Rafael Colombo
Abogado (Universidad Nacional del Litoral). Director Ejecutivo de “Capibara. Naturaleza, derecho y sociedad”.

3.3 Derechos Humanos y ambiente en Argentina: notas sobre las fumigaciones con agrotóxicos*

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo del presente trabajo es describir, definir, contextualizar y, paralelamente, aventurar una serie de ejercicios teóricos y reflexivos en torno al extractivismo agroindustrial en la región del litoral (y otras provincias limítrofes), tomando como punto de partida el activismo de los movimientos sociales contra las fumigaciones indiscriminadas, irresponsables y, en la mayoría de los casos, manifiestamente ilegales. 

Introducción: “Paren de Fumigarnos” frente al modelo extractivista agroindustrial

Bajo la expresión “Paren de Fumigarnos”, u otras denominaciones afines, este movimiento social se posiciona crítica e integralmente frente a determinados (y emergentes) rasgos del modo de producción rural, advirtiendo sobre sus consecuencias perversas tanto contra la salud humana como en el ambiente y la producción de alimentos.

En este sentido, la significación del “Paren de Fumigarnos” es doble y visiblemente entrecruzada: la primera – íntima, doméstica y local – pone sobre la mesa la situación desgarradora que viven miles de vecinos agrupados en pequeñas comunidades rurales – la “Argentina profunda” – que son sistemáticamente víctimas de las aspersiones, pulverizaciones o más comúnmente denominadas “fumigaciones” con agrotóxicos. 

La segunda – pública, estructural y global – ensaya desde el seno de comunidades afectadas por esta situación un feroz cuestionamiento hacia la relativamente reciente reconfiguración del sector agrario hegemónico, con una nueva serie de sesgos que pueden ser ordenados de la siguiente manera: productivista, por estar basado mayoritariamente en el monocultivo para la exportación de materias primas; biotecnológico, por el uso intensivo de nuevas técnicas que proveen “mejores” soluciones para gobernar e incrementar la producción; empresarial, por el desmedido énfasis en una rentabilidad fuertemente asociada a los precios internacionales y la búsqueda de nuevos mercados a manos de corporaciones cada vez más concentradas y poderosas; territorial, por su desmedido avance sobre la tierra y sobre otros universos agrarios históricamente oprimidos (el chacarero y el campesino-indígena); y alimentario, por la obscena mercantilización de los alimentos y el control ejercido por empresas y empresarios sobre la cadena de distribución que intermedia entre la producción y el consumo.

“Paren de Fumigarnos” intenta ser, de esta manera, una respuesta insurgente, localista-globalizada y contra-hegemónica frente a un modelo de producción agrario capitalista-hegemónico global, localizado y territorializado (Santos, 2009, p.566).

Más genéricamente, este modelo agroindustrial – también sugestivamente referido como “modelo de agronegocios” – debe ser contextualizado bajo los modelos extractivistas de (mal)desarrollo caracterizados por Svampa y Viale (2014). Sintéticamente, el extractivismo constituye un “patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de los recursos naturales – en gran parte no renovables – y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como ´improductivos´. El proceso abarca desde actividades como la megaminería a cielo abierto y la explotación hidrocarburífera hasta la expansión de la frontera forestal, energética y pesquera, así como la de los agronegocios basados en los transgénicos, la siembra directa (soja, entre otros) y los llamados biocombustibles (etanol, biodiesel). Asimismo, comprende aquellos proyectos de infraestructura previstos por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en materia de transporte (hidrovías, puertos, corredores biooceánicos, entre otros) energía (grandes represas hidroeléctricas) y comunicaciones” (p.16; ver también Svampa, 2017, p.54)1.

Al mismo tiempo, también se ha producido literatura en torno al denominado “neoextractivismo” en un intento que no sólo tiende a profundizar analíticamente la idea misma de “extractivismo” sino que también propone generar cierta historización íntimamente ligada al modo de producción capitalista y las características particulares que presentan los modelos de desarrollo que de allí se desprenden, periodizando momentos de inflexión que van desde los debates a mediados de siglo XX sobre desarrollo y crecimiento, pasando por nociones como “desarrollo sustentable” y “desarrollo humano”, hasta el tristemente célebre “consenso de Washington” y el reciente “consenso de los commodities” (para un panorama general sobre esto, recomendamos el reciente trabajo de Svampa, 2017, pp.53-69).  

La propuesta del presente escrito: la politización de las luchas sociales como antesala de conquistas legales  

El derecho posee una centralidad especial en el presente escrito no solo por ser un fenómeno con decidida relevancia política para los temas que aquí abordamos, sino porque además mediante su examen crítico podemos no solo levantar su velo y descubrir qué intereses dominantes allí se esconden (en clave de Marx), o sus engranajes disciplinarios fragmentados y dispersos que expanden criterios de normalización y estandarización (en clave de Foucault), sino que también nos será posible identificar su potencial emancipador, intentando con ello volver sobre la pregunta formulada por Boaventura de Sousa Santos: ¿puede el derecho ser emancipatorio? (Santos, 2009, p. 542 y 574). 

Para este autor, el carácter emancipador del derecho puede surgir y desarrollarse desde abajo hacia arriba, es decir desde el discurso y, muy especialmente, las prácticas (entendidas como experiencias que no deben ser desperdiciadas) de los movimientos sociales, grupos y clases históricamente oprimidos (2009, p.51): “Luchando contra la opresión, la exclusión y la discriminación y la destrucción del medio ambiente, estos grupos recurren al derecho o, más bien, a diferentes formas del derecho, como un instrumento más de oposición. Lo hacen ahora dentro o fuera de los límites del derecho oficial moderno, movilizando diversas escalas de legalidad (locales, nacionales y globales) y construyendo alianzas translocales e incluso transnacionales. Estas luchas y prácticas son las que alimentan lo que llamo luego globalización contrahegemónica. En general no privilegian las luchas jurídicas, pero en la medida en que recurren a ellas, devuelven al derecho su carácter insurgente y emancipatorio. A estas prácticas tomadas en su conjunto, las designo como cosmopolitismo subalterno” (2009, p.51). El cosmopolitismo subalterno o insurgente, como propuesta política, es una forma de lucha contra el capitalismo global hegemónico integrado por un “haz bastante desatado de proyectos y luchas” que deben comunicarse, entenderse y cooperar entre sí a los fines de oponerse contra los intercambios desiguales de poder que afianzan la exclusión social (Santos, 2009, p.567), encabezados por movimientos sociales que “reivindican que tal exclusión social masiva confirma el hecho de que los intereses del capital global, lejos de ser el interés general, son en efecto hostiles a éste, dado que la exclusión social y especialmente su forma más extrema, el fascismo social, niegan la dignidad humana básica y el respeto a grandes partes de la población a través del globo. El trato con dignidad y respeto se le debe a la humanidad, y para algunos también a la naturaleza” (2009, p.566). 

