Pía Marchegiani
Directora de Política Ambiental de FARN. Magíster en Estudios Globales (Universidad de Friburgo, Alemania y Universidad de Kwazulu-Natal, Sudáfrica). Abogada (UBA). Candidata a doctora en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina). Docente de la UBA (Clínica Jurídica de Derecho Ambiental) y de FLACSO. Investigadora asociada al Programa de Estudios Globales de FLACSO.
Andrés Nápoli
Magíster en Derecho Ambiental (Universidad de País Vasco, España). Director Ejecutivo de FARN desde 2013. Integra el Cuerpo Colegiado establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene a su cargo el control del Plan de Saneamiento del Riachuelo. Delegado electo en representación del público en la negociación del Acuerdo de Escazú. Docente de posgrado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UBA), la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral (U.N.L), la Universidad Torcuato Di Tella y el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE) de la UBA.

0.2 Editorial FARN – Lo ambiental debe ser política de estado

Claves para reformular el modelo de desarrollo y la gestión de los bienes ambientales en la Argentina, con políticas públicas que acompañen y fortalezcan este -necesario y urgente- paradigma.

Un nuevo statu quo: complejidad y crisis concatenadas

El cambio de la primera a la segunda década del siglo XXI puede ser sintetizado como un  momento de clara efervescencia social: personas, organizadas en distintos colectivos o sin pertenencia específica, pero movilizadas por demandas urgentes y comunes, se manifiestan pacíficamente en reclamo de mejoras en sus condiciones de vida y claman una mayor receptividad por parte de quienes son sus gobernantes. La situación de contexto es más que alarmante: en 2017, el 1% de la población mundial concentra el 82% de la riqueza; en tanto que, para 2018, 26 multimillonarios cuentan con tantos recursos como mitad de la población del planeta en conjunto. Mientras, la pobreza crece de manera sostenida, en una tendencia que, de acuerdo con datos de Oxfam, no hará más que acentuarse.

En países de distintas tradiciones políticas, económicas y culturales, existen oleadas de movilización social que reclaman de sus dirigentes respuesta a la más diversa índole de problemas acuciantes. Estas movilizaciones abarcan los temas más variados, y encuentran expresión en distintas geografías planetarias. La falta de liderazgos capaces de atender los múltiples reclamos sociales, en contextos de profunda crisis del modelo de globalización neo-liberal,  genera el riesgo de que se impongan propuestas capaces de socavar las bases mismas de los sistemas democráticos.

En nuestra región, la ciudadanía, distintos movimientos sociales, grupos indígenas y sindicales se enfrentan a Gobiernos que no escuchan las demandas populares. Alzar la voz recibe como respuesta la represión estatal. El caso de Chile quizá resulte el más emblemático atento a que, pese a ser muchas veces señalado por organismos internacionales como ejemplo en materia de rendimiento económico, la desigualdad social y los problemas generalizados propios de su modelo neo-liberal llevaron gradualmente al hartazgo de sectores de clase media y popular, al “reventón social” más significativo de la historia del país (Salazar Vergara, 2019). Lo que está en juego ahora es nada menos que un nuevo pacto social.

Además, cuando de preservar la naturaleza se trata, América Latina surge como la más peligrosa de las regiones, donde en términos anuales mayor cantidad de personas mueren o son asesinadas por defender el ambiente.

En cada uno de los países de la región, demandas destinadas a revertir un sistema económico que margina importantes sectores de la población y no tiene en cuenta la naturaleza, se entrecruzan con otras, particulares de cada contexto.

Sin ir más lejos, en Argentina durante 2018 estalló lo que luego fue conocido como “la ola verde”, movimiento de colectivos de mujeres conformado para lograr la sanción de una ley de despenalización del aborto,  junto con una respuesta institucional acorde. Las nuevas generaciones se convirtieron en protagonistas de estas disputas, e inyectaron ideas y energías renovadas a un movimiento feminista de más larga data.

