Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

0.1 Prólogo

BARAJAR Y DAR DE NUEVO Ambiente, economía y sociedad en tiempos de COVID-19
RESUMEN EJECUTIVO

Mientras presenciamos desde la más absoluta perplejidad el avance de la emergencia provocada por la COVID-19 -la multiplicación diaria de casos a nivel mundial, la invaluable pérdida en vidas humanas, los ensayos de los Estados para dar con una respuesta que evite el colapso de sus de por sí muy desguazados sistemas sanitarios, el desmoronamiento de hasta las economías más férreas-, compartimos algunas reflexiones preliminares en base a las poquísimas certezas que existen hoy por hoy en torno a una crisis sanitaria, social y económica tan impensable como inédita. Parámetros que, desde ya, indican aspectos de nuestra existencia en tanto especie que, si pretendemos continuar gozando de una vida extensa y saludable en este planeta, deberemos modificar. Sobre todo en lo que respecta a nuestra relación con la naturaleza.

 

Mayo 2020

¿Cuántas veces desde el cine, la literatura y otras ramas del arte se han abordado las graves consecuencias de una pandemia, siempre en contextos que suponían otros tiempos y realidades? Hablamos de historias en las que, más allá de las especificidades, la base se repetía: el sufrimiento humano, la desesperanza de las sociedades. 

Relatos que consumimos como espectadores, desde la más completa ajenidad, hoy conforman un presente nuevo, tan real como inverosímil, que nos entrama en tanto especie: la humanidad está pendiente de las consecuencias, inmediatas y futuras, de la crisis provocada por la COVID-19, en un escenario mundial impensado -impensable- hasta hace apenas seis meses.  

Sin ir más lejos, cuando concebimos este libro, la sociedad global no  transitaba la crisis sanitaria actual. El Informe Ambiental FARN (IAF) 2020, al igual que sus predecesores,  terminó de editarse  la última semana de febrero, con vistas a ser presentado durante abril en un evento presencial y masivo. 

Qué lejos queda lo proyectado, qué vanas las planificaciones y las agendas cuando lo que toca es el aislamiento de comunidades, ciudades, naciones enteras; el cierre de fronteras, con la consecuente y drástica disminución de los intercambios económicos internacionales; la suspensión de clases presenciales en cientos de escuelas y universidades; la restricción de la circulación en general. 

Cuando el que, en términos de consecuencias, probablemente sea el acontecimiento de mayor envergadura a nivel global desde las pos-guerras del siglo XX plantea la parálisis circunstancial de bienes, servicios y hasta personas, medidas que avanzan sobre la libertad individual en democracias liberales parecen ineludibles. Así las cosas, la instalación de estados de excepción nos mantiene expectantes respecto de la afectación de los valiosos derechos que supimos conseguir. ¿Cómo sigue esto? ¿Hasta cuándo y con qué consecuencias en el largo plazo?

Cierto es que las pandemias no son, desde una perspectiva histórica al menos, un asunto estrictamente “nuevo” para la humanidad, que ya ha padecido otras y de enorme magnitud. No obstante, lo inédito de las circunstancias planteadas por la COVID-19 la convierten en la primera catalogada como “pandemia global” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tanto por su altísimo grado de contagio como por la velocidad con que se esparció de una punta a otra del planeta, lo que da cuenta de la estrecha interconexión global que caracteriza este momento de la historia en el que, como nunca antes, personas, bienes, servicios, capital, trabajo, imágenes e ideas viajan a través de las fronteras de los Estados (Narlikar, 2017). 

Así, a la fecha, los más modernos medios de transporte existentes desplazaron portadores de este virus a lo largo y ancho de más de 170 países. Nunca antes había estado la humanidad tan bien preparada para hacer frente a una pandemia de semejantes características, pero tampoco las condiciones habían sido tan “inconvenientemente ideales” como para propiciarla y expandirla.  

El momento presente, sin dudas de gran incertidumbre, tiene no obstante una antesala tan negada como conocida. Porque esta crisis sanitaria se suma a otras precedentes, también de gran magnitud: la crisis ecológica y climática y, en otro orden, la crisis política vinculada con la desigualdad y la falta de identificación de grandes sectores de la población frente a gobernantes que no logran dar respuesta a demandas de la más diversa índole. 