Desde esta perspectiva, incorporamos dos tesis para el posterior análisis: la primera, acerca de la utilización de herramientas jurídicas hegemónicas con fines contrahegemónicos; otra, el uso de éstas últimas como parte de un derecho integrado a las movilizaciones sociales, tanto legales como ilegales (2009, pp.575-577).  

Los movimientos sociales como “Paren de Fumigarnos” han recurrido y recurren tanto a vías legales e institucionales (es decir, herramientas de un derecho hegemónico pero con fines contrahegemónicos o alternos) como a vías consideradas tradicionalmente como potencialmente ilegales (protestas, movilizaciones, cortes de caminos, escraches, acciones directas e incluso expresiones de desobediencia civil), y aquí es donde, precisamente, podemos observar, primero, cómo se desarman los tres pilares del derecho moderno: derecho como derecho del estado, separado de la sociedad civil, que solo promueve transformaciones legitimadas desde una política de estado. Segundo, cómo estas prácticas que (des)construyen esos saberes y experiencias de la modernidad científica y jurídica, a la par de recuperar otras históricamente subyugadas, sostienen proyectos alternativos, otorgando al derecho un potencial emancipatorio.

A su vez, en la lucha de los pueblos fumigados coexiste una agenda entre ambiente y derechos humanos que a nuestro modo de ver tiende (y debe) fusionarse a la manera de un gran híbrido político y jurídico. Como veremos sobre el cierre, la agenda de los últimos años en América Latina camina en esa dirección.  

Tomando este movimiento social que lucha por el ambiente y los derechos humanos en clave transversal, las dimensiones que a continuación vamos a explorar, entonces, son 3: dimensión parlamentaria, dimensión política estatal y dimensión judicial.  

Previamente, cabe destacar que en otras ediciones del Informe Ambienta Anual de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), se abordó el complejo agroindustrial desde una perspectiva crítica (FARN, 2014, pp.95-101; FARN, 2015, pp.147-163; FARN, 2016: pp.241-252, pp.253-268, pp.269-276; FARN, 2017, pp.15-29 y p.100; FARN, 2018, pp.243-267). Algunos de estos trabajos serán específicamente referidos a continuación. 

Dimensión parlamentaria

En general, el derecho de los agrotóxicos se ha organizado en tres grandes bloques de regulación normativa: el primero, referido a la disposición de los envases fitosanitarios; el segundo, relativo a su comercialización; y el tercero, dirigido a ordenar las formas de uso y aplicación sobre cultivos y el suelo (FARN, 2016, pp.270-275 y 2017, p.25). 

Actualmente, existe un proyecto en el congreso nacional presentado por el senador Fernando “Pino” Solanas (Frente Grande – Proyecto Sur), el cual se posiciona dentro de la noción de “presupuestos mínimos” ambientales, reconocido expresamente en el artículo 41 de la Constitución Nacional como mandato dirigido hacia las autoridades estatales y que a su vez ha sido receptado en la Ley General del Ambiente 25.675 (en adelante LGA)2.

El proyecto en cuestión (Expediente S-0791/17) propone explícitamente una ley de “presupuestos mínimos de protección ambiental para la manipulación y aplicación de agroquímicos”, prohibiendo, ya desde su artículo segundo, las siguientes prácticas: a) la aplicación de agroquímicos en áreas urbanas; b) la aplicación área de agroquímicos; y c)  la aplicación terrestre, manual o mecánica, de agroquímicos a menos de mil quinientos (1.500) metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, plantas apícolas, producción e industrialización de productos animales, ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos, embalses, diques y pozos de agua. 

Ante el estado de la cuestión, especialmente si lo pensamos desde un punto de vista federal, estas tres prohibiciones propuestas desde el inicio constituyen uno de los planteos más directos contra las fumigaciones con agrotóxicos en Argentina. Siguiendo con la impronta federal, el proyecto inmediatamente ordena la relación entre estado federal, gobiernos de provincias, departamentos, partidos, municipios y comunas al establecer que las “autoridades competentes podrán ampliar las áreas de protección ambiental indicadas con fundamento en el cuidado de la salud, el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general”. Claramente, se afianza la noción de presupuestos mínimos orientando partisanamente las disposiciones subnacionales conforme al principio de progresividad (y no regresión) en materia ambiental. 

Otra particular innovación es que el proyecto define qué se entiende por “agroquímicos” (quizás debió decir “agrotóxicos”, aunque finalmente es una expresión más preferible al vulgar eufemismo de productos “fitosanitarios”). En efecto, los designa como “Aquellas sustancias o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, controlar o destruir cualquier plaga, incluyendo las especies no deseadas de vida animal o vegetal, que causan perjuicio o interferencia en la producción, elaboración, transporte o almacenamiento de los vegetales, sus productos y derivados. Se incluyen en esta definición los plaguicidas, herbicidas, defoliantes, desecantes, coadyuvantes y las sustancias reguladoras del crecimiento vegetal o fitorreguladores” (ver también la definición de la Ley 27.279 de “Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios”). 

En líneas generales, la mayoría de las provincias – con la excepción de Corrientes, como veremos brevemente– eluden dar una definición al respecto y recurren explícita o implícitamente a las disposiciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y otros organismos afines. En suma, lo dejan a discrecionalidad del poder administrador de turno (ver FARN, 2015, pp.153-158). Entender la importancia de esto es entender que nuestra cultura legal hegemónica ha idolatrado e idolatra los textualismos, otorgándole certeza y comodidad a los intérpretes autorizados del derecho. Un uso no hegemónico del textualismo, con propósitos contra-hegemónicos, es precisamente brindar una definición de agroquímicos que hace crujir los escritorios de los empresarios del capitalismo global.

