Cristina Agüero
Licenciada en ciencias ambientales. Integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados No a la Mina Esquel.
Gustavo Macayo
Abogado. Integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados No a la Mina Esquel.

2.4 Chubut: cuna de la resistencia contra la megaminería

RESUMEN EJECUTIVO 

Desde 2001 a la actualidad, los chubutenses nos encontramos en estado de lucha permanente contra la megaminería. Los vecinos autoconvocados por el NO A LA MINA provienen de diferentes realidades, situaciones, orígenes y circunstancias. Esta diversidad aporta riqueza y renovación constante, necesarias para el mantenimiento de la resistencia: marchas, foros, documentos de divulgación, acciones judiciales, mecanismos de democracia semidirecta, comunicación social, investigaciones, talleres, charlas, disertaciones, intervenciones, eventos culturales, etc.

A pesar de que las empresas trasnacionales tienen la mirada puesta en los diversos minerales del subsuelo de la provincia, paradójicamente la emblemática resistencia popular construida es utilizada año tras año y gobierno tras gobierno para la elaboración de promesas de campaña con el fin de ganar intenciones de voto.

Historia de la movilización popular

En enero de 2001, la comunidad mapuche “Huisca Antieco”, ubicada a 50 km de Esquel, se vio sorprendida por la llegada de una empresa desconocida a su ocupación comunitaria: se trataba de la empresa multinacional Meridian Gold, minera metalífera, integrada principalmente por capitales canadienses y estadounidenses, que intentaba ingresar al territorio mapuche para realizar prospecciones en busca de oro y algunos otros minerales. Pese a la rotunda negativa de la comunidad, ingresaron clandestinamente por un sector alejado de las viviendas, pensando que no serían observados. Advirtiendo la situación, los comuneros viajaron urgentemente a Esquel, donde comenzó una fuerte ofensiva contra la empresa y especialmente contra la Dirección de Minas y Geología de la provincia del Chubut, que les había otorgado permisos para ingresar a los territorios. Cabe señalar a esta altura, que todo el proceso administrativo había sido realizado sin ninguna consulta a la comunidad mapuche. Ante el envío de cartas de rechazo, oposición, y diferentes planteos de nulidad efectuados ante los organismos mineros provinciales, alegando la violación de la legislación indígena vigente (Constitución Nacional y Provincial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT]1) ya en plena vigencia, el Estado provincial en ningún momento reconoció el derecho de la comunidad a ser consultada; ni siquiera aceptó el criterio de la aplicación de la legislación indígena en la materia, sino exclusivamente el código y legislación minera2. Pese a este panorama institucional preocupante, la empresa desapareció a pocos días de estallado el conflicto, el que rápidamente se instaló en los medios de difusión, gracias a una fuerte campaña impulsada por la Organización Mapuche Tehuelche “11 de Octubre” y otros sectores solidarizados con pueblos originarios. El tema permaneció poco más de un mes en los medios, y de a poco fue cayendo en un peligroso silencio. La mayor parte de la población local permaneció indiferente al tema, tal vez entendiendo que el problema sólo afectaba a los mapuches. Pero el peligro estaba manifiesto: seguramente vendrían por más.

En julio de 2002 la misma empresa Meridian Gold compró el proyecto minero de la empresa “El Desquite” (el que venía desarrollándose casi silenciosamente) ubicado en el Cordón Esquel, a pocos kilómetros de la ciudad. Teniendo en cuenta los antecedentes de la empresa, inmediatamente varios vecinos comenzaron a inquietarse: esta vez el proyecto estaba a unos 7 km en línea recta del sector urbano. Pese a que la Dirección de Minas realizó una inmediata promoción de la actividad, y que con sus técnicos y con el propio personal de la empresa canadiense comenzó a dar charlas pseudo informativas para la comunidad, la semilla de la desconfianza ya estaba germinando, y el interés de la población por conocer tanto sobre el proyecto como sobre la minería en general, fue creciendo día a día y ya nadie pudo pararlo. Es oportuno destacar que el Gobierno provincial conjuntamente con el municipio de Esquel, intentaron desactivar cualquier posibilidad de resistencia o cuestionamiento hacia el proyecto minero, instalando en todos los medios de comunicación las ideas de que “la mina se hace sí o sí” y de que solamente podrían opinar sobre el tema “los técnicos o científicos”, desanimando o dificultando cualquier posibilidad de discusión ciudadana sobre el asunto.

