María Natalia Echegoyemberry
Magíster en Salud Pública (UBA), Abogada (UNL), Psicóloga (UPA), docente e investigadora (CEI-UNR). Investigadora invitada por la Universidad de la Coruña (UDC) Grupo Investigación Persona Ambiente (GRIPA).
Pablo Vitale
Co-Director de ACIJ, Lic. en Ciencia Política, Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales. Docente e integrante de equipos de investigación en la UBA y profesor en la Universidad Nacional de San Martín.
*Agradecemos aportes y observaciones a Agustina Cerezo.

2.3 Apuntes para la construcción de una agenda urbano-ambiental

RESUMEN EJECUTIVO

La discusión sobre la sustentabilidad de las ciudades aún no tiene suficiente protagonismo en la agenda pública nacional. Por ello, este artículo tiene como objetivo abrir el debate sobre algunos desafíos para la construcción de una agenda urbano-ambiental desde la perspectiva de las comunidades que residen en territorios segregados socioespacialmente, donde se verifican situaciones de injusticia ambiental, hídrica y climática. Cabe preguntarnos: ¿Cuáles son los desafíos que deberían asumirse para hacer viables ciudades sustentables no sólo en términos económicos, sino en términos sociales y  ambientales?, ¿cómo incorporar la dimensión ambiental como variable relevante en el ciclo de políticas públicas de reurbanización?, ¿cómo pensar la sostenibilidad de las ciudades en aquellas regiones con marcadas desigualdades sociales y qué criterios deberían tenerse en cuenta para delinear políticas públicas comprometidas con la sustentabilidad?

Introducción

La discusión sobre la sustentabilidad1 de las ciudades tiene un protagonismo formal en la agenda pública que muy rara vez se corresponde con políticas y transformaciones adecuadas. Si bien en la región se señaló la urgencia de adoptar políticas de desarrollo urbano sostenible, en las numerosas intervenciones que se verifican a diferente escala en la Ciudad de Buenos Aires aún no se ha incorporado la dimensión ambiental como variable relevante en el ciclo de políticas públicas -elaboración, implementación, evaluación y monitoreo-.

Existen iniciativas surgidas desde las organizaciones de la sociedad civil que instan a los Estados a incorporar la dimensión ambiental como parte de los procesos de transformación urbana. Por caso, una política largamente postergada y que abre la posibilidad de intervenir en problemáticas ambientales complejas, es el proceso de urbanización de las villas. En este sentido, puede mencionarse el “Acuerdo por la Urbanización de las Villas y Asentamientos” (2016),  donde se expresa que “la urbanización deberá integrar la dimensión ambiental” y que “resulta fundamental advertir los riesgos ambientales de cada barrio de modo de implementar proyectos que los gestionen adecuadamente” (Punto 10). Pero incluso en estas iniciativas queda pendiente precisar los presupuestos mínimos que la incorporación de esa dimensión implicaría.

En el ámbito académico aún existe una gran divergencia sobre qué es el desarrollo urbano sustentable, cómo lograrlo (Winchester, 2006) y cómo poder generar transferencia de conocimientos para la gestión. En la actualidad se requiere de marcos teóricos y metodológicos que vinculen lo ambiental, los servicios ecosistémicos, con la planificación de espacios urbanos (Hansen y Pauleit, 2014).

Partimos de la convicción de que es necesario tender puentes entre el campo urbano y el ambiental, y vincular cuerpos teóricos y conceptuales pertenecientes a distintas tradiciones ideológicas y disciplinares para pensar la sustentabilidad de las ciudades. Por ello, este artículo tiene como objetivo presentar algunas ideas y desafíos para la construcción de una agenda urbano-ambiental desde la perspectiva de las comunidades, especialmente de aquellas que residen en territorios segregados socioespacialmente, donde se verifican situaciones de injusticia ambiental, hídrica y climática. Estas injusticias se expresan en los cuerpos y territorios que sufren de manera diferencial los efectos e impactos de las carencias de políticas públicas ambientales, urbanas y sociales.

