Juan Carlos Nievas
Abogado especializado en Derecho Ambiental, miembro del equipo jurídico de Oikos Red Ambiental y de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Mendoza.

3.2 Acciones judiciales frente al fracking en la provincia de Mendoza

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo tiene por objeto analizar brevemente las acciones judiciales de organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden el ambiente, contra la actividad desplegada por el Gobierno de la provincia de Mendoza, el Departamento General de Irrigación (DGI), las petroleras y sindicatos en la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de hidrofractura o “fracking”. 

Antecedentes

La autoridad de aplicación de las normas que regulan la actividad petrolera en la provincia de Mendoza, a través del Decreto 437/1993 -reglamentario de la Ley de Medio Ambiente 5961-, es la Dirección de Protección Ambiental (DPA), órgano dependiente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (SAyOT) del Gobierno mendocino. 

La Resolución 589/2014, fue dictada por la DPA, a fin de regular la instrumentación del Formato Adecuación de Infraestructura para Obras no Contempladas, Decreto 170/2008. Esta Resolución creó un procedimiento administrativo para la evaluación rápida de obras pequeñas, que deben ser resueltas en poco tiempo por razones de seguridad o debido a su escasa magnitud, en las que un procedimiento de evaluación de impacto ambiental superaría con creces el nivel de evaluación requerido. También implica un grave retroceso en la eficacia del Derecho Ambiental: se reducen contra la letra y el espíritu de la Ley 5961 los casos en que debe realizarse evaluación de impacto ambiental -la regla- o aviso de proyecto -procedimiento reducido en casos excepcionales. Sobre estas bases se aprobó la entrada del fracking en Mendoza.

Las Resoluciones 789/2017 y 813/2017, de la DPA

El procedimiento

La Petrolera El Trébol (PETSA) solicitó autorización, ante la DPA, para la evaluación de la aplicación de la técnica de estimulación hidráulica en cuatro pozos petrolíferos, todos del Área Puesto Rojas del Departamento de Malargüe1. El 18 de julio de 2017 la DPA emitió la Resolución 789, que da por iniciado el procedimiento administrativo, acepta los estudios ambientales presentados por el proponente (PETSA), designa a la Fundación Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT, perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas [CONICET]) como ente dictaminador técnico, y determina que el DGI y el Municipio de Malargüe elaboren sendos informes sectoriales. Con esta autorización se da inicio a la actividad de fractura hidráulica como prueba piloto, bajo el procedimiento de readecuación de infraestructura.

El Área de Petróleo, dentro de la DPA, generó un informe técnico que señalaba que, a falta de legislación sobre esta técnica en especial, debía solicitarse una manifestación de impacto ambiental específica. Apartándose de la opinión técnica, la directora de la DPA consideró que, datando la concesión de los años 70 y que PETSA como concesionaria desde 2006 había dado cumplimiento al Decreto 170/2008 (artículo 9), la presentación e información brindada por la empresa era suficiente para evaluar los impactos ambientales. Por eso, mediante la Resolución 789/2017, se da por iniciado el Procedimiento de Evaluación Ambiental del Proyecto Estimulación Hidráulica, designando a la Fundación CRICYT como organismo dictaminador para la evaluación del proyecto identificado y solicitando al DGI y a la Municipalidad de Malargüe su opinión técnica sobre el proyecto referido. 

Seguidamente, se observa -sin foliar- el Informe Técnico de la DPA 1436 de 2017, evaluando las presentaciones del DGI y la Fundación CRICYT, las que, en un análisis más detallado, revelan graves deficiencias de información y la preocupación de los organismos evaluadores. 

Este informe es elaborado y firmado por la propia directora de la DPA y no lo firma ningún funcionario del Área de Petróleo, que es el órgano natural de la administración con competencia en el tema. La directora asume la responsabilidad total por la evaluación del proyecto, que luego aprobará firmando la resolución que hoy se cuestiona. Remata diciendo que “analizado el dictamen técnico y la información aportada por el DGI se concluye que el proyecto presentado por la empresa está en condiciones de ser aprobado para su ejecución siendo de carácter obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por ambos organismos.