Esperamos que los puntos esbozados en este prólogo, así como otros abordados en la presente edición del Informe Ambiental FARN, contribuyan al que entendemos debe ser un tiempo de reflexión profunda en torno a la forma en que vivimos, y convivimos, las sociedades del siglo XXI, unas respecto de otras pero en especial en relación con las especies que nos rodean, en un planeta con recursos finitos que, pese a tanta muestra de necedad humana, no se cansa de dar señales de alarma. 

 

1) TIEMPOS DE GRANDES INTERROGANTES

Son varios los elementos que, al día de hoy, no están del todo claros respecto de la pandemia: su origen específico; los efectos que, a la larga, tendrá sobre la salud humana a nivel global; los tiempos en que podremos contar con un tratamiento efectivo, una cura definitiva, una vacuna que inmunice a la población mundial lo suficiente como para, a futuro, impedir nuevos brotes o mutaciones del virus. 

Menos posible aún es predecir los efectos más amplios que una crisis de esta magnitud tendrá sobre nuestras formas de vida y el modo en que nos relacionamos. ¿Por cuánto tiempo habrán de prolongarse las distintas variantes que en decenas de países del mundo adoptó el aquí llamado “Aislamiento Social Preventivo Obligatorio”? ¿Hasta cuándo se extenderá la necesidad de distanciamiento físico y cuáles serán sus efectos sobre las relaciones entre personas? ¿Resultará necesario modificar la forma en que organizamos nuestras sociedades? ¿De qué manera los Estados podrán alcanzar un nivel de bienestar general para sus poblaciones, minimizar las desigualdades, y asegurar derechos esenciales como la salud y la educación, mientras salvaguardan los bienes comunes en tanto sustento de la vida misma? ¿Cuáles serán los acuerdos políticos necesarios para lograrlo?

Hasta ahora, las acciones tomadas por la mayoría de los países en todo el mundo están enfocadas en prevenir un mayor impacto de la COVID-19, así como en evitar el consiguiente colapso de sus sistemas de salud. Con ese objetivo como prioridad, algunos han paralizado casi la totalidad de su actividad productiva y comercial, hoy reducida a lo considerado “esencial”. Otros, en cambio, optaron por los aislamientos sociales voluntarios como alternativa para evitar un mayor colapso económico y en un intento por resguardar los sectores no formalizados, que consiguen el sustento para sus hogares en base a lo trabajado y recaudado a diario. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la recesión para la región sería la más severa desde 1914 y 1930; se estima una caída del Producto Bruto Interno (PBI) de América Latina y el Caribe de más del 5% durante el año en curso, circunstancia que se suma a un cuadro previo de bajo crecimiento (2020). Países altamente endeudados se ven ahora forzados a cumplir con sus compromisos internacionales al tiempo que necesitan inyectar dinero en sus economías domésticas para prestar ayuda a pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores independientes y de sectores informales. 

¿Cuáles serán los impactos que la parálisis parcial, tanto de las actividades industriales y productivas como de los flujos de intercambio de bienes y servicios, tendrá en las distintas economías del planeta? Cómo saberlo. Lo que sí podemos anticipar es que el mayor impacto recaerá sobre aquellas economías con menor capacidad de resiliencia.

 

2) ALGUNAS -POCAS- CERTEZAS QUE VUELVEN LA MIRADA HACIA LO AMBIENTAL

El panorama actual, aunque enhebrado de incertidumbres, presenta también ciertas certezas sobre las que vale la pena detenerse. Y algunas de ellas, de hecho, se relacionan de forma muy directa con la temática ambiental. 

Si bien se sospecha que la especie originalmente portadora de lo que ahora conocemos como COVID-19 pudo haber sido un murciélago, aún no se conoce con precisión cómo ni dónde se dio “el salto de animal a humano”. Sin embargo, este coronavirus ha sido catalogado como de origen zoonótico, lo que significa que se transmite de animales a personas a través de una exposición directa o indirecta. La OMS sostiene que este tipo de virus ha sido el causante del 75% de las enfermedades infecciosas surgidas en la última década.  

