Francisco Suárez
Doctor en Antropología y Master en Políticas Ambientales y Territoriales (UBA). Investigadordocente en la UNGS. Coordinador y organizador de la Red CoLCA.
Pablo Schamber
Doctor en Antropología. Investigador independiente CONICET-UNQ, Docente UNLa-UNAJ. Consultor.

1.4.2 Los residuos en su encrucijada: alcances y desafíos en la gestión de los residuos en la Región Metropolitana de Buenos Aires

RESUMEN EJECUTIVO

La gestión de los residuos en Argentina, y particularmente en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), está atravesada por fuertes desafíos. A casi dos décadas de la construcción del andamiaje legal que da marco a la política ambiental en Argentina, hubo significativos avances en la gestión de los residuos. Algunos de los más importantes fueron impulsados por demandas sociales. Sin embargo, a la hora de evaluar la ejecución concreta de las políticas, las buenas intenciones no han producido los resultados esperados. La gestión de los residuos está interpelada por los intereses de los actores sociales intervinientes, por las alternativas tecnologías, y por los territorios y sus sociedades locales.  

El artículo reconstruye las visiones históricas sobre los residuos y la gestión de los mismos, las políticas implementadas con énfasis en el caso actual de la regulación de Grandes Generadores, y el debate acerca de las tecnologías. 

Visiones y reflexiones acerca de  los residuos y su gestión 

En la Argentina la visión prioritaria de los residuos y su gestión comenzó fuertemente influenciada por profesionales de la salud. Médicos y farmacéuticos, que a fines del siglo XIX ocuparon cargos públicos, orientaron la gestión urbana a partir de las crisis epidemiológicas de entonces (Suárez, 1998; Paiva, 2000; Schamber, 2008).

Con el crecimiento de las ciudades y la necesidad de proveerla de saneamiento (agua, cloacas, eliminación de residuos) la ingeniería sanitaria tomó la posta y se constituyó en la orientación dominante durante más medio siglo. Entonces las tecnologías aplicadas fueron primero los hornos de incineración y luego los rellenos sanitarios. Situados en el paradigma del sanitarismo1, priorizaron el aislamiento de los residuos del contacto con el suelo, el aire, el agua y los seres humanos. Esta orientación tuvo una fuerte inserción en los ámbitos profesionales y técnicos ligados a la gestión de los residuos en la Argentina. Desde los años 70, con la creación de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana de Buenos Aires (CEAMSE) se ha provisto de un respaldo legal, técnico y operativo al sistema de rellenos sanitarios. Se elaboró un discurso único a favor de la recolección indiscriminada y la disposición final, vigente hasta la crisis de los rellenos sanitarios2 y la emergencia del fenómeno cartonero en la bisagra del nuevo milenio3

Al comienzo de los años 90, la emergente literatura ambiental urbana en la Argentina destacaba que la gestión ambiental de las ciudades fracasaba principalmente por la falta de planificación, por los procesos de ajuste presupuestario que sufrían las administraciones públicas, por el deficiente desarrollo normativo y por la escasa conciencia ambiental ciudadana (Di Pace et al., 1992; Reboratti, 1995). Con el correr de los 90 y la influencia de “agendas ambientales internacionales” se generaron otros discursos acerca de la temática que contemplan procesos urbanos, sociales, económicos y ambientales, en un contexto donde, a su vez y por consecuencia, se construye el marco normativo ambiental vernáculo. 

Sin embargo, estas miradas seguían construyendo una visión prioritariamente técnica, ambiental o económica que no contemplaba la dinámica de los intereses de los actores sociales que intervienen en la gestión de residuos. 

En las últimas décadas comenzaron a considerarse relevantes los aspectos sociales en la agenda ambiental urbana4; ya sea en las políticas públicas como en el ámbito de la investigación académica. Intentando dar respuestas se hizo foco principalmente en los análisis de la vulnerabilidad socio ambiental y la participación de los agentes/actores sociales en la gestión ambiental urbana. Preguntas como: ¿quiénes sufren mayormente los problemas ambientales?, ¿cuál es la incidencia de los distintos actores sociales en la gestión ambiental urbana?, ocuparon espacio en la agenda de gestión y reflexión. 