El 26 de julio de 2017, mediante la Resolución 813 de la DPA, se da por aprobada la adecuación de infraestructura de los pozos identificados. Se basa en los informes favorables de la Fundación CRYCIT y del DGI. Esta resolución declara aprobada la adecuación de infraestructura, cuyo procedimiento había sido iniciado seis días hábiles antes, publicándose en el Boletín Oficial de la provincia de Mendoza el 31 de julio de 2017.

Los amparos por inconstitucionalidad de las Resoluciones 789/2017 y 813/2017 de la DPA

Amparo interpuesto por la Federación Argentina de Espeleología (FADE)

La FADE interpone un amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad de las Resoluciones 789/2017 y 813/2017 de la DPA, y es dirigido en contra de la provincia de Mendoza, interponiendo junto con el mismo una medida cautelar para que suspenda la aplicación de la misma hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. 

La provincia en primer lugar brinda un informe circunstanciado. Con el proceso administrativo todavía en trámite manifiesta que, de suspenderse las resoluciones conforme a la medida precautoria, no podrían seguir controlando ambientalmente las locaciones y que las operaciones de hidrofractura son de escaso impacto ambiental. 

En segundo lugar, el Gobierno contesta que las operaciones de hidrofractura ya se habían realizado y que por ende la causa había devenido en abstracta, debiendo la jueza rechazar el amparo. Resulta importante destacar que también manifiesta que no se ha alterado recurso hídrico alguno y que sólo utilizaron agua del Río Salado en pocas cantidades.

Este amparo se tramitó en el 24º Juzgado Civil de la Ciudad de Mendoza, a cargo de la Dra. Maria Eugenia Ibaceta. Lo trascendental de esta causa judicial deriva de dos cuestiones fundamentales y totalmente contradictorias que serán detalladas brevemente.

Por un lado, el día 15 de agosto de2017 se hace lugar a la medida precautoria suspendiendo la Resolución 813/2017, ordenando que no se aplique la reglamentación de adecuación de infraestructura, hasta el dictado de la sentencia definitiva. Es interesante la lectura de los considerandos y la valoración de los principios ambientales.

Acto seguido, el día 16 de agosto de 2017 se presentan ante el juzgado el Secretario General del Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Mendoza, la jueza interviniente, escucha a los mismos, quienes no eran parte en el expediente y labra un acta fijando una audiencia para el día siguiente, llamando a todas las partes a concurrir2.

Por otro lado, en el salón de actos de la Suprema Corte de Mendoza se llevó a cabo la audiencia entre las partes. En el inicio, FADE se opuso a la realización de la audiencia y solicitó su nulidad, solicitando se diera conocimiento a la población y la presencia de los medios de comunicación, entre otras impugnaciones. Fiscalía de Estado propuso al Gobierno que no otorgue ninguna autorización hasta tanto el Gobierno emita una norma que regule la actividad, el Estado aceptó la propuesta, pero con la condición de que la jueza declare abstracta la causa, dejando de lado los intereses colectivos en juego.

Y así sucedió, frente a los ojos del amparista, Fiscalía de Estado, el Gobierno de Mendoza y el Sindicato del Petróleo acordaron entre sí y presionaron a la jueza para declarar la causa abstracta, haciendo la vista gorda ante las irregularidades del proceso administrativo, los principios ambientales, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Se resolvió en el acta de la audiencia la cuestión de fondo, cuando 48 horas antes se había ordenado suspender la aplicación de las resoluciones atacadas por violación de la normativa ambiental3.

Dicha sentencia fue apelada, recayendo el amparo en la 5° Cámara Civil de la ciudad de Mendoza. Luego de tener un dictamen favorable por parte de Fiscalía de Cámara, intervino el Dr. Fragapane, quien manifestó la falta de fundamentación de la sentencia de primera instancia y la importancia de los intereses en juego por la violación de las normas ambientales, y dictó sentencia de segunda instancia declarando la cuestión abstracta. Es importante tener presente este dictamen porque luego cambiaría de opinión el mismo fiscal, manifestando que la causa había devenido en abstracta.