David Quamenn, escritor estadounidense especializado en ciencia y naturaleza, asevera que vivimos “en una era de enfermedades zoonóticas emergentes”. La razón es simple, explica: “Perturbamos los ecosistemas diversos. Construimos pueblos y minas en estos lugares. Talamos los árboles. Nos comemos los animales que viven en estos bosques. Con estas acciones nos exponemos a los virus”1.

En nuestra región, Gobiernos de distinto signo, a un lado y otro del arco político, todavía apelan a la sobreexplotación de la naturaleza como forma de insertarse en una economía cada vez más globalizada y financiarizada. La apuesta va de la mano de potenciar las ventajas comparativas; algunas veces se justifica en la generación de divisas o la necesidad de aumentar el Producto Bruto Interno (PBI); otras, en lo imperativo de contar con ingresos para distintas políticas sociales. Se avanza en la utilización de bienes ambientales mientras se trazan planes para la integración de territorios de explotación, zonas de producción y lugares de consumo, con una confianza ciega en la tecnología como medio de salvación en todos los casos, y frente a cualquier circunstancia. 

El objetivo siempre es el mismo: extraer y producir cada vez más rápido y a un costo menor, achicar los tiempos y las distancias. Así, a la multiplicación de proyectos extractivos como la minería a gran escala, la explotación hidrocarburífera, la deforestación de la mano de la expansión de la frontera agropecuaria o las iniciativas de infraestructura a gran escala como las represas hidroeléctricas y las grandes carreteras, se suman proyectos nuevos que incluso amplían la frontera de lo extraíble: se explotan hidrocarburos no convencionales, se apuesta a la utilización de minerales (litio, níquel, cobalto, tierras raras) para la transición energética, y se buscan, en el mar y otros delicados ecosistemas, nuevas zonas de sacrificio2.

Por supuesto, nada de esto puede darse sin antes destruir tierras rurales o forestales, cambiar sustancialmente los usos del suelo y reducir con ello los hábitats de cientos de especies de flora y fauna. Estas actividades afectan de manera definitiva los ecosistemas, con lo que, a su vez, acrecientan los riesgos de que se produzcan nuevas crisis como la que estamos viviendo

A esta situación debemos agregar, además, los efectos que produce la emergencia climática, que se encuentra entre los principales impulsores de la alteración de ecosistemas a la vez que exacerba el impacto de otros impulsores que producen cambios en el bienestar humano y sobre la naturaleza. Se espera que los problemas derivados del cambio climático aumenten en las próximas décadas; de hecho podrían, en algunos casos, ser incluso mayores a los resultantes de otros impulsores de la pérdida de biodiversidad como el cambio en el uso del suelo y los océanos (IPBES, 2019).

El cambio climático afecta la biodiversidad en aspectos variados: a nivel especies, ecosistemas y también genética. Al aumento de temperaturas, inundaciones, sequías, sucesos climáticos severos, deforestación y desertificación, se suma la afectación de la distribución de las especies, lo que altera su abundancia, composición, comportamiento y supervivencia. La disminución de especies amenaza los servicios que la naturaleza brinda a las personas, que incluyen su papel en tanto sumidero de carbono y aliada en nuestra resiliencia frente a fenómenos extremos.

Lamentablemente, no hemos logrado -aún- encontrar declaraciones o acciones de respuesta a nivel gubernamental que vinculen de manera directa la situación ambiental con las problemáticas derivadas de la actual pandemia. Nadie discute la urgencia, que es una y está clara: fortalecer, mediante insumos y recursos humanos y de otros tipos, el sistema de salud público. Pero si como humanidad pretendemos poder continuar gozando de una vida saludable en este planeta, necesitamos que lo urgente no eclipse lo importante: la relación que existe entre el deterioro de la salud y el del ambiente. Problemas respiratorios originados en la baja calidad del aire, fuentes de agua contaminadas a raíz de distintas actividades industriales o extractivas que redundan en personas con altísimos niveles de plomo, mercurio y otros metales pesados en sangre. 

