Ana Di Pangracio
Directora Ejecutiva Adjunta (FARN).

2.1 Conservación, derechos humanos y el marco mundial para la biodiversidad posterior a 2020

RESUMEN EJECUTIVO

El mundo atraviesa una profunda crisis de pérdida de especies, así como de degradación y destrucción de ecosistemas. El plan estratégico 2011-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus Metas de Aichi para la Biodiversidad están próximos a finalizar y, pese a los esfuerzos hechos y el progreso alcanzado, diversos reportes coinciden en que la comunidad internacional lejos está de cumplir con los compromisos planteados hace casi una década.  

Al considerar un marco mundial para la biodiversidad posterior a 2020, es imperativo que los titulares de derechos, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales, y todas las partes interesadas estén involucradas y puedan contribuir al mismo de manera efectiva. Por otro lado, si bien la relación entre derechos humanos y biodiversidad es cada vez más reconocida, ello aun es insuficiente y resta mucho por hacer. 

En este artículo se dará brevemente cuenta de lo relevante que es la biodiversidad para las personas, qué nos dejan las Metas de Aichi, para luego advertir las oportunidades que surgen ante la necesidad de desarrollar un nuevo plan estratégico para la biodiversidad, particularmente en materia de integración de enfoques basados en derechos en las políticas de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.

La biodiversidad es esencial para nuestra supervivencia

El cambio climático y sus cumbres anuales ocupan amplios espacios en los medios; por otro lado, la gente advierte sus efectos de manera directa, con eventos naturales cada vez más usuales y violentos que afectan sus vidas y bienes. La pérdida de especies y ecosistemas, por su parte, es silenciosa. Sus víctimas no tienen voz, y exceptuando aquellas particularmente interesadas en la biodiversidad, la generalidad de las personas ignora lo seria que es su pérdida y lo que ella supone en términos prácticos para los humanos, al menos por ahora.

Cada vez se pone más de relieve que sin diversidad biológica la supervivencia de la humanidad simplemente no será posible. La biodiversidad está en crisis, ¿y eso en qué me afecta a mí? Y, por cierto, ¿qué es eso de la biodiversidad? Hay que reconocer que se trata de un concepto muy complejo. Estamos ante la variedad de la vida en la Tierra: animales, plantas, hongos, microorganismos, ecosistemas; en múltiples formas e incontables interacciones. Se debe considerar que, hasta la fecha, unas 1.5 millones de especies han sido descriptas, y son muchas más las que aún no se conocen1 (Larsen et. al., 2017). Con tales cifras ciertamente las interacciones son muchas y la complejidad, alta. 

Fuente: AFP.

La diversidad biológica constituye la base para el bienestar y la salud humana, y es vital para comunidades enteras y diversos medios de vida del presente y del futuro. La actividad económica global depende en último término de la naturaleza. Para aquellas personas amantes de los números, se estima que, a escala mundial, la naturaleza proporciona servicios valorados en unos USD125 billones al año (WWF, 2018). La biodiversidad incluso hace posible la vida en las grandes urbes, donde ya vive más de la mitad de la población mundial; no obstante, gran parte de sus habitantes advierte a la naturaleza como algo lejano, no relacionado con la ciudad que los alberga ni presente en ella.

De una biodiversidad sana depende, nada más y nada menos, que un acceso seguro al agua, la seguridad alimentaria, un clima estable y la moderación de eventos naturales, la purificación del aire y el agua, la fertilidad de los suelos, la polinización de plantas, la descomposición de residuos, la obtención de medicinas, pestes y enfermedades bajo control, y valores culturales. En definitiva, nuestro bienestar depende de los servicios ecosistémicos de los cuales la biodiversidad es su base (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

Las Metas de Aichi para la Biodiversidad

Las principales amenazas detrás de la pérdida de biodiversidad, y que aún no se han abordado de manera efectiva, están directamente relacionadas con actividades humanas: pérdida y degradación de hábitats, la sobreexplotación de las especies, la contaminación, las especies exóticas invasoras y el cambio climático, entre otras. Solo por indicar un par de cifras, la tasa de extinción de especies se estima en alrededor de 1000 veces la tasa natural2. El más reciente reporte Planeta Vivo (WWF, 2018), afirma que las poblaciones de vertebrados han disminuido un 60% en algo más de 40 años.

