herramienta de acuerdo a su propio contexto.

Informó que países como Ecuador, Bolivia, tienen derechos a la naturaleza, pero también a Nueva Zelanda, Estados Unidos y Colombia. Las normas que reconocen los derechos de la naturaleza ponen la salud del mundo natural en el centro de la toma de decisiones humanas.

El concepto de derechos a la naturaleza surge de los pueblos indígenas, en cuyos territorios viven en armonía y dependen de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza reconocen los valores no económicos de la naturaleza, es necesario reconocer el valor intrínseco del derecho de la naturaleza a la existencia sostuvo Lavadenz.

¿Cómo ponemos los elementos centrales de la naturaleza en nuestra toma de decisiones? se preguntó. Los ministerios de medio ambiente tienen un poder limitado, otros ministerios imponen su visión. Actualmente, la naturaleza se considera propiedad, por lo que puede ser comercializada, destruida y poseída. Nuestro sistema legal central no protege la biodiversidad, solo controla la contaminación y legaliza los daños.

Lavadenz cerró sosteniendo que debemos reconocer que la naturaleza tiene su derecho a existir, incluso si no se le puede poner un valor monetario como sucede con algunas especies.

Jose Luis Samaniego de CEPAL por su parte, sostuvo que los grandes desafíos de nuestro tiempo, como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de la tierra, y el agotamiento de los recursos naturales requieren de profundas transiciones hacia un desarrollo sostenible. Incluyendo patrones de consumo y producción sostenibles.

Aclaró que abordar estos asuntos no puede ser el trabajo de un solo actor. Promocionar la democracia ambiental a través de la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Rio (Cumbre de la Tierra) refuerza y completa la habilidad de los gobiernos de atender estos problemas. Garantizar los derechos de todos de acceso a la información, justicia y participación en asuntos ambientales es fundamental para abordar la inequidad y avanzar hacia un desarrollo ambientalmente sostenible. Esos derechos, precisó, aseguran no solo que los problemas ambientales se aborden debidamente sin afectar poblaciones vulnerables, sino que además que las necesidades de esos grupos se consideren apropiadamente.

Afirmó que los derechos de acceso en temas ambientales son una piedra angular en la relación entre derechos humanos y el medio ambiente, y apuntalan el derecho a vivir en un ambiente sano. En esta línea, destacó que el Acuerdo Escazú refleja las prioridades y principales preocupaciones de la región para establecer estándares regionales, para reafirmar el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible, para reforzar la generación de capacidades y la cooperación regional, crear una arquitectura institucional de soporte, y mejorar los procesos de toma de decisiones y las políticas. Resaltó que el acuerdo ayuda, asimismo, a revertir la insostenible cultura del privilegio en la región, alcanzando a los más vulnerables, no dejando a nadie atrás. Al incluir provisiones para proteger a los defensores ambientales, Escazú da esperanza y que este tratado resulta ser una herramienta fundamental para alcanzar los ODS.

Samaniego cerró sosteniendo que el medio ambiente solo se puede gestionar con la participación efectiva de todos los interesados y que el crecimiento no puede producirse a expensas del mismo.

Viviana Tinoco Monge de la delegación de Costa Rica en la COP 14 del CBD cerró el bloque de las disertaciones con unas palabras destacando que ha sido muy importante dar una base legal al Principio 10 de la Declaración de Rio. Resaltó que el Acuerdo Escazú tuvo una amplia participación del público en el proceso.

Mencionó el rol de Costa Rica como un laboratorio para la descarbonización, y que el país apunta a convertirse en un país inclusivo que no destruye los recursos naturales.

Sostuvo que ahora es un buen momento para todos los países reconozcan el derecho a vivir en un ambiente sano como un derecho humano y que Costa Rica es un aliado para trabajar con otros en abordar este relevante asunto.

Tras las disertaciones, la audiencia se dividió en pequeños grupos para tener un breve intercambio de dos a tres personas sobre aquello que les había dejado las presentaciones, los principales temas o reflexiones. Se escucharon palabras de admiración para con este logro de la región de América Latina y el Caribe, y personas de otras partes del mundo sostuvieron que quieren promover su propio “Escazu” en sus propias regiones. Se resaltó la importancia de la consagración a nivel constitucional del derecho a vivir en un ambiente sano. Hubo expresiones en el sentido de que los números de los asesinatos de defensores ambientales y de los derechos humanos son muy visibles y evidentes, pero que es necesario abordar los casos de violencia y acoso sobre lo cual no hay números tangibles. Asimismo, se resaltó el hecho que el agronegocio sea una de las principales industrias matando personas que defienden el medio ambiente, y que, con una población en crecimiento, solo tendremos más conflictos en el futuro.

Respecto de los derechos de la naturaleza algunos participantes sostuvieron que éstos podrían suponer una afectación a los derechos humanos: dándole derechos a la naturaleza se limita el derecho de las personas. Otro par de comentarios giraron en torno a las dificultades en el acatamiento de los compromisos asumidos y la implementación de acuerdos. Por ejemplo, se mencionó que en Ecuador hay problemas con las concesiones mineras. El Estado necesita consultar con las personas primero, pero no lo hacen. Mientras que una persona de Costa Rica se mostró preocupada porque hay muchos acuerdos y convenciones, pero es muy difícil implementarlos, sobre todo en América Latina y el Caribe. Sin embargo, sostuvo que todos los enfoques compartidos por los presentadores dan esperanza, de que hay personas y grupos que están trabajando para hacer una diferencia.

El evento cerró con miembros del panel haciendo unas reflexiones finales. Destacamos que se hizo especial énfasis en que no podemos quedarnos callados, como ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer algo. No podemos esperar a que el gobierno haga algo, nosotros, como ciudadanos, tenemos el derecho de pedir al gobierno que actúe, debemos exigir acceso a la información, participación pública. Y en este sentido, para promover un cambio es importante hacerlo a través de la ley. Por otro lado, y vinculado a ello, que hay aun una fuerte falta de conocimiento de muchas personas sobre los problemas del medio ambiente y ello nos obliga a trabajar en crear conciencia y generar capacidades sobre ellos, así como sobre las herramientas jurídico-institucionales para reclamar efectiva implementación y acatamiento de nuestros derechos plenamente vigentes.

Transición energética: implicancias técnicas, económicas y sociales hacia un desarrollo sustentable

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) organizó el 27 de noviembre un evento sobre la transición energética: implicancias técnicas, económicas y sociales hacia un desarrollo sustentable. Asistieron académicos, legisladores y representante de gobierno, gremios y sociedad civil. El Brown to Green Report de 2018 y el documento sobre Aspectos socioambientales de la transición energética en la Argentina alimentaron las discusiones.

Durante la apertura, Enrique Maurtua Konstantinidis, Asesor Senior de Cambio Climático (FARN), explicó que el evento se llevaría a cabo bajo la premisa de un abordaje holístico.

El primer panel versó sobre los aspectos técnicos de la transición y fue facilitado por Ramiro Fernández (Fundación Avina). Allí, representantes de sociedad civil (Carlos Tanides de Fundación Vida Silvestre), de gobierno (Diputado Juan Carlos Villalonga de Los Verdes), de la academia (Gabriel Blanco de UNICEN) y del sector privado (Nicola Melchiotti de ENEL y Marcelo Álvarez de CADER) presentaron algunos hallazgos clave de sus respectivos escenarios energéticos.

El segundo panel estuvo abocado a la cuestión económica de la transición y fue moderado por Mariana Micozzi (FARN). María Marta Di Paola (FARN) habló sobre subsidios a los combustibles fósiles; Verónica Gutman (Fundación Torcuato Di Tella – FLACSO Argentina) abordó el precio al carbono; y Constanza Gorleri (Banco Galicia) aportó su visión sobre los bonos verdes y el rol de los bancos y los inversores.

Durante la tarde, Kathy Hipple de IEEFA partició en un segmento de discusión sobre activos varados y el riesgo fiscal asociado al fracking.

Finalmente, el último panel tenía como temática los aspectos sociales de la transición, en particular en lo referido al rol de los gremios, la conflictividad social, las proyecciones laborales y la perspectiva de género. Estuvo conformado por Jorge Villareal (Iniciativa Climática de México), Lucrecia Wagner (UNICEN – CONICET), Roque Pedace (CADER), Pablo Somoza (UOCRA) y María Elina Estébanez (CONICET), y Laura Rocha (Periodistas por el Planeta) fue su moderadora.