Los ejemplos sobran, y a ellos se suma ahora un creciente número de investigaciones científicas, notas periodísticas y artículos de opinión que demuestran que muchos de los graves problemas producidos por este coronavirus afectan más severamente a personas que habitan en lugares con niveles de contaminación elevados. Tal es el caso de algunas ciudades del Reino Unido o los Estados Unidos, con pésima calidad de aire; también se comprueba  en la región de Lombardía, en Italia, donde hay una significativa presencia de asbesto3. Que quede claro: de ninguna manera será posible alcanzar mejores niveles de salud humana en la medida en que no nos ocupemos de la salud de nuestra Tierra. Vale decir, no mejoraremos la salud de las personas en tanto habitemos un planeta enfermo

Como advierte Jaime Breilh, director del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, “no es suficiente tener un conocimiento profundo del virus y contar con laboratorios listos para generar ensayos, vacunas, antivirales, etc., sino que tenemos que entender que este virus está profundamente ligado a lo social4y, por eso mismo ineludiblemente, a la forma en que como sociedad extraemos, producimos y consumimos bienes ambientales

 

3) MÁS ALLÁ DE LA INCERTIDUMBRE 

Pese al contexto de crisis generalizada que atraviesa el planeta, esta pandemia también devela ciertas -incómodas- realidades y certezas. 

  1. a) El grado de fragilidad con que enfrentamos situaciones de riesgo extremo, que nos obliga a optar entre proteger la vida de las personas o sostener el funcionamiento de la economía tal como lo conocemos.

Hoy más que nunca se evidencian las dificultades que tenemos, a nivel global, para enfrentar situaciones no previstas; o, mejor dicho, que no se encontraban en un rango probable de ocurrencia ya sea porque en el caso de producirse, afectarían a un número acotado de personas, o simplemente porque se creía que el elevado desarrollo científico y tecnológico disponible les encontraría, a la postre, soluciones rápidas y efectivas. La crisis de este coronavirus parece demostrar lo contrario. 

Así y todo, el impacto que pueda producir esta pandemia es, reconoce el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, significativamente menor al que tendría una potencial crisis climática. La diferencia radica en que la emergencia de la COVID-19 nos coloca ante una situación de peligro presente e inminente que obliga a actuar ahora, mientras que la crisis climática -al igual que la mayor parte de los impactos que se producen sobre el ambiente- resulta acumulativa, incierta como el punto de hervor de la leche, que llega de un momento a otro y rebalsa el líquido sobre la hornalla. Pero que esto no sea motivo de engaño: aunque hoy parezcan graduales, las consecuencias eventualmente serán devastadoras, irrecuperables. Sin embargo, y pese a la contundencia de lo planteado, la íntima relación entre la crisis sanitaria, económica y climática hoy todavía no es observada. Mucho menos abordada.

  1. b) Los principales impactos de la pandemia los sufren los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Personas mayores o con enfermedades prevalentes; personal de servicios de atención sanitaria y quienes desempeñan otras tareas esenciales para la sociedad; trabajadores independientes o de sectores informales; grupos familiares que residen en ciudades pero con elevados déficits habitacionales; así como comunidades indígenas y campesinas con limitado acceso a derechos básicos (agua potable, vivienda, salud) sin dudas cargan con los peores impactos de la pandemia. 

De igual forma, debe considerarse entre las personas especialmente vulnerables a aquellas que históricamente han sufrido algún tipo de violencia, como ser las mujeres, la población LGBTIQ+, y minorías étnicas y culturales cuyos derechos enfrentaban suficientes desafíos incluso en un contexto previo a esta crisis. 

  1. c) El actual contexto no representa ni supone ventajas. Para nadie. 

Una importante cantidad de reportes se empecina en mostrar mejoras en los indicadores ambientales en todo el globo. Se nos muestra, hasta el cansancio, cuán cristalinos están los canales de Venecia, en Italia, producto de la ausencia de navegación; circulan decenas de imágenes de las mejoras en los niveles de CO2 presentes en la atmósfera, así como otras en las que numerosas especies animales andan “a sus anchas” en lugares otrora plagados de vehículos y personas. 