Finalmente, destaco dos grupos más de disposiciones que tienen particular relevancia para la agenda política, jurídica y social de los pueblos fumigados: la primera, refiera a la “prohibición del tránsito, circulación, estacionamiento, guarda o depósito de las maquinarias con carga de agroquímicos dentro de las áreas urbanas”. Con esta disposición, la ley federal de presupuestos mínimos ordena en todo el país uno de los puntos más denunciados y controversiales a lo largo y ancho de los gobiernos locales del país. El segundo grupo, de carácter procesal-judicial, regula por una parte las garantías para la defensa judicial, administrativa (e incluso me atrevo a incluir la defensa parlamentaria, con sus evidentes límites) de los pueblos fumigados, autorizando a las “autoridades competentes” cualquier medida de oficio para garantizar el cumplimento de la ley, pudiendo incluso valerse de la fuerza; y, por la otra parte, reafirmando la legitimación procesal (al menos, la individual; de los/as afectados/as) para reclamar administrativa o judicialmente (nuevamente, el reclamo hacia lo parlamentario vuelve a minimizarse)3

A nivel provincial, referiremos brevemente los casos de las provincias de Buenos Aires Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.  

Provincia de Buenos Aires

En este primer caso, la provincia más importante en términos relativos de superficie cultivable, comenzó rigiendo el Decreto 499/1991 para luego sancionarse la Ley 10.699 en el año 1998. Ambas normas fueron confeccionadas como un traje a medida del capitalismo agrario hegemónico. Sus disposiciones poco eco se hacen – por no decir ninguno – de los principales cuestionamientos que arrastra el actual modo de producción agrario y sus impactos en la salud de las personas y el ambiente (además de estar muy desactualizadas), como sí lo hace el proyecto de regulación federal en cuanto a la aplicación de agroquímicos.

Sin embargo, esto no es lo peor. Recientemente, la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuyo Ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquis, cuenta entre sus principales y casi excluyentes antecedentes, una afinidad muy estrecha como empleado de empresas transnacionales del capitalismo agroindustrial, biotecnológico y alimentario hegemónico, que poseen enormes cuestionamientos políticos, sociales y ambientales (Monsanto – hoy grupo Bayer-, Aguas Danone, Nestlé, Coca Cola y Repsol YPF), dictó una insólita resolución: la N° 246-MAGP-18, del 17 de octubre de 2018. 

Sintéticamente, el texto de la regulación que se encuadra entre las potestades de la ley y decreto provincial vigente, remite al Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas Agropecuarias – que analizaremos luego – estableciendo en su artículo 1 lo siguiente: “A partir del 1 de enero de 2019 los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales comprenderán la zona de amortiguamiento” (las cursivas son nuestras). 

La enumeración de los lugares que posean lotes contiguos – que comprende la denominada “zona de amortiguamiento”, es decir, la superficie donde pueden llevarse a cabo a la aplicación de fitosanitarios (sic) -, es lisa y llanamente escalofriante, con el agravante de que ya no estamos en 1991 o 1998. Pasaron casi 30 años del primer decreto y, a pesar del incremento de las denuncias por fumigaciones o el progresivo y patente agravamiento de la salud de los pueblos fumigados, esta resolución permite fumigar al lado de una escuela4, de zonas residenciales con viviendas permanentes, de un río, reservas naturales y áreas de recreación. Para colmo, las instancias de control propuestas reproducen los controles administrativos tradicionales (en el caso débiles, imprecisos y laxos) sobre el producto (al menos habla de “toxicidad”), equipos, condiciones meteorológicas (artículo 3) o exigiendo la “presencia” de un profesional al inicio y durante la aplicación (artículo 4), entre otros. 

Nunca antes un grupo de actores políticos se animó a tanto. 

Provincia de Corrientes

En esta provincia, la Ley 5300 del año 1998 establece un “régimen regulatorio del uso de agrotóxicos, sus componentes y elementos o productos afines”. En líneas generales, a pesar de no fijar prohibiciones en cuanto a la aplicación aérea o establecer distancias mínimas de aplicación terrestre, llaman particularmente la atención dos aspectos: a) utilización de la expresión “agrotóxico”, su definición y su clasificación; b) el catálogo de prohibiciones expresas. 

En cuanto a lo primero, el artículo 3 dice que los agrotóxicos son “productos químicos destinados al uso en la producción agropecuaria y forestal, en el almacenamiento y beneficio de productos agrícolas y pasturas, en la protección de bosques nativos e implantados, ambientes hídricos y otros ecosistemas, cuya finalidad sea alterar la composición de la flora o de la fauna, así como estimular o inhibir su crecimiento. Aquí es posible observar una trampa jurídica en razón de la distorsión de sentidos: se los denomina “agrotóxicos” para luego definirlos como “fitosanitarios”. Esto último es ratificado cuando la ley se refiere a los componentes (principios activos, materias primas, ingredientes y aditivos utilizados en la fabricación de agrotóxicos) o sus elementos afines (productos y agentes de procesos químicos, físicos y biológicos, utilizados para la defensa fitosanitaria, sanitaria o ambiental que tengan la misma o similar aptitud que los agrotóxicos). 

En cuanto a las prohibiciones el catálogo es bastante amplio: apelando a las facultades de propias del derecho público provincial, Corrientes prohíbe el registro y uso de agrotóxicos cuando “cuando no se disponga de métodos de degradación de sus componentes que permitan impedir los riesgos de sus efectos residuales sobre el medio ambiente y la salud pública” o cuando “no haya antídoto o tratamiento eficaz; o cuando poseen “características teratogénicas, carcinógenas o mutagénicas (…) capaces de provocar disturbios hormonales o daños al aparato reproductor o sean más peligrosos para el hombre que lo demostrado en ensayos de laboratorios con animales, según resultados actualizados de experiencias científicas; y, también, y esto si es interesante, “…cuando sus fórmulas sean secretas, sus componentes indefinidos o no se declaren sus características técnicas o de funcionamiento” (artículo 13). También se prohíbe el “… el lavado y limpieza de equipos destinados a la aplicación de agrotóxicos, sus elementos, componentes y afines, en cursos de agua, ríos, arroyos, lagunas, esteros, tajamares, represas y perforaciones que sean susceptibles de contaminar napas subterráneas” (artículo 14) y la “…descarga de agrotóxicos, sus componentes y elementos o productos afines o efluentes que los contengan, en lugares que pudieran resultar perjudicial para personas, animales, vegetales o el medio ambiente, y especialmente cuando no se los hubiera descontaminado o degradado previamente” (artículo 15).