Un poco después, con el foco en un tema totalmente distinto, los movimientos de jóvenes volvieron a tomar las calles en reclamo pacífico; esta vez, inspirados en gran medida por la campaña de la sueca Greta Thunberg, para lograr una respuesta estatal inmediata a la crisis climática que afectaría tanto la suya como futuras generaciones. No solo aportaron a la visibilización de la problemática, sino que, en el plano local, contribuyeron a una respuesta estatal concreta: la sanción de una Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global.

El cierre de 2019 trajo una nueva oleada de movilizaciones vinculadas a los temas ambientales en la cordillera. Las fiestas de fin de año mantuvieron a la ciudadanía mendocina en las calles para defender el agua en una provincia caracterizada por una crisis hídrica generalizada y declarada hace más de una década. Distintos sectores sociales se dieron cita para frenar el intento del sector minero –en connivencia con el arco político– de modificar la legislación existente para permitir la explotación minera de gran escala.

En una movilización caracterizada como “histórica”, “clave”, “parteaguas” en la lucha ambiental, la clase política, tanto el oficialismo (Cambiemos) como la oposición (PJ), debió dar marcha atrás con la propuesta de reforma de la Ley 7722 que protege el agua en Mendoza; luego de haber sancionado una norma con la Legislatura vallada y una manifestación ciudadana pacífica pero inclaudicable, la norma fue derogada.

Casi en simultáneo,  la provincia de Chubut –emblema de la movilización en contra de la mega-minería– se movilizaba en vigilia frente a anuncios que también apuntaban a revisar normas de prohibición de la minería a gran escala, como la histórica Ley 5001 (hoy Ley provincial 68) de 2003.

En el país son múltiples los casos de movilización social que tienen como eje las cuestiones ambientales: la defensa del agua o los bienes comunes se convirtieron en nuevos paraguas aglutinadores de demandas sociales, que  articulan aspectos específicos de los conflictos en torno a actividades particulares (mega-minería, hidrocarburos, agronegocio, hidroeléctricas de gran escala, obras de gran envergadura, contaminación industrial) con el debate relativo al desarrollo y las distintas dimensiones de la democracia.

Argentina acaba de iniciar un nuevo período de gobierno, que continúa con la alternancia ininterrumpida desde la vuelta a la democracia. La gestión que tomó las riendas el 10 de diciembre de 2019 recibió un país inmerso, una vez más, en una importante crisis económica. En particular, se destacan las políticas de ajuste con un endeudamiento internacional significativo (representó el 91,6% de su PBI en el tercer trimestre de 2019, de acuerdo con CEPAL, 2020), una economía que no logra crecer, una moneda nacional devaluada y un nivel de inflación alto; reservas en retroceso e inminentes problemas en la balanza de pagos.

A su vez, los problemas económicos tuvieron las repercusiones sociales esperables: aumento de la indigencia, empobrecimiento de sectores medios y falta de acceso a servicios públicos esenciales. Se considera que en el país la pobreza extrema aumentó hasta afectar a unos 13,6 millones de personas que habitan en zonas urbanas.

Si bien la situación de crisis económica con severas consecuencias sociales no es nueva, existen aspectos vinculados al contexto actual que generan grados adicionales de complejidad a ser tenidos en cuenta a la hora de imaginar una salida. Por un lado, un indiscutido consenso de la comunidad científica internacional sobre los límites climáticos y ecológicos de continuar por la senda económica preponderante, así como un diagnóstico relativamente certero de las consecuencias –no del alcance– de esta crisis para los ecosistemas y la vida humana. Por otro, una crisis político-democrática generalizada que desafía las formas tradicionales de la política.

En este sentido, la comunidad científica nos advierte sobre la inminencia de una crisis climática sin precedentes y exige que se tomen decisiones acordes, al tiempo que nos recuerda que el momento de actuar es ahora; no solo no podemos seguir avalando el calentamiento global al ritmo en que viene aconteciendo, sino que ya hasta hemos avanzado sobre la biodiversidad que necesitamos para sustentar la propia vida humana.