Dejemos algo en claro: no existen ventajas ambientales en una pandemia. Ninguna. Primero, porque cualquier parámetro reposa hoy sobre la base de un elevadísimo costo en términos de padecimiento humano, y el ambiente no puede ser entendido sino en relación con las personas, su salud, la preservación de la vida. Y en segundo lugar, porque hasta ahora no hemos pensado el ambiente disociado de la producción y la actividad económica sino, idealmente, enmarcado en un modelo de producción y consumo que respete los ciclos ecológicos y nos brinde la posibilidad de un bienestar para todas las personas. Por tanto, indicadores que surgen como resultado de la suspensión transitoria de actividades industriales y de comercio no pueden ser considerados como datos válidos, relevantes o permanentes.

  1. d) La crisis de ninguna manera puede ser interpretada, o maliciosamente aprovechada, como oportunidad para conculcar derechos fundamentales de las personas.

La declaración de emergencia en la mayor parte de los países trajo como consecuencia la paralización de actividades de control por parte del Estado, tanto de aquellas que realizan organismos de contralor como las que son de carácter judicial. 

En paralelo, en muchos casos se observan procesos de desmonte acelerados. Sucede, por ejemplo, en la amazonía de Bolivia y Brasil y, aunque en menor medida, también en algunas provincias argentinas. Esta situación no puede ser convalidada por las autoridades competentes, que por el contrario deberían abstenerse de otorgar nuevos permisos y/o hasta suspender la vigencia de aquellos que se hayan expedido previo a la actual emergencia. Por cuanto hoy no existe en los hechos capacidad para efectuar los controles correspondientes, deberían sostenerse únicamente aquellas prácticas que tengan por finalidad el mantenimiento específico del monte o bosque de referencia. 

De igual forma, sería contraproducente aprobar normas que tiendan a reducir o disminuir estándares de protección ambiental con el supuesto objetivo de “colaborar a una más rápida recuperación de la actividad productiva”, tal como sucedió en Estados Unidos o China. Tampoco deberían alentarse otras que apunten a disminuir los marcos de participación social, o que promuevan la suspensión de plazos para contestar pedidos de acceso a la información porque, tal como advirtiera el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), esto vulnera los derechos de las personas a conocer lo que sucede en sus territorios.

Así como quedó establecido que esta pandemia no supone ventajas para nadie, creemos fundamental hacer hincapié en que tampoco debería ser interpretada, o maliciosamente aprovechada, como una oportunidad para conculcar los derechos fundamentales de las personas.

  1. e) La pandemia acrecentó la estima de las personas en cuanto al rol que debe desempeñar el Estado. 

Situaciones extremas como la que atravesamos hoy nos recuerdan la importancia del Estado en el establecimiento de planes adecuados para enfrentar las crisis, hacer cumplir las normas  y lograr que los sistemas públicos -en este caso, sobre todo el de salud- estén en condiciones de dar las respuestas que la sociedad necesita. 

Vale decir que es en contextos de crisis que ponemos el foco en el Estado y recordamos cuán importante y necesario puede ser su rol, incluso para evitar la pérdida de (más) vidas. Esta percepción abre nuevas discusiones sobre cuál debería ser su papel no solo para gestionar la urgencia, sino también en lo que respecta a conducir los distintos asuntos de la vida en sociedad y, en particular, el balance entre las esferas públicas y privadas. 

Ahora bien, más allá de necesarios debates que podrán luego encontrar sus correlatos en los rounds electorales, ya nadie parece dudar de la necesidad de avanzar en la construcción de un Estado con capacidad para impulsar el desarrollo y la creatividad de la sociedad en general, lo que por supuesto abarca la construcción de políticas ambientales. Necesitamos, en síntesis, contar con Estados (y en el caso de Argentina, por tratarse de un país federal, de necesarios consensos entre ellos) que tengan cabal comprensión del alcance de la materia ambiental, además de capacidades y recursos suficientes para su desarrollo

  1. f) Es posible, y hasta necesario, que ante un evento con probables consecuencias catastróficas a nivel sistémico, se adopten medidas preventivas razonables sin esperar a tener evidencias de un daño contundente. 

Esto es lo que la comunidad ambiental a nivel mundial denomina “tomar decisiones basadas en el principio precautorio” y es, precisamente, lo que sistemáticamente los Gobiernos se han negado a hacer, bajo el argumento de que poner en marcha medidas -por ejemplo de control climático- sin contar con evidencia suficiente de los daños que eventualmente puedan ocurrir, no haría más que perjudicar las economías en lo inmediato. 