Provincia de Entre Ríos 

A mediados de la última dictadura militar, en 1980, Entre Ríos dicta la Ley 6599 (luego ratificada, en el periodo democrático, por la Ley 7495), conocida como “Manual de fitosanitarios”. Más adelante, en el año 2003, el poder ejecutivo expande la regulación mediante el Decreto 279/2003, que junto a otras resoluciones que repasaremos brevemente, constituyen el digesto público provincial sobre este tema. 

En líneas generales, la ley – de apenas 21 artículos – es pobre e insuficiente para atender el drama de los pueblos fumigados y ello recientemente ha sido confirmado judicialmente, advirtiendo sobre la mora legislativa provincial en favor de la actualización normativa, acorde con el marco constitucional y convencional sobre ambiente y derechos humanos. El artículo 1 comprende “los actos derivados del expendio, aplicación, transporte y almacenamiento de plaguicidas que se empleen como herbicidas, fungicidas, acaricidas, insecticidas o plaguicidas en general, en las prácticas agropecuarias”. El resto de sus disposiciones no se alejan demasiado de los estándares normativos provinciales. 

El decreto, por su parte, expande la regulación, conteniendo disposiciones sobre la aplicación de plaguicidas (artículo 6), una obligación de extremar las precauciones en lotes contiguos o cercanos a “viviendas, cursos de agua, embalses utilizados como fuentes de abastecimiento de agua o abrevaderos de ganados, explotaciones apícolas” (artículo 11) y finalmente, estableciendo una prohibición de aplicación área “dentro del radio de 3 km a partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados y reiterando “extremar las precauciones” cuando las aplicaciones sean terrestres (artículo 12). Este artículo adquiere especial relevancia en la acción judicial sobre la que hablaremos más adelante.

Finalmente, existe un repertorio de Resoluciones Ministeriales (47/04; 49/07; y 19/06) que establecen protecciones especiales ante aplicaciones en cercanía de “caseríos” (50 metros), “cursos de agua” (50 metros) y “galpones avícolas” (50 metros para aplicaciones terrestres y 100 metros para aplicaciones áreas). Sugestivamente, los establecimientos educativos y otros sitios equivalentes no son objeto de protección especial (a diferencia de, como vimos, los “galpones avícolas”).   

Provincia de Santa Fe

En Santa Fe, desde el año 1995 rige la Ley 11.273 que, sumada al Decreto 552/2007 y otras disposiciones reglamentarias emanadas desde el Ministerio de la Producción5, conforman el marco jurídico sobre la materia. La primera contiene 42 artículos mientras que el segundo tiene más de 60, configurando con ello una telaraña compleja y difícil de desentrañar en cuanto a las controversias generadas sobre asuntos tan delicados.  

Conforme se fue agravando la situación de los pueblos fumigados en la provincia – que derivó en la constitución de un amplio movimiento social conocido como “Paren de Fumigarnos”, integrado y respaldado por más de 120 instituciones, organizaciones sociales, comunidades fumigadas, científicos e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), médicos, abogados, ingenieros, entre otros – comenzaron a proliferar una variada serie de acciones de incidencia para reformar la ley provincial.

Uno de los puntos más controvertidos son las distancias de aplicación. Actualmente, los artículos 33 y 34 de la ley prohíben “la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3.000 metros de las plantas urbanas. Excepcionalmente podrán aplicarse productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido entre los 500 y 3.000 metros”; y “la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación”. 

Ambos artículos se complementan con el decreto citado de una forma extremadamente confusa, en cuanto a la relación entre las disposiciones provinciales y las facultades de los municipios y comunas. 

Concretamente el decreto establece que las prohibiciones para las fumigaciones áreas podrán establecerse para los productos fitosanitarios de clases toxicológicas C y D “dentro del radio de los quinientos (500) metros”, mientras que los productos de clase toxicológica B solo podrá efectuarse “dentro del sector comprendido entre los quinientos (500) y los tres mil (3.000)”. Además, se establece una excepción más de aplicación a estas dos excepciones cuando en las “inmediaciones del o los lotes a tratar existieren centros educativos, de salud, recreativos o habitacionales”, definiendo las “inmediaciones” como “la zona que puede ser alcanzada por deriva de productos, aun cuando la aplicación se realizare en condiciones técnicamente ideales” (artículo 51). Finalmente, se obliga a los gobiernos locales a que reglamenten “la delimitación de las plantas urbanas a los efectos de precisar las distancias establecidas en los artículos 33 y 34…” (artículo 52).

Esta aparente precisión y casuismo propia del derecho moderno, en lugar de favorecer la protección de los objetivos invocados por la ley (la salud y el ambiente), por el contrario, han permitido la proliferación de confusiones y distorsiones al punto de erigirse como un gran laberinto legal que conspira manifiestamente contra los derechos fundamentales de los pueblos fumigados. 

En este contexto, “Paren de Fumigarnos” de Santa Fe ha impulsado una reforma integral de la Ley 11.273. Desde el año 2013, con la presentación del proyecto expediente 27.779, impulsado por el entonces diputado José Tessa (histórico dirigente de la Asociación del Magisterio de Santa Fe [AMSAFE] y de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina [CTERA]) se comenzó un largo recorrido que hasta el día de hoy encuentra a la legislatura provincial en una serie de debates cruzados, los cuales derivan en una mora excesiva, traducida en proyectos que año tras año se presentan, se traban en algunas comisiones y luego pierden estado parlamentario. 

Uno de los últimos intentos ocurrió en 2017 con la presentación del proyecto original de Tessa, esta vez encabezado por el diputado Carlos del Frade (periodista y escritor rosarino de amplia y reconocida trayectoria), mediante el expediente 33.127. Junto a otros diputados/as firmantes6, el proyecto pasó por la comisión de salud, de donde emergieron dos dictámenes, uno de mayoría7 y otro de minoría8, para finalmente trabarse en una reunión plenaria de las comisiones de Medio Ambiente y Agricultura, entre agosto y octubre de 2018 y perder así, nuevamente, estado parlamentario. 

Muy brevemente, el proyecto impulsado por “Paren de Fumigarnos” propone, en cuanto a las distancias agronómicas de aplicación, lo siguiente: “prohibir las aplicaciones áreas en todo el territorio de la provincia de Santa Fe” (reforma al artículo 33); “prohibir las aplicaciones terrestres dentro de un área de 1500 metros de las plantas urbanas, establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial” (reforma al artículo 34); prohibir “en todo el territorio provincial las aplicaciones de productos agroquímicos en banquinas ubicadas en los ejidos municipales y/o comunales como así también en las rutas provinciales y rutas nacionales que transiten por la provincia”; y establecer una zona de exclusión de aplicaciones  “ delimitada progresivamente en razón del nivel de toxicidad de los productos a utilizar” (artículo 35 del proyecto).  

Políticas Estatales 

En este breve apartado vamos a describir y reflexionar a propósito de una propuesta del gobierno federal, relativa a la promoción de las denominadas “Buenas Prácticas Agropecuarias” (en adelante BPA). Para ello, vamos a tomar como referencia el documento elaborado por el Grupo de Trabajo Interministerial sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios (GTI-BAP), creado por la resolución conjunta 1/2018 de los entonces Ministerios (ahora rebajadas al rango de Secretarías) de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Agroindustria que conducen Sergio Bergman y Luis Etchevehere, respectivamente.

Entre los funcionarios y organismos que participaron en la redacción del documento se encuentran, además de las dos reparticiones jerárquicas mencionadas, el SENASA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (también devenido en Secretaría), el Consejo Federal Agropecuario (CFA) y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), constituyendo esta composición un vicio originario de ausencia de participación por parte de diversos actores, sectores y campos de saberes y experiencias que tienen mucho para testimoniar y aportar en la elaboración de un documento de estas características. 

La propuesta general se estructura a lo largo de 12 principios, 23 recomendaciones y 2 anexos, proponiendo objetivos que pueden considerarse como ambiciosos, sobre todo si se piensa en la eventual remisión de un mensaje del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) al Congreso para poner en consideración una ley federal en la materia. Los objetivos, decíamos, son tres: 1) elaborar los principios que deben regir las políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias, sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, con especial atención sobre las aplicaciones en zonas de amortiguamiento o “buffer” adyacentes a áreas que requieren especial protección; 2) formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios; y 3) formular recomendaciones sobre cómo fortalecer los sistemas de control y monitoreo de las actividades de aplicación de fitosanitarios (GTI-BAP: 2018, 1). 

Uno de los puntos más controversiales es la definición misma de BPA. El documento dice que las BPA son el “conjunto armónico de técnicas y prácticas aplicables al uso de fitosanitarios, tendientes a asegurar que el producto pueda expresar su máxima capacidad para la que fue concebido, disminuyendo al máximo los posibles riesgos emergentes a la salud y el ambiente” (GTI-BAP: 2018, 2). La evasión es evidente. Se recurre al método de aplicación del producto ocultando la naturaleza tóxica de los productos aplicados. Las BPA forman parte de una táctica del capitalismo agrario hegemónico para no revisarse a sí mismo, maquillando fútilmente los efectos nocivos de los agrotóxicos, sobre los que el documento siquiera hace una referencia. Nuestra posición para debatir este asunto es sencilla: no es posible implementar BPA si estás se basan excluyentemente en la aplicación de agrotóxicos sobre la producción de alimentos, el ambiente y la salud de las personas.  

Otro aspecto muy cuestionable, es la construcción de una argumentación inspirada en el tríptico razón-teoría-lógica para no proponer el establecimiento de distancias mínimas de aplicación. Ello es posible debido a cómo construyen el concepto de “zona de amortiguamiento” (ZA) que, como vimos, fue receptado por la resolución dictada por Vidal en provincia de Buenos Aires. Las ZA – dice el documento – son “interfaces que permiten el ordenamiento ambiental del territorio para mejorar la gestión del riesgo de la aplicación y la convivencia de los valores productivos, ambientales y patrimoniales (…) la zona lindante o circundante a los ambientes que requieren especial protección por tener una o más características que los vuelven objeto de resguardo particular frente a los efectos negativos de la aplicación incorrecta de fitosanitarios. La sensibilidad de estos ambientes pasibles de resguardo especial es intrínseca a los mismos y contempla, principalmente: a) la proximidad de poblaciones humanas; b) la protección de los servicios ecosistémicos, de los recursos naturales y de áreas protegidas o sectores del territorio identificados y creados a esos efectos; y c) la presencia de patrimonio cultural e histórico sensible a los fitosanitarios que la comunidad valora y desea proteger” (GTI-BAP, 2018, 2-3). Ante esto, las ZA deben establecerse de acuerdo a cada caso en particular, identificando las características particulares de cada territorio, las características de los productos fitosanitarios, posibles exposiciones, tecnología aplicable, etc. Debido a esto, el documento argumenta que “la definición de dimensiones particulares para establecer distancias y superficies no es esencial en una zona de amortiguamiento, sino que depende de estas consideraciones” (GTI-BAP, 2018, 3). Ante esto, si bien es cierto que el ordenamiento ambiental del territorio podría permitir prescindir de la fijación de distancias en zonas de amortiguamiento, tal prescindencia debería contemplar la deliberación ciudadana informada y evaluaciones serias de impacto ambiental. Mientras ello no suceda, la fijación de tales distancias responde a una necesidad insoslayable e impostergable de protección mínima de los centros poblacionales y otros sitios sensibles. 

Por otra parte, en el texto propuesto (GTI-BAP, 2018, 3), sólo se aluden a tres de los principios que establece la LGA: prevención, sustentabilidad y subsidiariedad. Lo hace como si los principios fueran parte de un catálogo de libre disponibilidad para las autoridades estatales, eligiendo los más convenientes y descartando los más molestos o incómodos, que en el caso parecen ser los principios: precautorio, de equidad intergeneracional, congruencia, progresividad, responsabilidad, solidaridad y cooperación.

Finalmente, cabe señalar que el documento fue objeto de una Consulta Pública online impulsada por el gobierno federal, por el cual fue posible consignar aportes y comentarios al texto. Sin perjuicio de que esto pueda ser considerado como un mecanismo democrático “de oídas”, es indispensable avanzar en nuevos diseños institucionales – y la necesidad de (re)diseños – que sean públicos, abiertos, transparentes y con instancias de participación efectiva de las minorías y sectores oprimidos (en este caso, urge sentar a los pueblos fumigados sobre la mesa de deliberación). 

Decisiones judiciales

En los últimos años, la jurisprudencia civil y penal relacionada con las fumigaciones se ha construido y desarrollado en el marco de luchas socioambientales. Incluso en algunas de ellas, las más excepcionales, el Estado ha fusionado su rol con las organizaciones sociales que impulsan las causas judiciales (como veremos al analizar un fallo de Santa Fe). 

En el ámbito penal, se destacan recientemente las sentencias de Córdoba, Entre Ríos y más recientemente, la provincia de Corrientes: 

  1. En Córdoba, en el marco de los autos “Gabrielli, Jorge Alberto y otros s/ infracción Ley 24.051” (también conocido como el caso de las “Madres de Barrio Ituzaingó”), la Corte Suprema provincial ratificó la condena a tres años de prisión condicional a un productor agropecuario (Francisco Parra) y un piloto aéreo aplicador (Edgardo Pancello) por ser responsables penales del tipo penal establecido en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Las primeras denuncias y movilizaciones comenzaron en el año 2001; el juicio tuvo lugar recién en junio de 2012 y la primera sentencia en agosto de ese mismo año. En septiembre de 2017, la condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la denegación del recurso de queja presentado por la defensa (Ver Svampa-Viale, 2014, pp.155-158; FARN);
  2. A principios de octubre de 2017, en el marco de la causa “Honeker, José Mario; Visconti, César Martin Ramón; Rodríguez, Erminio Bernardo s/Lesiones Leves Culposas y Contaminación Ambiental”, el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, condenó a Honeker (arrendatario del campo), Rodríguez (titular de la Sociedad Anónima [SA] que brindó el servicio aéreo de fumigación) y Visconti (aero-aplicador) a la pena de un año y seis meses de prisión por los delitos de lesiones leves culposas en concurso ideal con contaminación ambiental (artículo 56 de la Ley 24.051). El hecho tuvo lugar el 4 de diciembre por la tarde, a menos de 50 metros de la Escuela N° 44 “República Argentina”, en horario de clases, afectando especialmente a 5 niños/as del establecimiento que presentaron diversas afecciones y enfermedades luego de la fumigación; 
  3. En Corrientes, el Superior Tribunal de Justicia provincial hizo lugar a un recurso de casación presentado de manera conjunta por la fiscalía ante el Tribunal Oral Penal (TOP) de Goya y los querellantes, en contra de la sentencia del 5 de diciembre de 2016, dictada por el citado tribunal, por la cual fue sobreseído Ricardo Nicolás Prieto (productor agropecuario), único imputado en la causa, por  el delito de lesiones culposas (por extinción de la acción penal por prescripción) absolviéndolo también – acto seguido – del delito de homicidio culposo (debido a escasez probatoria). Puntualmente, el hecho ocurrió en la ciudad de Puerto Viejo Lavalle, en abril de 2011, cuando Nicolás Arévalo (de 4 años de edad) y Celeste Estévez (5 años) inhalaron restos de endosulfán. Nicolás murió dos días después mientras que Celeste estuvo internada por más de tres meses en el Hospital Garrahan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El Superior Tribunal ordenó además que se dicte un nuevo fallo9

En el ámbito de las acciones civiles, la provincia de Santa Fe posee algunas sentencias destacadas: 

  1. La sentencia de la Justicia Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Jorge en autos “Peralta, Viviana c. Municipalidad de San Jorge y otros s. Amparo” (más conocido como “Fallo San Jorge”), dictada el 9 de junio de 2009, fue una de las primeras en su tipo, al establecer la prohibición de fumigar en los campos linderos de los/as amparistas a distancia no inferior a los 800 metros (fumigaciones terrestres) y 1500 metros (fumigaciones aéreas), excluyendo la utilización de cualquier clase de agroquímico, para ambos casos;
  2. Más recientemente, el 9 de diciembre de 2015, en el marco de una significativa controversia entre un estado comunal y una empresa agroindustrial, la Corte Suprema de Santa Fe dictó un fallo muy significativo en autos “Spedd Agro c/ Comuna de Arequito”. Cuando, en enero de 2011, la Comuna de Arequito sancionó la Ordenanza 965 que prohibía el uso de agroquímicos tóxicos (y más significativamente aún, sus “coadyuvantes”) en todo el distrito de la comuna, estableciendo además distancias de aplicación no inferiores a 1000 metros de “centros poblados”, la empresa “Spedd Agro” (líder transnacional en materia de producción de coadyuvantes) consideró afectados sus derechos y cuestionó la constitucionalidad de la ordenanza. Muy sintéticamente, la Corte sostuvo dos líneas argumentales muy poderosas: una propia del derecho público provincial, que afirma que “la norma cuestionada resultaba el legítimo ejercicio del Poder de Policía municipal en materia de salud y medio ambiente, cuya potestad es detentada en función de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Comunas de la provincia de Santa Fe”. La otra, contundente al renunciar a cualquier forma de ponderación jurídica liberal, al comparar los “intereses en juego”, privilegiando el derecho a la salud y el medio ambiente sobre otros derechos individuales invocados (muy especialmente, el derecho de propiedad) y aún, redoblando la apuesta, “sobre los intereses productivos”. 

Avionetas de la muerte: el caso Foro Ecologista de Paraná c/ Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y otros s/ Acción de Amparo.

El 23 de agosto de 2018, el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos, demandaron al estado provincial solicitando lo siguiente: 1) que se fije una franja de 1.000 metros libres del uso de agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales y, además, una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal, cuyo objetivo sería impedir y disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos; 2) se prohíba la fumigación aérea en un radio no menor a los 3.000 metros, de conformidad a lo ordenado por el decreto reglamentario de la Ley de Plaguicidas para el radio de las plantas urbanas; 3) se ordene el establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas y adolescentes y personal docente y no docente que asistan a las escuelas rurales, mediante análisis de sangre, orina y genéticos de los menores; y 4) a través de la Dirección de Hidráulica de la provincia, se ordene el análisis sobre el agua de lluvia y agua utilizada para el consumo de los alumnos, que comprenda un estudio físico químico y se investigue la presencia de los siguientes agrotóxicos: órganos clorados y fosforados, carbomatos y piretroides. 

Como se observa, el amparo se concentra sobre una situación escandalosamente dramática que ya hemos referido al comentar el fallo “Gabrielli”, de la misma provincia: las fumigaciones sobre escuelas, colocando a los niños/as y la comunidad educativa como una clase particularmente afectada dentro del drama de las fumigaciones en general. 

La acción obtuvo decisiones ampliamente favorables. El juez de Cámara Benedetto, el 1 de octubre de 2018, advirtiendo sobre la pobreza argumentativa de la “razón de estado” provincial, sostuvo: “destaco que la falta de certeza científica sobre sus consecuencias no me parece un argumento que justifique la improponibilidad de la acción, sino todo lo contrario, ya que no es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de miles de niños entrerrianos, a lo que se debe agregar el hecho absolutamente irrebatible que ningún producto químico que sea esparcido en el ambiente o derramado sobre la superficie terrestre resulta inocuo o carente de efectos” (Considerando N° 9).

Luego continúa diciendo: “Lo primero que debe tenerse presente es que la fumigación con productos de efecto pesticida o plaguicida es una actividad lícita y normativamente reglamentada. Lo segundo, e imposible de obviar, es que el modelo de producción agrícola en nuestro país y en nuestra provincia puede generar un creciente problema de salud pública, debido a que los plaguicidas contienen sustancias químicas tóxicas que se utilizan en la agricultura para eliminar insectos, malezas y/u hongos que afectan a los cultivos, pero que muy probablemente también tengan efectos nocivos en la salud de la población rural. Ahora bien, volviendo al objeto de esta acción, nos encontramos ante una ausencia de normativa específica respecto a las distancias de aplicación de las escuelas rurales de la provincia, y una clara omisión estatal en orden a la prevención que este tipo de prácticas requiere” (Considerando N° 10). 

Finalmente, el juez prohíbe la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos; y la fumigación aérea en un radio de 3000 metros, “…todo ello, hasta tanto se determine por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes”. Exhorta al estado provincial “para que, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños. Condena a la provincia “a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de 150 metros de todas las escuelas rurales de la provincia”. Y, finalmente, suspende “las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones” (Resolución).

Con dos excepciones (la obligación de la implantación de las barreras vegetales y la suspensión de las aplicaciones) el Superior Tribunal de Entre Ríos, confirma la sentencia de Benedetto el 29 de octubre de 2018, sentando con ello uno de los precedentes judiciales más relevantes del país sobre fumigaciones, impulsada por un fuerte asociativismo entre un movimiento social y una asociación sindical, que fusionadas en sus denuncias y reclamos, promovió y promueve actualmente un freno ante las prácticas más irresponsables (y cínicas) del modelo capitalista agrario hegemónico. Claramente, una auténtica insurgencia que, si bien constituye el punto de llegada, postula alternativas que forman parte de largos senderos aún por recorrer.    

Reflexiones finales: hacia una fusión entre derechos humanos y ambiente (y derechos de la naturaleza)

En los últimos dos años, en el mundo y especialmente en América Latina han acontecido una serie de hitos ambientales que, de diversas formas, atacan una de las principales dicotomías de la modernidad: naturaleza/cultura. Esta separación fue teorizada desde el pensamiento filosófico, moral y estético de la ilustración generando con ello una penetración sobre la razón, teoría y lógica del Estado, el mercado, el derecho e incluso el arte y la relación de todos estos con la naturaleza, consolidando lo que ya hemos denominado como “fetichismo antropocéntrico” (Berros y Colombo: 2018). 

Sin embargo, entre 2015 y 2018, queremos destacar 4 momentos de inflexión sobre la cuestión ecológica en los que particularmente se destaca, por una parte, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza (que se suman a los casos de Ecuador y Bolivia); y por la otra, la fusión entre la noción de derechos humanos y ambiente a partir de la revisión teórica de categorías del discurso jurídico sobre derechos humanos (DDHH), como son los derechos políticos y civiles y los derechos económicos sociales y culturales, cuya distinción ya fue relativizada y englobada bajo la categoría de “derechos sociales” y en donde el ambiente (y los derechos de la naturaleza), históricamente desplazado, comienza a ser integrado a la manera de un gran hibrido jurídico de coexistencia, complemento y retroalimentación. Todos estos hitos tienen una significativa relevancia para la agenda ambiental en general y la agenda de lucha de los pueblos fumigados. 

Cerramos este artículo con estos 4 momentos que forman parte de un gran prólogo político, jurídico, social y ambiental para las presentes y futuras generaciones: 

  • Encíclica Laudato Si: el 18 de junio de 2015 fue publicada la reconocida encíclica sobre el Cuidado de la Casa Común escrita por el Papa Francisco, colocando este tema en un espacio central de la agenda eclesiástica mundial y más allá de esta institución. Esto se vio acompañado de una serie de intervenciones del Papa Francisco en diferentes países e instancias en las que colocó en un primer plano la necesidad de abordar el problema ecológico y la necesidad de hacerlo de manera urgente, debido a la escasez de tiempo que nos queda para dar un giro a un planeta en franca extinción. Como documento sobre la cuestión ambiental, el propio Francisco aseguró que el mismo posee un sello distintivo en relación a otras encíclicas. Históricamente, estos documentos están primordialmente dirigidos a los obispos que representan al Papa en el mundo. En este caso, además de ello, Francisco sostuvo que Laudato Sí es un texto dirigido no sólo a los fieles sino también a todas las personas que habitan la casa común: “Esta encíclica está dirigida a todos: recemos para que todos podamos recibir su mensaje y crecer en la responsabilidad hacia la casa común que Dios nos ha confiado” – afirmó-. Laudato propone una revisión de la ética religiosa, advirtiendo sobre cómo nuestro modelo de producción y consumo ha colocado a nuestro mundo en situación de  “desencanto” (advertencia ya formulada por Max Weber) para luego invitarnos a recuperar la espiritualidad de todo lo vivo, humano y no humano, renunciando a la ética económica – instrumental, reconociendo los derechos de la naturaleza como una creación divina y desarrollando las bases de una ética ecológica en donde el clamor de la madre tierra nos señala la necesidad de cambiar la conducta humana puesto que, precisamente, este clamor ya no solo produce desestabilizaciones naturales sino que al mismo tiempo se rebela contra la humanidad misma;
  • Opinión Consultiva 23: El 7 de febrero de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la opinión consultiva 23, consolidó su jurisprudencia en torno a la relación entre derechos humanos y ambiente: “Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos (…) la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano – y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana;
  • Acuerdo de Escazú: el 4 de marzo de 2018 se firmó el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, en el marco de una serie de encuentros de trabajo que por primera vez integró a las organizaciones sociales a las mesas de negociación. Destacamos especialmente, a los fines de este ensayo, el artículo 9 referido a los Defensores Ambientales a quienes el estado debe garantizarles “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. El acuerdo requería la firma de 11 estados para su entrada en vigencia y, hasta la fecha, lo han firmado Argentina, Antigua y Barbuda, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucia, Uruguay – es decir, 16 países; 
  • Amazonía colombiana: finalmente, el 5 de abril de 2018, la Corte Suprema de Colombia declara, en una sentencia, a la Amazonía como sujeto de derecho, en el marco de una acción judicial suscripta entre adultos, jóvenes y niños/as a modo de un pacto intergeneracional que concretiza la noción de generaciones futuras. La sentencia concedió la tutela presentada por 25 niños y jóvenes que, acompañados por la ONG Dejusticia, exigieron al gobierno nacional cumplir su promesa de frenar la deforestación en la Amazonía, la principal causa de cambio climático en Colombia: “Si la Amazonía es el pulmón del planeta, la deforestación es su cáncer silencioso” – afirmó Rodríguez Garavito, Director Ejecutivo de la ONG-. Por ello, reconocer que la naturaleza, en este caso la Amazonía, es sujeto de algunos derechos, (con antecedentes en los casos del Río Vilcabamba en Ecuador, Río Atrato en Colombia, Río Ganghes en India, Río Whanganui y Parque Te Urewera en Nueva Zelanda), implica decir que todos los ciudadanos pueden exigir su protección, incluso ante los tribunales, sin importar si somos habitantes de la región. 
  1. Agradezco al equipo de investigación del Proyecto Meulen, dirigido por la Dra. M. Valeria Berros, como así también a parte del equipo dedicado a la sistematización y análisis de buena parte de la información aquí expuesta. Especialmente, destacar el trabajo de Natalia Barrilis, Gisela Drewanz, Virginia Gazzo y Martín Torres con quienes hemos compartido reuniones de trabajo, seminarios y conferencias a propósito de estos temas. También agradecer a Capibara en razón de ser el espacio movilizador y activista que propone reconciliar la relación entre Naturaleza, Derecho y Sociedad.
  2. Desde el campo periodístico, que a decir a Wright Mills posee “imaginación sociológica”, se han realizado significativas contribuciones en torno al extractivismo en general y los agronegocios en particular, con énfasis en el testimonio de movimientos sociales, comunidades, pueblos y vecinos/as afectados. Hasta la fecha, se destacan los trabajos de Aranda (2015 a y 2015 b), Sandez (2016), Eleisegui (2017 y 2019) y el imprescindible libro del periodista santafesino Ricardo Serruya (2018) Para un panorama actualizado sobre el extractivismo agroindustrial con acento en la soberanía alimentaria ver Filardi (2018). 
  3. Actualmente, en Argentina existen 11 leyes de presupuestos mínimos, incluida la LGA. Dichas leyes fueron sancionadas a partir de la reforma constitucional del año 1994, que incorporó el referido artículo 41. Los temas y problemas regulados por estás leyes abarcan desde la gestión integral de residuos de origen industrial, gestión y eliminación de los PCBs, gestión ambiental de Aguas, gestión de residuos domiciliarios, protección ambiental de los Bosques Nativos, acceso a la información pública ambiental, protección ambiental para Control de Actividades de Quema, preservación de los Glaciares y del ambiente Periglacial, Manejo del Fuego y Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios
  4. Advierto en estos dos casos, que constituyen una minimización de las obligaciones parlamentarias en razón de estar explícitamente obligados a respetar la constitución y los tratados internacionales. Además, por la noción de presupuestos mínimos, tales obligaciones se le trasladan a cualquier forma de estado subnacional. Ej. 1: Una legislatura provincial no puede sostener una definición de agroquímicos demasiado diferente de la estipulada en una ley de presupuestos mínimos (principio de congruencia de la LGA); Ej. 2: Una legislatura provincial puede ser activamente interpelada por un ciudadano/a, comunidad o movimiento social a los fines de exigir la adecuación y/o cumplimiento de las regulaciones constitucionales y federales.
  5. Como un dejo de misericordia jurídica, el artículo 5 de la resolución pretende apiadarse de las escuelas disponiendo que “La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación deberá efectuarse fuera de horario escolar”. La comunidad educativa de infelices recibe con ello una limosna jurídica de los/as funcionarios estatales que, además de burlarse, los saludan cínicamente desde una avioneta.
  6. La ministra de Producción, Alicia Ciciliani (Partido Socialista [PS]), es una activa defensora de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BAP) impulsadas por el gobierno federal. Entre otras declaraciones indolentes frente al drama de los pueblos fumigados, sostuvo: “Vivimos en un país con 30% de pobres; no podemos darnos el lujo de dejar una sola hectárea sin producir” (El Litoral: 9/04/18); “El mundo usa agroquímicos; es una falacia creer que no se usan”. (EL Litoral: 8/11/18). Durante la presentación de las BAP en la localidad de Sastre afirmó: “El mensaje es de apoyo total a los productores para que cada día puedan producir más y mejor” (…) “no hay sociedad sustentable que ponga en jaque y persiga judicialmente a los que producen y a los que trabajan” (InfoSastre: 22/01/19). 
  7. El proyecto ingresó el 31/05/2017. Llevó la firma de los diputados Carlos De Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular [FSyP]); Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (PS – sector no oficialista), Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (Partido Justicialista) Fabian Palo Oliver (Unión Cívica Radical [UCR]) – Verónica Benas (Partido Participación, Ética y Solidaridad [PARES]).  
  8. Sala de la Comisión, 12/9/2018: Firmantes: Estela Yacuzzi y Patricia Tepp (UCR) – Alicia Gutiérrez (Partido Solidaridad e Igualdad [SI]), Raúl Fernández (Propuesta Republicana [PRO]-Cambiemos), Julio Garibaldi (PS – sector alineado con el oficialismo provincial).
  9. Sala de la Comisión, 12/92018: Firmantes: Leandro Busatto (PJ), Silvia Augsburger, Patricia Chialvo y Mercedes Meier.
  10. http://www.juscorrientes.gov.ar/prensa/stj-casa-el-fallo-que-absolvio-a-productor-horticola-y-ordena-reenviar-lacausa-para-nueva-sentencia/
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