A comienzos del nuevo milenio, como ya se mencionó, con la crisis de los rellenos santiarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la emergencia cartonera, las ciencias sociales y ambientales (campo de formación e investigación surgido en los años 90) comienzan a interesarse por la problemática de los residuos.  El volumen de papers y libros publicados crece significativamente. Al mismo tiempo, se desarrollan instancias de investigación para la gestión, como los casos del Programa de Recuperadores Urbanos (PRU) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries y los proyectos de la Subsecretaria de Economía Solidaria de la Municipalidad de Rosario, entre otros.  A su vez, se desarrollaron diversas instancias de investigación-acción promovidas por distintas universidades nacionales orientadas a municipios y cooperativas cartoneras.  

Raúl Álvarez (2010) en un esfuerzo por contraponer paradigmas presentes en gestión de los residuos señala, por un lado, la presencia de un “Paradigma Técnico” de los residuos ligado a profesionales de la ingeniería y de la administración y, por otro lado, la de un “Paradigma Antropológico”, impulsado por investigadores de las ciencias sociales vinculados a un pensamiento crítico y a la promoción de una gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con inclusión social. 

Desde el nuevo milenio, incipientemente se ha manifestado otro paradigma de la gestión ambiental de las ciudades, la Ecología Urbana. Este campo de conocimientos desarrolla un enfoque integral de los problemas ambientales urbanos (Di Pace, Caride Bartrons, 2012).  Esta perspectiva paradigmática se centra en la interfaz de interacciones entre sociedad, ciudad y ecosistemas, promueve investigaciones interdisciplinarias, analiza los servicios ambientales urbanos, las huellas ecológicas, los riesgos y la vulnerabilidad social y ambiental, la conflictividad ambiental y la gestión sustentable. En materia de gestión de residuos, se ha enfocado en la gestión integral de los mismos, los circuitos de aprovechamiento de residuos inorgánicos, el tratamiento de los residuos orgánicos, la afectación social y ecosistémica de los sitios dedicados a la disposición final, la elaboración de indicadores de sustentabilidad y el análisis del residuo como parte del metabolismo social urbano. 

En la presente década, en un contexto de aumento creciente de residuos tecnológicos y escasez de materias primas, se forja el enfoque paradigmático de la economía circular que intenta contraponerse a la cuestionada economía lineal (producir, usar y tirar). Promovido por diseñadores industriales y economistas, se basa en la reutilización inteligente de desechos y en el ecodiseño como eje de la innovación en la producción de bienes industriales (García Caicedo, 2017). Retoma las argumentaciones de Michael Braungart y William McDonough quienes acuñan el concepto de cradle to cradle (de la cuna a la cuna) y conciben a los desechos de materiales involucrados en los procesos industriales y comerciales como nutrientes de otros procesos productivos y biológicos (Balboa, Somonte, 2014).  

Por su parte, González Ordaz y Vargas-Hernández (2018), siguiendo los planteos de ecodiseño de Fernández-Alcalá (2015), plantean las principales estrategias de la economia circular: 1) incrementar el ciclo de vida útil de los productos; 2) promover la reutilización de productos; 3) asegurar la recuperación de los productos y su nueva introducción en el mercado; 4) fabricar piezas de fácil desmontaje y reutilización; 5) fabricar piezas con materiales reciclables; y 6) vincular la economía circular con la responsabilidad social empresaria. 

Este modelo es presentado como una oportunidad de negocios basados en el diseño de productos verdes y amigables con el ambiente (García Caicedo, 2017). 

Sin embargo, será difícil lidiar con la obsolescencia programada5, estrategia de producción que acorta intencionalmente el ciclo entre producción y consumo a favor de la generación de ganancias. Laura Fernández Rey (2014) sostiene que a la obsolescencia programada hay que sumarle la obsolescencia percibida, la necesidad de cambiar o renovar los productos que se consumen.

Haciéndose eco del paradigma de la economía circular, recientemente la Dirección Nacional para la Gestión Integral de Residuos ha establecido como prioridad promover este nuevo enfoque6. Asimismo, CEAMSE entiende a la economía circular como “un nuevo sistema que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales bajo el objetivo de lograr eficiencia en el uso de los recursos7.” Se señalan instancias tecnológicas: biogás, combustión de residuos para su valorización energética, reciclado de neumáticos y otros. Se mencionan tecnologías y oportunidades de negocios. Así, se vuelve a la gestión de residuos sin sujetos, o con un sujeto implícito, el actor empresarial con alta dotación de tecnología y logística. Se olvida o se omiten las tramas económicas y sociales que hacen a la recuperación de residuos. Se minimiza la apelación a la responsabilidad ciudadana. Se prioriza la gestión del desecho como nicho de negocio en detrimento de la política pública ambiental. 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos: las buenas intenciones por sí solas no producen resultados

Desde la Agenda XXI8 la gestión de los RSU, como otros temas ambientales, ingresa a las políticas públicas nacionales. Es entonces que, a comienzos de los años dos mil, se sanciona la Ley Nacional 25.916 que establece los presupuestos mínimos para la Gestión de Residuos Domiciliarios, abarcando en ella a los de origen residencial urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, y exceptuando aquellos regulados por normas específicas como los patogénicos, peligrosos o radioactivos. A su vez, hay muchas provincias que sancionaron sus respectivas leyes de Residuos Sólidos Domiciliarios con el objetivo de lograr la reducción progresiva de la disposición final de los RSU por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la minimización en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.

Las leyes provinciales suelen incluir uno o más artículos donde se establece que son los municipios o comunas los ámbitos en quienes recae la responsabilidad por la gestión integral de los RSU producidos en su jurisdicción, y quienes tienen el deber de sancionar normas complementarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la ley provincial, estableciendo sistemas de gestión de residuos adaptados a las características y particularidades de cada jurisdicción, minimizando los posibles impactos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. Dichas normas complementarias son denominadas Ordenanzas GIRSU (Gestión de Residuos Sólidos Urbanos).  

En respuesta al nuevo marco normativo, el gobierno nacional puso en marcha en 2005 la Estrategia Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU), y seleccionó para realizar la prueba piloto las provincias de Tucumán y Chubut, dos jurisdicciones con problemáticas menos complejas que las de las grandes áreas metropolitanas. Con la puesta en marcha de esta estrategia, se cambia el enfoque de la gestión de los residuos, entendida hasta entonces como servicio urbano, a otro que la considera un componente de la política ambiental9. La Estrategia se orientó prioritariamente a la eliminación de los basurales clandestinos y, en menor medida, promovió la regularización laboral de los recuperadores urbanos en plantas de clasificación y estimuló la participación de la comunidad en la tarea de separación en origen de los residuos. A partir de 2007, la ENGIRSU priorizó sus acciones en los municipios turísticos10. Esta política hizo énfasis en la revalorización del paisaje y su renta turística como prioridad en la gestión de los RSU11.  

Sin embargo, la gestión pública de los residuos es un asunto que atañe en primer lugar a los gobiernos locales. Los intendentes saben que les cabe la demanda ciudadana que se vincula de modo casi exclusivo a la recolección domiciliaria. En tanto, muchos pretenden llevar a cabo importantes “mejoras” que van más allá de la recolección eficiente. Este interés forma parte de una tendencia global que expresa una creciente preocupación por cuestiones ambientales. Son innumerables los indicadores que dan cuenta de esta predisposición. Como ejemplo puede considerarse el hecho de que, en 2018, para el “Día Mundial del Hábitat” las Naciones Unidas decidieron que el enfoque de las celebraciones buscara concientizar acerca de las medidas para abordar los desafíos en el Manejo de Residuos Sólidos Municipales. En efecto, la campaña de esa institución internacional tiene como eslogan “Ciudades que gestionan bien los residuos” y busca concertar esfuerzos y realizar actividades para:

  • Crear conciencia de que la situación de los residuos sólidos municipales es un reto mundial que es necesario abordar;
  • Facilitar un entorno que desarrolle políticas, diálogos y alianzas;
  • Promover la creación de soluciones innovadoras al reto del manejo de residuos sólidos municipales;
  • Movilizar recursos para hacer frente a los desafíos municipales de residuos sólidos.

Las metas que se propone la gestión de residuos no suelen dar resultados acordes con lo programado, sobran ejemplos en los que se invirtieron grandes sumas de dinero en infraestructuras que no funcionan o que lo hacen de modo inadecuado, de campañas de comunicación que por no articularse con otros componentes del sistema de gestión carecen de sentido o son percibidas por la sociedad como engañosas, entre otros.   

Dichos propósitos resultan tan loables que nadie interpone objeciones: promover la separación de residuos reciclables en instituciones educativas, fabricar ladrillos con residuos, prohibir el uso de bolsitas de plástico, sanear micro basurales clandestinos, inaugurar plantas de clasificación o establecer un espacio determinado para la recepción y el acopio de pilas y baterías pueden servir de ejemplos. Sin embargo, corresponde plantearse por el sentido de las acciones a emprender antes que darlo por hecho. ¿Sanear sitios de arrojo clandestino sin alterar las razones de su existencia? ¿Invertir en tecnologías para fabricar ladrillos con residuos plásticos si éstos no superan en calidad ni precio a los ladrillos comunes, o bien si aún no se ha asegurado su uso por parte de quienes construyen? ¿Cambiar unas bolsas livianas, reutilizables, baratas, reciclables, con enorme capacidad de carga, por otras cuya principal cualidad ambiental es su relativamente rápida descomposición? ¿Promover la separación domiciliaria sin coordinar la recolección selectiva? ¿Poner en funcionamiento una planta de clasificación suponiendo que se auto sustentará con la comercialización de los reciclables?  

Muchas aspiraciones contenidas en discursos e incluso en papel no se han correspondido con los resultados observables en los hechos. Impulsadas por la autoridad ambiental, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) en la provincia de Buenos Aires a fines de 2013 se sancionaron las Resoluciones 137, 138 y 139. Se estableció así para los grandes generadores la obligatoriedad de separar los residuos en al menos dos categorías (reciclables y no reciclables), y se creó la figura del destino sustentable para el tratamiento de la fracción reciclable, fomentando que las cooperativas de cartoneros se habilitaran como tales. A continuación, algunas reflexiones sobre los resultados obtenidos durante la implementación de estas resoluciones.  

¿Promoción del reciclaje inclusivo o más de lo mismo? 

Las Resoluciones 137, 138 y 139 de 2013 impulsadas por la OPDS, si bien tienen un parecido de familia con la Ley 14.273 de 2011 que estableció que los grandes generadores debían hacerse cargo de los costos del transporte y la disposición final de sus residuos en los rellenos sanitarios de la CEAMSE, presentan respecto de esta una diferencia radical al establecer ahora la obligatoriedad de separar los residuos en al menos dos categorías (reciclables y no reciclables), y al crear la figura del destino sustentable para el tratamiento de la fracción reciclable. Así, además de promover maximizar la recuperación de los materiales reciclables producidos por grandes generadores y, consecuentemente, disminuir el volumen destinado a disposición final, dichas normativas estimulan la inclusión social al reconocer explícitamente que los recuperadores urbanos organizados en cooperativas pueden participar como destinos sustentables. Las resoluciones no establecen distinciones en relación a los tipos de figuras jurídicas susceptibles de inscribirse como tales, pero tanto en sus considerandos como en sus articulados se encuentran claras referencias al propósito de beneficiar a las cooperativas de recuperadores urbanos. De hecho, las resoluciones fueron muy bienvenidas por los referentes de las cooperativas de recuperadores urbanos ya que las consideraron como un reconocimiento de su rol y como una oportunidad para aumentar sus ingresos. Ya no se trataba sólo de recibir la filantrópica ofrenda de los residuos reciclables de un gran generador, que de ese modo disminuía lo que debería abonar a CEAMSE al disponerlos de acuerdo a la citada Ley 14.273, sino que ahora con las resoluciones tenían la posibilidad de habilitar sus galpones como destinos sustentables y cobrar por todo o parte del servicio brindado (recepción y tratamiento sin dudas, y en ciertos casos también retiro y transporte).

Transcurridos cinco años de la existencia de las resoluciones los resultados obtenidos no son muy alentadores. La adhesión de los municipios sancionando instrumentos normativos (ordenanzas) ha sido casi nula, a excepción de Quilmes (Ordenanza 12.554/2016), Lomas de Zamora (Ordenanza 16161/2017) y Almirante Brown (Ordenanza 10742/2016). La participación de los grandes generadores resultó escasa y en muchos casos no reconocida como el cumplimiento de una normativa estatal sino presentada como una estrategia de sustentabilidad de la propia empresa. Hasta diciembre de 2017 se habían presentado ante OPDS sólo 432 planes de gestión por parte de grandes generadores. Para aquellos que obtuvieron la aprobación de los mismos (una mínima porción de los que lo presentaron) la contratación como destino sustentable de cooperativas en lugar de empresas privadas, algo que OPDS recomienda cuando recibe consultas, requiere esfuerzos adicionales por parte de aquellas para el cumplimiento de los requisitos establecidos a cualquier proveedor de servicios, y no todos los grandes generadores consideran que esa relación repercute positivamente en la valoración social de la empresa. Las cooperativas de recuperadores urbanos se encuentran en distintas condiciones en su proceso de formalización y organización, y presentan situaciones heterogéneas en cuanto a equipamiento e infraestructura. Ello establece diferencias importantes respecto a la posibilidad real de participar de forma más o menos inmediata de las oportunidades que ofrecen las resoluciones. De las 29 cooperativas y 7 asociaciones civiles habilitadas como destinos sustentables en todo el período, sólo 13 consiguieron como clientes a grandes generadores. 

Muchos grandes generadores resisten el pago por el servicio que ofrecen los destinos sustentables que son cooperativas, aunque también existe consentimiento de algunas en que dicha situación continúa dándose. Las entregas gratuitas de residuos reciclables previas a las resoluciones son argumentaciones que de uno y otro lado justifican esos casos. Para el cumplimiento de las normativas parece ser importante que exista buena voluntad por parte del gran generador o acompañamiento por parte de instancias estatales para que las cooperativas puedan competir como prestadoras de servicios. Sin este acompañamiento para su formalización y la vocación por la profesionalización según estándares requeridos por los grandes generadores para cualquier proveedor de servicios, las cooperativas enfrentan muchísimas dificultades para conseguir clientes entre los grandes generadores y para poder cobrar por el servicio de retiro y tratamiento de los residuos. 

La mencionada Ley 14.273 de grandes generadores que antecedió a las resoluciones implicaba un beneficio directo hacia CEAMSE y hacia las empresas transportistas, y no guardaba relación con los principios que orientan la valorización de los residuos. Es difícil encontrar en esa norma otra justificación que no sea dotar de nuevos recursos financieros a CEAMSE e incrementar la cartera de clientes de las empresas autorizadas para transportar residuos. Las resoluciones de OPDS, por el contrario, propician en los grandes generadores la separación en origen de los RSU y fomentan el reciclaje, y además abren un escenario de oportunidades para que las cooperativas de recuperadores urbanos participen como oferentes de los servicios. Sin embargo, analizando algunos resultados vinculados a su implementación, se advierte nuevamente beneficios a las empresas transportistas (especialmente en lo relacionado a la Resolución 139), y a la CEAMSE (como principal receptor de residuos de grandes generadores).  Sin embargo, la experiencia del renovado Reciparque de CEAMSE que cuenta con diez Plantas Sociales de recuperación de RSU, puede ser una alternativa de gestión social innovadora. Aun así, para una real gestión integral de residuos reciclables con inclusión social en la RMBA, las buenas intenciones por sí solas no alcanzan. 

La definición sobre la tecnología es política 

Mientras en la mayor parte del territorio de la Argentina el debate sobre los residuos se centró en que estos no entorpecieran el crecimiento urbano ni las actividades productivas, especialmente las ligadas al turismo, en la RMBA la falta de espacios para disponerlos, el cierre del Complejo Villa Dominico y la emergencia del fenómeno cartonero, impulsaron al aggiornamiento en materia de tecnologías. En efecto, nuevos tratamientos comenzaron a considerarse y en algunos casos a implementarse: biogás, tratamiento de áridos y neumáticos, reciclado a partir de plantas semi-mecanizadas, tratamientos mecánicos y biológicos de recuperación y bioestabilización de residuos orgánicos, despolimerización catalítica para transformar plástico en combustibles, y valorización energética a través de la combustión de RSU.

Desde los tiempos de la constitución de la CEAMSE, la gestión de los residuos se fue estructurando con la concurrencia de un conjunto de intereses e instituciones que sostenían el sistema de rellenos sanitarios. Los principales agentes han sido la CEAMSE, las empresas que operan rellenos sanitarios, las empresas recolectoras de residuos, las entidades empresariales y profesionales, los sindicatos vinculados al transporte y la disposición final, y los gobiernos locales. Lo que desde entonces estuvo en juego fue resguardar los beneficios económicos y políticos que les reportaba el sistema (Suárez, 2016:136). Una lógica donde más generación de residuos era igual a más transportes, más disposición y, consecuentemente, más ganancias. Durante más de treinta años imperó un sistema totalmente opuesto al paradigma vinculado con minimizar y valorizar todo lo posible.  

Con las crisis mencionadas el mapa de actores capaces de incidir en la gestión de los residuos se reconfiguró, y emergieron progresivamente con mayor empoderamiento los colectivos de organizaciones vecinales, cartoneras y las ONG ambientalistas locales e internacionales. El nuevo escenario promovió el cambio en el marco normativo (Ley 992 y Ley 1845 en CABA). Sin embargo, los actores previamente consolidados en el sistema se readecuaron y recompusieron sus beneficios bajo otro sistema de tratamiento de los residuos. Las apuestas fueron por tecnologías de alto costo, de la que sólo los grupos de capital concentrado podrían disponer. A su vez, intentaron imponer el consenso de que el tema de los residuos no es político sino técnico12, y que sólo, o predominantemente, un tratamiento ingenieril aséptico y neutro puede resolver la gestión de los RSU. Este consenso ha permitido la reproducción de los grupos que lideran la gestión de los residuos al posibilitarles reciclar negocios con la excusa de la innovación tecnológica y de los nuevos requerimientos de las normativas (Suárez, 2016:146). 

Desde comienzos de la década del 2010 se han promovido en la RMBA diferentes alternativas de incineración o “valorización energética”. La búsqueda de aceptación de esta nueva tecnología se impulsó a través del Consejo Económico y Social de la CABA13. Desde entonces se sucedieron viajes de funcionarios y legisladores para observar plantas europeas de incineración14. Aunque aún parcial, el éxito de esta peregrinación política quedó plasmado en la modificación de la Ley Basura Cero15. 