Por el contrario, en lo que respecta a la toma de decisiones que buscan establecer medidas de protección anticipada, la pandemia resalta la importancia de escuchar a la ciencia aun cuando todavía no se tengan suficientes certezas. De hecho, la mayor parte de los Gobiernos que adoptaron medidas tempranas de prevención -con lo que lograron evitar un crecimiento abrupto de la curva de infectados por este coronavirus-, lo hicieron mediante la escucha y con participación de personal de la salud, especialistas en infectología, epidemiología y otras ramas de la ciencia.

  1. g) Las desventajas de basar el desarrollo económico en la explotación de recursos naturales y, en particular, las de establecer como principal estrategia la extracción de combustibles fósiles. 

La pandemia deja ver la fragilidad que escondían la producción y comercialización de cierto tipo de combustibles, principalmente los de origen fósil. Este hecho, sumado a su enorme impacto climático a nivel global, debería acelerar los procesos de transición energética ya en marcha

El parate en la actividad económica a nivel internacional provocó una drástica contracción de la demanda mundial de petróleo, a lo que se agregó la disputa entablada entre Rusia y Arabia Saudita para establecer nuevas cuotas de producción. En conjunto, estos factores redundan en un derrumbe de los precios del crudo en más de un 100%, con un lógico impacto negativo de mayor magnitud en las economías altamente dependientes de los hidrocarburos. 

En el plano local, a la inevitable paralización actual de la economía argentina se suman sus graves problemas preexistentes, en un cuadro general que se complejiza severamente por tratarse el nuestro de uno de los países que en los últimos años apostó fuertemente al desarrollo de yacimientos no convencionales, como el de Vaca Muerta.

Pese a la significativa cantidad de advertencias de organizaciones, analistas e integrantes de la comunidad científica sobre los múltiples impactos que produce la técnica del fracking -que demanda necesariamente precios más altos que la extracción convencional de hidrocarburos y genera, además, enormes impactos sociales, ambientales y climáticos no contabilizados en los costos de producción-, fue el mismo Estado nacional el que, bajo diferentes signos políticos, obró como principal impulsor y promotor de este tipo de inversiones en la Argentina. Primero a través de la modificación de los sistemas regulatorios; después, con  subsidios millonarios en favor de las empresas productoras de gas, que desde 2016 hasta el tercer trimestre de 2019 alcanzaron la suma de 4.908 millones de dólares, 27 veces más que el monto hoy destinado por el Gobierno nacional al fondo de asistencia frente a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Y esto sin contabilizar, por cierto, el riesgo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero que implica la extracción de gas y petróleo en un proyecto como el de Vaca Muerta. 

La abrupta caída de los precios internacionales del petróleo hoy ubica Vaca Muerta entre los proyectos de combustibles fósiles más vulnerables del planeta. La explotación de este yacimiento demanda importantes volúmenes de inversión, carece de una infraestructura adecuada para el transporte o un eventual destino de exportación, y depende muy fuertemente de los subsidios que pueda otorgarle el sector público, que ya no estará en condiciones de sostener la práctica por cuanto la pandemia agrava una crisis interna preexistente a la que además se suman las presiones del sector externo de la economía. Por eso, tal como sostienen algunos análisis, puede decirse que, “en la situación actual, Vaca Muerta se encuentra suspendida hasta nuevo aviso5.

Así las cosas, queda clara la necesidad de que los países (re)definan de manera más acelerada sus modelos de desarrollo, en pos de consolidar una transición energética basada en una matriz mucho más limpia, renovable e inclusiva

Ahora bien, incluso pese a las enormes dificultades que deberían superarse para poder avanzar en sentido contrario, debemos no desestimar el poder de lobby del sector petrolero para obtener recursos fiscales que permitan sostener este tipo de proyectos aun cuando las condiciones económicas, financieras y ambientales, a nivel mundial, lo desalienten categóricamente, tal como lo demuestra la puja por imponer un precio sostén a la producción de petróleo local, muy por encima del precio internacional. 

