Lucrecia Wagner
Lic. en Diagnóstico y Gestión Ambiental y Dra. en Ciencias Sociales. Investigadora del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

1.5 “Mendoza es hija del agua”: ¿la megaminería como única alternativa?

RESUMEN EJECUTIVO

En diciembre de 2019, diversos sectores de la población mendocina se movilizaron contra la modificación de la Ley Provincial 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería. Su modificación facilitaba el avance de la minería metalífera en Mendoza, y sufrió un rechazo social tan contundente que, una semana después de haberla modificado, el Gobierno mendocino tuvo que dar marcha atrás.

Esta ley fue gestada en 2007, en el marco de intensas movilizaciones coordinadas a escala provincial para rechazar la megaminería. Doce años después, modificarla activó no sólo esa memoria colectiva de resistencia, sino también la memoria larga ligada al agua como elemento vital para Mendoza.

Las protestas de diciembre de 2019 abren interrogantes y posibilidades de problematizar cómo y quiénes definen la matriz productiva de un territorio y, además, evidencian el poder real de la población en movimiento demandando participación en estos debates.

Crónica del rechazo a la megaminería en Mendoza: la 7722 es la ley del pueblo

La oposición al desarrollo de proyectos mineros metalíferos en la provincia de Mendoza nació en San Carlos, en 2004, cuando habitantes de la zona comenzaron a alertar sobre actividades de prospección minera en las cercanías del área protegida “Laguna del Diamante”, que es reserva hídrica. Ante la falta de información brindada por el Gobierno provincial sobre las actividades que se estaban desarrollando, y el desconocimiento sobre la minería metalífera, decidieron reunirse para informarse y planificar acciones. Se conformó así el “Frente Diamante”, que luego derivaría en la “Asamblea de vecinos autoconvocados de San Carlos”. También se conformaron organizaciones vecinales similares en otras localidades de Valle de Uco -oasis centro de la provincia de Mendoza. Realizaron diversas actividades educativas, en las que se destacaba la reflexión sobre la importancia del agua en la provincia, y llevaron adelante actividades de difusión en fiestas departamentales y otros espacios públicos.

Este proceso no fue un caso aislado. Se inscribe en una serie de conflictos por megaminería que tuvieron lugar en Argentina, especialmente desde 2003, cuando la localidad de Esquel, en la provincia de Chubut, impidió mediante plebiscito la instalación de un proyecto de minería de oro.

Paralelamente a lo acontecido en Valle de Uco, en San Rafael se gestaba un debate sobre la reapertura de la mina de uranio Sierra Pintada, que había funcionado hasta mediados de los años 90. Se conformó una multisectorial y otras organizaciones se sumaron con el fin de solicitar que no se reabra la mina de uranio, porque podría afectar el perfil productivo de la región.

En 2006 se generaron movilizaciones sociales en el sur provincial, especialmente en General Alvear, y en algunas localidades de San Rafael, por proyectos de minería metalífera en la zona del cerro El Nevado. Se conformó una multisectorial y una asamblea de vecinos. A fines de ese año, el debate sobre el desarrollo de proyectos mineros (principalmente de oro y cobre) se instaló en la Legislatura provincial, y con ello en la capital de la provincia, la ciudad de Mendoza. En diciembre, todas las organizaciones existentes llevaron adelante, junto a otros colectivos sociales y culturales, una Jornada Cultural y de Ayuno, paralela al tratamiento legislativo de un proyecto de ley para frenar el avance de la minería metalífera en la provincia. Nació la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, y las organizaciones existentes se nuclearon en AMPAP (asambleas mendocinas por el agua pura). La ley que frenaba el avance de la megaminería fue sancionada, y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo. Meses después, se reactivó este debate legislativo, y en junio de 2007 se sancionó la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos. Además, establece que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) -el permiso ambiental que otorga el Poder Ejecutivo- debe ratificarse por ley (es decir, por la Legislatura provincial). También establece que los municipios de la cuenca donde se localice el proyecto minero deben realizar informes sectoriales, “debiendo respetarse las realidades productivas y sociales de cada uno de los mismos”.