Las consecuencias de esta crisis van a golpear con más fuerza los sectores en situación de vulnerabilidad de nuestra sociedad, por lo que la necesidad de actuar frente a la emergencia ecológica no puede esperar. Además, para una región como la nuestra y un país como Argentina, con altos índices de desigualdad social y económica, desatender los mensajes de la comunidad científica podría significar empeorar la situación de millones de personas que viven en la pobreza.

Al mismo tiempo, existe una crisis política generalizada -aunque con características particulares- en los sistemas democráticos. Desde las ciencias sociales se refieren a este fenómeno como la “erosión” o “fatiga” del sistema democrático, para explicar el hartazgo de la ciudadanía frente a sus representantes y su falta de respuestas. De acuerdo con el análisis de Roberto Gargarella, lo que queda claro es que se han roto los lazos entre dirigentes y ciudadanía. Pero eso implica algo más que solamente mejorar el sistema de controles para evitar la impunidad donde haga falta. Según este autor, quienes ejercen cargos  políticos presentan cierto grado de alienación, responden a sus propios intereses y no logran dar respuesta a las demandas ciudadanas; o bien, resuelven asuntos complejos e importantes sin dar voz a la gente.

La complejidad de los problemas sociales actuales choca de frente con la propia ficción de la representación democrática. Toda la sociedad no puede quedar representada en la estructura de poderes, ya que los grupos sociales no son solamente diversos, antagónicos, sino también heterogéneos, y responden a distintas formas de identificación, e incluso a varias formas en simultáneo. Por eso, hoy más que nunca es importante recuperar, como sostiene Gargarella, la “capacidad colectiva de pensar, discutir y decidir acerca del modo en que nos organizarnos, y tomar decisiones sobre nuestro propio destino”. Esta es una demanda permanente de distintos movimientos y actores ambientales que reclaman otra forma de valorar los bienes ambientales y de pensar en los problemas de desarrollo. De allí que, mecanismos que apuntan a democracias más participativas, con canales de discusión mucho más cercanos a la gente, parecen imprescindibles.

¿Entonces qué hacer? ¿Por dónde empezar?

La crisis económica actual sin dudas marca la cancha, pero no define la estrategia de juego. Tampoco los resultados.

El escenario no es nada sencillo. Lo que queda claro es que, como decía Albert Einstein, “no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos”. Por eso, debemos animarnos a repensar la Argentina.

Ya a las puertas de la tercera década del siglo XXI, resulta imprescindible reformular profundamente el modelo de desarrollo que debería seguir el país; es hora de dejar atrás las miradas que privilegian solamente el desempeño económico para pensar en otras maneras de lograr el bienestar de la sociedad; una forma de desarrollo más autónomo que disminuya la dependencia externa y abrace la región al tiempo que active las potencialidades del país.

Hay que apostar a una diversificación productiva real, a una  industrialización selectiva en la que exista un capital social acumulado, a la construcción de agendas de ciencia y tecnología que respondan a necesidades nacionales y regionales de la sociedad, y no estrictamente a la demanda de empresas o aliados políticos; a la recuperación de lo público mediante un proceso liderado por un Estado fuerte, capaz de contener el capital transnacional especulativo y, sobre todo, que no dé la espalda a su gente.

Entonces, es necesario dejar atrás a la “fantasía neoliberal de que los mercados sin restricciones traerán prosperidad” como señala Joseph Stiglitz4; la evidencia en sentido contrario es más que abundante. Existen problemas sociales, como la desigualdad y el desempleo entre otros, que difícilmente sean abordados y mucho menos resueltos por el mercado; una posible vía son aquellas formas de capitalismo con posibilidad de canalizar el poder del mercado y ponerlo al servicio de la sociedad.

En igual línea, los problemas ambientales tampoco pueden ser simplemente dejados a merced del mercado, ya que justamente un abordaje acorde a los desafíos actuales requiere modificar patrones preponderantes en el comportamiento de actores clave, así como pautas de producción, consumo, intercambio y financiamiento.

LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UNA AGENDA AMBIENTAL INTEGRAL

Para hacer frente a estos desafíos y lograr el bienestar de la población se necesita una agenda ambiental. Esta agenda ambiental debe ser concebida de manera integral y tener, al mismo tiempo, un profundo contenido social, que posibilite una vida más digna para cada habitante de la nación, con mayor acceso a derechos. Es por lo tanto una agenda de derechos en general, y de derechos humanos en particular, y necesariamente se enlaza –aunque no se limita– al derecho de acceso al agua, al hábitat, a la energía limpia, a la alimentación sana, a las oportunidades y al desarrollo. El ejercicio de derechos, el acceso a la justicia y a las instituciones democráticas, completa el cuadro para que cuidar la naturaleza y anhelar una vida digna no cueste, precisamente, la vida.

Esta agenda tiene su propia demanda social en el país. Además del movimiento –si se quiere, más tradicional– ambiental, que identificó tempranamente estos temas como prioridades y se profesionalizó para incidir en la agenda de gobierno, como explica Ricardo Gutiérrez, en las primeras dos décadas del nuevo siglo destacan nuevas formas de expresión social que reclaman por los temas ambientales. Así, distintas organizaciones de base directamente afectadas por problemas ambientales también alzan su voz en defensa del ambiente. Traen consigo nuevos métodos contenciosos y una organización social horizontal que busca poner en práctica los valores de sociedad que imagina.

La agenda ambiental es entonces hoy reclamada por jóvenes de distintos sectores sociales; por asambleas vecinales y ciudadanas; por trabajadores y grupos sindicales así como por productores, rurales y de ciudad, a pequeña escala; por pueblos originarios, recuperadores urbanos, organizaciones sociales y ambientales, y por los nuevos colectivos. Las movilizaciones por el agua en Mendoza, y también Chubut, mostraron lo heterogéneo que puede resultar un grupo social congregado en defensa de un bien común esencial.

La agenda ambiental debe construirse entendiendo las causas que generaron la actual crisis ecológica y climática, pero con la mirada puesta más allá. Es menester aceptar que la expansión del capital sin ningún límite social o ambiental solo sirve para acentuar las desigualdades, globales y locales; resulta mandatorio pensar en una economía distinta a la actual en la que son el mercado y los grandes actores financieros globales los que dictan las prioridades y los tiempos, escapando a cualquier esfuerzo de los Estados-Nación por controlar sus movimientos.

Necesitamos una nueva economía que pueda ser contenida por la política y que tenga muy presente los límites ecológicos, al tiempo que aporte al bienestar de las personas. Para eso es sumamente importante animarse a pensar en la naturaleza como algo más que un proveedor de recursos que, convertidos en commodities, quedan librados a los volátiles precios internacionales, que muchas veces resultan blanco de disputas de la geopolítica global  a la vez que generan mayor vulnerabilidad para economías altamente dependientes de ellos.

En tal sentido, la crisis climática y ecológica demanda un cambio de paradigma de la gestión, a partir del cual los temas ambientales puedan ser concebidos de manera holística -superando los binomios entre lo urbano y lo rural- e integral; como variables inherentes a cada una de las áreas y acciones que hacen a las políticas públicas. Ya no es posible pensar el área ambiental de los Gobiernos como entes residuales que tienen por principal objeto ejecutar programas de asistencia y cooperación internacional, o ser prestatarios de servicios a otras áreas que sí toman las decisiones y que, para colmo, acaban por profundizar los modelos extractivos vigentes y, a la larga, afectan el ambiente y la calidad de vida de la población.

Esto implica, además, buscar respuestas creativas a las problemáticas que enfrentamos hoy, pero al mismo tiempo tener extremo cuidado al momento de formular propuestas como el “Green New Deal” ya que, lejos de apuntar a cambiar el modelo de producción y acumulación existente, en la medida en que no promuevan cambios paradigmáticos, pueden quedar reducidas a un plano meramente discursivo o, en el peor de los casos, fomentar prácticas de “green-washing” (suerte de lavado de cara para incorporar alusiones a aspectos ambientales, pero de carácter muy superficial).