Desarrollo

Datos de contexto

En la actualidad, América Latina es la segunda región -después de Europa- con mayor población urbana, existen 68 ciudades con más de 1 millón de habitantes y siete países concentran a más del 40% de su población en urbes de estas dimensiones. En promedio, un 80% de sus habitantes son urbanos. En esta región se verifica una marcada segregación residencial, a partir de la existencia de grandes obstáculos para el acceso a la vivienda y el suelo urbano; es expresivo de ello, que el 25% de la población de la región sólo accede a la tierra y viviendas por procesos informales (Fernández, 2007). Así, se ha señalado que las urbes de esta región son “duales, divididas y segregadas, tanto social como espacialmente” (ONU-Hábitat, 2012). Los asentamientos precarios representan una concentración espacial de vulneraciones de derechos humanos fundamentales, que afectan especialmente a algunos grupos (por condición socioeconómica, pero también de género, situación migratoria, etaria, entre otras) (CELS, 2015)2.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2018) ha señalado que en los últimos años se ha incrementado la pobreza extrema en Latinoamérica y ello también se verifica en Argentina, donde la pobreza estructural creció en los últimos años al 33,6%, afectando a unos 13,6  millones de personas que viven en zonas urbanas del país; y la indigencia se incrementó al 6,1% (afecta a casi 2,47 millones de personas).

Las situaciones de segregación residencial y el desigual acceso a vivienda y suelo urbano, persisten como expresiones espaciales de la inequidad social que caracteriza a la región. Esto también implica que América Latina se encuentre en condiciones de alta fragilidad frente a los impactos del cambio climático (Torres Lima y Cedeño Valdiviezo, 2015).

Si bien el desafío central de la gestión urbana en la región es mejorar la calidad de vida de las personas, reducir las desigualdades y alcanzar la sostenibilidad en las ciudades (CEPAL, 2016), las políticas de desarrollo urbano suelen obviar, sino abandonar, las problemáticas del medio rural (Cruz Souza, 2006). En efecto, el campo “viene siendo modelado a partir de las necesidades y perspectivas de desarrollo, profundamente marcadas por las pautas urbanas e industriales” (Cruz Souza, 2006). Si bien se ha señalado que son las ciudades “el centro de la discusión sobre la sustentabilidad” (Torres Lima y Cedeño Valdiviezo, 2015), cabe preguntarnos cómo pensar la sustentabilidad sin escindir las dimensiones: urbano-rural y ambiental-social.

En Argentina el mapa de pobreza coincide en buena medida con el mapa de la degradación ambiental (Svampa y Viale, 2014). La producción intensiva en el espacio rural -nacional y regional- requiere de menos trabajadores, y ello impacta en las ciudades desplazando personas hacia las grandes urbes, este proceso que se ha acelerado en los últimos años y ha generado una nueva categoría de migrantes internos: los desplazados ambientales.

Por caso, en la ciudad de Buenos Aires el 10% de la población vive en villas y asentamientos (ACIJ, 2018) (viven en CABA  2.890.151 habitantes según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INDEC]), conformados por migraciones de diferente origen a lo largo de su historia. En estos barrios se verifican situaciones de vulneración de derechos, segregación socio-espacial (caracterizado por inseguridad en la tenencia; déficit en el accesos a servicios básicos e infraestructura; precariedad habitacional) y vulnerabilidad socioambiental (impactos en la salud, apropiación desigual de recursos naturales y contaminación ambiental) con desigual acceso a la justicia. Algunas de estas villas se encuentran emplazadas en zonas estratégicas que se convierten en objeto de especulación inmobiliaria.

Esta configuración espacial, regional y local implica la fragmentación de la ciudad en espacios urbanos con realidades o imaginarios urbanos desiguales, contrastes y polarizaciones socioeconómicas (Rodgers, Beall y Kambur, 2011). En este sentido, se ha señalado que los desequilibrios territoriales en los espacios urbanos implican también desequilibrios ambientales, económicos y sociales que crean barreras  y obstáculos importantes para su “trayectoria hacia el logro del desarrollo sustentable” (Inter American Development Agency Bank [IDB], 2011). Torres Lima y Cedeño Valdiviezo (2015) señalan que hay factores como la pobreza y la concentración de riqueza que determinan la insustentabilidad urbana.

El diseño urbano -de ciudades fragmentadas- tiene impacto sobre el ambiente y la sustentabilidad, esto requiere necesariamente de la definición del tipo de función que asumirá el Estado (International Institute for Sustainable Development [IISD], 2011) en la promoción de ciudades integradas y qué rol le asignan a la ciudadanía en la definición de ésta. El rol de los Gobiernos nunca es inocuo; habilita que la configuración urbana la defina el mercado, cuando orienta sus políticas a fomentar la especulación con la renta de la tierra (urbana, pero también especialmente la rural y periurbana, que se anexa a la ciudad generando rentas extraordinarias) y cuando omite regular los usos del suelo. O bien, el Gobierno puede generar límites a esas tendencias impulsando políticas que privilegien la función social de los inmuebles, el reparto justo de cargas y beneficios derivados de la urbanización, el acceso y goce de la ciudad para su población. Esta última opción implica desalentar la apropiación extractiva propia de la financierización inmobiliaria, que suele asociarse -no casualmente- a modalidades insustentables ambientalmente.

Por ello, es necesario preguntarnos: ¿Cómo pensar la sostenibilidad de las ciudades en aquellas regiones donde se verifican marcadas desigualdades socioambientales y qué criterios deberían tenerse en cuenta para delinear políticas públicas comprometidas con la sustentabilidad?, ¿cuáles son los desafíos que deberá asumir el desarrollo urbano para hacer posibles ciudades sustentables no sólo en términos económicos, sino en términos sociales y  ambientales?

Se ha señalado que es necesario que la planificación urbana incluya aspectos ambientales que permitan dar cuenta de “la vulnerabilidad y la capacidad de las ciudades de recuperarse a eventos catastróficos y para la reducción de riesgos” (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres [UNISDR por sus siglas en inglés], 2012). En este sentido, es necesario intervenir abordando los principales riesgos ambientales y las enfermedades con mayor carga ambiental cuyos factores son modificables. Pero también la agenda urbano-ambiental deberá dar cuenta de las medidas para revertir las múltiples vulneraciones socioambientales que vivencian a diario las comunidades de áreas segregadas, como los barrios informales. Por ejemplo, abordar de manera prioritaria la situación de pobreza energética3 en la que se encuentran los residentes de zonas relegadas, a la par que democratizar el acceso a servicios públicos esenciales (garantizando el acceso al agua y condiciones sanitarias que permitan la habitabilidad de los espacios), revitalizando áreas climáticas vulnerables, realizando intervenciones intersectoriales a partir de infraestructuras promotoras de salud (IPS) o de modelos de intervención basados en Atención Primaria Ambiental (APA).

Apuntes para la construcción de una agenda urbano-ambiental

A partir del contexto presentado, en este apartado esbozaremos algunas ideas que consideramos pueden servir para orientar la elaboración de una agenda urbano-ambiental comprometida con la sustentabilidad. Como fue mencionado, es necesario el establecimiento de objetivos y metas ambientales en la planificación urbana -ecoplanificación- que tengan en cuenta tanto el restablecimiento de sistemas ecológicos degradados, como la mitigación de daños ambientales -potenciales o latentes- con un enfoque preventivo y anticipatorio.

En ese sentido reflexivo, proponemos algunos ejes que pueden aportar a la construcción de una agenda urbano-ambiental: las políticas integradas de lo rural y lo urbano; las definiciones en torno a la adopción (o no) del paradigma de la infraestructura verde; la adopción de mecanismos y herramientas jurídicas específicas, perspectiva de interseccionalidad de género e interculturalidad en el diseño, entre otros.

a) Políticas integradas de lo rural y lo urbano

El ordenamiento territorial se define a partir de la dimensión urbana, aparece lo urbano como vara, norma, como el estándar a partir del cual se mide la ruralidad. La urbanormatividad es la regla a partir de la cual se juzgan los otros espacios (Cruz Souza, 2019). El espacio urbano condiciona la configuración social del espacio rural. En este contexto, circulan representaciones hegemónicas en las que se invisibiliza el valor económico, social, político, cultural y ambiental que implica el desarrollo rural (Cruz Souza, 2006), en particular la contribución a la sustentabilidad, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, política y económica.

Se suele establecer una forma esencialista de construir lo “urbano” y lo “rural” que impacta en los procesos psicosociales e identitarios de las personas, en los vínculos sociales que se establecen y en la integración social. Pero eso también tiene implicancias sobre las formas de expansión urbana que omiten el rol de las áreas periurbanas y rurales próximas a las ciudades, lo que muchas veces redunda en que las mismas sean vistas con “reservas de suelo” anexables al aglomerado urbano, con enormes beneficios en forma de renta de suelo apropiada por privados -como se señaló-. Desde el diseño de políticas públicas “para las ciudades sustentables” usualmente se omite toda reflexión en torno a los  procesos de despoblamiento rural, se desconoce el papel fundamental que esto tiene para la gestión y el mantenimiento del patrimonio cultural, natural y los impactos psicosociales que genera el vivir en un territorio desvalorizado o infravalorado (Cruz Souza, 2006).

El modelo de desarrollo intensivo del campo expulsa personas y comunidades a las urbes. Se produce una “estigmatización territorial” que en estos casos consideramos que es doble, tanto de lo rural que se abandona, como en relación al nuevo espacio urbano segregado en el que se habita. Se desatienden las funciones del medio rural, aquellas vinculadas con el equilibrio territorial, la de calidad ambiental y la de producción (Ramos y Romero, 1993 en Cruz Souza, 2006).

Cruz Souza (2007) nos convoca a reflexionar, “¿Hasta qué punto puede ser sostenible un desarrollo que se enmarca en las leyes de mercado y sigue manteniendo los sistemas de dominación imperantes: el patriarcado, la explotación norte-sur, las dependencias centro-periferia (urbano-rural), el capitalismo…?, ¿cómo construir la sostenibilidad, si no cambiamos las relaciones de producción y las redes de sociabilidad?”.

b) Infraestructura verde como paradigma en la planificación

La infraestructura verde4 es considerada un paradigma a partir del cual pensar los beneficios que reporta la naturaleza en los contextos urbanos. La Unión Europea (2013), en el marco de la estrategia de promoción de la infraestructura verde, recomienda la adopción de ésta por los múltiples beneficios que los servicios ecosistémicos acarrean para la salud de las personas, para la salud pública y para el ambiente, por lo que señala que debe integrarse con la planificación y el desarrollo territorial.

Algunos autores también la entienden como una estrategia para la sustentabilidad a partir de las funciones que reporta en términos ambientales (mejora la calidad del aire, permite la gestión del agua pluvial, el control de inundaciones y erosión de la tierra; permite contar con dotación sostenible de agua; aumenta la eficiencia energética, favorece la producción de alimentos, mejora la salud; genera oportunidades para la educación ambiental, puede ser fuente de atracción turística y oportunidades para el ocio y la recreación, favorece la biodiversidad, entre otros) (Moreno, Lillo y Garate, 2016) además de beneficios en términos sociales y económicos.

Por ello, consideramos necesario extender e implementar infraestructura verde, servicios ecosistémicos y corredores ecológicos, organizados como redes ecológicas priorizando las zonas segregadas socioespacialmente. La planificación debe permitir extender la infraestructura verde partiendo de zonas periféricas hacia el centro de las ciudades, tender a la interconectividad y no a la fragmentación -parches urbanos-.

La infraestructura verde tiene que ser comprendida como la dotación básica para el desarrollo social y económico, dejando de ser considerada como espacios residuales en los procesos de planificación urbana y convirtiéndose en ejes estratégicos de ésta; es considerada de relevancia para la mitigación de los efectos del cambio climático (Vásquez, 2016). Pensar la infraestructura verde implica implementar movilidad pública más eficiente; diseñar directivas para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) uniformando criterios en la prestación del servicio y en la disposición final en los distintos barrios, evaluando costos -económicos y ambientales-. También requiere de la unificación y/o establecimiento -según el caso- de parámetros a nivel nacional, provincial y municipal de prestación de servicio de agua con un enfoque de derechos humanos. Además de la adecuación de los códigos de zonificación de uso del suelo con criterios ecológicos y parámetros de construcción sustentable. Así, también requiere de la implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, en particular en zonas segregadas socioespacialmente.

En este marco, es necesario considerar modelos alternativos de transición que promuevan estilos de vida sustentables en los ámbitos cotidianos en relación a por lo menos seis dominios que tienen impacto en las huellas ecológicas (estado y uso de casas, utilización de energía, movilidad, consumo de alimentos, consumo de productos manufacturados, equilibrio trabajo-tiempo-ocio) (GLAMURS, 2019). Lo que conduce al diseño de formas de promoción de actividades productivas, empleo formal y modos de asegurar la soberanía y seguridad alimentaria en el ámbito local.

c) Contar con mecanismos y herramientas jurídicas protectorias del ambiente y la biodiversidad

Se debe contar con mecanismos y herramientas que permitan: la protección especial de zonas relevantes desde el punto de vista ambiental (por ejemplo a través de la creación y protección de espacios verdes públicos interconectados y distribuidos equitativamente en la ciudad). A la vez que disponer de mecanismos regulatorios que promuevan activamente la legilibilidad, habitabilidad y la caminabilidad de la ciudad. A través de normativa y acciones afirmativas de derechos se tienen que resguardar los espacios verdes públicos de procesos de privatización y mercantilización y garantizar el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación a la ciudadanía5.

También se requiere la regulación del uso del suelo según un modelo de desarrollo sustentable. Este modelo debe ser explicitado y discutido con las comunidades. Actualmente, desde organismos internacionales y la academia, se propone el modelo de “ciudades compactas” como forma de optimizar y hacer accesibles los servicios -agua, energía, sanidad-  a más personas y, a la vez, evitar la dispersión urbana y los mayores costos asociados a la dispersión de servicios. Sin embargo, esta definición resulta insuficiente aislada de un abordaje del conjunto del territorio -nuevamente-, reponiendo los vínculos entre campo, ciudad y cómo se distribuyen geográficamente respecto a infraestructuras, bienes y servicios. Por caso, la idea de ciudad compacta puede acentuar la dicotomía entre campo y ciudad, impactando en la sustentabilidad ambiental y social. Melé (2016) señala que es necesario analizar los efectos locales de tendencias globales. Asimismo, la planificación de ciudades requiere enfoques de prevención de riesgos y adaptación al cambio climático y contar con distintos planes de contingencia -elaborados, conocidos e implementados- según la heterogeneidad de los territorios y comunidades (por ejemplo ante inundaciones, derrames y fugas tóxicas, o emergencias ambientales genéricas; evaluaciones de hospitales seguros ante desastres, entre otros), a la vez que sistemas de alertas tempranas y comunicación del riesgo.

Otras formas de seguridad jurídica de la tierra tienen que ponerse en discusión, poniendo en foco la función social y ambiental de la propiedad. Se debe incorporar la discusión sobre seguridad ambiental de la tierra frente a los efectos e impactos del cambio climático que pueden reconfigurar de manera abrupta la configuración de sectores de las ciudades -especialmente por desastres ambientales-. Tenemos que tener en cuenta que las formas en las que actualmente está regulado el derecho a la propiedad pueden resultar incompatibles con modalidades adecuadas de protección de la biodiversidad. Ostrom (2000) señala que, en ciertas circunstancias, para preservar la biodiversidad es necesario contar con herramientas que permitan impedir que cualquier persona o entidad tenga posesión de elementos claves de los sistemas biológicos. Schlanger y Ostrom (1993) señalan que “la propiedad total implica el control absoluto sobre el acceso y el uso de cierto recurso, y otorga la capacidad de preservarlo para un uso privado, para su venta, e incluso para su destrucción”.

Algunos países han avanzado en la limitación de la concentración de propiedad de la tierra6 -agraria o urbana- y en las limitaciones en relación a la extranjerización de tierras a corporaciones. También con fines sociales de redistribución de tierras se han fijado límites máximos de extensión de propiedad para la usucapión individual, imponiendo a la figura de la usucapión otros requisitos como no poseer otras tierras o constituirse en unidades productivas familiares, o no ser persona jurídica. Estas herramientas podrían pensarse de manera análoga para el contexto urbano y con fines de protección ambiental.

La propiedad social de bienes comunes suele ser una protección para la biodiversidad y expresa otra forma de territorialidad, de uso y gestión de las tierras que es necesario que sea promovida por acciones afirmativas7 del Estado. Se requiere el reconocimiento de mecanismos de autogestión comunitaria del suelo y de los bienes comunes y el establecimiento de formas de legitimación de la participación social en el ciclo de políticas públicas de desarrollo urbano ambiental.

Un elemento fundamental de la sustentabilidad es la biodiversidad. Actualmente se habla de biodiversidad urbana, aludiendo con ello a la contribución que puede hacerse desde el diseño urbano para promover la biodiversidad de los ecosistemas urbanos (por ejemplo a través de normativa que promueva la existencia y/o apertura de corredores ecológicos en las riberas; que permita abordar la problemática de la homogeneización del tejido ecológico que produce la ciudad; el establecimiento de humedales urbanos, el desarrollo de infraestructura de soporte biológico, el establecimiento de áreas de generación de alimentos o de refugios para especies). Estas medidas podrían requerir de limitaciones a los derechos de propiedad tal como se encuentran regulados en el sistema jurídico. Las ciudades poseen un papel relevante en la conservación de la biodiversidad, por lo que debe contarse con herramientas – jurídicas, financieras y de planificación – que faciliten y promuevan ecosistemas urbanos. Para ello se debe contemplar también una distribución territorial de estas áreas equitativa y basada en criterios de justicia espacial y ambiental, por sobre lógicas de maximización de rentas urbanas.

d) Inclusión de perspectiva de interseccionalidad, género e interculturalidad en el diseño urbano

El diseño y la planificación urbana de ciudades sustentables tiene que tener en cuenta la interseccionalidad de género y los determinantes sociales de la salud y enfermedad. Se puede mencionar que la desigualdad de género es considerada uno de los factores más importantes que incrementa la vulnerabilidad social de las mujeres frente al cambio climático (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2007), los desastres “naturales” acarrean en la región sobremortalidad femenina -feminización de las muertes- en desastres y esto se explica en gran medida por la acumulación de diferentes situaciones de vulnerabilidad que preexisten a la ocurrencia de estos fenómenos. En efecto, como ya fue mencionado, la capacidad de respuesta de las mujeres ante un desastre “natural” se ve limitada por situaciones como la falta de información y de acceso a tecnologías, responsabilidad en el cuidado de otros, menor acceso a propiedad de la tierra y a recursos financieros, entre otros.

La situación social previa al desastre, en el caso de las mujeres, incrementa considerablemente los riesgos e impactos en su salud. Por ello, las mujeres son más vulnerables a los eventos naturales más extremos. Así, tanto mujeres como niños y niñas tienen 14 veces más posibilidades de perecer en un desastre natural (Inmujeres, 2008). Pero esta vulnerabilidad no deviene de su propia naturaleza, sino de condiciones materiales y sociales previas a los desastres naturales. Las mujeres en territorios segregados están expuestas a injusticias ambientales y espaciales. Es decir, formas de desigualdad que suelen ser invisibilizadas, en las que se concentran de manera desproporcionada los peligros ambientales en los territorios de mayor relegación social y sobre la ciudadanía con menor poder político y económico (Merlinsky, 2013). De ahí que resulta relevante introducir la perspectiva ambiental y la interseccionalidad de género como variables relevantes en el análisis de las estrategias territoriales y en el ciclo de las políticas públicas urbanas para lograr revertir inequidades. A pesar de la relevancia de la interseccionalidad de género, se considera que el conocimiento sobre los procesos de gestión, cambios ambientales y el conocimiento acerca de la situación de las mujeres y los hombres en materia de sustentabilidad y el peso que tienen las relaciones de género en estos procesos, es insuficiente. Asimismo, se considera que ha tenido poca importancia en la formulación de planes y programas públicos la articulación de género y ambiente, y esta vinculación aún se mantiene lateral en las políticas de desarrollo (Nieves Rico, 1998).