La resistencia organizada en Esquel se afianza a mediados de 2002, cuando la empresa minera desembarca en la ciudad, con el beneplácito de las autoridades provinciales y locales, para explotar el oro del Cordón Esquel (Cerro Willmanco). No obstante, el interés de la comunidad iría creciendo de manera proporcional al intento de silenciarla por parte de los gobernantes, que manejaban un discurso unificado con la empresa minera. Ese interés ciudadano posteriormente se traduciría en participación, movilización y, finalmente, la toma de posición, a favor o en contra, de la realización de la actividad, en un día a día vertiginoso que atravesaba todos los lugares de trabajo, las viviendas familiares, las escuelas, los bares, los taxis, etc. Durante casi dos años no hubo persona en Esquel que no hablara del tema. Hubo varios intentos de organizar primero el debate, y más adelante la oposición más decidida: uno de ellos, surgido en el seno de la sociedad, la Asamblea de Vecinos de Esquel (AVE); y otro la Cátedra Abierta de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, conformada por un grupo de docentes de diferentes carreras de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)3, sede Esquel. Ambos movimientos confluyeron el 7 de septiembre de 2002, realizando actividades públicas de divulgación y debate en diferentes escuelas locales, donde participaron varios vecinos, periodistas y militantes socioambientales de la comarca andina y otros puntos de la Patagonia. Esta fecha es considerada por muchos como el día en que comenzó la lucha organizada en Esquel.

Poco tiempo después, a fines de octubre de 2002, ya había una Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA, cuya intensa actividad, participación y movilización produjo dos hechos fundamentales: 1) el 16 de diciembre de 2002 se presentó un amparo ambiental que tuvo resultado favorable, ya que se dictó una medida cautelar prohibiendo toda actividad minera en el área del proyecto de Minera “El Desquite” (febrero de 2003). En junio del mismo año, el juez civil paralizó definitivamente el proyecto minero mediante sentencia definitiva, confirmada por la Cámara de Apelaciones local, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJC)4, y finalmente en abril de 2007 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)5; 2) un plebiscito no vinculante promovido por la asamblea y convocado por el Municipio, donde el 23 de marzo de 2003 casi el 82% de la población de Esquel dijo NO al emprendimiento minero. Estos dos hechos, más la enorme repercusión regional y nacional que tuvo el conflicto, fueron las principales razones para la desactivación del proyecto.

El plebiscito marcó la historia de Esquel y de toda la provincia en relación a la actividad; ya que a partir de su rotundo resultado y de la presión social, se promulgó en la provincia la Ley 50016 que prohíbe la minería a cielo abierto con el uso de cianuro, en la etapa de explotación. No obstante, los legisladores, al momento de promulgarla, incorporaron en la ley un artículo a favor de las empresas mineras y por el cual dejaron abierta una ventana: la posibilidad de realizar una zonificación y habilitar la minería en algún lugar de la provincia. La Ley 5001, establece en su artículo 1 la prohibición, y en su artículo 2 una zonificación, donde sí se podría realizar la actividad. Desde su entrada en vigencia y hasta la actualidad, el artículo 2 es el caballito de batalla de todas las empresas mineras para impulsar la megaminería en Chubut.

Desde finales de 2002 y hasta la actualidad, el día 4 de cada mes se marcha en Esquel; y todos los años son más las localidades que se suman, dentro y fuera de la provincia.

En 2012, ante la instalación de una oficina de la empresa minera en la ciudad de Esquel, la presión de los vecinos en las calles y movilizados posibilitaron que no se les renovara la habilitación y debieran retirarse de la ciudad. El mismo año, se realizó el “1er Foro de Actividades Productivas a Escala Humana y para Beneficios de las Comunidades” organizado íntegramente por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, con el apoyo de agrupaciones, asociaciones y profesionales comprometidos con la lucha. El NO que defendemos encierra muchos SÍ de esencial importancia. Cuestionamos el modelo de desarrollo del país, la matriz productiva y la forma de uso de los recursos naturales, ya que como declara el proverbio indio: “La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.” 