Con posterioridad a este dictamen, la Cámara Civil compuesta por los Dres. Moureau, Rodríguez Saá y Martínez Ferreyra, declararon la causa abstracta, fundamentado su posición en lo siguiente: “Tengo en cuenta que si bien el señor Fiscal de Cámara invoca que se ha resuelto la presente sin rendir toda la prueba ofrecida, lo cierto es que lo fundamental es que el procedimiento previsto en las resoluciones cuya nulidad se solicita fue efectuado” (…) “Ello así y aun teniendo en cuenta el principio precautorio que rige en materia ambiental, no se advierte que el objeto de la presente pueda hoy tener algún efecto práctico ya que – bien o mal- el proceso se cumplió y la provincia se comprometió a no emitir autorizaciones de estimulación hidráulica hasta tanto se regule la actividad”. Sin embargo, los pozos seguían en pleno funcionamiento y lo que se impugnaba era todo el procedimiento, inclusive la autorización otorgada por la autoridad de aplicación. Lo ilegal continúa produciendo consecuencias actuales inminentes y no hay pronunciamiento alguno sobre si el acto administrativo cumplió o no los requisitos que establece la ley.

Con posterioridad a esto, la FADE interpuso un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el cual ha sido admitido formalmente y se encuentra suspendido el llamamiento de autos para resolver, dilatando la Suprema Corte4.

Amparo interpuesto por Fundación Ambiente y Recursos Naturales5

El presente amparo fue interpuesto en contra del Gobierno de Mendoza y contra PETSA. El mismo recayó en el 9° Juzgado Civil de la ciudad de Mendoza, ante la Dra. Ana Carolina Di Pietro, juez subrogante en ese momento.

La finalidad era la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las Resoluciones 789/2017 y 813/2017 de la DPA. Asimismo, pretendía someter a la actividad de hidrofractura de los pozos PETRE Md N.CP-1013, PETRE Md.N.CP-1015, PETRE Md.N.CP.1017 y YPF Md.Nq.PR-59 a una evaluación de impacto ambiental bajo la Ley 5961 y el Decreto Reglamentario 437/1993, así como la consulta previa a las comunidades originarias. Hasta tanto se resuelva la causa, se solicitó como medida de no innovar la suspensión de los efectos de la aprobación otorgada, en los términos del Convenio OIT 169. Subsidiariamente se solicitó la suspensión de todo acto de autorización de la Resolución 813/2017, hasta que se verifique el cumplimiento de los requisitos previos que dicha resolución había ordenado.

Hay que tener en cuenta también que durante “el ensayo piloto” para evaluar la factibilidad de la hidrofractura en toda la zona, se trabajó con residuos peligrosos, obviando la autoridad de aplicación la Resolución 667/2008 y la Resolución Ampliatoria 54/112, que obviamente establecen la evaluación de impacto ambiental. Tampoco se solicitó la participación de las comunidades originarias.

Contestación del Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza contestó que el procedimiento de “adecuación de infraestructura” ya se había cumplido y que a la fecha se había finalizado con la estimulación hidráulica. No dijo absolutamente nada del tratamiento del agua de retorno o “flowback”, ni del transporte, utilización y destino final de las sustancias químicas utilizadas para la hidrofractura, o el tratamiento de los residuos peligrosos, o la falta de cumplimiento de requisitos que ordenaron instalar freatímetros, sismógrafos, etc. Resulta importante destacar que ocultaron todo el procedimiento llevado a cabo en el DGI en lo referente a la utilización de agua de arroyos y ríos cercanos a la locación. Estos son afluentes directos de la Laguna Llancanelo, el humedal más importante de Mendoza, el cual es un Sitio Ramsar6 (humedal de importancia internacional). Por otro lado, la extracción de agua se realizó antes de la autorización del DGI, el cual luego otorgó autorización de forma retroactiva para el uso de 5000 m3 de agua pura. Esto ha sido denunciado en otros amparos.

Un dato importante es que no fueron instalados freatímetros en las operaciones de la prueba piloto, es decir que ya no hay línea de base para la determinación de la contaminación7.

La justificación del Gobierno es la utilización de USD 70.000.000 en inversiones realizadas para esta prueba piloto, que según el mismo no tiene consecuencia ambiental alguna8. Por último, debemos resaltar que de dicha contestación surgió la existencia de por lo menos un pozo más que no fue evaluado y sobre el cual se realizó la hidrofractura.

Contestación de PETSA

Al contestar, PETSA plantea la incompetencia, en virtud de que FARN no representa los intereses colectivos de Mendoza, y solicita la remisión a la justicia federal. En este orden de ideas y continuando con la estrategia del Gobierno, afirma que las operaciones de hidrofractura han finalizado el 14 de agosto de 2017, siendo la causa abstracta. Detalla también haber utilizado agua del río Salado, sin la existencia de riesgos ambientales ya que se ha dado estricto cumplimiento a lo solicitado por la autoridad de aplicación. Por último, solicita que no se haga lugar al amparo ya que se produciría un daño de 18 millones de dólares en perforación y terminación, y de 9 millones de dólares para ponerlos en producción, y pérdida de 220 puestos de trabajo.

Contestación de Fiscalía de Estado

El Dr. Fernando Simón, Fiscal de Estado de la provincia de Mendoza, contesta la vista conferida y manifiesta que la causa debe sobreseer por haber devenido en abstracta, por sustracción de materia justiciable. Destaca la necesidad de una reglamentación específica sobre la materia, pero respecto del procedimiento, las nulidades del mismo y las irregularidades, guarda silencio absoluto.

Sentencia de Primera Instancia9

El 25 de agosto de 2017, la jueza decide resolver la medida cautelar, rechazando la misma. La fundamentación es que las operaciones de estimulación ya habían finalizado, declarando abstracta la causa, coincidiendo con lo dictado en la sentencia de la FADE. Un hecho importante es que las acciones fueron interpuestas antes de la finalización de las operaciones, demostrando la obsolescencia de la vía judicial más rápida.

Lo que podemos observar a lo largo del proceso es la falta de conocimiento de los magistrados sobre hidrofractura y la poca preocupación por averiguarlo, ya que un pozo de fracking puede ser varias veces estimulado para producir la fractura de la roca luego de la primer hidrofractura. Cualquier empresa podría haber iniciado el mismo procedimiento y haber obtenido la autorización de la autoridad de aplicación.

Apelación de FARN y el dictamen del Fiscal de Cámara

La apelación recayó sobre la 2° Cámara Civil y luego se remitió a la 5° Cámara de Apelaciones, donde se encontraba el amparo de FADE. 

Llama la atención que el fiscal de cámara, Dr. Fragapane, quien precedentemente dictaminó la existencia de falta de fundamentación de la sentencia y violación de principios ambientales, dictaminó sorpresivamente que la causa era abstracta y por ende la inexistencia de daño ambiental.

Sentencia de la Cámara de Apelaciones

La 5° Cámara Civil no declaró abstracta la causa, pero rechazó el recurso de apelación, por considerar inapelable el auto que deniega la medida precautoria, fundamentando su decisión en el artículo 31 de la Ley de Amparo Mendocina, que databa del año 1954 y establecía la inapelabilidad del rechazo de la cautelar. 

Cabe destacar que desde 2018 ha sido modificado el proceso de amparo mediante la Ley 9001 y en virtud del artículo 222 inciso X). A), las mismas son apelables. 

Es decir que la Cámara aplicó una ley derogada, violando el principio de progresividad en materia ambiental.

Recurso extraordinario

FARN interpuso un recurso extraordinario de inconstitucionalidad y casación ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza10, recayendo el mismo sobre la Sala 1° del Máximo Tribunal. El mismo fue admitido y se encuentra actualmente con llamado de autos para el acuerdo sobre un amicus curiae presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)11.