Esta situación de emergencia es conocida desde hace tiempo. Ante ello, la comunidad internacional reunida en la célebre Cumbre de la Tierra de Río en 1992, decidió adoptar el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un acuerdo legalmente vinculante que hoy tiene prácticamente adhesión universal, 196 países lo han ratificado. 

Tras una primera mala experiencia de labor estratégica a 2010, se adoptó en el marco del CDB un segundo Plan Estratégico para la Diversidad Biológica para el período de 2011-20203. Este Plan se compone de una visión compartida para 2050, “vivir en armonía con la naturaleza”, una misión, objetivos estratégicos y 20 metas conocidas como las Metas de Aichi. Estas metas abordan una variedad de temas que van desde especies y diversos hábitats naturales, hasta áreas protegidas, restauración de ecosistemas, educación y concienciación, el fin de los incentivos perjudiciales para la naturaleza y movilización de recursos dinerarios, entre otros. Se buscaba así contar con un marco que durante diez años guiara la acción de los Estados Parte y otros actores pertinentes, para salvar la diversidad biológica y mejorar sus beneficios para las personas.

Diversos documentos ponen de relieve que, si bien ha habido progresos, éstos se están haciendo a un ritmo insuficiente: la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 44 (GBO 4 por sus siglas en inglés), que supuso una evaluación de medio término de las Metas de Aichi; el informe de la Secretaría Ejecutiva del CDB sobre las estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad y los reportes nacionales5; las evaluaciones regionales de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, y la evaluación sobre degradación y restauración de la tierra de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas6 (IPBES, por sus siglas en inglés). Estos trabajos coinciden en que es necesario avanzar de manera urgente en la implementación de políticas y medidas que aborden de manera efectiva la rampante pérdida de especies y ecosistemas. 

Particularmente, la evaluación actualizada de los progresos realizados hacia el logro de las Metas de Aichi, basada en la información volcada en las estrategias nacionales de biodiversidad y en los reportes nacionales que todo Estado Parte del CDB debe elevar a la Secretaría del mismo periódicamente, destaca que: 

  • En la mayoría de las Metas de Aichi los progresos han sido escasos y en algunas Metas no se ha logrado avance alguno; 
  • Solo un número reducido de Estados Parte ha adoptado sus estrategias de biodiversidad y planes de acción, principal herramienta para implementar el CDB a escala nacional, como instrumentos de política para todo el gobierno; 
  • Solo un porcentaje mínimo de estas estrategias y planes de acción incluye estrategias de movilización de recursos, de comunicación y concienciación del público o de creación de capacidades;
  • Solo un pequeño porcentaje de las estrategias y planes de acción se están integrando de manera significativa en planes y políticas intersectoriales, políticas de erradicación de la pobreza o planes para el desarrollo sostenible.

Un marco global para la biodiversidad post-2020

La comunidad internacional reunida en lo que será la 15° Conferencia de las Partes (COP15) del CDB en 2020 en Pekín, China, tendrá que adoptar un nuevo marco sobre la base de una evaluación de los progresos hechos, reflexionando sobre las deficiencias, barreras y obstáculos que se han planteado para alcanzar las metas dispuestas para el período 2011-2020. Asimismo, los Estados Parte del Convenio tendrán que proponer una nueva estrategia que, sin suponer retrocesos en términos de ambición, sea realizable. 

La carrera hacia la negociación del plan estratégico post-2020 ya ha iniciado. La COP14 adoptó en noviembre de 2018 el formato del proceso preparatorio del cual resultará el nuevo marco mundial para la diversidad biológica. 

Según lo decidido en la COP14, este proceso se regirá por los siguientes principios generales: ser participativo (participación efectiva y significativa de todos aquellos que deseen colaborar); inclusivo (alentar a todos los grupos e interesados directos pertinentes a presentar opiniones); transformativo (movilizar un amplio compromiso social para lograr transformaciones aceleradas y sostenibles); exhaustivo (permitir la retroalimentación sobre todas las cuestiones pertinentes para el CDB y sus Protocolos); catalítico (disparar un movimiento de escala mundial en favor de la diversidad biológica); basado en conocimientos (los mejores datos científicos disponibles y datos empíricos de los sistemas de conocimientos pertinentes, incluyendo los tradicionales e indígenas); transparente (claramente documentado y comunicado con eficacia); eficiente (basado en procesos existentes y aprovechando las ventajas de las oportunidades para generar consenso); orientado a los resultados (buscando identificar en una de las primeras etapas las cuestiones a aclarar, debatir y explorar más a fondo); e iterativo (elaborado de una manera iterativa a fin de generar consenso e identificación con el marco).

El proceso de elaboración del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 se implementará en dos fases. La primera consistirá en generar un documento sobre la base de consultas entre los Estados Parte y los observadores en el CDB y sus Protocolos, así como con todos los interesados directos pertinentes a través de: talleres regionales o subregionales, temáticos y sectoriales, debates con los Estados Parte de otros convenios relacionados con la biodiversidad, consultas en reuniones de otros tratados y procesos, y eventos diseñados para fomentar el compromiso y las coaliciones con otros sectores de la sociedad civil.

La segunda fase del proceso tendrá por objetivo generar consenso acerca del alcance y el contenido del marco mundial post-2020. Especialmente supondrá: acciones para movilizar la aceptación política al más alto nivel, y aumentar la visibilidad y el perfil político de la diversidad biológica; actividades de divulgación para alentar la participación en el proceso; alentar la organización de consultas nacionales por parte de los Estados, y de acciones de otros sectores como organizaciones internacionales, intergubernamentales, no gubernamentales y el sector privado.

14ta Conferencia de las Partes del CDB, Egipto. (Crédito: Ana Di Pangracio).

Todo este proceso estará guiado por un Grupo Intergubernamental sobre el Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020 establecido por la COP14, integrado por representantes de los Estados Parte y abierto a los observadores. Este Grupo tendrá que preparar una propuesta de estructura, alcance y elementos del nuevo marco mundial, llevando a cabo su labor apoyándose en la documentación preparada por la Secretaría Ejecutiva del CDB sobre la base de las opiniones recibidas. Finalmente, elevará un informe y dará asistencia a las reuniones de los órganos subsidiarios del CDB (el de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, y el de Aplicación) a fin de preparar los documentos y recomendaciones que serán elevados a la COP15 en China, en la cual se terminará de negociar y se adoptará la versión definitiva y final del nuevo marco mundial 2021-2030. 

Por metas globales de biodiversidad con enfoque basado en derechos

Ante la necesidad de adoptar un nuevo marco estratégico con objetivos y metas mundiales para salvar la biodiversidad a 2030, es importante que se siga construyendo sobre los logros ya alcanzados. En este sentido, las Metas de Aichi necesitan ser tomadas como una base, un piso mínimo, como aspiraciones oportunamente acordadas por los países sobre las cuales seguir trabajando (no regresión), y avanzar en prever las herramientas y estrategias necesarias para superar los obstáculos y barreras que se dieron en los últimos años. 

Es especialmente relevante que este marco mundial para la biodiversidad post-2020 consagre enfoques basados en derechos. Si bien las Metas de Aichi prevén la participación de todos los actores interesados, e incluye expresa mención al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, carecen de una meta que consagre y transversalice este tipo de enfoques a lo largo de todas las acciones que de ellas se derivan. Aquí hay algo sobre lo cual trabajar desde cero. 

Se espera que el nuevo marco sea el resultado de un proceso amplio y participativo como se señaló más arriba, lo cual no se ha dado para el plan estratégico 2011-2020. Esto es ciertamente auspicioso, y por ello supone la oportunidad de incidir por la consagración de enfoques basados en derechos para la conservación que no se puede dejar pasar. 