También en 2012, la Unión de Asambleas Chubutenses (UACH) redactó un proyecto de ley con un equipo interdisciplinario de profesionales para complementar la Ley 5001 vigente, con el fin de desarticular la zonificación, estableciendo una prohibición más completa. La ley por iniciativa popular, como lo establece la Constitución provincial, fue presentada con la firma y aval del 3% del padrón electoral. Los legisladores la trataron meses después, modificándola a pedido de los empresarios mineros, según fue retratado por una fotógrafa chubutense en una imagen que descubre el mensaje de texto en el celular de un legislador, donde se está comunicando con un directivo de la empresa minera, el cual pide los cambios necesarios. La ley por iniciativa popular fue aprobada con los cambios pedidos por el lobby minero, por tanto, sin contener el espíritu original. En 2015, ante la presión ciudadana, el gobernador electo (Mario Das Neves) impulsó la derogación, quedando la Ley 5001 como única vigente en tema minería. En octubre de 2017 el gobernador fallece y es el comienzo de una nueva embestida de las empresas trasnacionales y de los políticos alineados con éstas para habilitar la actividad, utilizando la ventana de la zonificación.

A principios de 2018, intendentes de algunas localidades de la meseta chubutense presentaron en la legislatura un proyecto para zonificar. Al cierre de este artículo, no ha sido tratado aún, gracias a la movilización popular que avanza y se muestra fortalecida ante cada embestida minera, a pesar de que durante ese mismo año, todos los medios de comunicación masivos publicaban diariamente noticias positivas sobre la actividad y sobre los beneficios que traería a la provincia.  

El proyecto de zonificación presentado propone habilitar la megaminería en el 64% del territorio provincial con lo cual, de aprobarse ese proyecto, la excepción sería mayor que la prohibición. Asimismo, no reúne los requisitos legales establecidos en la Ley 5001, ya que la zonificación solamente puede ser realizada por el Consejo Provincial del Ambiente, un organismo multisectorial que hasta la actualidad no ha sido conformado.

Ante la situación planteada, las asambleas de vecinos nos movilizamos para juntar firmas, recordando que la única ley que queremos es la LEY POR INICIATIVA POPULAR, generada desde las asambleas y pensada para defender la vida en la provincia. En tan sólo un mes, se juntaron 20.000 firmas por el NO al proyecto de zonificación. Las planillas que llegaron desde localidades de toda la provincia fueron presentadas y automáticamente archivadas por la legislatura provincial.

El rechazo a la megaminería ha cobrado tal magnitud que, a las acciones de resistencia de la actividad generadas por las asambleas de vecinos autoconvocados, se suman iniciativas independientes de vecinos y profesionales, asociaciones, organizaciones, agrupaciones, clubes, universidades, instituciones educativas, deportivas y religiosas, etc., originadas tanto desde localidades chubutenses como desde otras provincias.

Meseta originaria y derechos constitucionales

Existe una relación intrínseca entre pueblos originarios, territorio y las actividades que en él se desarrollan. En general, los pueblos originarios se consideran parte de la tierra, por lo tanto perciben como una violación a la misma, al territorio y a su cultura, su vida y su futuro, cualquier actividad extractiva que vulnere o afecte las energías, los bienes naturales existentes, los sitios considerados sagrados o ceremoniales, enterratorios, antigales, etc.

La Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17, incorpora entre las atribuciones del Congreso: “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.”

Ante la posibilidad de implementar una nueva actividad en territorio con presencia de pueblos originarios, el Estado debe respetar, por mandato Constitucional, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por Ley 24.071, siendo un tratado internacional con categoría superior a las leyes provinciales y nacionales, tales como el Código de Minería de la Nación.

El Convenio 169 de la OIT establece, entre otras disposiciones, que “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y, en particular, los aspectos colectivos de esa relación.” Asimismo, establece que “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes (…) Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de estos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.”

“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en las tierras7.”

La obligación del Estado de realizar consultas auténticas con los pueblos indígenas antes de tomar decisiones que puedan afectarlos, requiere dar a conocer oportunamente toda información pertinente en relación a un proyecto, así como su posible impacto sobre los derechos humanos, generando previo al avance de las iniciativas, informes adecuados y exhaustivos que den cuenta de los posibles daños ambientales (FARN, 2019).