Por todo lo mencionado, lo ambiental tiene que ser central para pensar las estrategias y articular las políticas y acciones que dirijan el rumbo de las transiciones que hoy son necesarias para abordar la referida crisis, que abarcan al menos las áreas de energía, agro, minería, infraestructura e industria.  Por eso, la agenda ambiental debe trazarse estableciendo las bases para una articulación intersectorial, mediante la cual se adopten las decisiones que luego influyen en la agenda climática, la biodiversidad, los bienes ambientales y la calidad de vida de la población; al mismo tiempo, hay que avanzar en la coordinación interjurisdiccional con las provincias, que son las titulares de los bienes ambientales existentes en sus territorios, pero cuyas políticas deben también alinearse a los objetivos y propuestas plasmados en la agenda nacional, como política de Estado.

La creación de áreas protegidas, el crecimiento de las energías renovables y la apuesta por la institucionalización de la agenda climática son logros de gran relevancia que ahora deben ir mucho más allá. Necesitamos avanzar en el saneamiento del Riachuelo y abrazar el Acuerdo de Escazú, convenio regional que confirma el compromiso con los derechos de información, participación y justicia en materia ambiental, y que asegura que quienes defienden la naturaleza puedan hacerlo sin represalias.

Es preciso fortalecer los mecanismos de participación social en las decisiones de desarrollo; implementar políticas internas que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Acuerdo de París. Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Vaca Muerta no es el camino: Argentina cuenta con un extraordinario potencial para desarrollar una industria nacional en torno a las energías renovables con empleo local; puede consolidar la transición energética en un marco justo e inclusivo.

El modelo que promueve la megaminería metalífera ha demostrado ser altamente destructivo en los territorios, con nulo valor agregado e impactos que se arrastrarán por generaciones, por lo cual resulta fundamental e imperioso revisarlo. Asimismo, una Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales sigue siendo una gran deuda si se pretende salvaguardar estos ecosistemas que aseguran regulación térmica, agua potable, prevención de inundaciones, alimentos y medicinas. Es necesario, además, poner fin al desfinanciamiento sistemático del que adolece la Ley de Bosques. También avanzar en una reforma de la Ley de Parques Nacionales para que se recepten nuevas categorías de áreas protegidas, sobre todo aquellas que ponen en valor los aportes de comunidades indígenas y locales a la conservación. .

Urge revisar y contener el modelo de agricultura industrial que, entre otros aspectos problemáticos a nivel ambiental, depende del uso intensivo de agroquímicos, presiona por expandir la frontera agropecuaria y degrada suelos por la preponderancia del monocultivo. Es imperioso iniciar una transición hacia sistemas agroecológicos y la promoción de procesos que consoliden la soberanía alimentaria. Los resultados de la agroecología, en términos sociales, ambientales y también económicos -como demuestran estudios varios, incluido uno reciente del propio Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- están a la vista; entonces, ¿por qué cuesta tanto fomentar sistemas con menor impacto ambiental y mayor beneficio social?

Por último, es necesario poner en práctica las leyes referidas a residuos; disminuir la disposición final mediante la reducción, la reutilización y el reciclaje y, sobre todo, descartar toda forma o nueva idea de incineración. También ir a por la creación una agencia nacional, o un ente de coordinación, que ayude a los Gobiernos locales a gestionar y establecer las mejores prácticas. Eso complementado con educación ambiental y medidas que apunten no a fomentar más consumo sino, en todo caso, un mejor consumo cuando y donde esto sea estrictamente necesario. 

De igual forma, surge la necesidad de una agenda legislativa que complemente y refuerce la gestión ambiental. Normas cuyo impulso deberían considerarse muy especialmente son la Ley de Educación Ambiental, que puede contribuir a cambiar el paradigma vigente; el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Argentina es el único país de la región que no cuenta con una norma de este tipo a nivel nacional); y la incorporación de delitos ambientales al Código Penal.

Lo hasta aquí mencionado forma parte de las propuestas incluidas en la carta pública que FARN presentó a las autoridades que asumieron el mando de la política argentina en diciembre de 2019, con el objetivo de aportar a la construcción colectiva de una agenda ambiental sustantiva que se transforme en política de Estado, con mirada de largo plazo pero que, en lo inmediato, brinde respuestas a la crisis ecológica y climática que, en última instancia, amenaza incluso la continuidad de la vida humana tal como la conocemos.