Amparo del Senador provincial Marcelo Romano

Este amparo, en el que se solicita la inconstitucionalidad de las Resoluciones 789/2017 y 813/2017 de la DPA, se tramita ante el 4º Juzgado Civil a las órdenes del Juez Osvaldo Daniel Cobo. El mismo ha quedado paralizado desde la interposición y actualmente se encuentra remitido a las cámaras de apelaciones en virtud de un conflicto de competencia negativa respecto de otros dos amparos que serán detallados más adelante.

Elaboración del Decreto 248/2018 y la Resolución 249/2018

Conforme acordó con Fiscalía, el Gobierno de Mendoza, mediante un procedimiento que se encuentra impugnado, emitió el Decreto 248/2018 y, siguiendo el mismo lineamiento, el DGI dictó la Resolución 249/2018.

FARN, Oikos Red Ambiental y FADE impugnaron administrativamente cada etapa del procedimiento. La intención del Poder Ejecutivo era aprobar a toda costa y a cualquier precio la normativa de la manera más rápida posible, en pos de las nuevas inversiones. La de las ONG, el cumplimiento de la ley y la normativa internacional.

Acciones judiciales de Oikos Red Ambiental

  • Acción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del Decreto 24812 del Gobierno de Mendoza y la Resolución 24913 del DGI

La Asociación Oikos Red Ambiental, interpuso una acción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad en contra del Decreto 248/201814, que establece que el fracking es de muy bajo o escaso impacto ambiental, ante la Sala 1º de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Fundamentó su pedido en la violación del principio de progresividad, en cuanto la reglamentación implica un retroceso en materia ambiental, y cuyo fin encubierto es evitar la participación ciudadana en la toma de decisiones fundamentales, más aún teniendo en cuenta que el principal bien común a utilizar para realizar las operaciones de hidrofractura es el agua de los mendocinos. Nada dice la reglamentación respecto de los trazadores radioactivos, el destino final de las aguas de flowback, no hay pautas para cuidar el recurso hídrico utilizado, ni para su tratamiento, etc. Es inconstitucional e inconvencional al involucionar en la calidad y seguridad del marco jurídico, y viola la Constitución provincial en sus artículos 9915 y 18616. La progresividad en el cumplimiento de las metas legislativas en el aseguramiento de la garantía a un ambiente sano requiere que no se retroceda erráticamente ante actividades de similar envergadura cuando de impactos ambientales se trata. Asimismo, entiende que la misma es violatoria de la constitución ya que una decisión de tal trascendencia debe corresponder al ámbito legislativo, debido a que fija la política petrolera provincial y la deja al arbitrio del poder ejecutivo provincial. 

Por otro lado, es violatoria del principio de prevención. Por último, se denunció la contaminación de las napas de agua con benceno17, hecho que fue ocultado a la población y publicado por la página EcoLeaks.

El principal argumento del Gobierno y Fiscalía de Estado se basa en que la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad haría que las reparticiones públicas no puedan seguir controlando el desarrollo de la actividad.

En calidad de amicus curiae de presentaron el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químico de Cuyo y la Rioja, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y la Municipalidad de Malargüe, todos con el objetivo claro de presionar a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Actualmente está en trámite el procedimiento de admisión de los mismos.

Respecto de la acción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución 249/2018 del DGI18, se impugna en primer lugar la reglamentación del Decreto 248/2018, sobre el cual se ha pedido la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, así como por violar la Constitución provincial en su artículo 99, la Ley 4.035 y la 4.036, la violación de la propia Ley de Aguas, la Ley 8.999 Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, así como la Ley General de Ambiente entre otras. Es importante destacar que se viola el orden de prioridades para el uso del agua, establecido en la propia ley mendocina. Un productor mendocino que hace años inició su trámite para obtener agua, tiene menos prioridad en el otorgamiento que un aviso de proyecto de fracking. El presente proceso se encuentra en la etapa primigenia de la audiencia inicial, en donde se intentará la conciliación o se seguirá adelante con la producción de la prueba.

