Samanta Rausch
Coordinadora Clínica Jurídica (FARN).*

4.4 Clínica Jurídica de FARN: la formación práctico-jurídica en materia ambiental. Casos 2018

RESUMEN EJECUTIVO

A partir del año 2006 FARN, en conjunto con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ofrece asesoramiento jurídico gratuito para reclamos relacionados con problemáticas socio-ambientales.

Como todos los años, el presente artículo describe el trabajo realizado dentro de la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental FARN-UBA, con énfasis en la importancia que representa la formación jurídica en derecho ambiental y una breve descripción de la modalidad de trabajo llevada a cabo durante el período 2018.

Metodología de trabajo

La Clínica Jurídica es un curso anual que fomenta la formación profesional de futuros abogados. La dinámica de trabajo se desarrolla en cuatro grupos de entre cuatro y cinco alumnos. Para que puedan tener las herramientas necesarias para trabajar sobre los distintos casos, una vez por semana tienen clase teórica, en la que se abordan distintas temáticas, todas relacionadas con la cuestión ambiental y dictadas por profesionales especializados en cada materia.

En 2018 hemos fomentado el trabajo de la Clínica como apoyo a las distintas áreas de FARN, así los alumnos han trabajado con los especialistas en cada materia ayudando a los casos que son núcleo del trabajo de la organización.

Asimismo, existe el ingreso de consultas externas que implica que cualquier persona puede acercar su preocupación a FARN a través del sitio web, y a partir de ello se los contacta para luego tener una entrevista personal y diseñar -conjuntamente con el equipo docente- las estrategias a desarrollar. 

Otra de las herramientas que ofrece esta práctica jurídica son las visitas de campo. Cuando existen lugares afectados por problemas ambientales que puedan ser accesibles, los alumnos con los docentes y los consultantes, visitan personalmente el sitio para tener una visión más acabada de la problemática que están abordando. Ello permite tener un contacto más directo con la realidad.  

Asesoramiento durante 2018

Durante el período 2018 se recibieron 33 consultas nuevas de origen externo. También se ha brindado asesoramiento a áreas internas de FARN, denominando estos casos como iniciativas FARN. De estas últimas han ingresado 17 en este período, lo que suma un total de 50 casos nuevos. Esto supone un número similar respecto a las consultas ingresadas en el período anterior (49 en total). Las consultas externas fueron realizadas tanto por peticionantes individuales como por grupos u organizaciones, siendo 19 las individuales, 11 las grupales y 3 las de organizaciones. Del total de las consultas, la mayor parte, 21 de ellas (64%) se origina por problemáticas de la provincia de Buenos Aires, mientras que 8 (24%) provienen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). También se brindó asesoramiento a una consulta proveniente de la provincia de Santa Fe (4%), una de Ushuaia (4%) y una de Entre Ríos (4%). Esta cantidad incluye también consultas que no requieren la apertura de un caso propiamente dicho. De las iniciativas FARN, 5 se basan sobre problemáticas de la provincia de Buenos Aires, 3 de CABA, dos son de índole nacional, dos de Chubut, una de Catamarca, una de Río Negro, una de Mendoza y dos de Salta.

Respecto de las iniciativas y consultas del período anterior, se sigue trabajando en 23 originadas por FARN, 6 provenientes de actores individuales y 2 de actores colectivos, siendo un total de 31. De estas, 13 abordan problemáticas de la provincia de Buenos Aires, 5 de la CABA, 2 son de carácter nacional, 5 de Mendoza, 1 de Catamarca, 2 de Neuquén, 1 de Chubut, 2 de Jujuy y 2 de San Juan, sumando en conjunto 31 y concluyendo en 81 casos tratados durante este período.

A continuación, algunos de los casos trabajados por los alumnos que cursaron la Clínica Jurídica en 2018.

Antenas de telefonía celular, por Magalí Stefani, Ignacio Labal y Javier Katz

Antena-móvil.

El Sr. Gastón Bazo se acercó a FARN porque sospechaba que sus problemas de salud (dolores de cabeza y mareos) eran causados por las radiaciones electromagnéticas provenientes de tres antenas de telefonía celular pertenecientes a la compañía Claro, ubicadas en la terraza del edificio vecino de su vivienda. Atento a ello, el 9 de diciembre de 2015 la Clínica Jurídica de FARN promovió una acción de amparo ambiental.

El 2 de octubre de 2018 el juez rechazó la acción interpuesta, con costas por su orden, en atención a que el actor podía creer que le asistía derecho a reclamar. Fundó su decisión en que no se demostró que existiera la posibilidad o el peligro cierto de que se produzca un daño en la salud que deba ser prevenido. 