Por otro lado, siendo que la Ley 5001 prohíbe la actividad sólo en su etapa de explotación, prácticamente toda la provincia se encuentra explorada y presenta derechos mineros otorgados, distribuidos en casi todas las regiones de la provincia. La mayor concentración de “cateos” y “manifestaciones” (búsqueda e identificación de minerales) se da en la meseta central; sobre la cordillera predominan los yacimientos en estado de “minas” (los minerales ya han sido descubiertos y cuantificados) lo que significa que son yacimientos ya determinados y listos para ser explotados8. Las localidades de El Hoyo, Epuyén, Cholila y Esquel están completamente rodeadas por decenas de “minas”.

Analizando integralmente la información, las experiencias nacionales e internacionales, resultaría una necedad pensar que las empresas mineras no buscarán explotar todas las “minas” en del territorio chubutense, ajustándose a una zonificación. 

Cabe destacar que la empresa transnacional que actualmente impulsa el proyecto “Navidad” es Pan American Silver, la cual ha desembarcado en el corazón de la meseta chubutense, y trabaja silenciosamente hace aproximadamente diez años. Pese a las constantes presiones del lobby minero, el proyecto que intenta ser el que quiebre la prohibición se encuentra paralizado por la ley vigente y la fuerte movilización popular que la salvaguarda.

Características principales de la megaminería

No podemos dejar de mencionar las características de la megaminería, ya que son las que la definen como una de las actividades más contaminantes del planeta (Machado et al., 2011).

No sólo las características de “mega” actividad, son las que la definen como actividad de saqueo y contaminación, es decir, la enorme escala del proceso extractivo, sino también las del “plan” de negocio, el cual está trazado desde el descuido de las cuestiones ambientales, implantación en países con leyes permisivas y escasos controles. Es decir, el negocio es negocio para las empresas trasnacionales porque se desatienden cuestiones inherentes a los cuidados ambientales y derechos humanos, a la vez que se les otorga máximos beneficios, descuentos y deducciones de impuestos9

La megaminería es una actividad que extrae del subsuelo nuestros recursos naturales no renovables, hoy llamados bienes comunes, hasta su agotamiento; el mineral que se quiera obtener condicionará los métodos y los químicos a utilizar para su extracción.

La explotación minera se propone en los países latinoamericanos como una de las alternativas para el “desarrollo”, a pesar de que se encuentra ampliamente demostrado que es una de las industrias más contaminantes que existen en el mundo, ya que durante su proceso productivo utiliza o libera elementos altamente peligrosos como el cianuro, cadmio, cobre, arsénico, plomo, etc., los cuales al entrar en contacto con el ambiente contaminan a las personas, el suelo, el aire y el agua.

Generalidades de la actividad, abarcando todos los métodos y minerales a extraer:

  • Uso de toneladas de sustancias contaminantes: explosivos, lubricantes, dispersantes, refrigerantes, productos de descomposición de otros, cianuro, etc.;
  • Grandes necesidades energéticas: eléctrica y combustibles fósiles; 
  • Utilizaciones de grandes volúmenes de agua por largos períodos de tiempo;
  • Generación de drenaje ácido de mina;
  • Niveles de tránsito elevado que requiere caminos exclusivos;
  • Generación de pasivos ambientales, que se producen cuando una actividad minera, gasífera o petrolera abandona el lugar en el cual operaba, sin reparar los daños ocasionados al medio ambiente, dejando gran cantidad de contaminantes expuestos. Los pasivos ambientales representan un gran riesgo, ya que generan grandes cantidades de agentes contaminantes que dañan el agua, el aire, el suelo y, a la vez, alteran la salud y la calidad de vida de las personas; asimismo, pueden alterarse en contacto con otros y generar más agentes contaminantes; 
  • Gran ocupación y expropiación territorial;
  • Extracción de recursos no renovables (implica que se van agotando en cada extracción);
  • Desplazamiento de las economías locales;
  • Cambios en los patrones socioculturales;
  • La investigación sobre los sitios más peligrosos en el mundo para la salud humana, particularmente para los niños, que se realiza todos los años en los Estados Unidos, determina que el 60% de los sitios están vinculados a la actividad mineralo-metalúrgica.   

Somos vecinos, autoconvocados por la vida

Los chubutenses queremos el agua y la energía para las comunidades, la vitivinicultura, el turismo, la agricultura y para todas aquellas actividades productivas sustentables que las localidades quieran desarrollar. Queremos proteger Península Valdez, la cuenca del río Chubut, los valles de Los Altares, el Parque Marino Costero, la mítica Piedra Parada, los Bosques Petrificados de Sarmiento, la meseta de Somuncurá y tantas otras áreas protegidas, parques nacionales y bellezas naturales que tiene nuestra provincia patagónica. No queremos contaminación y saqueo. Le decimos SÍ A LA VIDA. 

Manual megaminería.

Páginas web recomendadas

  1. Constitución Nacional de la República Argentina (1995) / Constitución Provincial de Chubut (1994) /Ley 24.071. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
  2. Ley 1919 y modificatorias. Código de Minería de la Nación Argentina, Ley 24.196 y modificatorias. Nuevo Pacto Federal Minero / Ley 25.243. Tratado de Integración entre Chile y Argentina sobre complementación minera. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62611/norma.htm.
  3. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. http://www.unp.edu.ar/index.php/enviar-un-articulo/esquel.
  4. Superior Tribunal de la Justicia de Chubut. https://www.juschubut.gov.ar/
  5. Corte Suprema de la Nación. https://www.csjn.gov.ar/sentencias-acordadas-y-resoluciones/sentencias-de-la-corte-suprema.
  6. Ley Provincial XVII 68 (antes Ley 5001). Prohíbase la actividad minera metalífera en el ámbito de la provincia del Chubut. http://www.legischubut2.gov.ar/digesto/lxl/XVII-68.html.
  7. La normativa nacional específica es la Ley 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, y la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena, prorrogada por Ley 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2021.
  8. El mapa de catastro minero se puede consultar en http://federico-soria.blogspot.com/search?q=chubut.
  9. Consultar Machado et al. (2011) “15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina” y el documental “Vienen por el oro, vienen por todo”, de los directores Pablo D’Alo Abba y Cristian Harbaruk.
Bibliografía:

Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina (2018) Hablemos de Megaminería. Impreso en Esquel.

Bellini, M. (2001) Degradación microbiana de cianuros. Tesis de Maestría de la carrera de Metalurgia extractiva. San Juan: Universidad Nacional de San Juan.

Chaparro, E. A. y Oblasser, A. (2008) Estudio comparativo de la gestión de pasivos ambientales mineros en Bolivia, Chile, Perú y Estados Unidos. Chile: CEPAL/Naciones Unidas.

Condarco, G. A. (2017) Informe final del Programa de Identificación de Sitios Contaminados. Bolivia: Pure Earth / Instituto Blacksmith.

Etzel, R. (2017) Intoxicación por plomo. Córdoba: 38a Congreso Argentino de Pediatría. 

Fernández, N. y Virosta, L. (2011) Pueblos originarios y derechos humanos. Buenos Aires: Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

González, S. (2006) Impactos ambientales y en la salud humana de la minería a cielo abierto para la extracción de oro utilizando lixiviación con soluciones de cianuro. Esquel: AD-HOC.

Hualpa, E. (2014) Derechos constitucionales de los Pueblos Indígenas. AD-HOC.

Instituto Blacksmith (2009) Programa de Identificación de Sitios Contaminados. Nueva York.

Machado, H.; Svampa, M.; Viale, E.; Giraud, M.; Wagner, L.; Antonelli, M.; Giarraca, N.; Teubal, M. (2011) 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. Buenos Aires: Colectivo Voces de Alerta.

Morán, R. (2001) More Cyanide Uncertainties. Mineral Policy Center, Issue Paper N°3.

Morán, R. (2003) Predicciones y promesas de un estudio de impacto ambiental defectuoso. Buenos Aires: Greenpeace Argentina – Mineral Policy Center.

Morán, R. (1998) Cyanide Uncertainties. Mineral Policy Center, Issue Paper N°1. 

Moreno, D. (N/S). Jales mineros. Estados Unidos de América: Dean Carter Binational Center for Environmental Health Sciences.

Osores Plenge, F. (2016) Diagnóstico de la Salud Mental Humana en la provincia de Espinar-Cusco. Perú.

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