El cambio en la normativa fue precedido por intensos debates entre grupos restringidos, que tuvieron como escenarios universidades nacionales, cámaras empresariales y medios de comunicación. Las discusiones develaron, entre otros temas, las carencias y falta de atención pública al sistema de reciclado con inclusión social, la competencia entre el reciclado y la valorización energética, la falta o nulo avance en políticas de compostaje, la persistencia de la lógica de trasladar los residuos fuera de la CABA prologando las injusticias ambientales y territoriales históricas, los cuestionamientos acerca de la capacidad de control de una nueva tecnología de alto riesgo, las incertidumbres sobre los daños, los altos costos y exiguos beneficios energéticos y ambientales16.  

Las alianzas entre actores con incidencia se fortalecieron o recompusieron. Se configuraron dos frentes argumentativos. Por un lado, los vinculados a potenciar el reciclado, que sumaron a colectivos cartoneros, académicos ligados a las ciencias sociales y ambientales, ONG ambientalistas, cámaras empresariales vinculadas al reciclado de plástico, papeles y cartones. Por otro, los impulsores de la combustión de residuos para generar energía: gobiernos de la RMBA y partidos políticos oficialistas, empresas que brindan servicios ambientales y entidades profesionales ligadas al saneamiento. El reciclado cuenta con un sector productivo que lo demanda y un movimiento social que lo impulsa; la valorización energética se proyecta como futuro negocio de las multinacionales de saneamiento y de empresas contratistas del Estado. Poco y nada se ha mencionado sobre el tratamiento de residuos orgánicos, la carencia de una normativa que regule los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y la falta de una ley de envases, que en gran medida es una ley de financiamiento del sistema. ¿Por qué nos hacemos cargo todos de los desechos que lanzan al mercado actores identificables? 

En este contexto de controversias sobre las tecnologías, se prevé otra discusión que tiene diversos tonos de “verde” y se vincula al futuro del principal complejo ambiental de disposición final de residuos, CEAMSE Norte III. Situado al Noroeste de la RMBA, ocupa parte de las tierras de la guarnición militar de Campo de Mayo. Allí, en una extensa área colindante, se proyecta la creación de la “Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo17.” Los planos presentados resguardan una pequeña distancia entre el área de conservación y las crecientes montañas de basura. El sistema vigente en la región, que sigue concentrado en la disposición final, depende por eso de la disponibilidad de tierras. Campo de Mayo lo ha posibilitado por casi dos décadas. 

¿Cuál será el destino de los residuos en estas encrucijadas? 

Tecnologías y oportunidades de negocios parecen estar por encima de una política pública que promueva la justicia ambiental, la responsabilidad ciudadana y la inclusión social. 