Si bien el planteamiento de estos enfoques en políticas y prácticas de conservación no es algo nuevo, los avances han sido lentos. Desde sus inicios el CDB tiene prácticas muy valiosas en materia de acceso a la información, incluyendo evaluaciones periódicas de los progresos realizados hacia el cumplimiento de los objetivos del tratado, facilitando una amplia participación de la sociedad civil, y reconociendo plenamente los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales. Pero aún resta mucho por hacer, incluso al interior del movimiento ambientalista, donde no todos advierten la interdependencia entre derechos humanos y biodiversidad; de por qué salvar a la biodiversidad requiere de la realización de los derechos humanos, piedra angular de una vida digna. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), pionera y líder en la promoción de enfoques basados en derechos para la conservación, habla de “conservación con justicia” entendida en el sentido que “todos los agentes gubernamentales y no gubernamentales (o los que estén involucrados en políticas, proyectos, programas y actividades que tienen un impacto potencial en la conservación de la naturaleza) deberían asegurarle a todas las personas potencialmente afectadas, sus derechos civiles y procesales que les garantizan las leyes nacionales e internacionales (Greiber, 2009).” 

Los enfoques basados en derechos se refieren a las relaciones entre los titulares de derechos y los titulares de deberes. Todos los seres humanos son titulares de derechos, y un enfoque basado en derechos necesita atender las desigualdades sociales y las distribuciones injustas de poder que limitan el ejercicio de derechos legítimos (Springer, 2016). Corresponde destacar que los responsables del cumplimiento, la protección y la realización de los derechos no sólo son los Estados, sino también organizaciones internacionales, el sector privado, e incluso las organizaciones no gubernamentales (Jonas, H. et. al., 2014).  

Conservar la naturaleza contribuye a la realización de los derechos a la vida, a la salud, a la tierra, a la vivienda, a la alimentación, al agua y a la no discriminación. Un desarrollo humano sostenible, donde se cuide y valore a la naturaleza, contribuye al pleno ejercicio de derechos sociales, económicos, civiles, políticos y culturales. Mientras que la realización de los derechos humanos favorece a una conservación más exitosa, la falta de acatamiento de aquellos, por el contrario, puede socavar los resultados de conservación (Springer, 2016). 

Son numerosos los informes que han puesto de relieve la interrelación entre conservación y derechos humanos. Pero particularmente se destaca el trabajo del ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y el Medio Ambiente, Profesor John Knox. En uno de sus reportes7 Knox afirmó respecto de este tema que “la diversidad biológica es necesaria para el disfrute de una amplia gama de derechos humanos. Su degradación y pérdida socavan la capacidad de las personas para disfrutar de estos derechos.” Knox aclaró que, para apoyar el disfrute sostenido de los derechos humanos, sin embargo, el desarrollo “no puede sobreexplotar los ecosistemas naturales y destruir los servicios de los que dependemos. El desarrollo debe ser sostenible, y el desarrollo sostenible requiere la existencia de ecosistemas sanos.”

Knox, por otro lado, señaló en un informe sobre las obligaciones de derechos humanos vinculadas al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible8 que las obligaciones procedimentales de los Estados en materia de derechos humanos en relación con el medio ambiente son: a) evaluar el impacto ambiental y hacer pública la información ambiental; b) facilitar la participación pública en procesos de toma de decisiones en materia ambiental, protegiendo los derechos de expresión y de asociación, y c) dar acceso a recursos por daño ambiental. Estas obligaciones encuentran fundamento en los derechos civiles y políticos, a lo que se suma el Principio 10 de la Declaración de Río 19929 sobre derechos de acceso en asuntos ambientales. 

Por tanto, la consagración de la vinculación entre derechos humanos y biodiversidad en el plan estratégico del convenio internacional por excelencia para la diversidad biológica sería un muy buen paso en el sentido correcto. Esto profundizaría las nociones sobre tal conexión, que incluye el atender de manera oportuna y responsable los impactos negativos que pueden derivarse de políticas de conservación sobre los derechos humanos (por ejemplo, el desplazamiento de comunidades); armonizando las actividades de conservación de la naturaleza con el respeto a los derechos humanos (Greiber, 2009). 