Pero queremos ir un paso más allá. Por eso, pensamos y estructuramos esta edición, la número 12 de nuestro ya tradicional Informe Ambiental FARN, sobre la base de capítulos que son, en definitiva, lo que entendemos como ejes temáticos clave para que, más temprano que tarde, la cuestión ambiental devenga en lo que siempre debió ser: una política de Estado. 

Pensamos esta edición sobre la base de los temas que la organización considera como desafíos centrales para la construcción de una agenda ambiental para Argentina, con el objetivo de aportar a una mirada colectiva que trascienda las coyunturas y los ciclos electorales. Pero no lo hicimos en soledad; invitamos a referentes sociales y del ámbito político y académico a contribuir con sus visiones a este debate clave.

Asumimos esta propuesta con el deseo de que logre discutir con las formas monolíticas y simplificadas de ver los bienes ambientales como mera fuente de divisas en una economía recurrentemente colapsada (o en crisis); con la esperanza de que estas discusiones se nutran de los fervientes procesos de movilización social existentes, sean debatidas ampliamente, y se traduzcan en una política de Estado.

Nos pareció que no era momento de incluir la visión de actores del mercado, no porque no tengan un rol vertebral en los asuntos a debatir, sino porque consideramos que es tiempo de revisar la forma en que nos organizamos como sociedad, así como lo que en tanto sociedad esperamos del Estado.

El IAF 2020, capítulo por capítulo

La presente edición del Informe Ambiental FARN está organizada en seis capítulos, a los que se suma un apartado institucional. Del dicho al hecho ya no queda trecho. La urgencia de una agenda ambiental de largo plazo”, el primero de ellos, reúne una serie de escritos que dan cuenta, por un lado, del estado crítico de nuestros bienes ambientales, en el marco de una situación de emergencia de la biodiversidad –detallada en el contundente aporte publicado por la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en 2019– a la que, a su vez, contribuye significativamente el asedio del calentamiento global, sobre el que nos advierte la comunidad científica en todo el globo.


Traspasar un escenario de aumento de temperaturas medias de 1,5 °C es un punto de no retorno que supondría daños irreparables para nuestros ecosistemas y la vida misma. Es entonces imprescindible modificar la dependencia de combustibles fósiles en la generación de energía, así como las prácticas agrícolas y ganaderas, lo que incluye revertir el avance desmedido de la deforestación. 

Se trata no de limitarnos a un cambio de tecnologías sino de aspirar a una modificación sustancial: la del modelo mismo de desarrollo, incluidos los aspectos económicos, sociales y culturales; y no como medida puntual y extraordinaria sino proyectada en el largo plazo. Los incendios en el Amazonas, así como los de Australia, son el ejemplo palmario de que como humanidad no logramos valorar el rol vital e irremplazable que cumplen nuestros ecosistemas forestales; el problema no involucra sólo Gobiernos con una orientación política específica; de hecho, los casos de Bolivia y Brasil dan cuenta de que los argumentos nacionalistas se utilizan tanto por derecha como por izquierda. Lo que es evidente es que estos incendios son producto de una crisis de prioridades que, al generar monstruosas nuevas emisiones de gases de efecto invernadero, profundizan, a su vez, el problema central.

Por otro lado, este primer capítulo reúne textos que refieren no solamente al llamado a la toma de conciencia y acción por parte de integrantes de la comunidad científica y especialistas, sino a algo que debería resultar aún más determinante y alertador: las voces de las personas. Mientras que jóvenes en todo el mundo se movilizan como nunca antes para cuidar el planeta de los daños a las futuras generaciones y nos impulsan a actuar mirando en el largo plazo, los movimientos sociales se transforman en los guardianes de la defensa de los bienes ambientales marcando el límite a una clase política que pretende no escuchar, persistir en la negación. Las recientes movilizaciones en defensa del agua frente al avance de la mega-minería nos muestran una vez más que es la ciudadanía, organizada o no, la que recuerda la importancia de la salvaguarda de los bienes ambientales.

