Gabriela Eslava
Abogada de la Universidad de los Andes (2014), Colombia. Actualmente se desempeña como investigadora en el área de Litigio en Dejusticia.
Valentina Rozo
Magíster en economía de la Universidad de los Andes, Colombia. Investigadora en el área de litigio.

4.2.1 Casos de litigio climático: la Amazonía colombiana como sujeto de derechos

RESUMEN EJECUTIVO

El presente artículo aborda el tratamiento del caso más novedoso y emblemático relacionado con justicia climática en América Latina. En 2017, 25 niños, niñas y jóvenes colombianos plantearon al Estado un litigio sobre derechos fundamentales de las generaciones futuras amenazados por la crisis socio-ambiental producto de la deforestación en la Amazonía. Para los accionantes, lo que estaba en juego era la posibilidad de llevar una vida digna, de gozar de buena salud, de garantizar el derecho al agua y a la alimentación de personas a las que, si no se actúa de manera urgente frente al cambio climático, les tocará vivir en un país 1,6°C más caliente. 

Frente a tal planteamiento, la Corte Suprema de Justicia colombiana no sólo hizo una profunda reflexión sobre el rol de los jueces en el Estado constitucional como garantes de derechos, sino también sobre el concepto de solidaridad: ¿es un deber para con los humanos exclusivamente, o debe aplicarse a otros seres con los que estos comparten el planeta? 

Introducción 

En 2017, 25 niños, niñas y jóvenes entre los 7 y los 26 años nos reunimos para demandar al Estado colombiano. Decidimos interponer una acción legal frente al aumento de la tasa de deforestación de Colombia, que significó la pérdida de 178.597 hectáreas de bosque. Ésta parecía ser una problemática sin frenos, a pesar de que el gobierno nacional había adquirido dos compromisos para detenerla. Primero, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, donde se estableció una meta de 90.000 hectáreas deforestadas para el fin del periodo presidencial, es decir, casi la mitad de lo que se deforestó en 2016. Esta era una meta que a dos años del fin de gobierno era muy difícil de alcanzar. Segundo, el gobierno se comprometió en el Acuerdo de París a reducir en un 20% las emisiones de gases efecto invernadero proyectadas para el año 2030. Sin embargo, encontramos que el sector forestal es el que más gases efecto invernadero genera en el país (36% del total) debido, principalmente, a la deforestación. Esto mostraba que sería muy difícil que Colombia pudiera reducir las emisiones si no controlaba su principal fuente.

Esta problemática estaba concentrada en la región más biodiversa del país: el 39% de la deforestación tuvo lugar en la Amazonía colombiana. Acabar con el bosque amazónico significa también alterar el ciclo del agua, pues el bosque se encarga de regular las lluvias. Además, si no hay bosque se generan inundaciones, ya que no hay raíces para captar el agua. Asimismo, la Amazonía se conecta con la cordillera de los Andes y es gracias a las lluvias que caen en el pulmón del mundo que las personas de la cordillera tenemos agua.

A lo anterior se suma que cada vez que se tala un árbol no solo se pierde la oportunidad de que absorba el dióxido de carbono, sino que además libera todo el que había almacenado. Entonces, cada árbol deforestado contribuye al cambio climático. Nosotros, los niños, niñas y jóvenes que en Colombia tenemos una esperanza de vida de 78 años aproximadamente, viviremos en un país 1,6°C más caliente entre el 2041 y 2070 si no se toman medidas frente a las emisiones.

El gobierno nacional conoce la importancia de este bioma para el país y para el mundo. Por eso había adquirido un tercer compromiso en 2013 con Noruega, el Reino Unido y Alemania con el fin de alcanzar una deforestación neta de cero en la Amazonía colombiana. Después de que la Amazonía concentrara el mayor porcentaje de la deforestación en 2016, era claro que el gobierno no estaba cumpliendo.

La deforestación no es solamente un problema ambiental. Se trata, sin duda, de un problema de derechos humanos. Y plantear el asunto a través de un litigio de interés público implica enfrentar problemas jurídicos tradicionales sobre si se tiene o no legitimación para actuar, sobre la elección de la acción jurídica procedente para el caso y sobre todo respecto de las pruebas que permiten demostrar que se está ante un daño o amenaza a derechos fundamentales. 

Un litigio sobre derechos de las generaciones futuras amenazados por los efectos del cambio climático implicaba responder por lo menos tres preguntas: ¿está legitimado para actuar en un litigio un grupo de jóvenes que afirma pertenecer a una generación futura?, ¿la omisión de las autoridades competentes de su deber de protección ambiental en la actualidad genera una amenaza real sobre sus derechos fundamentales? Si el cambio climático es un problema multicausal y con múltiples actores, ¿es posible afirmar que la deforestación es un factor destacable que aumenta la probabilidad de vivir los efectos negativos del cambio climático?

La respuesta a estas preguntas suponía un reto, tanto para los demandantes como para los operadores jurídicos, acostumbrados en mayor medida a la resolución de conflictos ambientales en los que la causalidad y la conexidad son directamente evidentes. No solo se trataba de un problema multi-causal sino que las dimensiones espacio temporales del problema eran variadas. Conscientes de tal complejidad, los accionantes le pedimos al juez que leyera el caso bajo los lentes de al menos cuatro principios: equidad intergeneracional, solidaridad, precaución y desarrollo sostenible.   

La complejidad del problema presentado no eximía a la acción legal de problemas jurídicos clásicos en el ordenamiento colombiano en torno a la naturaleza del derecho a gozar de un ambiente sano: ¿se trata de un derecho fundamental o es un derecho colectivo que puede guardar conexidad con derechos fundamentales? Para el juez de primera instancia, el derecho a gozar de un ambiente sano es un derecho colectivo y tanto los veinticinco jóvenes como cualquier otro colombiano podían haber reclamado su protección. Al tratarse de un derecho colectivo, la acción idónea no era la acción interpuesta (acción de tutela, contemplada en la Constitución colombiana como el mecanismo de defensa de derechos fundamentales) sino una acción popular interpuesta por varias personas para proteger dicho derecho. Bajo esa argumentación negó el amparo solicitado.

Sin embargo, para el juez de segunda instancia (la Corte Suprema de Justicia) el problema era distinto. Se estaba ante un planteamiento de amenaza a derechos fundamentales como consecuencia de la crisis socio-ambiental generada por la deforestación en la Amazonía, que tenía efectos sobre todo el país. No estábamos hablando solamente del aumento de gases efecto invernadero en la atmósfera y de la pérdida de conexidad entre la Amazonía colombiana y los Andes, para el juez de segunda instancia lo que estaba en juego, como lo planteamos los accionantes, era la posibilidad de llevar una vida digna, de gozar de buena salud, de garantizar el derecho al agua y a la alimentación de personas que van a vivir en un país 1,6°C más caliente, de no actuar de manera urgente frente a los motores del cambio climático.

Para la Corte Suprema de Justicia la lectura del caso debía hacerse por lo menos a partir de dos de los principios enunciados por los demandantes: el principio de equidad intergeneracional y el principio de solidaridad. A partir de ellos, la Corte hizo una profunda reflexión sobre el rol de los jueces en el Estado constitucional como garantes de derechos y también sobre qué debe entenderse por solidaridad, si es solo solidaridad hacia los de nuestra especie o si la solidaridad es un deber también hacia otros seres con los que compartimos el planeta. El reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos, así como la orden de crear un Pacto Intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano son el mejor ejemplo de cómo la Corte interpreta la solidaridad y de cómo los jóvenes esperábamos que fuera leído nuestro caso. 

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