El hecho de que la mayoría de las Metas de Aichi no se alcanzarán, no solo deja en evidencia que los Estados Parte del CDB no han abordado de manera efectiva los impulsores de la pérdida de especies y ecosistemas, sino que además se está ante el preocupante escenario de una continuada destrucción y degradación de la naturaleza que minará el disfrute de derechos humanos. Conectar los derechos humanos con la biodiversidad resalta que urge protegerla, y que tanto las medidas como las políticas de conservación y uso sostenible necesitan tener enfoques basados en los derechos. Si se respetan los derechos humanos, se fortalece la capacidad de lograr compromisos globales de conservación como los establecidos en el marco del CDB.

Por otro lado, el hecho de que el nuevo marco mundial para la biodiversidad tenga delante de sí la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dotada de un carácter integrado e indivisible, y que coincida con ella en sus plazos, podría coadyuvar a atender efectivamente las causas de la pérdida de diversidad biológica, a crear un entorno propicio para la realización de las metas y objetivos del CDB, y a resaltar las ventajas de tener políticas de conservación con una perspectiva de derechos humanos.

Un marco a 2030 con perspectiva de género

Si se habla de un plan estratégico para la biodiversidad con enfoque de derechos, corresponde hacer especial mención a las mujeres y sus derechos. 

El CDB cuenta con un Plan de Acción sobre Género 2015-2020. En los próximos meses, su Secretaría Ejecutiva estará llevando adelante, por encargo de los Estados Parte, un análisis sobre los avances hasta la fecha en la implementación de dicho Plan.

Recientemente los Estados Parte del CDB han puesto de relieve la necesidad de tener en cuenta consideraciones de género en la elaboración del marco para la biodiversidad post-2020 y, en consonancia con las metas de género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), han llamado a la elaboración y aplicación de estrategias y medidas con perspectiva de género para apoyar la aplicación del Convenio y las Metas de Aichi en los meses que les restan. Asimismo, han invitado a otros interesados directos pertinentes a apoyar medidas tendientes a profundizar los conocimientos sobre los vínculos entre género y diversidad biológica, incluso mediante la provisión de recursos para la creación de capacidades sobre cuestiones de género y biodiversidad, y la recopilación de datos desglosados por sexo. 

Las mujeres son usuarias de recursos, gestionan la tierra. Necesitan ser reconocidas como agentes de cambio si se quiere un nuevo marco mundial para la biodiversidad que sea inclusivo, igualitario y con una perspectiva de derechos. Hay mujeres a lo largo del mundo que actúan como verdaderas guardianas de la naturaleza cada día, y que están usualmente sujetas a una realidad de amenazas y violencia. Debe asegurarse su plena incorporación a los procesos de toma de decisiones relativos a la biodiversidad, incluyendo el marco mundial post-2020 del CDB, y particularmente la participación de mujeres rurales e indígenas, para que se escuche su voz, sus conocimientos y prioridades si se quiere lograr medidas y resultados de conservación que sean efectivos y de largo plazo.

En esta línea, resulta necesario generar capacidades de las personas que son responsables de hacer respetar y hacer cumplir los derechos de las mujeres relativos a la biodiversidad y, asimismo, de aquellas personas titulares de deberes y de derechos para que se superen las barreras existentes de todo tipo, y puedan trabajar en conjunto y sinérgicamente por la salvaguarda de los sistemas que sustentan la vida en la Tierra. 

Un relevante aporte regional

Una efectiva participación pública facilita la comprensión de los vínculos entre derechos humanos y un ambiente sano. Está claro que las decisiones adoptadas en el marco de procesos participativos tienen luego mayores chances de ser mejor implementadas. A los efectos de asegurar que el marco mundial para la biodiversidad post-2020 sea efectivamente producto de una activa participación y consenso global, los Estados deberán habilitar diversos espacios a escala regional y nacional para que la sociedad civil pueda hacer escuchar su voz y contribuir. 

Sobre este respecto, y para ir cerrando el presente artículo, se destaca que nuestra región puede hacer un muy valioso aporte para asegurar la participación de todos los interesados: el Acuerdo de Escazú10. Este tratado legalmente vinculante sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe (acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales) fue adoptado en marzo de 2018, tras seis años de intensas negociaciones. Quedó abierto a la firma el 27 de septiembre de 2018 y entrará en vigor una vez ratificado por al menos 11 de los 33 países de la región. 