En el segundo capítulo, Cuando el pueblo suena, razones lleva. Una agenda de derechos contra las desigualdades”, se abordan los aspectos sociales vinculados a la agenda ambiental, a partir del análisis de la relación entre el Estado y la sociedad en la creación de políticas públicas referidas a esta materia. Incorpora reflexiones sobre la articulación de una agenda de derechos y ambiente en el vínculo entre lo urbano y lo rural, y la mirada del ecofeminismo para pensar en los elementos novedosos que una agenda ambiental, entrada ya la tercera década del siglo XXI, no puede dejar de tener en cuenta.

No menos importante, reúne tres aportes sobre conflictos ambientales en los territorios donde se lleva a cabo la extracción intensiva de bienes ambientales. Uno presenta la resistencia y búsqueda de preservar la naturaleza y la vida en el corazón del agronegocio santafesino; otro, las estrategias de lucha frente a la minería de litio en Catamarca; el último se adentra en  las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en Salta y Jujuy.

El tercer capítulo, titulado Lo barato, a la larga, sale caro. La trampa del criterio cortoplacista en la explotación de los bienes ambientales”, aborda la relación entre economía y ambiente y reflexiona sobre la visión de los bienes ambientales, particularmente en contextos de crisis económica de la balanza comercial como sucede en la actualidad. Ahí reunimos una serie de artículos que no desconocen los desafíos de la generación de divisas para salir de la crisis, pero logran ir más allá y demostrar cómo, en distintos casos, la incorporación de una mirada distinta respecto de la economía lleva a que la explotación indiscriminada pierda sentido, significado y fuerza. Los argumentos de un lado y otro que proponemos en este capítulo no son estrictamente ambientales, son económicos.

Desde la agenda energética incorporamos dos artículos que dan cuenta de los desafíos adicionales que significa, en términos económicos, la apuesta por los combustibles fósiles –en contradicción con los compromisos del Acuerdo de París. En Argentina la actividad parece solamente posible de la mano de un fuerte apalancamiento estatal, lo que genera posibles nuevas presiones económicas al tener que depender de los precios fijados en el mercado internacional. Como si fuera poco, en Estados Unidos –país en el que el contexto económico es más estable y que ha consolidado la extracción mediante fractura hidráulica- los flujos financieros en la última década han sido negativos y las empresas han tenido que endeudarse al no lograr generar ganancias. Las energías renovables, compatibles con la transición energética necesaria para lograr los compromisos climáticos globales, requieren de mayor apoyo estatal para transitar un momento de escasa estabilidad económica.

Completan el capítulo, artículos que analizan la situación minera de las provincias de Mendoza y Chubut, que priorizaron economías de reconocimiento mundial y con significativa generación de divisas como la vitivinícola en el primer caso; y las regionales alternativas, de pequeña escala, en el segundo.

Se incorpora, por último, una visión de la agroecología vinculada a la rentabilidad económica; es decir que se presenta la agroecología como una verdadera alternativa, no solo ecológicamente más viable sino capaz, a su vez, de generar más beneficios económicos que el agronegocio.

El capítulo cuarto, Ambiente y Estado, ¿asuntos separados? Lo ambiental en la discusión política hoy”, vuelve la mirada sobre la dirigencia política. Bajo la comprensión de  que muchos de los grandes dilemas vinculados a la crisis ecológica y climática en la que nos encontramos, además de ser problemas complejos, de múltiples aristas, son de naturaleza política, nos preguntamos sobre los acuerdos necesarios para que los temas puedan trascender cualquier coyuntura particular, y que la cuestión ambiental se convierta en una política de Estado.

Así, incluimos la mirada de referentes de distintos espacios políticos para entender si es posible, o hasta qué punto es posible, lograr un núcleo básico de coincidencias entre fuerzas diversas. Incorporamos voces en representación del Frente de Todos, de Cambiemos y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. También integramos una entrevista  del reconocido periodista ambiental Sergio Elguezabal al nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.