 

4) UN MUNDO QUE NO SERÁ EL MISMO

El mundo no será el mismo una vez superada la crisis de la COVID-19, de eso nadie parece tener dudas. Los cambios que se producirán a nivel social, político, económico, institucional, e incluso en las propias personas, serán muchos y significativos. Esto puede conjugar opciones complejas, hasta de riesgo, y mucho dependerá de las decisiones que, en materia económica, se pongan en juego a la salida de la emergencia. 

Ahora bien, existe una gran divergencia de opiniones respecto de cómo y en qué dirección se darán esos cambios venideros. Hay quienes consideran que la salida de la pandemia profundizará las condiciones de funcionamiento de los sistemas económicos y políticos vigentes, en tanto resultará prioritario promover una rápida recuperación de la oferta de bienes y servicios congelada con el inicio de las cuarentenas. 

En la misma dirección, en lo que refiere a los aspectos político-institucionales, estas voces se orientan a sostener que los complejos liderazgos mundiales actuales tenderán a profundizar su poder, lo que arrojará como resultado un mundo “más cerrado hacia el interior” de cada uno de los países, con relaciones “exteriores” que se volverán plenamente bilaterales. La base de estos argumentos radica en que el mundo ya atravesó otras pandemias (incluso más mortíferas que la actual), a cuyas salidas en nada cambiaron las principales líneas de funcionamiento del sistema; muy por el contrario, más bien tendieron a profundizar el statu-quo vigente en cada caso. 

Otras miradas, entre las que sin dudas incluimos la nuestra, vislumbran que las consecuencias de la emergencia provocada por la COVID-19 no se agotarán en la muy lamentable cantidad de muertes que esta produzca, sino que se extenderán a los cambios radicales que conlleve, a la larga, la actual pandemia. En ese marco, estimamos que la salida de la crisis traerá consigo modificaciones estructurales. Algunas se verán en el corto plazo, como las vinculadas con los aspectos sociales y hasta económicos, en tanto que otras madurarán en un período más extenso. Pero en cualquier caso, creemos que la perspectiva de cambios que propone esta situación implicará reconfigurar las pujas y lógicas que vayan a gobernar el escenario internacional de las próximas décadas. Con consecuencias y efectos que serán, en el tiempo que transcurrimos, básicamente irreversibles

Nuestra convicción radica nada menos que en el hecho de que esto ya está sucediendo. La contracción del trabajo y la producción redundará en un incremento, tan inexorable como significativo, de los niveles de pobreza a nivel mundial, un fenómeno que hundirá más a quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad desde antes de esta crisis, al tiempo que arrastrará consigo muchos otros grupos que nunca antes habían imaginado el abismo económico como una posibilidad real.  

Esta es la razón clave por la que el factor tiempo no debe ser despreciado como variable a considerar ya que, en la medida en que no se encuentre una vacuna que impida el contagio masivo, o al menos un tratamiento que permita una rápida recuperación de las personas que padecen el virus, no será posible avizorar un escenario distinto al que nos enfrentamos hoy. O sí, pero solo para peor.  

Porque esta pandemia impone nuevos parámetros de producción y consumo, más enfocados en la noción de lo que es “esencial”, y reforma hábitos laborales -generará, por ejemplo, un impulso fuerte del trabajo a distancia en los casos en que esta modalidad resulte viable- al tiempo que acelera procesos de sustitución de empleos por otros sistemas de inteligencia artificial, ahora con una excusa renovada: los robots no padecen ni propagan la tan temida enfermedad. 

Asimismo, y casi como paradoja estructural, la crisis nos reubica frente al paradigma del cuidado: en principio, personal, pero también de la comunidad en tanto pone sobre la mesa lo imperativo de privilegiar las ideas de cooperación por sobre las de competencia. Nos coloca ineludiblemente ante la necesidad de establecer sistemas de protección y cuidado para los grupos de personas en situación de vulnerabilidad que reclaman hoy nuestra más directa y prioritaria atención, y por eso mismo es -igualmente- un llamado a la empatía, cualidad que resulta absolutamente necesaria para impulsar acciones y cambios en materia ambiental.