Villa Lugano y el Ministerio de Desarrollo Humano. (Crédito: Pablo Vitale).

A modo de conclusión

Hasta aquí se presentaron algunos apuntes para la construcción de una agenda urbano-ambiental. Se señaló que es necesario una nueva forma de ver los problemas, realizar las priorizaciones e implementar acciones y estrategias que replanteen y den respuestas de fondo que garanticen la sustentabilidad ambiental, que es también social y económica. En ese sentido, un punto de partida que acá dejamos planteado es problematizar el modelo de desarrollo económico vigente y las formas jurídicas que lo sostienen. Tal como lo expresa Cruz Souza (2007), no parece factible, en el actual contexto, “lograr un desarrollo sostenible sin romper con la racionalidad productivista”. A la vez que apunta a la necesidad de generar procesos de “empoderamiento de colectivos y de territorios para la construcción de la sostenibilidad”.

Evidentemente, es precondición para la sustentabilidad de las ciudades apuntar a revertir las desigualdades sociales, ya que se traducen en múltiples inequidades que impactan de manera diferencial -y negativa- en la forma de vivir, desarrollarse, y morir de personas, colectivos y comunidades en contextos segregados socioespacialmente. En ese sentido es clave entender que la dimensión ambiental afecta a los sectores vulnerabilizados en situaciones de desastres o catástrofe, pero también en una sostenida cotidianeidad que suele estar asociada a malas condiciones de acceso al agua, entornos contaminados, condiciones habitacionales deficitarias y espacios verdes públicos degradados -cuando no inexistentes-, por sólo mencionar algunos padecimientos diarios de quienes viven en áreas urbanas segregadas. Encarar la reversión de esos problemas más urgentes es también una oportunidad para pensar, problematizar y abordar una agenda urbana y ambiental que enfrente las necesidades de las ciudades y del conjunto de personas que viven en ellas, priorizando grupos vulnerabilizados para lograr la justicia ambiental y territorial.

1 Fue definida como “progreso que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (WCED 1987, p. 8). Esta es la impronta que siguió el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley 25.675. El término “desarrollo sostenible” surge  a partir de la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992.

2 Participaron en la elaboración del informe ACIJ; y más de 20 organizaciones de la sociedad civil.

3 Se entiende como la incapacidad de un hogar de satisfacer un mínimo de necesidades básicas domésticas (Organización Mundial de la Salud [WHO, por sus siglas en inglés], 2011), puede suponer un riesgo grave para la salud de las personas.

4 Es conceptualizada “como una red interconectada de espacios verdes – urbanos, periurbanos, rurales y silvestres – que conserva y aporta funciones ecosistémicas y servicios ambientales para la población humana, a nivel de provisión de agua limpia, mejoramiento de la calidad del aire, mitigación de efectos de isla de calor, biodiversidad y vida silvestre, recreación, belleza escénica y protección ante desastres, entre otros beneficios”  (Benedict y Mcmahon, 2006).

5 Al respecto, puede consultarse la comunicación individual ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que presentó ACIJ.  Disponible: https://acij.org.ar/acij-denuncio-internacionalmente-al-estado-argentino-por-la-situacion-de-las-plazas-de-las-villas/

6 Puede consultarse los estudios de Laura Jackson (1994), quien problematiza la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de corporaciones y los impactos que esto tiene para la biodiversidad.

7 Como por ejemplo las medidas que surgen del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo [OIT] 169.

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