La situación de las antenas telefónicas en la CABA es tan crítica como la de la justicia ambiental. En el presente caso se transparenta el difícil momento que atraviesa la protección jurídica ambiental, en detrimento de un contexto en el que no sólo prevalecen otras prioridades, sino que ni siquiera aparenta un intento de compatibilizarlas. 

Por un lado, la problemática se ha convertido en un terreno fácticamente inaccesible, a tal punto que ni siquiera forma parte de las próximas agendas por su inviabilidad: la jurisprudencia sienta un precedente que disminuye drásticamente la litigiosidad en función de la acumulación de fallos denegatorios de derechos ambientales y de salud. 

Por otro lado, la fundamentación de los jueces, además de ser en defensa de las telefónicas, es profundamente contradictoria con el sistema jurídico vigente, incluso con principios primarios de la Ley General de Ambiente, particularmente con el principio precautorio. La mencionada ley lo define de la siguiente manera: “…Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente…”

En consecuencia, sienta precedentes seriamente peligrosos. Se suma a ello la derogación tácita de principios y derechos elementales de materia ambiental (verbigracia inexistencia del principio precautorio), lo cual provoca un marco de desprotección que habilita un sinfín de atropellos al ambiente y la salud, amparados judicialmente, aún más allá de las fronteras de la temática particular. 

No resulta menor remarcar que el Poder Judicial actúa como instancia final, ante la ausencia de respuestas por vías administrativas o gubernamentales. Es decir, cuando falla la ejecución de la Ley, su rol es la protección del cumplimiento, en primera instancia de la Constitución Nacional, luego de la Constitución de la Ciudad, y en consecuencia de todo el sistema normativo.

Peligra la Reserva de Ciudad Evita, por Pamela Vitale y María Belén García Vidal

Humedal. (Crédito: Ana Di Pangracio).

La Reserva de Ciudad Evita se encuentra en la localidad de La Matanza, dentro del Gran Buenos Aires. Mediante la Ordenanza 24247/15 se creó el Área Protegida de los Bosques de Ciudad Evita, que se caracteriza por bosques implantados, pastizales y extensos humedales asociados a la planicie de inundación del Río Matanza. A su vez, estos bosques conforman el “pulmón del oeste” y se encuentra allí un yacimiento arqueológico Querandí. Por supuesto que esta área conforma un gran número de servicios ecosistémicos y conforman el ambiente de especies autóctonas. En esta delimitación del predio se encuentra gran cantidad de biodiversidad y humedales que cumplen una función primordial para la conservación del ambiente.

Vecinos del área protegida intentan frenar la destrucción paulatina que se está desarrollando en la zona: incendios, tala del bosque, rellenado de los humedales, toma ilegal de predios por parte de un grupo internacional llamado Fundación Internacional de Jóvenes (IYF por sus siglas en inglés), y por último, el humedal está siendo tapado por el crecimiento de un asentamiento. Además, contra el borde del cauce viejo del Riachuelo, se está construyendo un barrio, en terrenos que pertenecen a vialidad nacional; y lo más reciente, la destrucción del yacimiento arqueológico querandí Tres Ombúes. 

Se elaboraron pedidos de información a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), para consultar cuáles son las medidas de preservación que se están realizando y cómo actúan frente a las construcciones que se están desarrollando sobre el humedal declarado reserva; al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para consultar sobre la situación de los terrenos que son de su propiedad, si los protege y si conoce que están declarados como reserva natural; al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para que informe si realiza gestiones de protección de las áreas natrales protegidas; y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por la situación de sus terrenos en la zona. En su respuesta al pedido de información, ACUMAR plantea que “no están obligados debido a que la Ordenanza 24247/2015 no contempla todo el predio”. Citando su respuesta: “sólo protege ciertas áreas del bosque (…) pero no incluye las áreas de mayor interés ambiental como son los humedales y bosques inundables de la planicie de inundación del Río Matanza, así como los predios reconocidos como yacimiento arqueológico”. También reconoce que las “acciones” de preservación que está realizando son meras mesas de concertación y de monitoreo de agua superficial donde no demostraron que están efectivamente realizando tareas de recomposición en la zona.

Se continuará trabajando en la protección de la Reserva Ciudad Evita que rige desde el 17 de septiembre de 2015, a pesar de lo cual parece haber un desconocimiento e inacción por parte de las autoridades de aplicación y control.

Iniciativa para la declaración de Reserva, por Melina Acevedo y Marisol Diaz Rivera

Foto zona reserva.