  1. El sanitarismo establece como prioridad la conservación, la rehabilitación y el mejoramiento de la salubridad. Ver Paiva (2000).
  2. El cierre del Centro de Disposición Final de Villa Domínico (2004) representó un punto de inflexión en la agenda de gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), forjó la concepción de que era posible confrontar con la emblemática CEAMSE por daños a la salud y al ambiente, luego del incendio no controlado del relleno y la consecuente emanación de gases tóxicos (Suárez, 2016).
  3. El fenómeno cartonero, producto de la crisis socioeconómica de 2001-2002, en los hechos cuestiona la gestión de residuos en su práctica exclusiva de la disposición final. Miles de desocupados se volcaron a las calles a recuperar residuos para obtener un exiguo ingreso o bien alimentarse. El fenómeno activó los circuitos de recuperación de residuos y progresivamente fue creando organizaciones de trabajo como cooperativas y asociaciones civiles (Schamber, 2008; Suárez, 2016).
  4. Desde fines de los años 80 El Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED) y la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, han sido destacadas usinas de reinterpretación de los problemas ambientales desde una perspectiva social.
  5. La elaboración de productos que se volverán obsoletos en el corto plazo por una falla programada o una deficiencia incorporada por el productor (Fernández Rey, 2014).
  6. http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/index.htm Consultado: 10 de diciembre de 2018.
  7. http://www.ceamse.gov.ar/ceamse-participo-del-primer-seminario-nacional-sobre-gestion-de-residuos-solidos-urbanos-y-economia-circular/
  8. Compromiso entre las Naciones asumido durante la Segunda Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río 92
  9. Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Ver www.ambiente.gov.ar Consultado: 4 de junio de 2010.
  10. Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos (PGIRSUMT). Convenio de Préstamo BID, 1868 OC-AR. Disponible en:  http://www.infoleg.gov.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno22-6-2009-3.htm  Consultado: 7 de enero de 2015.
  11. Entre otras localidades, la ENGIRSU intervino en San Martín de los Andes, la Comarca de Trelew, Rawson y Puerto Madryn.
  12. La Nación (03/03/2018) “El tema de la basura tendría que ser un tema técnico, no un tema político” señaló el presidente de CEAMSE.
  13. Documento del Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires (09/03/2015) “14 pilares para un nuevo paradigma sobre los residuos”.
  14. Clarín (03/03/2018) “Las autoridades del CEAMSE visitaron plantas de incineración de residuos en París, Viena y Amsterdam”.
  15. La Ley 5966 de la CABA autoriza ahora la combustión de residuos para la generación de energía que antes la Ley de Basura Cero imposibilitaba.
  16. Informe FARN (abril de 2018) Disponible en: https://farn.org.ar/archives/24944 Consultado: 25 de abril de 2018.
  17. Ministerio de Defensa, Decreto 1056/2018.
Bibliografía:

Álvarez, R. (2011) La basura es lo más rico que hay. Relaciones políticas en el territorio de la basura. El caso de los quemeros y los emprendimientos sociales en el relleno Norte III de la CEAMSE, Buenos Aires: Dunken.

Balboa, C. H., y Somonte, M. D. (2014) Economía circular como marco para el ecodiseño: el modelo ECO-3. Informador técnico, 78(1), 82-90.

Di Pace, M.; Caride Bartrons, H. (2012) Ecología urbana. Buenos Aires: Ed. UNGS

Di Pace, María J.; Federovisky, S.; Hardoy J. E.; Mazzucchelli, S.  (1992) Medio Ambiente Urbano en la Argentina, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Fernández-Alcalá, J. M. I. (2015) The principles of circular economy in product engineering. 19th International Congress on Project Management and Engineering, Granada, 15-17th July 2015.

García Caicedo, C. L. G. (2017) Economía circular y su papel en el diseño e innovación sustentable. Libros Editorial UNIMAR.

González Ordaz, G. I. y Vargas-Hernández, J.G. (2018) La economía circular como factor de la responsabilidad social; Mimegrafía

Paiva, V. (2000) “Medioambiente urbano. Una mirada desde la historia de las ideas científicas y las profesiones de la ciudad. Buenos Aires, 1850-1915”, en Revista de urbanismo, N.° 3, agosto de 2000 (http://www.revistaurbanismo.uchile.cl/). 

Rey, L. F. (2014) La obsolescencia programada: sus consecuencias en el ambiente y la importancia del consumo responsable. Terra Mundus, 1(1).

Schamber, P. (2008) De los desechos a las mercancías. Una etnografía de los cartoneros, Buenos Aires: Editorial San Benito.

Suárez, F. (1998) “Que las recojan y arrojen fuera de la ciudad”. Historia de la gestión de los residuos sólidos (las basuras) en Buenos Aires, Documento de trabajo N.° 8, UNGS.

Reboratti, C. (1995) “Medio Ambiente y Población, un matrimonio difícil” en Encrucijadas Nº1 año 1 Universidad de Buenos Aires.

Suárez, F. (2016) La Reina de Plata, Buenos Aires Sociedad y Residuos, Ed. UNGS.

Zepeda, F. (1995) “El manejo de los residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe”, OPS/OMS.

 

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