¡Paren el mundo, me quiero insertar! El papel de Argentina en la agenda ambiental global, el quinto capítulo, trabaja la mirada internacional y la forma en que el país debería pensar su relación con el mundo, tanto desde el plano de los derechos -para lo cual se destaca la importancia de pararse a la vanguardia de acuerdos como el de Escazú, que vincula fuertemente los derechos ambientales y los derechos humanos-, como desde los aspectos económicos. A este último respecto, las opciones discurren entre la aceptación acrítica del espacio y el rol que juega la economía argentina en la división internacional del trabajo, y los intentos por lograr mayor autonomía en las decisiones de política y economía para responder a intereses propios.

Lejos de pretender abarcar todas las facetas de esta relación, tomamos dos casos en los que pueden verse algunas de las aristas paradigmáticas. En primer lugar, se discute la relación con China, gigante asiático consolidado como líder indiscutible de la economía global. Desde una mirada crítica, se analiza que las necesidades de corto plazo de acceso a divisas no deberían ignorar problemas adicionales como la acentuación de la lógica extractivista, una mayor dependencia económica externa y los mayores perjuicios a sectores subalternos.

En segundo lugar, se aborda la cuestión del litio, mineral que parece tener un potencial para impulsar alguna agenda de industrialización de interés para la agenda ambiental global. A partir de un repaso histórico, se identifica la lógica que prima en torno al mineral, asociada a las políticas de los años 90; los complejos desafíos existentes, y la necesidad de generar un nuevo escenario institucional para discutir, de manera democrática, la creación de una “Comisión Nacional del Litio” que involucre tantos sectores y disciplinas como resulten necesarios para asesorar al Gobierno en una nueva política sectorial.

El sexto capítulo “Predicar con el ejemplo. Hacia la implementación de políticas ambientales reales”, reúne una serie de aportes que hacen a la construcción de instituciones que permiten la consolidación de una agenda ambiental. Desde el punto de vista legal, se aborda la importancia de haber logrado la sanción de una ley de presupuestos mínimos sobre Cambio Climático, por un lado, y la gran deuda que representa la ley de Humedales por otro. Allí también se incorpora el rol de quienes comunican temas ambientales y, por último, la importancia de una formación jurídico-ambiental que permita a futuro, contar con profesionales de mirada crítica y especial sensibilidad y conocimientos para abordar  los conflictos ambientales.

En el apartado institucional se desarrolla la 18.ª convocatoria del premio Adriana Schiffrin, “Mujeres por el ambiente”, que tuvo como objetivo central premiar proyectos socioambientales liderados por y/o dirigidos exclusivamente a mujeres. Se describen las propuestas finalistas y los proyectos ganadores. Por último, describimos los valores esenciales que nos caracterizan y guían en tanto organización comprometida con la idea de lograr un futuro más justo y en armonía con el ambiente. 

1Argentina era el país más endeudado en la región, en relación a su PBI, siendo además que el 74% de la deuda es en moneda extranjera. Para más detalles sobre las características e implicancia de la deuda ver Di Paola, María Marta en esta edición.

2En Argentina la pobreza estructural habría crecido en un 33% aproximado de acuerdo con datos de la CEPAL. Ver más información en Echegoyemberry y Vitale en esta edición.

3Para más detalles ver artículos de opinión de Roberto Gargarella “El desencanto con las democracias que mueren por dentro”, La Nación, 22 de noviembre de 2019 y “El fantasma de la crisis democrática recorre el mundo”, La Nación, 20 de enero de 2020.

4Ver artículo de opinión de Stiglitz “El capitalismo progresista no es un oxímoron”  publicado el 30 de abril de 2019 en el New York Times, recuperado de: https://www.nytimes.com/es/2019/04/30/espanol/opinion/stiglitz-capitalismo.html

Bibliografía:

CEPAL (2020). Indicadores: saldo de la deuda pública en porcentaje del PBI. CEPALSTAT. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recuperado de: https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulado r/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1240&idioma=e (última visita: 7/02/2020)

Salazar Vergara, G. (2019, octubre). El “reventón social” en Chile; una mirada histórica, Nueva Sociedad, Opinión.

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