Protestas socioambientales en la ciudad de Mendoza, diciembre 2019 (Crédito: Alber Piazza)

Las leyes que limitan la minería metalífera y la modificación de la 7722

La Ley 7722 es una de las nueve leyes que se sancionaron en Argentina limitando la actividad minera metalífera (en Chubut, Córdoba, Mendoza, San Luis, Tucumán, La Rioja, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego), impulsadas por movilizaciones sociales en rechazo a esta actividad. En La Rioja y Río Negro, estas leyes fueron posteriormente derogadas, quedando actualmente siete de estas leyes en vigencia. En Mendoza y Córdoba, sectores empresariales mineros iniciaron demandas de inconstitucionalidad en su contra, pero las Cortes Supremas de Justicia de ambas provincias ratificaron su constitucionalidad. En Mendoza, el fallo de la Corte se realizó a fines de 2015. Desde entonces, la intención de los sectores que impulsan el avance de la minería metalífera pasó a ser la modificación de la Ley 7722, con el fin de quitarle sus artículos más restrictivos.

La 7722 no se toca. (Crédito: Mariano Nadalich).

A fines de 2018, dos proyectos de modificación de la Ley 7722 fueron presentados por senadores del Partido Justicialista. Entre las modificaciones más importantes, proponían quitar del artículo 1 la frase: “y otras sustancias tóxicas similares”, de manera que sólo quedaría prohibido el uso de cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, pero el resto de las sustancias, que pueden tener mayor, menor o igual toxicidad que las citadas, quedarían permitidas. También quitaban la ratificación por ley de la DIA. El Gobierno mendocino apoyaba la modificación bajo el supuesto de que el “humor social” sobre la actividad minera había cambiado, y que estaban dadas las condiciones para avanzar con esta actividad en la provincia. Se realizaron debates en la Legislatura provincial, con la participación de diferentes sectores, y el impulso a la modificación fue perdiendo fuerza.

En noviembre de 2019, se reflotaron las propuestas de modificación de la Ley 7722. Esta vez, el partido justicialista solicitó al oficialismo (con un nuevo gobernador asumiendo, de la Unión Cívica Radical, al igual que su antecesor) que fuera él quien presente el proyecto de modificación. Así, en su primera semana de gobierno, el gobernador Rodolfo Suárez envió a la Legislatura el proyecto de modificación de la Ley 7722, sabiendo que contaba con amplia mayoría del oficialismo y la oposición para votar a su favor. El viernes 20 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley Provincial  9209, denominada “ley cianuro”, ya que habilitaba el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias, en proyectos de minería metalífera. Además, quitaba la ratificación de la DIA por ley.

Esta modificación generó protestas que fueron escalando en intensidad y cantidad de participantes. Una semana después, el gobernador y la Legislatura provincial tuvieron que derogar la modificación, y cumplir con la demanda social que se escuchaba en las calles mendocinas: “devuelvan la Ley 7722”.

Mendoza y su cultura del agua

“La escasez de agua que caracteriza al centro-oeste argentino se refleja claramente en la poca extensión que tienen los oasis de regadío comparada con la enorme superficie disponible que existe al pie de los Andes. En la provincia de Mendoza, las tierras irrigadas representan menos del 4% del territorio. Sin embargo, allí se concentra más del 95% de la población y se genera gran parte del producto bruto provincial […]. El derretimiento de la nieve y el hielo en la parte alta de las cuencas, y su infiltración a las capas subterráneas, permiten también la recarga de los acuíferos, que luego proveerán agua para consumo humano y para numerosas explotaciones productivas en las zonas bajas de Mendoza” (Masiokas, Villalba, Pitte, Ruiz, Cara y Toum, 2020).

La geografía y la historia de Mendoza están marcadas por la gestión del agua -escasa- a través de instituciones y leyes a las que, especialmente desde los años 90, se sumaron nuevas leyes e instituciones acordes al derecho ambiental. La cultura mendocina del oasis y su identidad asociada a la actividad agrícola, combinadas con nuevas demandas socioambientales, han dado lugar a una de las resistencias a la megaminería más trascendentes de Argentina. El agua se ha constituido en uno de los centros estructuradores del conflicto público en Mendoza, presentándose como enunciador y potencial articulador de otras tramas y dinámicas sociales. La “cultura del oasis” refiere a un conjunto de ideas, memorias y conocimientos que han permitido construir una identidad mendocina ligada a la conformación de los oasis, herencia que enorgullece a los mendocinos, ya que los actuales pobladores, especialmente de zonas agrícolas, destacan que fueron sus antecesores (padres, abuelos, bisabuelos) quienes lograron llevar a cabo y mantener oasis agrícolas en un medio árido. Esta identidad forma parte de la historia de sus habitantes, y es fomentada desde las instituciones gubernamentales provinciales, principalmente aquellas vinculadas a temas hídricos y ambientales.

Incluso aquellos sectores que no son productores, o que habitan en zonas urbanas, comparten la defensa de una identidad provincial históricamente dedicada a la agricultura, y más incipientemente al turismo, actividades que en las últimas décadas se ponen en riesgo (así lo perciben importantes sectores de la sociedad mendocina) ante la llegada de la minería metalífera. Sumado a ello, la emergencia hídrica declarada en 2010 por el Departamento General de Irrigación (DGI) -máxima autoridad del agua en la provincia-, fue extendiéndose a los años consecutivos, y en 2018 este organismo expresó que ya no iba a declarar la emergencia debido a que existía “una normalidad en esa oferta de agua”. La falta de agua en barrios del Gran Mendoza, y las frecuentes noticias sobre la intensidad de la sequía, han dado lugar a una demanda generalizada que estalló en el espacio público a fines del 2019: “El agua de Mendoza no se negocia”.

“Somos el río que rebalsó su cauce”1: diciembre de 2019 y “la marcha más grande de la historia”

En las semanas previas a la modificación de la Ley 7722, se desarrollaron movilizaciones sociales y diferentes expresiones de rechazo. Más de 500 investigadores/as y profesores/as universitarios firmaron una declaración alertando sobre las consecuencias de esta modificación”2, y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales expresaron su rechazo. El martes 17 de diciembre, mientras la Legislatura trataba el tema, una gran concentración en sus alrededores, convocada por AMPAP, incluyó la llegada de productores agrícolas de diferentes departamentos de la provincia. El jueves en la tarde se colocaron vallas en los alrededores de la Legislatura, anunciando el tratamiento y sanción de la modificación el día viernes 20. Más sectores científicos se sumaron al rechazo, expresando que el desarrollo de Mendoza y el debate sobre la diversificación de su matriz productiva debían realizarse con la participación de la sociedad y con sustento científico.3 Ante la sanción de la Ley 9209 (modificación de la 7722), a las acciones convocadas por AMPAP se sumaron las de diferentes organizaciones y habitantes de diversos barrios y localidades, que demandaban al gobernador no promulgar la ley, paso necesario para que esta pudiera entrar en vigencia.

El domingo 22, una caravana partió desde San Carlos, a más de 100 km de la ciudad de Mendoza, con la finalidad de llegar a la Casa de Gobierno para solicitar la devolución de la Ley 7722. Al entrar al Gran Mendoza, esta caravana fue recibida por entre 30.000 y 50.000 personas, llegando a Casa de Gobierno a primeras horas de la mañana, donde una multitudinaria manifestación social acompañó el pedido. El Poder Ejecutivo no sólo promulgó la ley, sino que la movilización fue reprimida por fuerzas policiales, con detenciones de miembros de las asambleas, incluyendo a sus abogadas cuando fueron a pedir explicaciones por el accionar policial desmedido.

A la preocupación por el agua se sumó la indignación por la represión, y esa tarde miles de mendocinos marcharon por el centro de Mendoza exigiendo al gobierno que diera un paso atrás en sus acciones. Mediante redes sociales, se multiplicaban las convocatorias a acciones de protesta. El jueves, el gobernador prometió que “no reglamentaría la ley” y convocaría a un espacio de diálogo. Rápidamente, circuló por las redes la información de que, a pesar de no reglamentarse, la Ley 9209 continuaba vigente. Ante lo que fue percibido como un intento de engaño, un falso paso atrás, se realizó una marcha masiva en el centro de Mendoza, en la que nuevamente miles de pobladores expresaron que no cederían hasta que la Ley 7722 fuera restituida. El gobernador se reunió con sectores clave que habían expresado públicamente su rechazo a la modificación, como el Arzobispado y la Comisión de ex-reinas de la vendimia (la fiesta Nacional de la Vendimia, que se realiza cada año en marzo, corría riesgo de no realizarse porque varios municipios habían anunciado que no asistirían si no se restituía la 7722). Además, los vecinos de San Carlos rechazaron cualquier diálogo hasta que no se devolviese la 7722. Las protestas en Mendoza eran noticia en medios de prensa nacionales, e incluso internacionales. Finalmente, el viernes 27 de diciembre, el gobernador anunció que enviaría a la Legislatura un proyecto de derogación de la Ley 9209, y que restituiría en su totalidad la Ley 7722. El lunes 30, la Legislatura provincial derogó la “ley cianuro” y devolvió la 7722, que actualmente goza de plena vigencia, a la población mendocina.

Los interrogantes abiertos y desafíos futuros

Los sectores de la sociedad mendocina que se movilizaron en defensa de la Ley 7722, mostraron el poder que posee una sociedad movilizada y organizada con el fin de defender un bien común que, por su historia y en su cotidianeidad actual, perciben como un recurso estratégico y escaso. Fue la continuidad de una movilización social que se gestó 15 años atrás, al calor de las movilizaciones contra la megaminería -y contra otras actividades consideradas contaminantes- en diferentes regiones del país, y demostró la capacidad aglutinadora que tienen las causas ambientales.

Esta pueblada en defensa del agua también abre interrogantes clave: cómo y quiénes definen la matriz productiva de ciertos territorios, y qué capacidades tienen las poblaciones locales para participar en la decisión sobre su destino, abriendo democráticamente el debate sobre las alternativas de desarrollo posibles.

Por otro lado, persisten las injusticias sobre el desigual uso y apropiación del agua en Mendoza y en otros territorios. El desafío futuro es avanzar en estos otros debates necesarios, y que el agua de Mendoza no se negocie, ni en la megaminería ni en otros mega-emprendimientos, y se avance en alcanzar un uso eficiente que respete las diversas formas de habitar y producir en territorio mendocino. 

1 Título del comunicado elaborado por AMPAP luego de la restitución de la Ley 7722.

2 Recuperado de: https://docs.google.com/document/d/1d9GPt0qFsVrJzhKYNAwPYGiO2twv7p1gHE3Gl_R5zxY/edit

3 Documento “Repensar el desarrollo de Mendoza”. Recuperado de: https://sites.google.com/view/repensar-desarrollo-de-mendoza/apoyo, y comunicado de los directivos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo.  Recuperado de: http://fcen.uncuyo.edu.ar/comunicado-acerca-de-las-modificaciones-ley-n-7722, entre otros.

Bibliografía:

Los Andes (2019, diciembre 17) ONG nacionales e internacionales se manifestaron en contra de la modificación de la 7722. Recuperado de: https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=ongs-nacionales-e-internacionales-se-manifestaron-en-contra-de-la-modificacion-de-la-7722

Martín, F. y Wagner, L. (2013) Agua o minería. Determinaciones y movilizaciones en la construcción pública del conflicto ambiental en Mendoza. En: Merlinsky, G. (comp.), Cartografías del Conflicto Ambiental en Argentina. Buenos Aires: CLACSO-CICCUS.

Masiokas, M., Villalba, R., Pitte, P., Ruiz, L., Cara, L. y Toum, E. (2020) La nieve es el recurso hídrico esencial de Mendoza. Mendoza, Argentina. Recuperado de: https://sites.google.com/view/nieve-mendoza/

Montón, D. (2020, enero 3) La lucha por el agua en Mendoza, Infonews. Recuperado de: “http://www.infonews.com/nota/326446/la-lucha-por-el-agua-en-mendoza

Prieto, M del R., Rojas, F., Martín, F., Araneo, D., Villalba, R., Rivera, J.A. y Gil Guirado, S. (2019) Sequías extremas en Mendoza durante el siglo XX y principios del XXI. Administración de la carencia y conflictos socio-políticos. En: Zarrilli, G. y Ruffini, M., Medio Ambiente y transformación rural en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes (en prensa).

Sánchez Rico, R. (2019, julio 25) Mendoza atraviesa el periodo de sequía más largo en 110 años, Los Andes. Recuperado de: https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=mendoza-atraviesa-el-periodo-de-sequia-mas-largo-en-110-anos

Wagner, L. (2014) Conflictos socioambientales: la megaminería en Mendoza, 1884-2011. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes

Wagner, L. (2019) Agricultura, cultura del oasis y megaminería en Mendoza. Debates y disputas. Mundo Agrario, 20(43), e106. Recuperado de: https://doi.org/10.24215/15155994e106

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