El Acuerdo de Escazú, el primero ambiental de la región, no solo es un instrumento legal innovador para la protección del medio ambiente, sino que también es un tratado de derechos humanos. Se trata de un paso importante para hacer realidad la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Pone en el centro a la ciudadanía, y hace especial foco en las personas y poblaciones vulnerables -las que más dependen de los servicios ecosistémicos- promoviendo su plena y efectiva participación. 

Por otro lado, Escazú tiene por objetivo ser parte de foros y negociaciones ambientales internacionales, y ello incluye al CDB. Así, este acuerdo puede hacer una importante contribución a que se asegure en todos los países de la región el acceso a la información y una participación efectiva de la sociedad civil, incluyendo los sectores más vulnerables, en las negociaciones y debates para construir un nuevo marco que atienda la crisis que atraviesa la biodiversidad, así como en su instancia de implementación. Pero, además, puede hacer que dicha agenda global posterior a 2020 considere la perspectiva y prioridades de nuestra región, y consagre enfoques basados en derechos para la conservación. 

En esta línea, de los muchos temas relativos a la vinculación entre derechos humanos y el medio ambiente, uno urgente es la necesidad de proteger a las personas que trabajan a diario para defender el medio ambiente de iniciativas destructivas, sus derechos y los de sus comunidades. 

El Acuerdo de Escazú es el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, teniendo que asegurarse un entorno seguro y propicio para ellos, y medidas de protección y promoción de sus derechos. Escazú puede favorecer una sustantiva participación de los defensores en las discusiones globales de biodiversidad. Esto no solo pondría en valor su labor diaria, sino que también incrementaría la presión sobre los gobiernos para que tomen las medidas necesarias para protegerlos. 

Se trata de un aporte ciertamente relevante por parte de una región que es la más peligrosa del planeta para quienes a diario defienden el medio ambiente y los derechos humanos. Se estima que, en 2017, 197 personas fueron asesinadas por ejercer sus derechos de participación para defender el medio ambiente en América Latina y el Caribe11; siendo los pueblos indígenas los más afectados. Hay asesinatos, pero también hay hostigamientos y amedrentamientos de todo tipo sobre los cuales no hay números tangibles. Estas muertes y ataques se relacionan con el agronegocio, la caza furtiva, la minería y las represas. Si no podemos proteger a estos defensores, ¿cómo vamos a poder preservar los sistemas naturales de los que todos dependemos? 

Dentro de un par de años podríamos entonces estar ante un marco mundial para la biodiversidad 2021-2030 lo suficientemente robusto, construido de abajo hacia arriba, ajustado a la acuciante realidad, y realizable; con perspectiva de derechos y con el necesario compromiso político para no dejar que el afán de lucro arrase sin más con invaluables especies y ecosistemas, fundamentales para asegurar nuestro propio bienestar y supervivencia. 

Bibliografía:

Greiber, T. (2009) Conservación con justicia: Un enfoque basado en los derechos. UICN, Gland, Suiza. xiv + 240 pp. 

Jonas, H.; Roe, D.; y Makagon, J. E. (2014) Human Rights Standards for Conservation: An Analysis of Responsibilities, Rights and Redress for Just Conservation. IIED Issue Paper. IIED, London. http://pubs.iied.org/14644IIED 

Knox, J. (2013) Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 25° período de sesiones.

Knox, J. (2017) Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 34° período de sesiones.

B Larsen, B., Miller, E., & K Rhodes, M., Wiens, J. (2017). Inordinate Fondness Multiplied and Redistributed: the Number of Species on Earth and the New Pie of Life. Quarterly Review of Biology. 92. 10.1086/693564. 

Millennium Ecosystem Assessment (2005) Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC.

Springer, J. (Octubre 2016) IUCN’s Rights-Based Approach: A Systematization of the Union’s Policy Instruments, Standards and Guidelines. UICN, Gland, Suiza. 

WWF (2018) Informe Planeta Vivo – 2018: Apuntando más alto. Grooten, M. y Almond, R.E.A. (Eds). WWF, Gland, Suiza.

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