En la localidad Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, se encuentra uno de los espacios públicos naturales en área urbana más grande de zona norte. La Estancia “Los Arenales” tiene alrededor de 54 hectáreas, y cuenta con una impresionante diversidad de plantas, árboles y animales. Ha sido declarada zona ambientalmente protegida por la Ordenanza 4812/2010 y Monumento Histórico Nacional por la Ley 25.376. Posee condiciones climáticas únicas ya que se trata de una zona no inundable, debido a que el río actúa como factor armonizador, impidiendo las heladas más crudas y las inundaciones. Sin embargo, está siendo utilizada como depósito de maquinaria y escombros por las autoridades del municipio de Escobar. Además, el estado nacional pretende otorgar el predio a diferentes entidades para su uso.

Por esa misma razón, los vecinos de la localidad de Ingeniero Maschwitz y el Club de Observadores de Aves de Escobar “COA Pava de Monte” se han unido para solicitar que este predio sea declarado como una reserva natural1.

Se acercaron a la Clínica2 para obtener asesoría legal en materia ambiental, razón por la cual se elaboraron pedidos de información a los diferentes organismos responsables3 y denuncias al OPDS4 de la provincia de Buenos Aires y a la Defensoría de Escobar5, solicitando que se proceda a la inspección del predio y la remoción de los depósitos, ya que su corrosión afecta los ecosistemas colindantes y las napas de donde algunos vecinos alimentan sus pozos de agua. Actualmente, se continúa con los pedidos de información y las denuncias al municipio de Escobar por el incorrecto manejo de esta área a proteger6.

Es importante remarcar que desde la Ley General de Ambiente 25.675, se promueven como objetivos la educación, la preservación, prevención y la protección de la diversidad biológica. Los principios de precaución, prevención y equidad intergeneracional son algunas de las miradas esenciales para las políticas públicas del estado. Las áreas protegidas son ámbitos de activismo humano donde se promueve la conservación y protección del valor escénico, uso recreativo, biodiversidad, riqueza genética, patrimonio natural y/o histórico, educación ambiental y/o valor cultural con el fin de evitar la degradación del mismo.

El municipio de Ituzaingó incumple con la protección ambiental dispuesta sobre el Parque Leloir, por Tomás Cieri y Mariana Sauqué Castellari

El Parque Leloir, ubicado en el municipio de Ituzaingó, es el segundo mayor pulmón verde de la provincia de Buenos Aires. Contiene árboles de alrededor 80 años, con una gran biodiversidad de fauna autóctona de la provincia, donde anidan y se reproducen alrededor de 40 especies de aves, además de sapos, ranas y comadrejas que habitan la zona. 

Este espacio natural brinda destacados servicios ecosistémicos a la sociedad. Esto se debe a que posee gran capacidad de absorción de las aguas de lluvia, evitando inundaciones. Además, la gran arboleda purifica el aire y regula la temperatura no solo de la zona, sino también de los municipios linderos. Asimismo, abastece a 700 mil personas de agua potable, debido a la presencia de aguas subterráneas.

A conciencia de la importancia de esta área se sancionó la Ordenanza Municipal 2013/2007 en la que se la declaró “Área Ecológicamente Protegida”. Dicha ordenanza impide la deforestación, implica restricciones a la poda incluso dentro de los terrenos privados y la protección de la flora, y a su vez contempla la imposibilidad de subdividir lotes de gran envergadura.

En las últimas décadas, el Concejo Deliberante del municipio de Ituzaingó sancionó  numerosas ordenanzas de excepción con el fin de autorizar el desarrollo de diversos emprendimientos inmobiliarios por parte de actores privados en la zona protegida, que implican grandes construcciones comerciales y hoteles de alta gama, con la consecuente tala de árboles, y cuestiones ignoradas relacionadas con la salubridad atento la carencia de tendido público de cloacas y agua potable, con la posible filtración y contaminación de napas subterráneas.

Los intentos por cumplir la normativa ambiental por parte de los poderes municipales resultan pobres o directamente nulos, ya que denegaron la posibilidad de participación por parte de la ciudadanía en el control real de los actos legislativos y ejecutivos, siendo que no se realizaron debidamente las evaluaciones de impacto ambiental, además de omitirse las audiencias públicas correspondientes, con su apropiada publicación de información de manera previa.

Analizadas las circunstancias y por medio de un trabajo coordinado con la Clínica Jurídica de la Fundación Poder Ciudadano se realizaron diversas denuncias y pedidos de información. 