  • Acción procesal administrativa impugnando el proceso de elaboración del Decreto 248/201819 y la medida precautoria20

Oikos Red Ambiental también entabló ante la Suprema Corte, en su sala primera, una acción procesal administrativa cuyo fin es declarar la nulidad del procedimiento de elaboración del Decreto 248, impugnando la audiencia pública del 28 de diciembre de 2017, convocada mediante la Resolución 501 de la SAyOT, publicada en el Boletín Oficial el 06/12/2017 y la resolución adoptada en dicha audiencia; la Resolución 25/18 de la SAyOT publicada en el Boletín Oficial el 14/02/2018 y el Decreto 248, publicado en el Boletín Oficial el 09/03/2018.

Junto con la presente acción interpuso una medida precautoria cuyo objeto era la suspensión de la ejecución del Decreto 248/2018.

El Gobierno de Mendoza planteó la excepción de incompetencia por prematuridad y Fiscalía de Estado planteó las excepciones de litispendencia y de caducidad de la acción. Estas últimas fueron rechazadas, demostrando fiscalía otra vez más su incompetencia en temas ambientales.

La Suprema Corte hizo lugar a la primera excepción de incompetencia por prematuridad21, entendiendo que Oikos Red Ambiental debería haber agotado la vía administrativa mediante reclamo administrativo directo ante la administración impugnando el acto reglamentario. Obviamente se interpuso un recurso extraordinario, el cual se encuentra en la etapa de traslado a las partes del proceso.

  • Acciones de amparo contra el Decreto 248 y la Resolución 249

El expediente 263.022, “OIKOS RED AMBIENTAL C/ DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN P/ ACCIÓN DE AMPARO” recayó en el 2º Juzgado de Gestión Judicial Asociada de la Provincia de Mendoza, a cargo del Dr. Carlos Dalla Mora, para que se declare la inexistencia o nulidad absoluta por inconstitucional e inconvencional de la Resolución 387/2018, emitida por la DPA, que se funda en la Resolución 761/2018 emitida por la DGI, también solicitando se declare la misma nula e inexistente, inconstitucional e inconvencional. Dichas resoluciones consisten en el procedimiento de Aviso de Proyecto de Estimulación Hidráulica y dictamen sectorial de pozos existentes en el Área del Puesto Rojas, Malargüe. Solicitando como medida precautelar de no innovar la inmediata suspensión de la aplicación de las resoluciones impugnadas, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el proceso.

El juez rechazó la medida precautelar22 y con posterioridad se declaró incompetente23 para entender la causa, remitiendo las actuaciones al 4º Juzgado Civil para que se acumule con la causa 252.847, caratulados: “ROMANO MARCELO C/ DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL – GOBIERNO DE MENDOZA p/ ACCIÓN DE AMPARO”.

Llegado el expediente al 4º Juzgado Civil, el juez rechazó el desplazamiento de la competencia del Dr. Dalla Mora, surgiendo así un conflicto negativo de competencia24, por entender que no existe conexidad entre las causas, ya que en este último se impugna la Resolución 813/17, y que se dé cumplimiento a lo exigido por las Leyes 25.675 y 5.961 y Decretos Reglamentarios 437/1993 y 170/2008. Lo importante es aquí que ninguno de los dos magistrados ha asumido el rol activo que demandan este tipo de procesos, que tienen por fin la protección del ambiente y las garantías constitucionales del derecho a un ambiente sano.

Todas las actuaciones anteriormente mencionadas han sido remitidas a la Segunda Cámara de Apelaciones de Justicia de Mendoza, mientras tanto el conflicto de competencia negativo se encuentra sin resolver.

El segundo amparo25 es el 262830, caratulado: “ROMANO MARCELO C/ DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN – PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN DE AMPARO”, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 249/2018 del DGI. Dicho expediente también recayó sobre el Segundo Tribunal de Gestión Judicial Asociada, y quien intervino fue el Dr. Carlos Dalla Mora, quien obviamente se declaró incompetente, remitiendo esta pieza judicial junto con el anterior expediente, siguiendo las presentes causas el mismo destino.

Conclusión

La actividad de la hidrofractura genera una gran conflictividad social y judicial en la provincia de Mendoza, y que pese a las acciones judiciales el Gobierno tiene como horizonte próximo el desarrollo a gran escala de la técnica. Esta tiene como fundamento legal una norma que considera al fracking como una actividad de bajo o escaso impacto ambiental, sin haber hecho estudios ambientales estratégicos y prospectivos.

La preocupación de las ONG se da fundamentalmente por la extrema escasez del recurso hídrico y el cuidado que debe tenerse del agua y sus fuentes para las generaciones futuras; hoy en día son las únicas que plantean un cuidado verdadero del recurso hídrico.

Se puede avizorar un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre la fijación de la política hídrica y de hidrocarburos, que le corresponde originariamente al Poder Legislativo, quien demuestra ser una institución obsoleta cuando hay que pensar en el futuro de los bienes comunes.

En lo que concierne al aspecto judicial, todas las resoluciones de los magistrados se han basado en los informes del gobierno, sobre los cuales no podemos afirmar su objetividad. Sumado a esto está la presión ejercida por los sindicatos y municipios interesados directamente sobre los magistrados, demostrando un poder judicial endeble y parcial.

No hay hasta la fecha rigor científico en ninguna resolución judicial, demostrando lo atrasado que se encuentra el poder judicial en temas ambientales en la provincia de Mendoza.

La normativa dictada por las autoridades de aplicación busca evitar la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectan el ambiente, entre otras falencias, y se podría haber realizado una normativa de mejor calidad técnica, pero se buscó el retroceso en materia de bienes colectivos.

  1. 35°11’20.7″S 69°41’58.5″W, -35.189070, -69.699580
  2. Disponible en: http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=5625357426
  3. Disponible en: http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=5625357426
  4. Disponible en: http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=6338834655 
  5. Expediente N° 252.726 caratulado: “FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (FARN) C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN AMPARO”
  6. https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_Llancanelo
  7. Fs. 143 de los autos Nº 252.726.
  8. Fs. 123 de los autos Nº 252.726.
  9. Disponible en: http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=5637840033
  10. Disponible en: http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=6529653992 
  11. Disponible en: https://aida-americas.org/es/blog/defendiendo-comunidades-del-avance-del-fracking-en-argentina
  12. Disponible en: https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/34963
  13. Disponible en: http://www.irrigacion.gov.ar/dgi/sites/default/files/2018-06/Resol%20N%C2%BA249-18%20HTA-1.pdf
  14. CUIJ: 13-04321414-9, “OIKOS RED AMBIENTAL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN INCONSTITUCIONALIDAD”
  15. Artículo 99: “Corresponde al Poder Legislativo: … para todo asunto de interés público y general de la provincia, que por su naturaleza y objeto, no corresponda privativamente a los otros poderes provinciales o a los nacionales.”
  16. Artículo 186: “El uso del agua del dominio público de la provincia es un derecho inherente a los predios, a los cuales se concede en la medida y condiciones determinadas por el Código Civil y leyes locales.”
  17. Estudio encarado por el laboratorio del Centro de Estudios Tecnológicos y Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo. El análisis lleva el número 16419-17.
  18. CUIJ: 13-04376882-9 “OIKOS RED AMBIENTAL C/ DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN P/ ACCIÓN INCONSTITUCIONALIDAD”, tramita ante la Sala 2º de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
  19. CUIJ: 13-04321412-2 “OIKOS RED AMBIENTAL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”
  20. CUIJ: 13-04342074-1 “OIKOS RED AMBIENTAL C/ GOBIERNO DE LA PROV. DE MENDOZA P/ MEDIDA PRECAUTORIA”
  21. Disponible en: http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=6465813778 
  22. Disponible en: http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=6369727218 
  23. Disponible en: http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=6432433837
  24. Disponible en: http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=6441268414
  25. Disponible en: http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=6413380733 

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