El contexto actual nos permite, entonces, reflexionar profundamente también sobre esto último, no solo para entender mejor el origen de la pandemia, sino para encontrar respuestas paliativas frente a ella. La emergencia sanitaria inducida por la COVID-19 surge en el contexto de una crisis climática que no admite respuesta dentro del paradigma actual (Mariana Mazucatto)6. Por eso, más allá de tener que resolver lo urgente, no debemos desatender la relación misma entre sociedad, naturaleza y cultura, parámetros que una vez superada esta crisis deberán revisarse de manera muy profunda. Porque lo que queda claro y comprobado es que no es posible aspirar a una calidad de vida aceptable, mucho menos deseable, en  un planeta cada vez más enfermo y maltratado.

La cooperación entre países es clave para consensuar medidas y salidas frente a esta crisis. Debemos apostar a formas de multilateralismos revitalizados que permitan lograr los consensos mínimos para que la vida en el planeta siga siendo, básicamente, posible. Esto incluye la cuestión climática y la protección de la biodiversidad por un lado, y aspectos de cooperación, desarrollo y comercio por otro.

Se necesitan liderazgos políticos con capacidad de toma de decisión,  que conduzcan a las sociedades hacia la construcción de alternativas productivas que brinden bienestar a sus poblaciones sin amplificar las desigualdades y con respeto por los procesos ecológicos vitales. Estos liderazgos deben tener facultad de escucha y reconocimiento del enorme aporte de colectivos ambientales que desde siempre custodian los bienes comunes y nos alertan sobre los abusos contra la naturaleza.

Una adecuada revisión del sistema de extracción, producción y consumo, de modo que respete los límites planetarios, es un tema central, al igual que planear formas de transitar hacia una sociedad menos dependiente de los combustibles fósiles, con sistemas de producción de alimentos que respeten la biodiversidad y aporten a una dieta rica, sana y favorecedora de una mejor salud para las personas. Así, iniciativas que muestran alternativas social y ecológicamente viables, además de económicamente rentables -por ejemplo, la agroecología- cobran hoy nuevos sentidos.

Por último, aun -o quizás especialmente- en tiempos de pandemia, que implican limitaciones a libertades de distintos tipo, es vital la vigencia de la agenda de derechos humanos; los ambientales entre ellos. De igual forma, es menester observar que las decisiones que se adopten en la emergencia -en muchos casos, en ausencia del funcionamiento de los parlamentos y el poder judicial- no vulneren otros derechos y garantías. Por eso, la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana, así como el involucramiento de las personas en cualquier otra forma en que esto resulte posible, no deben nunca ser dejados de lado. Tampoco -o de nuevo, sobre todo- en estos tiempos. 

La pandemia no hará desaparecer los problemas subyacentes; por el contrario, posiblemente prorrogue, una vez más, las acciones necesarias para enfrentarlos. La agenda ambiental tiene que construirse como una agenda de derechos. No porque lo diga la comunidad ambiental internacional sino porque lo reclaman, a lo largo y ancho del planeta, jóvenes de distintos sectores sociales; asambleas vecinales y ciudadanas; trabajadores y grupos sindicales así como productores, rurales y de ciudad, a pequeña escala; porque lo exigen pueblos originarios, recuperadores urbanos, organizaciones sociales y ambientales, y también los nuevos colectivos. Debemos concentrar nuestros esfuerzos en construir infraestructuras distintas porque nos enfrentamos nada menos que a un serio riesgo de extinción

¿El que planteamos como eje para la concepción de esta edición del Informe Ambiental FARN sigue vigente?, ¿lo ambiental debe ser política de Estado aun en el marco de crisis que plantea la COVID-19? La respuesta es sí. Porque no es posible concebir personas sanas en un planeta enfermo, necesitamos sanar nuestra casa común. “Cuidar es cuidarnos” aplica también a nuestra madre Tierra y ya no hay margen para titubeos. Mañana es tarde. La solución está en el origen del problema. El desafío y la responsabilidad por lo que vaya a suceder, en manos de toda la humanidad. Porque lo que está en juego, en última instancia, es su propia supervivencia.

Bibliografía:

CEPAL (2020): América Latina y el Caribe: Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación; Nuevo informe especial COVID-19; disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion

Narlikar, A. (marzo 2017) Can the G20 Save Globalisation?. German Institute for Global and Area Studies, GIGA Focus, Global Number 1.

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