En primer lugar, se consultó a la Dirección de Obras Particulares y Planeamiento acerca de la existencia o no de un registro que individualice las obras que se encuentran o no dentro de la zona ecológicamente protegida. El organismo respondió que carecían de dicho registro. 

En este mismo orden de ideas se realizó un segundo pedido de información al Intendente de esa localidad, Alberto Descalzo, inquiriendo sobre el número de obras autorizadas dentro del marco de la Ordenanza 2013/2007, así como la cantidad que fue autorizada por vía de excepción y las razones que motivaron la circunvalación del trámite establecido. El poder ejecutivo municipal se negó a responder, alegando erróneamente que la normativa de acceso a la información pública ambiental no le es aplicable al municipio. 

En tercer lugar, se realizó otra solicitud de información que tuvo como destinatario al Concejo Deliberante de Ituzaingó, con la finalidad de que indique cuáles son las ordenanzas de excepción que se dictaron, cómo se realiza su trámite, y si se realizaron las audiencias públicas previstas en la Ley 25.675, y en la Ley Provincial 11.723, mecanismo de consulta adecuado a la hora de adoptar medidas que pueden poner en riesgo el ambiente. El Concejo Deliberante no respondió la solicitud ni el pedido reiteratorio enviado posteriormente.

Ante la inactividad de los organismos estatales y debido a ciertas prácticas poco transparentes que tienen lugar en el municipio de Ituzaingó, se presentaron en conjunto con Poder Ciudadano denuncias ante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el OPDS.

Al día de hoy, poco se obtuvo como resultado ya que, desde los distintos organismos, tanto los de contralor, como los órganos municipales, hicieron oídos sordos a las advertencias hechas desde las fundaciones y de la misma población de Ituzaingó. A pesar de ello, esta causa sigue su curso y se continúa trabajando para revertir esta situación que atenta contra el ambiente.

Conclusiones finales

Un año más de labor de la Clínica Jurídica y este artículo que nos permite dar a conocer la tarea de esta área de FARN que año tras año genera una gran satisfacción. Además, el presente artículo funciona como indicador del trabajo anual efectuado. 

La elección de los casos fue de los alumnos, estos han sido los casos que más los han identificado. La relación causal entre ellos tiene que ver con una creciente población que nota en la eliminación de espacios verdes, el peligro para las especies y, lo más importante, para los servicios ecosistémicos que presentan. 

En los casos mencionados, son los vecinos de la zona quienes se acercan a FARN con el afán de mantener la protección que el gobierno local desconoce, o bien generar una protección sobre una zona que les provee un pulmón verde en sus hogares.

Es preocupante que se deje de lado la normativa ambiental existente en pos de un crecimiento inmobiliario desmedido. Desde nuestra labor arbitramos los medios a nuestro alcance para que los gobiernos locales tomen conciencia de los daños que pueden causar con sus decisiones a las presentes y futuras generaciones.

  1. Este artículo tiene la participación de alumnos de la Clínica Jurídica que exponen el trabajo de sus casos. La autora agradece a Ana Parellada por la ayuda dispensada.
  2. Iniciativa de petición para la declaración de la reserva natural disponible en:  https://www.change.org/p/juntos-por-reserva-natural-de-ingeniero-maschwitz
  3. Fecha de inicio de la investigación y Asesoramiento Legal: 28 de febrero de 2018.
  4. Pedido de información al Municipio de Escobar, entregado el 23 de marzo de 2018. Disponible en:  https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Municipalidad-de-escobar.pdf; pedido de información a la AABE, entregado el 3 de mayo de 2018. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0BzX_2exh49HLZmxsV3ZUWVJUNjFpeDhucUlzSlducUx6cVJV/view. Respuesta: https://drive.google.com/file/d/0BzX_2exh49HLUy1DX1FjQk45VXNBV3FPY3ZlMTV0OTBFRzl3/view; Pedido de información ampliatorio a la AABE, entregado el 9 de agosto de 2018. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0BzX_2exh49HLbnJoUkNIdHJUNUw2VXNmNjJRa3c1Y2cwN1RV/view. Respuesta: https://drive.google.com/file/d/0BzX_2exh49HLNG9KSXFPN0FyLUtBeERGVlA2Tm92Y3ZteHlB/view 
  5. Denuncia a OPDS, entregada el 26 de marzo de 2018. Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Municipalidad-de-escobar.pdf 
  6. Denuncia a la Defensoría de Escobar, entregada el 2 de mayo de 2018.
  7. Gacetilla: https://farn.org.ar/archives/25996

Compartir en redes sociales

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin